independentismo catalán Veamos aquí un episodio interesante. El Mariscal Semión Timoshenko (1895-1970) fue Comandante del Ejército Rojo de Rusia en 1941, cuando se produjo la invasión militar alemana a Polonia, y, formando parte de las fuerzas militares soviéticas, participó en la Primera Guerra Mundial. Comandó en 1939 la invasión soviética a Polonia y años después perteneció al Comité Central del Partido Comunista Soviético y fue cercano amigo de Joseph Stalin.
En el curso de la confrontación bélica mundial fue quien suspendió la vigencia de la Resolución Independentista catalana. Y en 1940 asumió el mando de las Fuerzas Armadas soviéticas que combatían contra Finlandia y, bajo su autoridad, ellas sobrepasaron la Línea Mannerheim —que fue el sistema de protección militar construido por Finlandia con fortificaciones defensivas a lo largo del Istmo de Carelia— y, entonces, Polonia fue invadida.
Pero los anhelos independentistas catalanes no cesaron.
Y el 1 de octubre del 2017, al margen de la Constitución Española, se realizó un nuevo referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña —organizado y convocado por la Generalitat catalana— en el que se planteó la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”
Y Carles Puigdemont, Presidente de la Generalitat catalana, anunció que el referéndum que había convocado al pueblo de Cataluña tenía carácter vinculante porque “estaba avalado por una amplia mayoría política y social”.
Y la consulta popular se realizó —en búsqueda de la ansiada mayoría absoluta de votos para alcanzar el independentismo—, a pesar de que el Tribunal Constitucional de España había suspendido la Ley de Referéndum y que la Fiscalía General del Estado formulara una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos contra Carme Forcadell —Presidenta del Parlamento Catalán—, contra el Presidente de la Generalitat, contra los parlamentarios que votaron a favor del proyecto de ley y contra otros miembros del gobierno regional.
El primero de octubre de ese año se realizó el referéndum.
Y, según datos proporcionados por la Generalitat, concurrieron a sufragar 2’286.217 de los 5’313.564 ciudadanos inscritos en los registros electorales —o sea el 43,03% del cuerpo electoral—, y el voto “sí” obtuvo 2’044.038 sufragios (90,18%) contra 177.547 votos “no” (7,83%), 44.913 votos en blanco (1,98%) y 19.719 votos nulos.
Los opositores al independentismo, que constituían una ligera mayoría en el pensamiento político catalán, se abstuvieron de concurrir a las urnas.
Y, en concordancia con la decisión popular, el Parlamento de Cataluña proclamó el 24 de octubre la independencia catalana y aprobó constituir “la república catalana como Estado independiente y soberano”, aunque los parlamentarios del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), del Partido Popular (PP) y del Ciutadans (C’s) abandonaron el hemiciclo en señal de protesta por esa decisión. Entre tanto, decenas de miles de ciudadanos catalanes salieron a celebrar la proclama parlamentaria en la Plaza Sant Jaume de Barcelona.
Y, a pesar de que la publicación de los resultados generó toda clase de impugnaciones y polémicas dentro y fuera de Cataluña, el Presidente Catalán declaró ante el Parlamento: “Con los resultados del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente”.
Sin embargo, el gobierno español presidido por Mariano Rajoy —militante del Partido Popular (PP)—, en aplicación del Art. 155 de la Constitución nacional —que disponía que, si una Comunidad Autónoma “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno estaba facultado para “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”—, decretó el cese del Gobierno catalán, disolvió el Parlamento regional, declaró extinguida la oficina de la Presidencia de la Generalitat, asumió directamente todas las funciones gubernativas regionales e inició juicios penales contra los principales funcionarios del gobierno regional cesante. Todo esto, según dijo Rajoy, para “restituir un autogobierno que ha sido liquidado por una cadena de decisiones arbitrarias y excluyentes” y para “devolver la legitimidad democrática” a Cataluña.
Pero el Presidente Rajoy cometió el error de enviar a Cataluña numerosos efectivos de la Policía Civil y de la Guardia Nacional para vigilar los centros de votación, reprimir a los independentistas y controlar la situación. Y fueron graves los choques e incidentes que allí se dieron entre las fuerzas del orden y los militantes de los partidos y grupos independentistas. Según el Gobierno catalán, 844 ciudadanos resultaron lesionados o heridos por la actuación policial, pero el juez que asumió el conocimiento de la causa situó en 130 el número de afectados. Por su parte, el Ministerio del Interior de España, desde su sede en Madrid, informó que 431 agentes policiales fueron heridos o golpeados por los manifestantes en su intento de impedir que se requisaran las urnas.
Y la entidad humanitaria “Human Rights Watch” señaló que los organismos policiales hicieron “un uso excesivo de la fuerza”.
De todas maneras, el gobierno español asumió enteramente el control y administración de Cataluña. Y convocó a elecciones generales para el 21 de diciembre de ese año con el fin de elegir a las autoridades autonómicas catalanas y normalizar la situación política de la región. El ex-Presidente Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros fugaron del país rumbo a Bélgica para eludir las sanciones y buscar “libertad y seguridad”. Y desde allí pidieron a su pueblo defender la independencia catalana. La Jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional de España decretó la prisión del Vicepresidente cesado Oriol Junqueras y de ocho miembros del anterior gobierno catalán bajo cargos penales de rebelión, sedición y malversación de dineros públicos.
Pero Amnistía Internacional rechazó por “desproporcionada” la orden de prisión contra los líderes catalanes. El Ayuntamiento de Barcelona pidió “la excarcelación inmediata de todos los presos políticos”. Y Puigdemont y sus cuatro compañeros se entregaron voluntariamente a la justicia de Bélgica y allí quedaron en libertad vigilada.