Guerrilla

          Se ha afirmado que la lucha guerrillera es la que libran los débiles contra los fuertes, en la que eventualmente se emparejan las acciones gracias a las tácticas que emplean los partisanos. Su práctica fue muy antigua. La Biblia relata la forma como los israelitas, bajo el mando de Josué, conquistaron Canaán mediante el acoso y la emboscada al enemigo. En la historia europea se registran los combates guerrilleros promovidos en el siglo XII por los galeses que, armados con arcos, defendieron su territorio frente a los invasores normandos.

          La palabra guerrilla surgió en España a comienzos del siglo XIX, a raíz de la lucha por su independencia, para designar a las fuerzas irregulares de civiles que, junto a las tropas de la Corona, se alzaron en armas contra los ejércitos franceses de ocupación, jornadas en las cuales ganaron renombre los guerrilleros Francisco Xavier Mina, el cura Merino y El Empecinado.

          Desde 1793 hasta 1796 en La Vendée ciertos sectores campesinos contrarrevolucionarios, en apoyo a la Iglesia Católica, libraron una lucha guerrillera contra el gobierno revolucionario francés.

          En el proceso de la unificación italiana, Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi acudieron a las tácticas de la lucha irregular desde 1830 a 1840.

          Las bandas de francotiradores franceses (los francs-tireurs) utilizaron también las tácticas de la lucha guerrillera contra las tropas de invasión alemanas durante la guerra franco-prusiana de 1870.

          Al final de la cruenta guerra civil española los maquis, que eran grupos que habían huido a los montes para resistir a la dictadura franquista, desarrollaron jornadas de lucha armada.

          Durante la guerra civil norteamericana el soldado confederado John Singleton Mosby organizó y dirigió comandos armados para hacer incursiones bélicas irregulares al otro lado de la línea de fuego.

          El coronel británico Thomas Edward Lawrence  —mejor conocido como Lawrence de Arabia—  organizó a las tribus árabes y con tácticas guerrilleras libró su lucha contra las fuerzas regulares turcas en el desierto durante la Primera Guerra Mundial. Lawrence fue un tipo raro de hombre: aventurero romántico, soldado y escritor. Cuando estalló la primera conflagración mundial se incorporó al servicio de inteligencia militar británico en El Cairo y se unió a la sublevación de los árabes contra el Imperio Otomano. En 1914 fue enviado a Hejaz con una columna de apoyo para luchar junto al príncipe árabe Faysal  —que posteriormente se convirtió en el rey Faysal I de Irak—  en la insurrección árabe contra el dominio turco. Unificó sus ejércitos y después de victoriosas batallas entró triunfalmente en Damasco en 1918, antes de la llegada de las tropas británicas. Entre las obras que escribió están “Los siete pilares de la sabiduría” (1926) y “Revuelta en el desierto”(1927), que contienen la narración de sus aventuras en los arenales y en las cuales destacó la importancia de los principios de movilidad, rapidez y sorpresa en la guerra de guerrillas.

          Las fuerzas comunistas de los hukbalahaps o huks lucharon durante varios años en las Filipinas en forma irregular y clandestina. La misma táctica fue adoptada por el líder vietnamita Ho Chi-minh en su lucha contra el gobierno francés en Indochina y después en la guerra de Vietnam. Allí aplicó la táctica denominada du tranh vu trang que comprendía diversas operaciones militares, paramilitares y terroristas. La primera fase de esa táctica guerrillera (phong ve) era eminentemente defensiva. Los combatientes se limitaban a emboscadas y acciones “relámpago”. En la segunda fase, la del equilibrio (cam cu), buscaban nivelar las fuerzas con el ejército regular y lo colocaban a la defensiva. Simultáneamente socavaban las relaciones entre el gobierno y el pueblo. La tercera fase (cong kien chien) era el principio del fin: el ataque a posiciones más fuertes del enemigo convirtió a la lucha en una guerra limitada en la que el resultado final se decidió en el campo de batalla. En América Latina fue ése también el esquema que aplicaron en su momento el líder cubano Fidel Castro (1926-2016) en la Sierra Maestra para derrocar al régimen de Fulgencio Batista y los guerrilleros sandinistas contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua.

          Hay una dilatada experiencia en la lucha guerrillera: China, Yugoeslavia, Unión Soviética, Vietnam, Chipre, Cuba, Argelia, Malasia, Kenia, Vietnam, Indonesia, Nicaragua, Argentina, Uruguay, El Salvador, Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, Irlanda y tantos otros países en los diversos continentes que protagonizaron acciones revolucionarias. Y hay también una larga lista de teóricos y prácticos de la lucha partisana: Louis Auguste Blanqui, D. V. Davydov, Karl von Clausewitz, Thomas Edward Lawrence, Mao Tse-tung, Abdul Harris Nasution, V. I. Lenin, Ernesto Guevara, Regis Debray, Carlos Marighela, Ho Chi-minh, Nguyen Giap, Truong Chinh, Jorge Briceño y muchos otros.

          El teórico militar prusiano Carl von Clausewitz escribió entre los años 1818 y 1830 su obra en tres volúmenes “De la guerra”, en la que señaló las condiciones que en su criterio son necesarias para el éxito de la “guerra popular”. Esas condiciones son básicamente el apoyo del pueblo y un escenario de operaciones amplio, quebrado y de difícil acceso dentro de un país. Clausewitz decía que en este tipo de lucha la suerte de las armas es siempre larga y no se dirime en un solo episodio.

          Ciertamente que uno de los factores de éxito de la lucha guerrillera en cualquier parte es el apoyo de la población, en forma de provisión de alimentos, cooperación logística, reclutamiento, transportes, respaldo informativo, asistencia a los heridos, ocultación de sus efectivos y otros servicios. Por eso los guerrilleros buscan siempre conquistar el afecto y la solidaridad de la comunidad.

          La lucha guerrillera es prolongada y los maquis necesitan una moral alta y una férrea disciplina para poder afrontarla en términos tan desiguales. Esa lucha con frecuencia se desarrolla en los parajes más inhóspitos. En alguna ocasión conversé sobre el tema con Antonio Navarro Wolf, exguerrillero colombiano del M-19, quien me describió las durezas de la vida en la montaña. No sólo son los peligros y las eventuales heridas en combates contra fuerzas superiores en número y armamento sino también las enfermedades y los quebrantos leves y graves de la salud sin posibilidad de asistencia hospitalaria. La vida tan precaria y nómada, las inclemencias del clima, la falta de agua potable y de instalaciones sanitarias, la deficiente alimentación hacen mella en la salud de los combatientes y baja la moral de los menos firmes. Se requiere mucha entereza de ánimo y profundas convicciones para mantenerse en las filas guerrilleras.

          En 1914, durante la >primera guerra mundial, el coronel británico Thomas Edward Lawrence —mejor conocido como Lawrence de Arabia—, fue enviado a Hejaz con una columna de apoyo para luchar junto a los pueblos árabes contra el dominio del Imperio Otomano. Organizó a las tribus locales y, con tácticas guerrilleras, combatió a lo largo de cuatro años contra las fuerzas regulares turcas en el desierto. Después de victoriosas batallas entró triunfalmente en Damasco en 1918, antes de la llegada de las tropas británicas. En dos de sus libros  —”Los siete pilares de la sabiduría” (1926) y “Revuelta en el desierto” (1927)—  recogió sus experiencias de la lucha en el desierto y destacó la importancia de la movilidad, la rapidez y la sorpresa en la guerra de guerrillas.

          Bajo la influencia del pensamiento marxista de Louis Althusser, el escritor e intelectual francés Régis Debray acompañó al Che Guevara en su romántica aventura guerrillera de 1967 en las montañas de Bolivia para derrocar al régimen militar del general René Barrientos e iniciar con ello una amplia lucha revolucionaria en América Latina. Vencida la guerrilla, Guevara fue asesinado por las fuerzas armadas bolivianas y Debray fue condenado a treinta años de reclusión, de los que sólo cumplió dos porque el gobierno de Juan José Torres le concedió amnistía. En sus obras “Revolución en la Revolución” (1967), “Crítica de las armas” (1974) y “La política del Che” (1974), Debray sostuvo la tesis de la vía guerrillera hacia el socialismo y propuso una serie de tácticas para la lucha irregular en América Latina. Lo conocí en 1987 en la oficina del presidente François Mitterrand, de quien era su asesor en asuntos del mundo subdesarrollado. A raíz de la muerte del gobernante chileno Salvador Allende durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Debray se sumió en profundas meditaciones sobre los límites de la revolución por la vía del foquismoguerrillero, abandonó la actividad política y dirigió sus pensamientos y energía hacia la filosofía política, que se plasmaron en sus libros “El poder intelectual en Francia” (1979) y “Crítica de la razón política” (1981).

          En su “Manual del guerrillero urbano”, Carlos Marighela, fundador y líder de la Alianza de Liberación Nacional (ALN) de Brasil a fines de los años 60 del siglo XX, afirmaba que el guerrillero urbano es un combatiente armado que lucha con métodos no convencionales en las grandes ciudades, cuya misión específica es “distraer, cansar, desmoralizar al gobierno y a sus fuerzas represivas”, así como “desmantelar o destruir el sistema económico, político y social”. El combatiente debe ser una persona valiente, diestra en el manejo de las armas y en la preparación y uso de explosivos, capaz de tomar decisiones heroicas, resistente a la fatiga, el hambre y las durezas del clima, capaz de “conquistar el arte de tener paciencia ilimitada, mantenerse calmado y tranquilo en las peores condiciones y circunstancias, nunca dejar huellas o trazos, no desalentarse”. Debe saber esconderse, vigilar y mantenerse en la vida clandestina.

          Ha de prepararse física y emocionalmente con caminatas, escalada de montañas, prácticas de supervivencia en la selva, ejercicios de remo, natación y buceo. Debe saber pescar y cazar, conducir vehículos y botes, poseer nociones básicas de mecánica, radiotelefonía y electricidad, tener conocimientos de topografía, manejar instrumentos de localización de posiciones, saber calcular distancias, estar en condiciones de elaborar mapas y planos a escala, poseer conocimientos básicos de química, manejar la técnica de la falsificación de documentos y elaboración de sellos falsos, poseer conocimientos básicos de medicina, farmacología y primeros auxilios.

          Estas son las destrezas fundamentales que forman parte de la preparación técnica del guerrillero urbano.

          Marighela le aconsejaba mimetizarse para no aparecer extraño o desvinculado del medio en que se mueve. Decía que “no debe usar ropa diferente a la que otras personas utilizan”. Si su trabajo le lleva a barrios de gente rica, su vestido no ha de desentonar con el que allí se usa; si va a un barrio popular debe cuidarse de llevar ropa común.

          El guerrillero urbano debe tener la capacidad necesaria para compensar en la acción su carencia de suficientes armas, municiones, transportes y equipo.

          Marighela consideraba que el guerrillero urbano está llamado a desplegar una acción complementaria de la guerrilla rural “que está destinada a jugar un papel decisivo en la guerra revolucionaria”.

          El asalto a bancos y el robo de sus caudales son para los guerrilleros no solamente “expropiaciones revolucionarias” sino también medios de financiamiento de sus actividades insurgentes. Ellos han perfeccionado la técnica de someter a los guardias de seguridad, abrir las cajas fuertes, apropiarse de los recursos, huir del lugar y asegurar su anonimato.

          Sin embargo, no ha terminado la encendida discusión entre “guerrilleristas” y trotskistas acerca de quién hace la revolución: si la guerrilla o las masas. En el flanco de la izquierda, los seguidores de Trotsky ponen en duda la eficacia de la guerrilla como factor revolucionario y sostienen que realmente no fueron los guerrilleros quienes hicieron la revolución en China, Cuba o Nicaragua sino las insurrecciones populares. Sostienen que en China la guerrilla de Mao estaba perdida  —que la gran marcha fue, militarmente hablando, una gran huida—,  hasta que la invasión japonesa dio un viraje a los acontecimientos y permitió a Mao volcarse hacia las organizaciones de resistencia contra la invasión extranjera, ganarse su poyo y recomponer sus fuerzas. Por tanto, el triunfo revolucionario no fue de la guerrilla de Mao sino del movimiento de masas, independientemente de que la dirección guerrillera haya sido acertada. Igual cosa afirman con relación a la revolución cubana y a la revolución sandinista en Nicaragua. Piensan que Fidel Castro triunfó por ser un gran dirigente de masas y no por su acción guerrillera. Fue la huelga general en las ciudades la que determinó la caída de Fulgencio Batista y el triunfo de la revolución. En Nicaragua las cosas no fueron diferentes, desde la óptica de los trotskistas. Cuando las guerrillas sandinistas estaban militarmente acabadas, el bárbaro asesinato en Managua de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico “La Prensa”, en enero de 1978, produjo el estallido popular que echó abajo al gobierno de Anastasio Somoza.

          La conclusión de los trotskistas es que, con dirección guerrillera o sin ella, las revoluciones  —que siempre son obreras y urbanas—  las hacen las masas. Y las hacen en las ciudades, puesto que no hay revolución posible fuera de los centros del poder. Es el “pueblo en armas”, y no la guerrilla, el protagonista de la revolución. Y la toma de armamento, como ocurrió en la revolución rusa y en otras revoluciones, proviene del asalto a los cuarteles, que no puede darse a menos de que haya una insurrección de masas.

