La riqueza es un instrumento de libertad. Por tanto, la injusta distribución de ella implica también una injusta distribución de la libertad. No es libre sino el que tiene los medios económicos para serlo. Sin seguridad económica no existe para el hombre la posibilidad de realizarse a sí mismo ni es factible la formación de una sociedad igualitaria. En esas circunstancias, los “derechos” de la persona humana consagrados por las leyes se convierten en una quimera. Y aunque la Constitución reconozca formalmente un cúmulo de prerrogativas a todos los miembros de la sociedad, sin una sólida y segura base económica ellas no tendrán cumplimiento para los hombres de a pie y no pasarán de ser vana retórica. Por más que nadie prohíba al trabajador enriquecerse, ni al campesino adquirir tierras, ni comprar acciones al obrero, ni ocuparse al desocupado o curarse al enfermo, en la realidad de las sociedades injustamente organizadas esas opciones constituyen un imposible físico para la mayor parte de la población y apenas son entelequias que deambulan en las alturas del formalismo legal.
La democracia económica consiste en la participación del conglomerado social en el disfrute de los bienes y servicios socioeconómicos que se producen en la comunidad como fruto del trabajo de todos. Solamente cuando tal participación sea efectiva, es decir, en la medida en que se establezcan posibilidades reales de acceso a la riqueza y al ingreso para todos los miembros de la comunidad, podrá hablarse de democracia económica.
Ella es, ante todo, una cuestión de >participación popular. Así como la democracia política es la participación en la toma de decisiones de interés general dentro del Estado, así la democracia económica es la participación popular en el ingreso nacional y en los servicios de naturaleza socioeconómica que genera la vida colectiva.
En este sentido, y desde mi punto de vista, la democracia económica es la infraestructura de la democracia política, por lo que ésta carece de sustentación si aquélla no existe. La solución es corregir el desfase entre ellas. Para lo cual no hay destruir la libertad política y los demás derechos que ofrece la democracia formal, como se ha hecho en algunos lugares, sino completarlos con la seguridad económica y la justicia social que le hacen falta.
La tarea, por tanto, se presenta en el sentido de suprimir la discrepancia que en esos casos existe entre la democracia política y la democracia económica, en el marco de una fórmula integradora de libertades formales y materiales capaz de ofrecer una solución de libertad y no de <cesarismo a los problemas del >desarrollo.
No hay por qué tener como incompatibles los conceptos de justicia social y de libertad política. La equitativa participación popular en el ingreso nacional no está reñida con la conservación de las libertades humanas ni con la constitución de gobiernos legitimados por la voluntad popular. Tampoco el mantenimiento de las libertades es opuesto a los cambios estructurales que posibiliten el desarrollo y eleven las condiciones de vida de la población. De modo que justicia social y libertad política no sólo que no se contraponen sino que son elementos complementarios del moderno concepto de democracia económica, que designa un régimen igualitario en el cual los hombres tengan los medios materiales para que puedan ser libres y vivan con dignidad.
Es un privilegio que nos ha deparado el tiempo, especialmente después de la caída del Muro de Berlín, poder mirar los resultados de los experimentos marxistas y capitalistas: los primeros con su énfasis en la justicia social y los segundos con la preocupación especialmente dirigida hacia la garantía de los derechos políticos y civiles.
El privilegio está en poder mirarlos desde fuera, como espectadores no insertos en el espectáculo que observan. Allí podemos ver pedazos de democracia, no democracias integradas. En el un lado se dio, con todas las deficiencias del sistema, una aproximación a la democracia económica pero con el eclipse total de la democracia política. En el otro lado ocurre lo contrario: existe una aproximación a la democracia política pero acompañada de una censurable negligencia en la promoción de la equidad económica.
La solución es integrar esos pedazos políticos, económicos y sociales para formar con ellos una >democracia tridimensional y completa.