Dícese en algunos países latinoamericanos del gobierno o político que se somete dócilmente a la “ideología” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las medidas de ajuste macroeconómico que recomienda.
Con sede en Washington, este organismo internacional fue creado durante la conferencia monetaria y financiera celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, del primero al veintidós de julio de 1944. Su funciones primordiales son fomentar la cooperación monetaria internacional, impulsar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio entre los Estados como medio de mejorar los niveles de ocupación y de ingresos reales, coadyuvar a la estabilidad de los tipos de cambio, procurar que los países mantengan relaciones cambiarias ordenadas y estables, instituir un sistema multilateral de pagos para las transacciones comerciales entre los países, propender a la eliminación de las barreras del comercio internacional y proporcionar a los países, en forma de crédito, los recursos necesarios para que puedan corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos.
Para este fin el FMI cuenta con un volumen importante de recursos financieros procedentes de las cuotas que los países miembros pagan en oro —tramo oro— y en moneda nacional proporcionalmente a su principales indicadores económicos, tales como la renta nacional, las reservas de oro y divisas convertibles, el volumen de sus exportaciones e importaciones y otros índices macroeconómicos. Son sus órganos: la Junta de Gobernadores, el Comité Directivo, un Director Gerente y el cuerpo de sus funcionarios y empleados. Cada país tiene un número de votos proporcional al monto de su participación financiera en el Fondo, cifra que también sirve para señalar el límite de la ayuda que puede recibir de la entidad internacional.
Para cumplir sus funciones el FMI suele establecer normas llamadas a regir las relaciones monetarias entre los países. Si bien cada uno de ellos tiene la facultad de fijar la paridad de su moneda en términos de oro o de dólar de Estados Unidos, como denominador común, está obligado a mantener el tipo de cambio dentro de unos límites determinados y aprobados por la organización internacional. Esto lo dice el convenio constitutivo de ella. Pero además de sus facultades reguladores tiene también funciones financieras y consultivas. Pone a disposición de los países miembros sus recursos para que hagan frente a eventuales o crónicos desequilibrios en sus balanzas de pagos. Lo hace mediante los <derechos especiales de giro (DEG), que constituyen un activo de reserva internacional asignado a los países miembros del Fondo Monetario como complemento de sus reservas internacionales. Ellos son una especie de moneda internacional, no vinculada a país alguno, que sirve para las transacciones entre ellos y con el propio FMI y que constituye también una unidad de cuenta de este organismo.
Los DEG se cotizaron al comienzo en dólares o en oro, tenidos entonces como la referencia más sólida del valor, y después se hizo a través de la ponderación diaria de una “cesta” de cinco monedas: el dólar de los Estados Unidos, el marco alemán, el yen japonés, el franco francés y la libra esterlina.
La entrega de estos recursos a los países miembros se hace en virtud del stand by agreement, que es el nombre que convencionalmente se ha dado a los préstamos contingentes de disponibilidad inmediata que otorga el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países miembros para que solucionen sus problemas coyunturales de <balanza de pagos.
Como requisito para obtener este crédito, el país beneficiario debe enviar al FMI un documento denominado carta de intención, suscrita por el ministro de finanzas o el funcionario competente, en el que constan las medidas económicas y financieras que se propone tomar para conjurar la situación durante la vigencia del acuerdo. Al conjunto de tales medidas suele llamarse “programa de ajuste” o “programa de estabilización económica”, que generalmente contiene medidas de >shock.
En este contexto, se denomina fondomonetarismo a la actitud sumisa y resignada que adoptan algunos gobiernos respecto del Fondo Monetario Internacional, que les impone la ejecución de programas de ajuste que normalmente contemplan la creación de nuevos tributos, el alza de las tarifas de los servicios públicos, la contención de los salarios, la devaluación monetaria, la baja de la tasa de inflación, la disminución del déficit fiscal, el incremento de las reservas internacionales, la disminución del gasto público, la contracción de la emisión monetaria, la eliminación de subsidios, la liberalización de los precios y de las tasas de interés y tipos de cambio, el pago de la deuda externa y otros arbitrios de este estilo. El incumplimiento de ellos por el gobierno del país beneficiario conlleva la suspensión de los desembolsos o la cancelación de los créditos de estabilización que les han sido concedidos.