          El Centro Internacional del Trotsquismo Ortodoxo (CITO), que reivindica la condición de depositario legítimo del pensamiento de León Trotsky en América Latina, denuncia en su página de internet a los grupos guerrilleros como movimientos contrarrevolucionarios que buscan desorganizar, desmotivar, desmovilizar y desarmar a los trabajadores. Afirma que lo hacen por una profunda razón de clase: porque sus miembros son pequeñoburgueses que no están interesados en establecer un orden social obrero y que terminan siempre por traicionar a la revolución.

          Por eso el >trotskismo tiene un programa militar diferente: busca organizar las milicias obreras  —al menos eso dice, ya que no lo ha hecho en parte alguna—  y trabajar sobre el ejército burgués “para separar a su base popular de su cúpula contrarrevolucionaria y arrastrar a la primera hacia el campo de la revolución” para implantar el Estado obrero.

          Pero también desde la “derecha” de las izquierdas se impugnó el “guerrillerismo”. Lo hicieron los partidos comunistas de América Latina ceñidos a la ortodoxia marxista de respeto al ciclo del proceso revolucionario que contempla una etapa burguesa y antifeudal previa a la revolución latinoamericana, etapa que debe defenderse frente a las acometidas del fascismo. Por eso juzgaron equivocado el “aventurerismo” guerrillero que arrastró a muchos jóvenes antiimperialistas a muertes heroicas pero inútiles. Con este criterio los partidos comunistas defendieron a Batista contra Castro y a Somoza contra los sandinistasy dejaron de incorporarse a las huelgas generales en sus países. Este es un lado muy oscuro de la conducta de los partidos comunistas latinoamericanos.

          Hay dos clases de guerrilla: la urbana y la rural. Se distinguen por los escenarios donde se desenvuelven y por las tácticas y armas que utilizan.

                                     1. La guerrilla urbana.    Con la expresión guerrilla urbana se suele designar una forma específica de lucha clandestina y el conjunto de actividades subversivas que un grupo insurgente realiza en las ciudades para perturbar el funcionamiento del Estado o llamar la atención pública hacia una causa política en su más amplio sentido. El propósito de este tipo de guerrilla es recoger el respaldo de las grandes barriadas pobres  —al estilo de los favelados brasileños o de los pueblos jóvenes de Perú—   que circundan las ciudades del tercer mundo para cercarlas y someter por asedio a los núcleos prósperos de ellas.

          La guerrilla urbana está muy vinculada al terrorismo. Sus procedimientos por lo general tienen ese carácter. Colocación de explosivos en lugares públicos o líneas de metro, activación de los llamados “coches-bomba” para demoler edificios o destruir vehículos, asesinato y secuestro de personas, >sabotajes a los servicios públicos, toma de instalaciones y otras acciones de esta índole.

          La guerrilla urbana no es un ejército sino un conjunto de pequeños grupos armados, fragmentados intencionalmente y preparados para la lucha revolucionaria en las ciudades con métodos no convencionales. Carece de bases fijas y vehículos. Forma una red coordinada de comandos móviles bajo una conducción general.  Se mueve en la clandestinidad.  Su  técnica  de  combate  es  ofensiva   —ataque y retirada—  ya que su inferioridad en número, medios y armas respecto de las fuerzas armadas regulares le impide resistir una ofensiva concentrada. Cuenta con servicios de espionaje y contraespionaje para obtener información confiable y evitar la infiltración de agentes contrarios.  Su mayor ventaja es conocer el terreno  —avenidas, calles, callejones, pasajes, atajos, pasos subterráneos, sistemas de alcantarillado, áreas abandonadas, laberintos, escondites, puntos de control militar o policial, tapones de tránsito—  y centrar la lucha en él.

          El general Juan Domingo Perón, en carta dirigida desde su exilio en Madrid el 20 de febrero de 1971, aconsejaba a los líderes guerrilleros del movimiento >montonero de Argentina que, en el marco de la guerra revolucionaria,deben “lanzar las operaciones para pegar cuando duele y donde duele” y que, en el curso de la actividad beligerante, “donde la fuerza represiva esté: nada; donde no esté esa fuerza: todo. Pegar y desaparecer es la regla porque lo que se busca no es una decisión sino un desgaste progresivo de la fuerza enemiga”.

          Son palabras muy parecidas a las de Mao Tse-tung cuando en 1928 propuso la táctica que denominó “defensa estratégica” y que consistía en que las fuerzas guerrilleras debían evitar el enfrentamiento con un enemigo más poderoso. En vez de eso la consigna era el acorralamiento y el aniquilamiento de las fuerzas regulares tan pronto como se den las condiciones de momentánea superioridad de los partisanos. En 1928 escribió Mao: “el enemigo avanza, nosotros nos retiramos; el enemigo levanta un campamento, nosotros le tumbamos; el enemigo se cansa, nosotros atacamos; el enemigo se retira, nosotros lo perseguimos”.

          Acciones de guerrilla urbana fueron las que desarrollaron los miembros de la resistencia francesa contra las tropas alemanas que invadieron y ocuparon Francia en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. En una fecha ominosa para los franceses y para la democracia del mundo, el 14 de junio de 1940 los soldados del Tercer Reich marcharon a paso de ganso bajo el arco del triunfo de París. La ocupación se extendió por cuatro años, hasta que las fuerzas aliadas liberaron a Francia de la dominación alemana a partir del desembarco de Normandía de 1’750.000 soldados británicos, 1’500.000 norteamericanos y 250.000 canadienses, franceses, polacos y de otras nacionalidades, en la que fue la mayor invasión por mar de todos los tiempos. Durante ese lapso los franceses de la resistencia  —los maquisards—  desarrollaron acciones de guerrilla urbana y consumaron miles de atentados, sabotajes y actos de terrorismo político contra los soldados invasores. El 5 de enero de 1942 fue asesinado Ives Peringaut, jefe del gabinete del ministerio del interior del gobierno entreguista francés del mariscal Henri Philippe Pétain. En esa ocasión el ministerio, por primera vez, hizo pública la información de que desde julio de 1941 hasta enero de 1942 se habían cometido 230 actos de terrorismo contra militares alemanes.

          En la pacífica Costa Rica brotó un movimiento guerrillero que echó abajo un gobierno en 1948. Hubo en ese año elecciones presidenciales, que las ganó el candidato opositor Otilio Ulate, del Partido Unión Nacional. El gobierno, presidido por Teodoro Picado, desconoció la elección. Entonces, el joven dirigente político de tendencia socialdemócrata José Figueres Ferrer se alzó en armas en su finca La Lucha el 12 de marzo y formó el denominado Ejército de Liberación Nacional,integrado principalmente por estudiantes y profesores universitarios, que lanzó el 23 de marzo su primera proclama de combate e inmediatamente tomó por asalto las ciudades de Cartago y San Isidro del General, al suroeste de San José. Otro grupo insurgente denominado Legión Caribe ocupó Puerto Limón. Los efectivos del ELN fueron a las montañas de Dota y Tarrazú para promover la guerra de guerrillas contra las fuerzas armadas regulares y la policía nacional.

            Después de la batalla victoriosa de el Tejar, Figueres, en su condición de comandante en jefe del ELN, emitió un ultimátum desde su cuartel general para que el Presidente de la República se rindiese incondicionalmente, dimitiese sus funciones y entregase el poder a tres ciudadanos designados: José Figueres, Alberto Martén y Fernando Valverde. Eso ocurrió en los momentos en que el ELNpreparaba su entrada a sangre y fuego a San José, sede del gobierno. El Presidente rechazó el ultimátum. Y solicitó ayuda militar al general Anastasio Somoza, dictador Nicaragua, quien envió inmediatamente por vía aérea tropas de su Guardia Nacional, que desembarcaron el 17 de abril en suelo costarricense y ocuparon los poblados de Los Chiles, La Cruz y Villa Quesada. Inmediatamente se abrieron los fuegos con las fuerzas insurreccionales. Ante esa situación, el presidente Harry Truman de Estados Unidos conminó a Somoza a que retirara sus soldados, cosa que se cumplió dos días después. Las acciones armadas duraron seis semanas y costaron cerca de dos mil vidas. Finalmente Picado se rindió, entregó el poder y se refugió en Managua. El ELN entró pacíficamente a San José en la madrugada del 24 de abril y ocupó los cuarteles. Al día siguiente desfiló triunfalmente por las calles de la capital. La Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres, asumió el poder por dieciocho meses. Con toda la autoridad fáctica en sus manos, Figueres  —a quien sus partidarios llamaban don Pepe—  indujo a la Junta Fundadora a nombrar una comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución Política de la Segunda República, decretar la supresión de las fuerzas armadas  —Costa Rica fue, en ese momento, el único Estado desarmado del mundo—,  nacionalizar la banca privada, declarar su solidaridad con todos los pueblos, extender la jurisdicción nacional sobre las doscientas millas marítimas, decretar la nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica, imponer tributos sobre el capital, reconocer el derecho de voto a la mujer, suprimir la discriminación de los ciudadanos negros y convocar una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución de Costa Rica.

          Hecho todo eso, el Presidente de la Junta José Figueres entregó el poder al presidente Otilio Ulate Blanco, legítimo ganador de las elecciones de 1948, para inaugurar la Segunda República durante el período 1949-1953.

          En recuerdo y como homenaje al Ejército de Liberación Nacional, Figueres fundó en 1951 el Partido Liberación Nacional, de larga gravitación en la política costarricense.

          Los más conocidos casos de guerrilla urbana en el pasado reciente fueron los de Euskadi ta Askatasuna (ETA) fundada en en el País Vasco en 1959, del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de Uruguay  —llamado así por Tupac Amaru, el jefe inca que acaudilló la insurgencia contra los españoles en el Perú entre 1780 y 1781)—  creado en 1962 por Raúl Sendic, que realizó una intensa y sofisticada actividad guerrillera en las ciudades uruguayas; el movimiento revolucionario de guerrilla urbana de los >montoneros argentinos que surgió a raíz de la toma del poder por los militares en 1966; los Mau-Mau en Kenia en los años 50; el grupo Baader-Meinhof, de tendencia anarquista, formado en Alemania Federal en los años 70, que hizo muchos actos terroristas como protesta contra la participación norteamericana en la guerra de Vietnam; el IRA (Irish Republican Army), organización paramilitar irlandesa que ha promovido una larga lucha guerrillera urbana en nombre del separatismo católico en Inglaterra; el Septiembre Negro, movimiento armado palestino dirigido por Abu Yihad, que surgió en 1971 entre los militantes extremistas del Al-Fatah con la meta de recuperar los territorios palestinos ocupados por Israel en 1948, después de que le fueron adjudicados por resolución de la Organización de las Naciones Unidas; el Ejército de Liberación Nacional de Carlos Marighella en  Brasil; el Movimiento 19 de Abril (M-19) de Colombia, que irrumpió en el escenario político en enero de 1974 con el espectacular robo de la espada de Bolívar del museo en que estaba guardada, bajo la proclama de: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”, y que en 1980 inició negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur y se incorporó a la vida política abierta; la organización clandestina llamada Sendero Luminoso en Perú, mezcla de la antigua mitología aborigen andina con los postulados del <maoísmo,que inició a comienzos de los años 80 una guerra de guerrillas urbana y rural que en una década y media ha dejado cerca de 30.000 muertos y 25.000 millones de dólares en daños materiales, y que aún no termina; el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en Perú, con larga historia de lucha, que en diciembre de 1996 asaltó espectacularmente la residencia del embajador del Japón en Lima y convirtió a los 500 invitados  —entre funcionarios del gobierno y diplomáticos—  en rehenes; en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que surgió como grupo guerrillero en 1960, sufrió muchos y dolorosos reveses en su lucha, resurgió con fuerza en 1974, emprendió una valiente guerra de guerrillas durante 1978 y parte de 1979 y culminó con la derrota militar del dictador Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979 para asumir el gobierno revolucionario hasta 1990 en que entregó el poder a Violeta Chamorro, después de su fracaso electoral en febrero de ese año; el grupo denominado Alfaro Vive en Ecuador (cuyo nombre deriva de Eloy Alfaro, el líder de la revolución liberal de fines del siglo XIX), que después de varios años de lucha guerrillera urbana acordó con mi gobierno en 1989 la entrega de las armas y su inserción en la vida democrática; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador que, después de una década de lucha armada que dejó 75.000 muertos, llegó a un acuerdo con el gobierno en 1992 para deponer las armas; las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y una facción del Partido Guatemalteco del Trabajo que durante 36 años convulsionaron Guatemala (junto con los <escuadrones de la muerte derechistas que surgieron en respuesta a la agitación izquierdista), con un saldo de 150.000 muertos. Estos grupos alzados en armas, asociados desde 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), firmaron un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen el 29 de diciembre de 1996 en acto solemne celebrado en el Palacio Nacional de Guatemala.

          Prácticamente no hay país en América Latina que no haya sufrido la acción de grupos guerrilleros en las últimas cuatro décadas, bajo la inspiración de la Sierra Maestra cubana. El triunfo de Fidel abrió nuevas perspectivas y renovados bríos a la lucha armada revolucionaria del tercer mundo y particularmente de la América Latina. Con la osada aventura de los hombres del Granma y su victoriosa lucha contra Fulgencio Batista, las izquierdas latinoamericanas vieron de pronto que sus sueños románticos se transformaban en posibilidades reales y que la revolución dejaba de ser un proyecto lejano. Ella parecía, finalmente, posible. Las condiciones subjetivas de la revolución dieron un vuelco. Se multiplicaron en América Latina los movimientos subversivos. El gobierno castrista les asistió logística y militarmente bajo la convicción de que la revolución debía tener un carácter continental y por tanto había que “exportarla”. El viceministro del Interior, Manuel Piñeiro, organizó los primeros desembarcos guerrilleros en Venezuela y la República Dominicana y durante dos décadas proveyó de asistencia técnica, armas y municiones a los focos guerrilleros que se crearon en América Latina.

          En Guatemala insurgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)en 1968, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) que se desprendió de ellas en 1971 y la Organización Revolucionaria del Pueblo Armado (ORPA); en 1980 aparecieron en Honduras los Cinchoneros (denominación que proviene del nombre de un campesino hondureño que fue muerto en el siglo XIX por negarse a pagar impuestos a la Iglesia Católica); en El Salvador se fundó en 1970 el Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que tomó su nombre de un comunista muerto durante una manifestación campesina en 1932 y que estuvo compuesto por cinco organizaciones marxistas: las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN), el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); en Colombia el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN);en Ecuador Alfaro Vive (AVC); en Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); en Bolivia el Ejército de Liberación Nacional (ELN); en Chile el Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) y el Frente Manuel Rodríguez; en Argentina el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los  montoneros y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); en Uruguay el Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros (MNL-T); en Brasil la Alianza de Liberación Nacional (ALN); en México el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); en Puerto Rico las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y los macheteros formados por el Ejército Popular Boricua (EPB), el Movimiento Popular Revolucionario y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños; el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fundado en marzo del 2008 en Paraguay. Estos no fueron los únicos pero sí los más importantes grupos guerrilleros formados en América Latina.

          Por supuesto que en esta región la acción armada revolucionaria no era algo extraño. Muchas personas habían empuñado las armas para defender sus ideales políticos. Durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX hubo una larga tradición fusilera. Recordemos a Martí, Mella y Guiteras en Cuba; Alfaro, Plaza y Concha en Ecuador; Villa, Zapata y tantos otros en México; Toussaint L’Ouverture en Haití; Sandino en Nicaragua; Farabundo Martí en El Salvador; en Costa Rica José Figueres; en Colombia el cura guerrillero Camilo Torres. Por todas partes se dieron acciones armadas revolucionarias. De modo que la lucha de Sierra Maestra no estuvo realmente fuera de contexto aunque surgió en un momento en que las izquierdas latinoamericanas casi habían abandonado esta vía revolucionaria.

          Uno de los movimientos de guerrilla urbana más dramáticos en Europa es el de la organización separatista vasca denominada Euskadi ta Askatasuna (ETA)  —que significa “tierra vasca y libertad”—  fundada en 1959 por un grupo de estudiantes disidentes del Partido Nacionalista Vasco y que ha producido más de cuatro décadas de guerrilla urbana en España. Su reivindicación esencial es la autodeterminación del País Vasco y su anexión a la vecina provincia de Navarra. Después se han agregado otras demandas, como la salida de las fuerzas militares españolas de su región y la amnistía de alrededor de 600 presos vascos acusados de actos terroristas.

          La ETA tuvo una poderosa infraestructura paramilitar y logística. Desde su primer atentado el 7 de junio de 1968 hasta 1994, había causado 728 muertes, la mayoría de militares y policías, pero también de muchas mujeres y niños. A partir de entonces el proceso terrorista no se ha detenido. Sus más duras ofensivas se realizaron a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Sin embargo, las más importantes de sus “acciones”, tanto por la tecnología empleada como por sus efectos políticos, fueron el asesinato en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobierno y presunto sucesor del general Francisco Franco, y a fines de julio de 1994 el asesinato en pleno centro de Madrid al número cuatro del Ministerio del Interior, general Francisco Veguilla Elices, en lo que ETA calificó como “uno de los golpes más duros asestados al Estado español”.

          Sin duda, la acción más importante perpetrada por ETA fue el asesinato del jefe del gobierno del régimen franquista, almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. El acto ocurrió a las 9:23 de la mañana en la calle de Claudio Coello de Madrid. Como todos los días, dentro de su rutina religiosa, el jefe del Gobierno había ido a misa a la iglesia de San Francisco de Borja de los jesuitas. Al salir de ella y tomar por la calle de Coello para ir a su oficina, tres cargas de goma-2, de 25 kilos cada una, colocadas en un túnel bajo el pavimento y activadas a control remoto, explosionaron y lanzaron el automóvil Dodge Dart 3700del Presidente a la terraza del convento de los jesuitas, a 35 metros de altura.

          Esta fue la operación ogro planificada y ejecutada con toda prolijidad por el comando Txikia de la ETA, que puso fin a la vida del presunto sucesor de Franco, cuya misión era prolongar el franquismo después de los días del dictador.

          Este acto cambió el destino de España. La desaparición de Carrero Blanco no sólo aceleró el final del franquismo sino que desarticuló los planes de continuidad. El postfranquismo quedó abatido. Franco murió poco después  —el 20 de noviembre de 1975—  y el proceso de transición democrática impulsado desde la oposición y desde el gobierno, aunque sin responder a una programación previa, se puso en marcha por la acción de varios protagonistas importantes: Adolfo Suárez, Juan Carlos I de Borbón, Felipe González y los partidos de la oposición.

          Después de 40 años de lucha la ETA anunció el 16 de septiembre de 1998 un “alto al fuego indefinido”, que fue acogido con entusiasmo  por  los  partidos  nacionalistas  vascos  —en especial por Herri Batasuna, el brazo político de la ETA—  pero con un alto grado de incredulidad por el gobierno conservador de José María Aznar y por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el mayor de la oposición, que exigieron “hechos y no palabras” a la organización terrorista. Los anteriores períodos de tregua de la ETA fueron muy cortos: el del 29 de enero de 1988 duró un mes; el del 6 de enero de 1989, tres meses y el del 23 de junio de 1996, una semana. Lo cual justificaba la cautela con que fue recibido el anuncio de tregua en los círculos políticos españoles, sobre todo porque el grupo terrorista advirtió que no entregaba las armas y que conservaba su infraestructura logística y defensiva.

          En efecto, esta tregua fue efímera, ya que poco tiempo después los portavoces de la ETA anunciaron públicamente que ella terminaba y abrieron un nuevo período de atentados en los que murió mucha gente.

          En marzo del 2006 la organización terrorista volvió a plantear un “alto al fuego permanente” a partir del viernes 24 de ese mes, con el propósito de “impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas”; y pidió a los Estados “español” y francés que reconozcan “los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones”, ya que “los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro”.

          El Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró complacido por la propuesta y de inmediato dispuso la apertura de conversaciones con el grupo terrorista, ante la beligerante la oposición de los líderes del Partido Popular. Pero nueve meses más tarde, el 30 de diciembre del mismo año, un nuevo atentado de ETA: la explosión de un carro-bomba en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que causó la muerte de dos jóvenes inmigrantes ecuatorianos, diecinueve heridos y la destrucción total de un ala del edificio, rompió la tregua y obligó al gobierno a dar por terminadas las gestiones de paz. A comienzos de junio del 2007 los líderes de la banda separatista vasca dieron por terminado el cese del fuego y reiniciaron sus acciones terroristas.

          Pero la decisión del alto al fuego enfrentó casi a muerte a sus cinco dirigentes principales: de un lado, Francisco Javier López Peña y dos de sus seguidores, y, de otro, Garikoitz Aspiazu (“Txeroki”) y Carrera Sarobe (“Ata”). Se cruzaron acusaciones de grueso calibre. La crisis se resolvió con la violenta expulsión de la organización de Txeroki y Ata.

          Desde finales del año 2009 la ETA entró en un proceso de indisciplina interna, desarticulación institucional, escisiones interiores, pugnas entre dirigentes, expulsiones, desacuerdos en las estructuras operativas políticas, militares y logísticas, drogadicción de algunos de sus dirigentes y desorientación de las bases. Todo esto en medio del desinterés de la juventud vasca. En un documento incautado a ETA por la policía española, uno de sus líderes se lamentaba que “nuestra juventud está en las herriko tabernas fumando porros y bebiendo txikitos” en lugar de ingresar a sus líneas de combate y realizar su primera acción terrorista  —ekintza—.  El acoso policial no le dio tregua. A comienzos del 2010 fueron detenidos en España, Francia y Portugal treinta de sus activistas  —entre ellos, destacados dirigentes—,  lo cual contribuyó a desmantelar su estructura directiva. De la cúpula de esos años sólo quedó libre un dirigente importante: Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (“Ata”), que llevaba trece años en la clandestinidad. Antes habían sido apresados: F. J. García Gaztelu, Ibón Fernández de Iradi, Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegi, Asier Borrero, Ignacio G. Arregui, J. A. Olarra Guridi, Gorka Palacios, F. A. López de Lacalle, Garikoitz Aspiazu, Ibon Gogeaskoetxea Arronategi, Vicente Goikoetxea, Mikel Albizu Iriarte, Soledad Iparagirre, Javier López Peña, Aitor Elizaran Aguilar, José L. Torrillas, Asier Oiartzabal, Laurence Guimón, Félix Ignacio Esparza Luri, Juan Cruz Maiza Artola y otros dirigentes de los aparatos político, militar y logístico de la banda terrorista. Pero la policía francesa y la guardia civil española detuvieron finalmente en Bayona, el 20 de mayo del 2010, a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (“Ata”) y cerraron sus trece años de clandestinidad. En el mismo operativo fueron apresados Arkaitz Agirregabiria  —número dos de la banda en ese momento—,  Benoit Aramendi, Maite Aranalde y otros de sus miembros.

          ETA volvió a plantear el 10 de enero del 2011 un alto al fuego permanente y general. Lo hizo por medio de la comparecencia de tres de sus miembros embozados en un vídeo televisual. Pero advirtió que no renunciaba a la negociación con el gobierno español del “derecho de autodeterminación e independencia del País Vasco”. ETA estaba entonces en su fase terminal, en medio del rechazo general a sus acciones de violencia. La reacción del gobierno de Rodríguez Zapatero fue de incredulidad y desconfianza puesto que era la duodécima ocasión desde 1982 en que el grupo había ofrecido abandonar la lucha armada.

          El 17 de octubre del 2011 se reunieron en la ciudad de Donostia-San Sebastián, España, varias personalidades de la comunidad internacional para tratar el conflicto armado del País Vasco que, al decir de uno de los concurrentes  —Jonathan Powell—,  “era en ese momento el último conflicto armado de Europa y ya era hora de que acabe”. Participaron Kofi-Annan, Secretario General de las Naciones Unidas; Pierre Joxe, exministro del interior de Francia; Gro Harlem, exprimera ministra de Noruega; Jonathan Powel, exjefe de gabinete del primer ministro inglés Tony Blair; Bertie Ahern, exprimer ministro de Irlanda; Gerry Adams, presidente del Sinn Fein; y otras personalidades que representaron a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de muy amplio pluralismo político, quienes formularon y firmaron la denominada Declaración de AIETE, que instaba a ETA a abandonar las armas y proponía a todas las partes involucradas en el conflicto vasco iniciar un proceso de diálogo para “terminar hoy con más de cincuenta años de violencia y alcanzar una paz justa y duradera”.

          “Llamamos a ETA  —decía el documento—  a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”. Y agregaba: “Si dicha declaración fuese realizada, instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”.

          Tres días después la organización terrorista vasca, considerando que la conferencia internacional “es una iniciativa de gran trascendencia política”, anunció el cese de su actividad armada y solicitó el diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar las consecuencias del conflicto.

          Sin embargo, ese diálogo no llegó a concretarse.

          Posteriormente se adhirieron a la Declaración de AIETE el expresidente norteamericano Jimmy Carter, el expremier inglés Tony Blair y George Mitchell, senador demócrata estadounidense.

          El 17 de octubre del 2013  —al cumplirse dos años de la Declaración de AIETE—  hubo en Ciudad de México el Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco, al que asistieron varios políticos latinoamericanos, entre ellos el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja, el líder político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas y Lucía Topolansky, compañera del entonces presidente uruguayo José Mujica, para apoyar la Declaración de AIETE e impulsar el diálogo conducente a la terminación del doloroso conflicto vasco, que se había extendido casi por medio siglo. A la declaración aprobada en esa reunión se adhirieron varios expresidentes de la región: Óscar Arias de Costa Rica, Belisario Betancur de Colombia, Vinicio Cerezo y Álvaro Colom de Guatemala, César Gaviria de Colombia, Ricardo Lagos de Chile, Fernando Lugo de Paraguay, Carlos Mesa y Jaime Paz de Bolivia, Julio Sanguinetti de Uruguay y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay. Se incorporaron también Federico Mayor Zaragoza, Miguel Descoto, Luis Maira y otras personalidades del mundo internacional.

            Un episodio importante ocurrió en España en el año 2013. Como consecuencia del fallo expedido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el 21 de octubre de ese año, los tribunales de justicia españoles se vieron en la forzada condición de poner en libertad a decenas de militantes de ETA que cumplían largas condenas de reclusión.

            La acumulación de penas por la comisión de varios delitos condujo a que muchos de los prisioneros etarras sumaran centenares y hasta miles de años de prisión. El sistema, que obligaba a los presidiarios a cumplir, una por una, todas las penas a las que habían sido condenados, se dio en llamar doctrina Parot, en función del militante etarra Henri Parot, condenado a 4.797 años de reclusión por los veintiséis asesinatos políticos que había cometido.

            Inés del Río, de 55 años de edad, militante del Comando Madrid de la ETA, interpuso en agosto del 2009 una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo después de haber cumplido 26 de los 3.828 años de reclusión a que había sido condenada por veinticuatro asesinatos políticos, entre ellos un coche-bomba contra un autobús de guardias civiles en 1986 en Madrid, que causó la muerte de doce de ellos.

           La Gran Sala del Tribunal Europeo, en sentencia expedida el 21 de octubre del 2013, señaló que el Tribunal Supremo español aplicó de manera retroactiva la doctrina Parot, en la forma más desfavorable al reo, lo cual estaba prohibido por el Art. 9 de la Constitución española y vulneraba el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

            En consecuencia, mandó en su sentencia que las autoridades españolas pusieran en libertad a la presidiaria Inés del Río “en el plazo más breve posible”.

            El Tribunal Europeo determinó que su sentencia sentaba jurisprudencia y tenía carácter vinculante para el Estado español, puesto que era firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos y, por tanto, debía acatarla y cumplirla.

            En función de esta decisión, obligante para España por ser parte de la mencionada convención de derechos humanos, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España dispusieron en el día siguiente la libertad de Inés del Río.

            La decisión judicial, por supuesto, molestó al gobierno español presidido por Mariano Rajoy y causó gran polémica en la opinión pública de España e indignación en los familiares de las víctimas de la banda terrorista vasca, que promovieron movilizaciones por las calles de Madrid, con el apoyo expreso del Partido Popular (PP), que en ese momento ocupaba el poder.

            En virtud del fallo de Estrasburgo, hasta el 23 de febrero del 2014 habían salido en libertad 63 militantes de ETA  —de los 600 que se estimaba estaban en prisión—  y 9 militantes de otras organizaciones clandestinas.

            En diferentes lugares del mundo la guerrilla urbana ha producido una demencial escalada de violencia durante los últimos años. Miles de personas han muerto y otras tantas han sido secuestradas. Se han dinamitado o destruidos con bombas incendiarias: bancos, hoteles, restaurantes, fábricas, tiendas, embajadas, iglesias, sindicatos, empresas estatales, sedes de gobierno, oficinas de partidos políticos, edificios de periódicos, estaciones de radio. Han sido demolidos puentes, carreteras, tanques de agua potable, instalaciones eléctricas, plantas de telefonía, represas, líneas férreas, acueductos, oleoductos y otras instalaciones urbanas.

            Probablemente la mayor guerrilla urbana de la historia se dio en Irak a raíz de la invasión de las tropas norteamericanas e inglesas en la madrugada del 20 de marzo del 2003. Fue una guerrilla urbana de amplio espectro que duró todos los años de la ocupación militar, durante los cuales la resistencia de los activistas del defenestrado régimen de Saddam Hussein fue feroz. Se batieron con todas las armas a su alcance durante las 24 horas del día, especialmente con explosivos. De acuerdo con informaciones proporcionadas por el Comando Central de las fuerzas norteamericanas (CENTCOM, siglas inglesas) en el año 2004 hubo 5.607 ataques con explosivos y en el 2005 hubo 10.953. En los cinco primeros años de ocupación murieron 3.990 soldados estadounidenses en diversas ciudades iraquíes, de los cuales 739 fueron por acción de los “dispositivos explosivos improvisados (DEI)”, en la jerga militar, portados por fundamentalistas suicidas o colocados en coches-bomba, carretas tiradas por asnos, bolsas de basura, tarros de pintura, botellas de plástico, neumáticos, perros muertos, engranajes de puertas, postes de luz, árboles o cualquier otro lugar en calles, edificios y caminos, generalmente detonados por rayos infrarrojos, hasta el punto que el jefe del Comando Central, general John Abizaid, dijo por esos años que los DEI eran “el asesino número uno de los efectivos estadounidenses”. Esta guerrilla urbana se combinó con una feroz confrontación terrorista intraislámica entre las dos sectas mayoritarias de Irak: la chiita y la sunita, que tuvo características de guerra civil, con un saldo de centenares de miles de muertos en nombre de la grandeza de Alá.

                                     2. La guerrilla rural.   Llamada también foquismo guerrillero, es una técnica de lucha irregular de pequeños grupos armados contra ejércitos convencionales, que se propone desgastarlos militarmente y dar inicio a un proceso general de insurrección capaz de conducir a la toma revolucionaria del poder. Su escenario es el campo, la selva o la montaña.

            El origen de esta táctica de lucha no es nuevo. La teoría y la práctica de la guerra de guerrillas estuvo presente en diversos momentos de la historia, desde la insurgencia española contra Napoleón a principios del siglo XIX hasta los recientes episodios de las guerras de liberación en varias partes del mundo. A fines de la década de los años 30 del siglo pasado el Partido Comunista chino, conducido por Mao Tse-tung, resistió en las líneas de retaguardia a la invasión japonesa y más tarde al propio ejército chino dirigido por el Kuomitang por medio de la guerra de guerrillas. A lo largo del tiempo esta forma de lucha irregular tuvo teóricos importantes como Karl von Clausewitz, Lenin, Mao Tse-tung, Ho Chi-minh, Ernesto Guevara y otros.

            El foco guerrillero es un reducido grupo móvil especialmente entrenado para este tipo de lucha. Se emplaza en puntos claves del territorio  de  un  país  —generalmente zonas campesinas y lugares cercanos a las pequeñas ciudades desguarnecidas—  y su táctica es golpear y replegarse, en una lucha de desgaste contra las fuerzas regulares.

            Frente a la superioridad general de ellas, los grupos guerrilleros buscan la forma táctica de alcanzar superioridad relativa en un lugar elegido, en donde puedan concentrar mayor número de efectivos y aprovechar las características del terreno para trastocar la correlación de fuerzas. Allí avanzan y se repliegan, organizan emboscadas, no buscan necesariamente el combate diario ni la lucha cara a cara con el enemigo sino que adoptan formas más sutiles y más difíciles de resistir. En estas circunstancias, como dijo el Che Guevara, “caminar también es una forma de combatir” y “rehuir el combate en un momento dado es otra forma de combatir”. La táctica guerrillera es lograr una superioridad ocasional y concreta en cada punto de la lucha sobre la superioridad general pero difusa de las fuerzas regulares.

            A principios del siglo XX Lenin, reactualizando el papel de la violencia en la lucha revolucionaria planteado por Marx, afirmó que ningún Estado es capaz de soportar, a la larga, el acosamiento guerrillero que “paraliza la vida industrial, lleva la desmoralización total a la burocracia y al ejército y siembra en todos los círculos populares el descontento con el estado de cosas”. En esas condiciones  —dijo el líder bolchevique—  la acometida de los partisanos, acompañada de huelgas, ataques por sorpresa a las fuerzas regulares y luchas callejeras de un extremo al otro del país, termina por producir el colapso de su sistema de gobierno, de la economía y de organización estatal.

            El líder comunista chino Mao Tse-tung, en las décadas de los años 30 y 40 del siglo anterior, dio a la guerra de guerrillas una significación estratégica. Durante el largo período de su insurrección armada aplicó este sistema de lucha contra las fuerzas del gobierno de Chiang Kai-shek y lo utilizó también, desde 1937 hasta 1945, contra las tropas japonesas que invadieron China. En ese período, sin descuidar sus objetivos de insurgencia contra las fuerzas del Guomindang y, por lo contrario, aprovechando tácticamente el desgaste de ellas en la lucha contra el enemigo, desplegó sus pelotones guerrilleros pertenecientes a su VIII Ejército revolucionario y al nuevo 4º Cuerpo del ejército rojo en las zonas de retaguardia ocupadas por las tropas japonesas para hostilizarlas y debilitarlas.

            Mao formuló para su ejército revolucionario una serie de teorías de táctica de lucha para transformar en cada campaña y combate la inferioridad estratégica de las fuerzas revolucionarias en superioridad ocasional a fin de aniquilar una por una las unidades enemigas. Estas tácticas las propuso en sus escritos militares sobre “Los problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China”, “Problemas estratégicos sobre la guerra de guerrillas contra el Japón”, “Sobre la guerra prolongada” y “Problemas de la guerra y la estrategia”.

            Esta fue su contribución a la teoría revolucionaria, juntamente con la valoración del papel que en el proceso pueden jugar los campesinos, como se demostró en el largo proceso insurgente de China que culminó con el triunfo de las fuerzas de Mao Tse-tung en 1949 y en los años de la lucha vietnamita pero que no pudo aplicarse exitosamente en las sierras de Bolivia, como lo probaron los hechos y lo confirmaron las propias memorias del “Che” Guevara.

            La acción guerrillera va acompañada de <guerra psicológica,propaganda subversiva y operación de redes de lucha clandestina en las ciudades principales, que promueven >sabotajes y golpes de efecto.

            El papel estratégico de la guerrilla es tanto militar como político. Como se desprende del libro de Régis Debray “Revolución en la revolución”, la guerrilla se propone acelerar la formación de las condiciones objetivas y subjetivas, por medio de una vanguardia decidida, para que la revolución sea posible.

            El foquismo guerrillero, compuesto de focos que se encienden en diversas partes de un país, busca que el incendio se propague a todo su territorio. Mao Tse-tung enseñaba, repitiendo un viejo proverbio chino, que una sola chispa puede incendiar la pradera.

            La teoría foquista confía en que el hambre de la población, la reacción frente a sus circunstancias económicas y el odio por la represión induzcan al pueblo a movilizarse, subrepticiamente primero y abiertamente después, en apoyo de la acción guerrillera  —como ocurrió en Cuba y Nicaragua—  para convertir el foquismo en una amplia acción popular capaz de conquistar el poder.

            El guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara (1928-1967), uno de los grandes teóricos y prácticos de la guerrilla en América Latina, afirmó que el éxito de ella dependía de la concurrencia de tres factores iniciales: ilegitimidad de la camarilla gobernante ante los ojos de la comunidad nacional, presencia de tensiones que no puedan ser resueltas por los medios habituales y la percepción de los opositores de que todos los canales de cambio están bloqueados.

            En esas condiciones el foco guerrillero, según Guevara, puede tener éxito.

            Los focos guerrilleros pretenden ser la avanzada de la revolución popular. La organización de las masas se hará en el camino. Lo importante para los revolucionarios es tomar la iniciativa a través de los grupos armados, organizados y preparados para la lucha irregular, a fin de que pueda comenzar el proceso insurgente general.

            Ernesto Guevara enseñó que “no siempre es necesario esperar que se den todas las condiciones para la revolución: la hoguera de la insurrección puede crearlas”.

            Si las acciones guerrilleras tienen éxito, se establecen territorios liberados bajo el control de los guerrilleros, que sirven de cabezas de puente para las maniobras posteriores. Esto debe ampliarse progresivamente hasta que los grupos insurgentes controlen los centros claves del país y causen el colapso de su aparato defensivo.

            La guerra de guerrillas, como método revolucionario para la conquista del poder, se fundamenta en la hipótesis de que los ejércitos regulares, estructurados y adiestrados para la guerra convencional, están en inferioridad de condiciones para el combate móvil e irregular de los focos guerrilleros. Dijo al respecto Ernesto Guevara, en su “Manual de la guerra de guerrillas”, escrito en 1963 como fruto de la experiencia cubana de la Sierra Maestra, que cuando los ejércitos “tienen que enfrentarse a la lucha irregular de los campesinos en el escenario natural de éstos, resultan absolutamente impotentes; pierden diez hombres por cada combatiente revolucionario que cae, y la desmoralización cunde rápidamente en ellos al tener que enfrentarse a un enemigo invisible e invencible que no les ofrece ocasión de lucir sus tácticas de academia y sus fanfarrias de guerra, de las que tanto alarde hacen para reprimir a los obreros y a los estudiantes en las ciudades”.

            Esta vieja hipótesis de la teoría guerrillera  —que sin duda tuvo vigencia en la lucha de los indios apaches contra los colonizadores blancos durante la conquista del oeste en Estados Unidos, en las “montoneras” alfaristas de la revolución liberal de fines del siglo XIX en Ecuador, en los combates de Emiliano Zapata y su movimiento agrarista en el curso de la revolución mexicana, en las luchas de Augusto César Sandino sobre las tierras nicaragüenses, en la dilatada guerra de guerrillas librada por las fuerzas revolucionarias chinas al mando de Mao Tse-tung contra las tropas de ocupación japonesas, en la experiencia revolucionaria de Cuba, en la reciente lucha sandinista de Nicaragua y en varias guerras de liberación desarrolladas en Asia y en África—  es de dudosa eficacia en los tiempos actuales, entre otras razones por el avance de la tecnología militar y porque los ejércitos regulares se han adiestrado en técnicas de “contrainsurgencia” con armas muy sofisticadas.

            Temo, por eso, que la táctica de guerra de guerrillas sea hoy una posibilidad cada vez más remota en los países del >tercer mundo como método para la conquista del poder. El éxito que ella tuvo en la Cuba de Batista a fines de los años 50 llamó a engaño a mucha gente, especialmente a la gente joven, en América Latina. Forjó ilusiones en la izquierda utópica que sólo muy tarde se percató de que el caso cubano fue un fenómeno atípico en América Latina. Mucho se ha escrito sobre el tema. El hecho de que el proceso insurgente de Sierra Maestra hubiera avanzado sin intromisión internacional fue una de las circunstancias poco comunes del fenómeno cubano. Lo fueron también las dimensiones del país  —una pequeña isla—  que permitieron que las acciones de la montaña tuvieran eco y repercusión en las ciudades, la desmoralización de sus fuerzas armadas, la presencia de Batista y de su gavilla de palaciegos corruptos, el prestigio legendario de Fidel Castro y el arrojo de sus hombres.

            Todo esto hizo irrepetible el fenómeno cubano.

            Uno de sus protagonistas, Ernesto Guevara, pareció haberlo visto con claridad aunque después se equivocó en las montañas de Bolivia.

                                   3. La guerrilla colombiana.   Prácticamente las únicas guerrillas que subsistían en América Latina al comenzar el siglo XXI eran las de Colombia, Perú y México. En los dos primeros casos esa subsistencia se explicaba en parte por sus entendimientos con los cultivadores de coca y con el narcotráfico, porque a cambio de protección armada los grupos guerrilleros recibían ingentes sumas de dinero para sus actividades insurgentes.

            El militar y escritor norteamericano Stephen G. Trujillo, en artículos publicados en el “The New York Times” el 8 y 9 de abril de 1992, afirmó que “el dominio que tiene Sendero Luminoso de las firmas o mafias colombianas de la droga le permite gravar todos los niveles de la industria de la cocaína: a los agricultores de subsistencia, a los especuladores, a los intermediarios y propietarios de laboratorios, a las firmas y a los traficantes colombianos”. Y concluyó que “es obvio que Sendero Luminoso financia su revolución con cocaína”. Ciertos “senderólogos” estiman que las recaudaciones de este grupo ascendían en su mejor momento a sumas que se acercaban a cien millones de dólares por año.

            En cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),uno de sus líderes más importantes, Jorge Briceño, apodado Mono Jojoy, en entrevista concedida a la revista colombiana “Semana” de enero 11-18 de 1999, aceptó que ellas cobraban “impuestos revolucionarios” por el paso de los cultivadores de coca aunque dijo que no por eso las FARC eran cosechadoras ni procesadoras de la planta ni exportadoras de cocaína. Además de este ingreso tenían los aportes de los grandes capos del narcotráfico a cambio de seguridad, más el “seguro” que cobraban a empresas transnacionales petroleras y mineras, los aportes “voluntarios” de terratenientes, las asignaciones de las municipalidades que estaban bajo su control y el dinero proveniente del rescate por el secuestro de personas (que Rubén Darío Ramírez, Presidente de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario de Colombia, estimaba a mediados de 1998 en 300 millones de dólares por año). Todo lo cual, según informaciones recogidas por la Universidad de los Andes en Colombia, representaba ingresos anuales de las FARC, el ELN y el EPL que se calculaban entre 600 y 700 millones de dólares en el 2005.

            El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002), en su libro “La palabra bajo fuego” (2005), confirmando estos asertos, escribió que “el verdadero motor de la violencia, el que la incita y la financia, es el narcotráfico”.

            El propio comandante Raúl Reyes de las FARC, pocos días antes de morir en el bombardeo de Angostura por las fuerzas militares colombianas el 1 de marzo del 2008, escribió en una de sus computadoras personales que deploraba que varios de sus colegas comandantes estuvieran involucrados en el sucio negocio de la droga. Y es que las FARC tenían una fuerte presencia en las regiones productoras de coca y adormidera y controlaban buena parte de las rutas por las que se transportaban las drogas y los precursores químicos. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) señalaba que “de 189 municipios en donde se han detectado cultivos de coca, hay guerrilla en 162”, sin especificar si se trataba de frentes de las FARC o del ELN (“Guerra y Droga en Colombia”, International Crisis Group, 2005). De modo que la imbricación de los grupos guerrilleros con la droga era inocultable. Y eso venía desde los años 80.

            Sin embargo, era un error calificarlos simplemente de “narcoterroristas”  —según la palabra acuñada por el embajador norteamericano en Bogotá, Lewis Tambs, en 1984—  ya que ellos tenían también determinantes motivaciones de orden ideológico. Lo cual, por cierto, no atenuaba sus culpabilidades en los actos bárbaros cometidos en nombre de la ideología.

            El entonces senador colombiano Antonio Navarro Wolff  —con vasta experiencia en esta materia, puesto que fue dirigente del movimiento guerrillero colombiano M-19 antes de su desmovilización en 1990—  era de la opinión de que, aunque resultaba evidente que la “actividad ilegal financia una parte importante de la guerra”, la motivación que movía a los guerrilleros de las FARC y del ELN no era enriquecerse sino principalmente derrocar el gobierno y abatir el sistema económico-social que éste ampara, según pude escucharlo en una conferencia que sustentó en Quito a comienzos del 2002.

            Fue en los años 80 que los grupos insurgentes  —FARC y ELN—  y los paramilitares descubrieron que el control territorial de las zonas de cultivo de coca y adormidera les era de mucha importancia para los fines del financiamiento de sus actividades insurreccionales, puesto que les permitía supervisar las áreas donde estaban los cultivos, definir las rutas de transporte de la droga, controlar el ingreso de los precursores químicos, autorizar el paso de armas y municiones, proteger las instalaciones de refinación y, por supuesto, cobrar “impuestos” y “tasas” tanto a los campesinos cultivadores como a los carteles de la droga.

            En su informe “Guerra y Droga en Colombia” del 2005, el International Crisis Group, que había estudiado a fondo el problema, aportaba cifras del financiamiento de los capos del narcotráfico a los grupos armados y sostenía además que “existen pruebas de que las AUC, en particular, operan sus propias instalaciones de refinación y han conformado una red internacional de narcotráfico”. Las AUC eran las Autodefensas Unidas de Colombia fundadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, como un grupo paramilitar clandestino de ultraderecha destinado a combatir a las guerrillas izquierdistas. Sin embargo, eran diferentes los grados de vinculación que tenían los movimientos armados con los carteles del narcotráfico. Esas diferencias incluso de daban hacia el interior de los propios movimientos, en función de las distintas regiones en que operaban.

            La injerencia guerrillera en el negocio de la droga, que movía cantidades tan fabulosas de dinero y que era su más importante fuente de financiación, no sólo que había producido actos de indisciplina y corrupción dentro de las filas de los grupos armados, capaces de afectar la autoridad, las jerarquías y la integridad de su cadena de mando centralizada   —que les había obligado incluso a rotar a los comandantes para evitar que unos se afincaran en lugares más rentables que otros—,  sino que también había degradado su original condición moral de combatientes por unos ideales y utopías.

            El 23 de octubre del 2012 el gobierno de Colombia, por órgano del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, presentó en el Center for Hemispheric Policy de la Universidad de Miami un informe en el que se afirmaba que los ingresos anuales netos de las FARC procedentes del narcotráfico iban de US$ 2.400 millones a US$ 3.500 millones, puesto que, de las 350 toneladas de cocaína que se producían anualmente en Colombia,  alrededor  de  200  toneladas   —el 57%—  tenían relación con el grupo armado colombiano.

            La violencia en Colombia se desencadenó a finales de los años 40 del siglo pasado, durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. En 1946 el Partido Liberal, dividido, presentó dos candidatos a la presidencia de la República: Gabriel Turbay, representante del oficialismo, y Jorge Eliécer Gaitán, el disidente y extraordinario caudillo de masas de la izquierda liberal. La escisión electoral permitió al Partido Conservador volver al poder, con Ospina Pérez a la cabeza, a los 16 años de haberlo perdido, después de cuatro décadas y media de hegemonía.

            El 9 de abril de 1948 ocurrió un ominoso hecho que conmovió a Colombia desde sus cimientos: fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán en una calle céntrica de Bogotá. Al salir de su oficina, un sicario  —al que el pueblo despedazó ese mismo momento—,  le disparó varios balazos. La ciudad se encendió. El pueblo salió a las calles a protestar contra el gobierno de Ospina y a perseguir a los conservadores, a quienes culpaba del crimen. Destruyó y prendió fuego a todo lo que encontró a su paso. Miles de muertos quedaron tendidos en las calles. En los anales de la historia colombiana este trágico episodio se conoce como el “<bogotazo”.

            A partir de ese momento la violencia se generalizó por los campos y ciudades de Colombia. Conservadores y liberales se trenzaron en una lucha a muerte que le costó a Colombia entre cien mil y trescientos mil muertos desde 1948 hasta 1957. Advino en 1953 la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla con el designio de acabar con la violencia en el suelo colombiano pero las cosas se agravaron. Cuando la dictadura se desplomó cuatro años más tarde bajo el peso de sus culpas y deshonestidades, los líderes de los dos partidos tradicionales  —Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo—  suscribieron el llamado pacto de Sitges en la pequeña y amable ciudad costanera de Cataluña para alternarse en el poder por 16 años  —desde 1958 hasta 1974—  y conjurar la violencia. Pacto que fue ratificado después por el acuerdo de Benidorm. Pero la confrontación liberal-conservadora fue sustituida por la insurgencia guerrillera de extrema izquierda. Varios grupos se alzaron en armas: las Autodefensas Campesinas que después se convirtieron en las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) directamente influido por la revolución cubana, el Ejército Popular de Liberación (EPL) de orientación maoísta, el Movimiento 19 de Abril (M-19) en los años 70 integrado por jóvenes de capas medias de la ciudad, el Quintín Lame,el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otros grupos menores. Como dice Eduardo Pizarro en su “Esbozo Histórico de las FARC-EP”, en los gobiernos conservadores y liberales y “durante la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) la guerrilla surge como agua que brota de la tierra en forma espontánea” y “se desentierran viejos fusiles de las guerras civiles” para hacer frente “a la amenaza diaria de arrasamiento total de la vida, bienes y honra de fanatizados y criminales grupos de policías y civiles”.

            Así comenzó la lucha guerrillera en Colombia que, unida más tarde al narcotráfico, ha hecho de este país un eje político-militar de inestabilidad en Latinoamérica, puesto que está situado entre dos puntos estratégicos: el Canal de Panamá y la zona de las mayores reservas petroleras de América del Sur. De allí que el destino de la lucha armada colombiana haya tenido tan alta importancia y haya entrañado el riesgo internacionalizarse.

            El bipartidismo liberal-conservador vio amenazada su hegemonía en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 por la candidatura del general Gustavo Rojas Pinilla, que reunió en su torno a una serie de grupos heterogéneos que tenían en común su afán de romper el tradicionalismo político colombiano, representado por el Frente Nacional formado en 1977 por los líderes de los dos partidos: Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, para alternarse en el poder por dieciséis años. En las elecciones del 19 de abril se declaró vencedor, por una estrecha diferencia de votos, al candidato conservador Misael Pastrana Borrero. Pero los seguidores del exdictador no aceptaron el resultado de los comicios y el ala radical de su plataforma electoral se alzó en armas y organizó un grupo guerrillero denominado Movimiento 19 de Abril (M-19), que fue a combatir en la montaña.

            Este movimiento irrumpió en el escenario político de Colombia en enero de 1974 con el espectacular robo de la espada de Bolívar del museo en que estaba guardada, y, bajo la proclama de: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”,combatió en las montañas por dos décadas, hasta que el presidente conservador Belisario Betancur logró su desmovilización mediante acuerdos políticos y poco tiempo después su inserción a la vida democrática de Colombia durante el gobierno del liberal Virgilio Barco.

            El presidente Belisario Betancur fue quien inició el proceso de paz en 1983 con las negociaciones de La Uribe, en los llanos orientales de Colombia, convencido de que el problema era político más que militar. Como resultado de esas negociaciones el M-19, sin desarticular su estructura militar, se reinsertó en la vida civil y formó en noviembre de 1985 el partido Unión Patriótica (UP), como brazo político de su organización. La paz se firmó el 11 de marzo de 1990. Pero varios de sus líderes y dos mil quinientos de sus militantes fueron violentamente exterminados en las calles por los grupos paramilitares de ultraderecha. Por eso, según afirma el analista de asuntos sociales Alfredo Rangel, los guerrilleros de los otros grupos armados no estuvieron dispuestos a repetir lo que, a criterio de ellos, fue el error del Movimiento M-19: deponer las armas y tratar de insertarse en la vida civil y política de Colombia, sin buen éxito.

            Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron el principal movimiento armado. Su fecha de nacimiento es el 27 de mayo de 1964, en que un grupo de campesinos, bajo la conducción de Manuel Marulanda Vélez, mejor conocido como Tirofijo por su proverbial puntería con las armas de fuego, inició la “operación Marquetalia”  —el proyecto de una “república independiente” en el territorio de Colombia—  donde se instalaron alrededor de doscientas familias campesinas y desde donde el caudillo guerrillero anunció la creación de lasFARC bajo la enseña de su “programa agrario”.

            Manuel Marulanda fue probablemente el guerrillero de más larga vida combativa del mundo. Se le dio por muerto más de una decena de veces. De familia liberal que poseía fincas lecheras en la región del Tolima, empezó a combatir a la edad de quince años cuando formó su primera guerrilla con sus catorce primos, a raíz del asesinato de su padre por las fuerzas conservadoras en la época de la violencia que desangró a Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, con un saldo de cerca de 300.000 muertos en su primera década. El verdadero nombre de Manuel Marulanda era Pedro Antonio Marín, pero a comienzos de los años 50 abrazó la ideología marxista y entonces cambió su nombre por el del luchador comunista asesinado en Bogotá al encabezar las protestas obreras contra el envío de tropas colombianas a Corea.

            Marulanda fue un gran táctico militar forjado en la teoría y en la práctica de la guerra de guerrillas. Su biógrafo Arturo Alape  —que ha escrito tres libros sobre la vida del jefe guerrillero—  dice que éste no leía a Mao Tse-tung, considerado como un clásico del foquismo, sino los textos de la academia militar de Colombia. Y que por eso el general Joaquín Matallana de las fuerzas armadas regulares había dicho con fina ironía que Tirofijo era el único general de cuatro estrellas de este país. Desde que se internó en la selva, el combatiente montaraz nunca salió de ella y no conoció el mundo urbano de Colombia.

            En 1960 organizó las Autodefensas Campesinas, que después se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ellas tenían a fines del siglo XX alrededor de 12.000 hombres bien adiestrados bajo las armas, repartidos en más de setenta frentes de combate. Pero un informe del Ministerio de Defensa reveló a comienzos del 2001 que sus efectivos llegaban a 21.000, de los cuales 16.000 eran guerrilleros y 5.000 pertenecían a las milicias urbanas.

            Las FARC dominaban buena parte del territorio suroriental colombiano   —los departamentos del Caquetá,  Guaviare,  Meta, Vichada, Putumayo, Amazonas—  aunque su radio de operaciones llegaba también a los departamentos centrales y norteños. Según la revista “Time”  —de septiembre 28, 1998—  los movimientos guerrilleros, entre los que las FARC y el ELN (con 9.000 efectivos, de los cuales la mitad estaba en la montaña y la otra mitad en las milicias urbanas) eran los principales, dominaban un tercio del territorio y manejaban cerca de la tercera parte de los 1.025 municipios de Colombia. Y si bien eran municipios periféricos en un país en que la población rural representaba el 30% de la totalidad, no hay duda de que los avances de los guerrilleros habían sido grandes. Según un informe del Congreso Nacional de Estados Unidos, presentado a mediados de 1999, la zona dominada por la guerrilla era aun mayor: llegaba al 40% del territorio colombiano, o sea “una área que equipara en tamaño a Texas”. Lo cual llevó a Bruce Bagley, experto en asuntos colombianos de la Universidad de Miami, a decir que “estamos mirando la balcanización de Colombia”.

            Los guerrilleros de las FARC irrogaron duros golpes al ejército en los últimos años de la década de los 90. Estaban muy bien equipados y manejaban armamento sofisticado, como carabinas Ruger con mira infrarroja, fusiles Fal, metralletas de asalto AK-47, cohetes antitanques, bazucas, morteros y misiles tierra-aire.

            El segundo más importante movimiento guerrillero de Colombia fue en aquellos años el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado en 1964 por los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño bajo la inspiración de la >revolución cubana. Sus actividades en los años 60 se desarrollaron principalmente en el departamento de Santander. En su mejor momento llegó a contar con 9.000 efectivos. Se adhirió, en sus comienzos, a la tesis de la guerra popular prolongada de estilo maoísta. Sus primeras acciones facciosas contra el gobierno del Frente Nacional fueron de agitación en pequeños poblados, toma de prisiones, liberación de prisioneros, asaltos a bancos, extorsiones. Después vinieron los enfrentamientos armados contra las fuerzas militares y policiales, que fueron especialmente duros en los primeros años de la década de los 70, seguidos de asesinatos, secuestros y sabotajes a instalaciones petroleras y eléctricas. Más tarde el ELN entró a operar, no sin conflictos de conciencia por su ideología castrista, en las zonas cocaleras  —la Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, el sur de Bolívar, el occidente del Cauca, el centro de Nariño—  y, en competencia con las FARC, en las regiones donde se cultivaba la adormidera  —norte de Nariño, sur del Cauca, Huila, Tolima—,  de modo que el ELN empezó a participar marginalmente del negocio de las drogas.

            Sin embargo, esa participación fue limitada: sus ingresos de esta fuente representaron anualmente alrededor del 8% de lo percibido por las FARC y del 10% de las entradas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

            Dos sacerdotes católicos españoles alineados en la >teología de la liberación: Domingo Laín y Manuel Pérez, que habían llegado a Colombia como misioneros, y el cura colombiano Camilo Torres, se incorporaron al Ejército de Liberación Nacional. Domingo Laín cayó en combate. Manuel Pérez  —mejor conocido como el cura Pérez—  fue el comandante del grupo desde 1969 hasta su muerte por hepatitis en 1998, en que fue sucedido por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Y Camilo Torres Restrepo  —de familia acomodada, burguesa y liberal—,  que fue el primer cura guerrillero de Colombia, murió tempranamente en el combate de Patiocemento en San Vicente de Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966. Fue su primer combate. Los tres miembros del clero, que habían reaccionado contra el conservadorismo de la Iglesia y contra su alianza con las fuerzas económicas, se propusieron hacer un sincretismo entre los principios marxistas y los dogmas católicos. Y tomaron las armas.

            Los alternantes gobiernos conservadores y liberales del Frente Nacional intentaron dar soluciones políticas al problema de la guerrilla. Fueron muchos los intentos a lo largo de varios años: Belisario Betancur a comienzos de los 80, Virgilio Barco a finales de esa década, César Gaviria en 1991 con el reinicio de las conversaciones de paz en Caracas y en Tlaxcala (México), mas ellos no culminaron. Quiso reactivar el proceso de paz el presidente liberal Ernesto Samper pero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desearon hablar con él. No obstante, a mediados de 1998, o sea en los últimos días de su gobierno, se produjo un corto diálogo de paz entre el ELN, representado por los comandantes Pablo Beltrán, Milton Hernández y Juan Vásquez, y entidades civiles de Colombia en el monasterio de Himmelspforte en Maguncia, Alemania, sin que las partes pudieran llegar a acuerdos importantes. Los principales planteamientos de los insurgentes fueron convocar una asamblea constituyente para remodelar el poder político en Colombia  —ir hacia el Estado federal—  y formar un ente de regulación petrolera con participación de los obreros para investigar los contratos de asociación firmados con compañías extranjeras.

            El presidente conservador Andrés Pastrana reinició los diálogos con las FARC aun antes de posesionarse de su cargo pero éstas le pusieron como condición para negociar que se formara una “zona de distensión” desprovista de fuerzas militares y policiales. El 6 de noviembre de 1998 Pastrana decretó el retiro de la fuerza pública por noventa días  —prorrogados después por treinta y luego sin plazo—  de una zona poco poblada de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados  —denominada “zona de distensión”—,  que comprendía cinco municipios del sur del país en los que las FARC habían cumplido por largo tiempo acciones estratégicas: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán, de los que los guerrilleros tomaron posesión total y a cuyos habitantes sometieron a un “código de comportamiento ciudadano para la buena marcha de la vida cotidiana”, que incluía la prohibición del cabello largo a los hombres y el ejercicio de la prostitución a las mujeres y que establecía una tabla de multas para las riñas callejeras, las injurias, los chismes, el hurto, el maltrato familiar, la violación y otras infracciones, aparte de regulaciones para el comercio, la transportación, la cacería, la pesca y otras actividades económicas.

            Entonces fue posible instalar la primera mesa de negociaciones el 7 de enero de 1999 en el poblado de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, con la asistencia de centenares de invitados extranjeros y periodistas de todo el mundo. La delegación del gobierno colombiano estuvo presidida por Pastrana y la de las FARC por sus principales líderes. Pero fue notoria y desairante la ausencia de Marulanda, debida según se dijo a “motivos de seguridad”. El Presidente de Colombia fue recibido en el corazón de la “zona de distensión” controlada por los guerrilleros como un jefe de Estado extranjero. No se le permitió llevar más que sesenta hombres de su seguridad mientras los jefes guerrilleros estaban rodeados de tres mil efectivos. Pero el proceso se entrampó. Los guerrilleros se pusieron muy exigentes. Rechazaron la idea de la desmovilización o desarme de sus tropas porque, como lo dijo Jorge Briceño, “el fusil es el garante de los acuerdos que se firmen”; y, por su lado, la opinión pública de Colombia vio con escepticismo el diálogo.

            Después de diez meses de incertidumbre se realizó la segunda mesa de diálogos con las FARC en el caserío La Uribe, departamento del Meta, al sur del país, el 24 de octubre de 1999. Esta reunión se produjo pocos días después del primer diálogo directo entre los delegados del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)  —el segundo grupo guerrillero más fuerte de Colombia—  celebrado en La Habana con el mismo propósito de alcanzar la paz. La agenda de La Uribe contuvo doce puntos planteados por las dos partes, entre los cuales estuvieron: la lucha contra el narcotráfico, la revisión del modelo económico de Colombia, el derecho de <autodeterminación de los pueblos, la deuda externa, la inversión extranjera, la >reforma agraria, la explotación de los recursos naturales, la modernización del ejército y los derechos humanos. El diálogo fue suspendido unilateralmente por el grupo insurgente el 14 de noviembre del 2000 bajo la acusación de que el gobierno era incapaz de combatir a los paramilitares, que en ese año habían asesinado a más de 160 campesinos. Las negociaciones se reanudaron a principios de febrero del 2001 en el caserío Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán con la presencia del presidente Andrés Pastrana y del jefe guerrillero Manuel Marulanda. Para facilitarlas, el jefe de Estado de Colombia amplió por ocho meses la vigencia de la “zona de distensión”. En el curso de las negociaciones las dos partes llegaron al acuerdo de intercambiar sus prisioneros: en junio del 2001 las FARC liberaron a 357 efectivos militares y policiales capturados durante la lucha, algunos de los cuales habían permanecido cautivos en la selva por más de tres años, y el gobierno dispuso la excarcelación de 14 guerrilleros.

            Pero el conflicto colombiano no era de fácil solución: había corrido mucha sangre, dejado más de dos millones de desplazados, degradado la lucha hasta extremos demenciales por el incumplimiento de los más elementales principios éticos de la guerra. Además estaban de por medio profundos problemas de orden social. El 4 de octubre de 1999, en la reunión en Bogotá del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, la doctora María Emma Mejía, quien formó parte de la primera comisión negociadora, explicó que la paz no se conseguirá a menos que se encontraran soluciones simultáneas para el conflicto armado y para el conflicto social, íntimamente ligados. Afirmó que el porcentaje de mujeres en las guerrillas de las FARC es del 35%, del cual el 70% es menor de veinte años. Lo cual demostraba hasta la evidencia la profundidad del conflicto social que vivía Colombia.

            Las estadísticas publicadas eran espeluznantes: en la década que terminó en el año 2007 fueron secuestradas alrededor de 22.200 personas por los grupos guerrilleros o por delincuentes comunes. De aquella cifra global, 6.772 secuestros correspondieron a las FARC, 5.389 al ELN, 3.775 a la delincuencia común y 1.163 a las AUC. En 5.105 casos no se pudo establecer la autoría. 2.700 de los secuestrados fueron niños. 1.269 personas de diversa edad y condición murieron en el cautiverio, 108 pudieron fugar de su confinamiento y 4.489 fueron rescatadas por las autoridades colombianas. El más antiguo de los plagiados era el sargento del ejército Pablo Emilio Moncayo, quien a mediados del 2008 llevaba diez años y medio en la selva.

            El pueblo colombiano salió multitudinariamente a las calles el 24 de octubre de 1999, en la más grande movilización de masas de los anales de la historia política de Colombia hasta ese momento, para clamar por la paz a los actores del conflicto armado. Alrededor de once millones de personas salieron a manifestar su opinión en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y las demás ciudades y poblados del país.

            Un acto de masas semejante se repitió el 4 de febrero del 2008, en que un desconocido joven colombiano, llamado Óscar Morales Guevara, convocó mediante internet a una gran movilización popular para condenar las acciones violentas de las FARC. Su mensaje circuló rápida y masivamente por el mundo en las pantallas de los computadores y fue seguido por millones de personas. En el día y la hora señalados se congregaron enormes multitudes en Bogotá y en otras ciudades del mundo para expresar su repudio a la violencia en Colombia.

            En un cambio de estrategia, las FARC crearon a comienzos del 2000 un sistema judicial propio en el territorio que controlaban  —con jueces y tribunales civiles y militares—  y establecieron su independiente sistema tributario, que implantó el impuesto del 10% al patrimonio mayor a un millón de dólares, destinado a financiar el reclutamiento de 16.000 hombres adicionales para continuar la lucha armada. En el campo político, organizaron un nuevo partido denominado Movimiento Bolivariano por una nueva Colombia, como brazo político de la guerrilla, para librar la lucha en dos frentes: “uno por dentro de la Constitución, que es la parte abierta, y otro por fuera, que es la parte armada”, según explicó el líder guerrillero Jorge Briceño.

            En agosto del 2001 fueron capturados en Colombia tres agentes del Ejército Republicano Irlandés  —Irish Republican Army (IRA)—,  brazo armado del partido católico independentista Sinn Fein, que había promovido una larga y sangrienta lucha terrorista en búsqueda de la separación de Irlanda del Norte de Inglaterra y su incorporación a Irlanda del Sur. Según los servicios de inteligencia británicos, los agentes irlandeses, expertos en explosivos, preparaban una “superbomba” en el territorio liberado de las FARC en Colombia. Por su parte, el gobierno del presidente Pastrana, después de dar por terminadas las conversaciones de paz con el ELN, expidió el 13 de agosto la Ley de Seguridad y Defensa Nacional  —conocida como ley de guerra—  que dotaba de amplias facultades de decisión y acción a las fuerzas armadas regulares para enfrentar la insurgencia guerrillera.

            El 9 de enero del 2002 estuvo a punto de colapsar el proceso de paz cuando el presidente Pastrana, considerando el bloqueo al que habían llegado, dio por terminadas las negociaciones, concedió un plazo de 48 horas a las FARC para que abandonasen el enclave desmilitarizado y dispuso que 13.000 efectivos de las fuerzas armadas rodearan a los 5.600 guerrilleros que estaban dentro de él. Para evitar la inminente solución militar, una delegación compuesta por el representante de las Naciones Unidas, James Le Moyne, y los embajadores de Cuba, México, Venezuela, Alemania, España, Canadá, Francia, Italia, Suiza y Suecia, acreditados en Bogota, juntamente con el presidente de la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico, viajó a la zona del despeje al filo del cumplimiento de plazo y, tras hablar con los líderes de la guerrilla, quienes hicieron un repliegue táctico, logró salvar el proceso de paz y propició la reiniciación de las conversaciones, aunque en un clima cargado de violencia por las recurrentes acciones dinamiteras de las FARC contra los centros urbanos y contra la infraestructura petrolera y eléctrica de Colombia.

            Pero las esperanzas de un acuerdo de paz se esfumaron pronto. El 20 de febrero del 2002 cuatro comandos de las FARC secuestraron en pleno vuelo un avión de la empresa comercial Aires y lo obligaron a aterrizar en una carretera al sur del país. Plagiaron al senador liberal Eduardo Géchem, Presidente de la Comisión de Paz del Senado, que iba como pasajero. Frente a este hecho y a las recurrentes voladuras de oleoductos y de torres de transmisión eléctrica, el Presidente colombiano, en un discurso transmitido por radio y televisión el 20 de febrero, decretó la terminación de la zona de distensión a la media noche de ese día e inmediatamente puso en movimiento la operación tanatos y dio comienzo a los bombardeos de los aeropuertos clandestinos, campamentos, arsenales e instalaciones de la guerrilla para recuperar el área desmilitarizada. Dos días después los primeros 900 soldados aerotransportados en helicópteros Black Hawkllegaron a San Vicente del Caguán, que durante los tres últimos años había sido la sede de la dirigencia central del movimiento guerrillero y el lugar de las conversaciones de paz. Las fuerzas de las FARC se replegaron e intensificaron los golpes dinamiteros contra la infraestructura vial, eléctrica y petrolera. Amplias zonas de Colombia quedaron a oscuras. Comandos guerrilleros secuestraron en la zona del Caquetá a Ingrid Betancourt, en ese momento candidata presidencial del grupo denominado “Verde Oxígeno” para las elecciones del 26 de mayo del 2002.

            El expresidente Pastrana, en el citado libro en el que relata las vicisitudes del proceso de paz, comenta que era paradójico que, mientras avanzaban “de buena manera” las negociaciones, “las FARC continuaban empeñadas en su ofensiva terrorista contra el país” y “dinamitaron puentes, torres de energía y el tubo del oleoducto; atacaron poblaciones y realizaron atentados contra estaciones de policía en Bogotá y otras ciudades”; y que “era más que inconcebible que el día en que se iba a discutir el secuestro como parte del cese de fuegos, la guerrilla realizara, precisamente, el más grave de los secuestros”: el del avión de la compañía Aires, con pasajeros a bordo.

            El resultado no pudo ser otro que el fracaso total del proceso de paz, que se había extendido por tres años: desde el 7 de enero de 1999 hasta la noche del 20 de febrero del 2002. Fracaso que, sin duda, era un objetivo táctico de los guerrilleros. El presidente Pastrana, en un discurso por radio y televisión, anunció esa noche al país que las conversaciones estaban terminadas, entre otras razones, porque los guerrilleros habían convertido a la zona de distensión “en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados”.

            Desde el comienzo, como bien lo dijo Navarro Wolff, fue “una negociación de paz… para la guerra”.

            En junio de ese año, después de que las conversaciones de paz con el gobierno de Pastrana colapsaron definitivamente y de que en las elecciones presidenciales triunfó Álvaro Uribe con su posición dura contra el movimiento guerrillero, las FARC conminaron a los 1.098 alcaldes y 4.000 concejales municipales de Colombia para que renunciaran a sus funciones bajo pena de ser secuestrados y ejecutados. Decenas de ellos dimitieron por temor. Esta fue una decisión de la guerrilla tendiente a “desconocer las viejas instituciones y el Estado burgués terrateniente” y desarticular el país. La cual obligó al gobierno a poner en práctica un programa de protección de los personeros de las municipalidades y, al Presidente norteamericano, a ofrecer a Colombia vehículos blindados y ayuda logística. El 7 de julio de ese año comandos urbanos de las FARC intentaron asesinar al presidente Pastrana durante su visita a la ciudad de Florencia, en el Caquetá, con un artefacto explosivo de 200 kilos de dinamita a detonarse al paso de la caravana presidencial, pero los efectivos de la inteligencia policial lograron frustrar el atentado.

            Se estimaba que las FARC mantenían en cautiverio a 1.140 personas, entre quienes estaban una excandidata presidencial, dos exministros, cinco congresistas, un gobernador en ejercicio, un exgobernador y doce miembros de una asamblea departamental.

            En febrero, marzo y abril del 2002 Pastrana abrió en La Habana, con autorización del gobierno cubano, conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en ese momento contaba con 3.500 a 4.000 efectivos. Pero esos diálogos tampoco progresaron, según el gobierno, porque los líderes del ELN exigieron para deponer las armas la suma de cuarenta millones de dólares, en dinero efectivo, destinados a pagar a sus hombres durante la tregua. Las conversaciones se reanudaron a mediados de ese año con el nuevo gobierno, presidido por Álvaro Uribe, pero volvieron a interrumpirse en diciembre porque, según afirmaron los guerrilleros en una declaración pública, el gobierno impulsaba la guerra total y no quería una solución negociada al conflicto armado. Volvieron a reunirse en un nuevo “encuentro exploratorio” en La Habana en febrero del 2006, con la presencia de delegados de los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Cuba y Venezuela, pero tampoco hubo resultados.

            En esas circunstancias el presidente Uribe  —que ganó ampliamente las elecciones presidenciales en el 2002 con la promesa de derrotar militarmente a la guerrilla de izquierda y a los escuadrones paramilitares de ultraderecha—  privilegió la solución militar sin abandonar la solución política. Incrementó en alrededor de mil millones de dólares el presupuesto anual de la defensa e inició la duplicación del número de soldados y policías mientras abría negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Concibió, implementó y puso en marcha a mediados del 2004 el denominado Plan Patriota  —con el apoyo técnico, logístico y financiero del gobierno de Estados Unidos—,  cuyo objetivo era, al decir del Presidente, sacar de sus madrigueras a los miembros de las FARC. Para eso contaba con 18.000 hombres bien entrenados de las tres ramas militares, dotados de armas sofisticadas  —aviones bombarderos, helicópteros artillados, satélites de espionaje, modernos equipos de comunicación—,  dispuestos a penetrar en la retaguardia de la organización guerrillera en las selvas del sur del país.

            La decisión de Uribe era culminar la solución militar del problema guerrillero. Calificó al Plan Patriota como una “campaña libertadora del siglo XXI”. Según informaciones militares, en el primer año de operaciones se libraron 629 combates contra la guerrilla y los logros parecían importantes: 346 guerrilleros muertos y 273 capturados, 1.076 armas de largo y corto alcance incautadas, lo mismo que granadas y morteros de distinto tipo, cinco aeronaves, 350 vehículos, 112 lanchas, un millón de dólares en efectivo. Y fueron recuperadas zonas que estaban bajo el dominio las FARC en Miraflores, Peñas Coloradas, Calamar, La Tunia y otras. 74 militares murieron y 74 fueron heridos. Por supuesto que las cifras de las FARC, proyectadas por internet, eran diferentes.

            Como lo reconoció su antecesor, los desembolsos de Estados Unidos a Colombia para combatir la violencia y el narcotráfico ascendieron desde 1999 a 2003 a una cifra cercana a los 3.200 millones de dólares, que hicieron de Colombia en ese momento el tercer mayor receptor de ayuda norteamericana después de Israel y Egipto.

            En respuesta a las acciones guerrilleras de izquierda surgieron en los años 80 las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, que eran un grupo paramilitar clandestino de ultraderecha destinado a combatir a las guerrillas izquierdistas. En la medida en que sus acciones eran de contrainsurgencia, presumibles eran sus nexos con algunos miembros de las fuerzas armadas regulares. Los hermanos Castaño iniciaron la lucha antiguerrillera a raíz del secuestro y asesinato de su padre en 1981 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En sus comienzos las AUC estaban financiadas con el aporte voluntario o forzado de los terratenientes, ganaderos y comerciantes de sus zonas de operación, cuyas vidas y patrimonios protegían. Pero pronto fueron secuestradas por los carteles de la droga y empezaron a recibir muy importantes subvenciones del narcotráfico. La organización no gubernamental International Crisis Group, con sede en Bruselas, en un reporte del 2005, calculó que en la década anterior las AUC habían obtenido entre 1.000 y 1.500 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Como se calculaba que la manutención de cada combatiente irregular costaba alrededor de tres dólares diarios, el sostenimiento de los efectivos de las AUC representaba treinta millones de dólares por año y aproximadamente veinte millones el de las FARC.

            Las AUC eran un grupo paramilitar clandestino de ultraderecha integrado por cerca de 30.000 efectivos armados que combatían a la guerrilla izquierdista y que presumiblemente contaban, como todos los movimientos paramilitares, con el apoyo de algunos miembros de las fuerzas armadas regulares. Estaban financiadas con el aporte voluntario o forzado de terratenientes, ganaderos y comerciantes de sus zonas de operación y, por supuesto, con importantes subvenciones del narcotráfico.

            Los paramilitares de las AUC fueron de una crueldad extrema. Cometieron masacres de campesinos bajo la acusación de complicidad con la guerrilla y destruyeron sus viviendas y cultivos. Esto provocó masivos éxodos de los trabajadores del campo y sus familias en busca de seguridad. Durante los días de las conversaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con los líderes de las FARC a comienzos de 1999, los miembros de las AUC dieron muerte a cerca de ciento cincuenta campesinos de la zona norte del país  —Urabá, Toluviejo, El Piñón, Magdalena, César, Toledo—  como represalia por el ataque perpetrado días antes por las FARC contra el cuartel central del líder paramilitar, en que murieron 24 personas. En otra de sus operaciones, en febrero del 2000, en el pequeño poblado de El Salado, irrumpieron seiscientos efectivos paramilitares y masacraron a treinta y seis campesinos durante dos días de sangre y horror. Los testimonios de los sobrevivientes fueron estremecedores. Los invasores jugaban con sus víctimas al “número premiado”: reunían a la gente, contaban del uno al diez y al que le tocaba el nueve lo mataban despiadadamente, sea hombre, mujer o niño, viejo o joven. Y después festejaban con música y risotadas cada muerte.

            A finales del siglo pasado, los efectivos de las AUC, bajo el mando del Estado Mayor Central, estaban organizados en seis bloques y divididos en cuarenta grupos emplazados en el norte y centro del territorio colombiano.

            Fidel Castaño, fundador y líder máximo de esta fuerza paramilitar, desapareció sin dejar rastro a mediados del 94 junto a cinco compañeros suyos mientras se desplazaban por la selva colombiana hacia Panamá. Su hermano Carlos, al referirse a la desaparición, dijo: “Pienso que a nosotros nos sucedió con Fidel lo mismo que le pasó a Arturo Cova, el protagonista de ‘La Vorágine’, la novela de José Eustasio Rivera: lo devoró la selva”. Y asumió el liderato de la organización con implacable ferocidad. “Nosotros nos caracterizamos por respetar al gobierno que se mantenga en el poder”, dijo en una entrevista a la revista “Semana” de julio 9-16 de 1996, con ocasión de los 15 años de lucha contra la guerrilla. Pero el 30 de mayo del 2001 se vio forzado a dimitir por causa de conflictos internos, fue reemplazado por Salvatore Mancuso y un estado mayor de nueve miembros. Y murió asesinado en abril del 2004 por orden de su hermano mayor Vicente Castaño. Sus restos fueron encontrados el 1 de septiembre del 2006 en una fosa de Córdoba  —cuya ubicación fue dada por un paramilitar desmovilizado—  y fueron verificados por medio de una prueba de ADN efectuada por la fiscalía. Nueve años más tarde, el 27 de septiembre del 2013, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia encontraron el cadáver de Fidel Castaño  —el mayor de los hermanos Castaño—  en una fosa común de una finca de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. Fue hallado junto con otros siete cadáveres. Diferentes versiones apuntaban a que Carlos Castaño fue quien ordenó asesinar a su hermano, mientras que años más tarde su hermano Vicente mandó matar a Carlos.

            A mediados de julio del 2003, tras siete meses de negociaciones, el presidente Álvaro Uribe inició un acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ir hacia un proceso de desmovilización, desarme y reinserción en la vida civil de los paramilitares de ultraderecha, que se habían caracterizado por su brutalidad contra la población indefensa. El acuerdo con las AUC no incluyó a los bloques Metro y Elmer Cárdenas, que agrupaban a 3.000 efectivos, quienes se negaron a negociar.  No obstante, el gobierno logró  desmovilizar unos 24.000 miembros de la organización paramilitar hasta mediados del 2006 y recuperar 13.500 armas de diverso tipo.

            Como parte de este proceso de paz el presidente Uribe promulgó el 22 de julio del 2005 la denominada “Ley de justicia y paz”, aprobada en el Congreso por iniciativa presidencial, destinada a regular la desmovilización y desarme de los escuadrones paramilitares y la posterior reinserción de sus miembros en la vida social. En medio de encendidas discusiones en torno a si los actos de los paramilitares podían ser considerados como <delitos políticos, la ley fue aprobada por el parlamento de Colombia en junio del 2005. Ella creó sanciones alternativas menos rigurosas que las previstas en el Código Penal en favor de los paramilitares que abandonaren la lucha clandestina, se incorporaren a la vida civil y repararen los daños causados a sus víctimas. Las penas oscilaban entre cinco y ocho años de privación de la libertad para los autores de secuestros, asesinatos y matanzas. Se preveía incluso la sustitución de penas impuestas por sentencia como recompensa por su contribución a la restauración de la paz. La ley, en el fondo, aceptaba la tesis de los paramilitares de no someterse a las sanciones penales establecidas. Pero los opositores políticos, con el Partido Liberal a la cabeza, acusaron al gobierno de Uribe de favorecer la impunidad de los autores de atroces crímenes contra la humanidad.

            En todo caso, la ley propugnó la desmovilización y entrega de armas por parte de los paramilitares y de otros grupos insurgentes, que fueron las metas fijadas por el presidente Uribe para pacificar Colombia. Según un informe de la oficina del Comisionado para la Paz en ese país, Frank Pearl, gracias a esa ley y a la Ley 782 del año 2002  —prorrogada y modificada por la Ley 1106 del 2006—,  hasta fines de abril del 2010 se habían desmovilizado 53.037 combatientes de las filas paramilitares, las FARC, el ELN y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG),incluidos importantes comandantes, y se conocieron, a través de los testimonios de quienes se acogieron a la ley de justicia y paz, 40.455 hechos de violencia ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia. Fueron exhumadas 2.679 fosas, en las que se encontraron 3.131 cadáveres. Se pudo conocer que 281.661 personas se registraron ante la Fiscalía como víctimas de la violencia. Establecióse que cerca de quinientos dirigentes políticos y trabajadores del sector público mantuvieron nexos con paramilitares o con guerrilleros de las FARC y el ELN. Todo lo cual fue posible conocer, en gran parte, gracias a que la ley autorizó el perdón de los delitos de rebelión y sedición. El informe dijo que el 60 por ciento de la desmovilización obedeció a los acuerdos de paz entre el presidente Uribe y los paramilitares.

            Pero la desmovilización planteó los ingentes problemas del desmantelamiento del poder militar del grupo, el reintegro de sus casi 30.000 miembros a la sociedad colombiana y el castigo de los paramilitares que habían delinquido. Esos fueron algunos de los problemas cruciales que debió afrontar Uribe en su segundo período presidencial, para el que fue reelegido por un amplio margen de votos el 28 de mayo del 2006.

            Al promulgar la ley, la intención del Presidente fue que ella se aplicase también a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero los militantes de estos grupos armados se negaron a acogerse a ella y declararon la guerra a Uribe.

            En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de septiembre del 2007, Uribe dijo: “Hoy no hay paramilitarismo. Hay guerrillas y narcotraficantes. El término paramilitar se acuñó para denominar a organizaciones privadas criminales cuyo fin era combatir a la guerrilla. Hoy, el único que combate a la guerrilla es el Estado, que ha recuperado el monopolio que nunca debió perder”.

            En el caso de las FARC era difícil saber cuál de las soluciones resultaba menos problemática: si la solución política o la solución militar. La solución política tropezaba con el obstáculo de la existencia de un solo poder, que era ejercido por el gobierno para mantener el establisment y era codiciado por la guerrilla para ejecutar su proyecto marxista-leninista. En uno de los diálogos en San Vicente del Caguán, Marulanda dijo con entera claridad al delegado de Pastrana que a las FARC les interesaba “hacer política para gobernar el país”. Pero, al mismo tiempo, los guerrilleros sabían que por la vía electoral jamás podrían alcanzar su objetivo porque estaban conscientes de su aplastante impopularidad en Colombia. De modo que para ellos la única vía abierta parecía ser la insurgencia armada.

            El fracaso del proceso de paz en que tanto se empeñó el presidente Pastrana demostró lo difícil que resultaba la solución política. En el curso de ese proceso el grupo armado fusiló a numerosas personas, secuestró un avión comercial, plagió a una candidata presidencial y consumó innumerables atentados dinamiteros. De nada sirvieron la intervención mediadora del presidente cubano Fidel Castro ni la colaboración amistosa de varios gobiernos europeos que asistieron a las conversaciones del Caguán como integrantes del grupo de países facilitadores. De modo que la solución política parecía inviable. La solución militar, en cambio, encaraba el reto de enfrentar enormes contingentes de combatientes irregulares y ubicuos  —muy bien armados, equipados y financiados—  que se beneficiaban tácticamente de las ventajas de la sombra, la emboscada y el atentado. A finales de los años 90 los contingentes guerrilleros infligieron tales golpes a las unidades militares y policiales de elite, que el jefe del comando sur del ejército norteamericano declaró en 1998 que si la situación seguía así las FARC podrían ganar la guerra en el plazo de cinco años.

            Fue allí cuando los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos concibieron el >plan Colombia para intentar revertir la situación. En diciembre de 1998 el presidente Andrés Pastrana propuso el ambicioso programa para combatir el narcotráfico y la guerrilla en su país y para alcanzar la recuperación de la economía y el desarrollo social, con una inversión total de 7.500 millones de dólares a lo largo de varios años, de los cuales Colombia debía aportar 4.900 millones y Estados Unidos, los países europeos y Japón la diferencia, en partes más o menos iguales.

            Pero la ejecución del plan tuvo tropiezos políticos, financieros y técnicos.

            Dada la imbricación de los carteles de la droga con las FARC  —que no la han negado los líderes guerrilleros—,  siempre he pensado que había y hay una tercera solución a ser ser explorada: la despenalización de la producción, comercialización y consumo de <drogas, como medio de terminar con el financiamiento a los grupos alzados en armas y con la corrupción de los organismos estatales encargados de combatir el narcotráfico.

            Este es el único camino de solución que veo en el horizonte, aunque tampoco está exento de dificultades, la primera de las cuales es la de alcanzar una concertación internacional en torno a la solución planteada. Ella pasa por convencer a los mandos políticos norteamericanos, europeos y latinoamericanos de la conveniencia de tomar tal medida, como el menor de los males.

            Los capos del >narcotráfico y del >narcolavado se han convertido en uno de los grandes poderes fácticos transnacionales de nuestro tiempo. Las cifras comerciales del tráfico de drogas ilícitas a escala mundial son de tal volumen que superan a las del petróleo y sólo son inferiores a las del comercio de armas. Esto ha convertido a los carteles en la mayor internacional política del mundo, muy conscientes de que sus éxitos económicos y políticos están íntimamente ligados a la prohibición. Los capos del tráfico de drogas saben muy bien que en la medida en que se mantengan las prohibiciones el precio de su “mercancía” subirá y las ganancias serán mayores. Su éxito está vinculado a la creciente demanda de la droga en los grandes centros de consumo, que son Estados Unidos, Canadá y Europa. Mientras la demanda crezca y los consumidores estén dispuestos a pagar lo que sea para conseguir la droga, el suministro se expandirá. De acuerdo con las propias leyes del mercado capitalista, mientras haya un bien fácil de producir, que tenga precios tan desmesuradamente altos y tan grandes márgenes de utilidad, no habrá sistema de prohibiciones que impida que los canales de suministro de la droga se “lubriquen” y operen fluidamente.

            Me resulta incomprensible que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que han hecho del combate contra la producción y el tráfico de drogas un elemento esencial de sus políticas de seguridad  —dada la vinculación de los carteles del narcotráfico con los grupos irregulares armados—,  no se hayan planteado la despenalización de la droga, para atacar el mal en sus causas antes que en sus efectos.

            Desde el primer día de su administración el presidente Uribe adoptó mano dura contra las FARC. Esa fue la principal y más atractiva oferta de su campaña electoral, que le valió una notable aceptación popular en el proceso eleccionario y, después, en el ejercicio del poder por dos períodos consecutivos. Por un buen tiempo fue el presidente latinoamericano con mayor respaldo popular en su país: cerca del 80 por ciento de apoyo.

            En cumplimiento de su oferta, Uribe descartó la solución política y optó por la militar. Las fuerzas armadas de Colombia cercaron a los guerrilleros. Hubo frecuentes y duros combates. Según el gobierno, los resultados fueron positivos. En una entrevista al diario “La Nación” de Buenos Aires a mediados de diciembre del 2007, el presidente Uribe, al hacer un balance de la gestión de su gobierno contra los alzados en armas, en el marco de lo que denominó “una seguridad con garantías democráticas”, dijo que “en Colombia asesinaban a 35.000 personas al año y esa cifra se ha reducido sustancialmente” y que secuestraban a 3.000 mientras que en ese año la cifra bajó a 170 secuestros.

            A comienzos de mayo del 2007 el presidente Uribe expresó que se proponía, “por razones de Estado” y para allanar el camino a la liberación de algunos rehenes en un canje humanitario, disponer la excarcelación de unos 200 a 300 guerrilleros de las FARC en el siguiente mes de junio. Señaló cuatro condiciones para la excarcelación: “que acepten desmovilizarse, que se comprometan a no volver a las filas armadas, que se comprometan a trabajar por la paz y que acepten vigilancia de un gobierno extranjero o de la Iglesia Católica”.Bajo esas condiciones, admitidas por los detenidos, el gobierno colombiano, como un gesto del que esperaba reciprocidad de las FARC, liberó a 206 guerrilleros que purgaban condenas en las cárceles por rebelión pero que no habían sido encausados por delitos contra la humanidad, entre ellos el llamado “canciller” de la organización guerrillera, Rodrigo Granda, para que sirviera como “gestor de la paz”.

            Pero las FARC rechazaron la excarcelación, a la que calificaron de “farsa” y “actitud demagógica”, y tildaron de “desertores” a quienes se acogieron a ella. Dijeron que solamente aceptarían el canje humanitario si el gobierno dispusiera la desmilitarización de una zona de 800 kilómetros cuadrados en el suroeste de Colombia.

            En la madrugada del 11 de junio del 2007, en un oscuro incidente que nunca llegó a aclararse, murieron once de los doce diputados regionales del Valle del Cauca que habían permanecido por cinco años cautivos de la guerrilla y que formaban parte del grupo de rehenes que las FARC proponían canjear por quinientos de sus combatientes presos. Los legisladores fueron capturados en abril del 2002 cuando sesionaban en la sede de la asamblea legislativa en la ciudad de Cali por comandos armados disfrazados de militares que ingresaron a ella. Posteriormente, su trágico fallecimiento se supo por un comunicado de las FARC publicado en su página web de internet, en el que informaban que los diputados “murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban”. Sólo uno  —Sigifredo López—  sobrevivió. Y concluyó el comunicado: “La demencial intransigencia del presidente Uribe para llegar a un intercambio humanitario y su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como la que estamos informando”.

            El gobierno, por su parte, acusó a la guerrilla de haberlos ejecutado. Y el presidente Uribe calificó de “asesinato” la muerte de los once legisladores.

            López fue el único sobreviviente de aquel secuestro. Se salvó de la muerte porque días antes lo llevaron enfermo a otro campamento. Fue liberado el 5 de febrero del 2009, juntamente con tres policías, un soldado y el exgobernador Alan Jara. Los seis liberados relataron detalles de la vida infernal que padecieron en las selvas del sur, donde fueron tratados como animales, agrupados en corrales alambrados, vigilados 24 horas diarias, expuestos a los bombardeos y sometidos a la orden de matarlos en cualquier intento de fuga o de rescate militar.

            En lo que fue un giro de importancia en su política, el presidente Uribe propuso a las FARC el 6 de diciembre del 2007, como contrapropuesta al planteamiento de una “zona de despeje” que ellas habían formulado, la apertura de una “zona de encuentro” como escenario de las eventuales negociaciones para el canje de rehenes por prisioneros. Lo hizo bajo fuerte presión de la opinión pública nacional e internacional y a instancias del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien se mostró muy interesado en alcanzar la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana colombiana de origen francés, quien en ese momento había cumplido casi seis años de cautiverio en las selvas de Colombia. El Presidente colombiano señaló que aquel espacio geográfico, temporalmente condicionado, “debe ser de alrededor de 150 kilómetros en la zona rural, donde no haya puestos militares ni policías”. La respuesta de las FARC no se hizo esperar. Calificaron la propuesta presidencial de “improvisada e inaceptable”, descalificaron al Presidente con los peores denuestos y se negaron a sostener conversación alguna con el “mentiroso” comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo. Además, el comandante Raúl Reyes solicitó la renuncia inmediata del presidente Uribe y de su gabinete, como condición para un eventual canje humanitario.

            En actitud no inspirada en motivos ni sentimientos humanitarios sino en razones puramente geopolíticas, las FARC liberaron el 10 de enero del 2008 a dos secuestradas: Clara Rojas (44 años), que fue candidata vicepresidencial con Ingrid Betancourt en las elecciones presidenciales del 2002, y Consuelo González (57 años), dirigente del Partido Liberal y congresista. Ellas fueron entregadas al sur del Departamento del Guaviare, en territorio colombiano, a una comisión del gobierno de Venezuela y al comité internacional de la Cruz Roja. Fue este un acto sin precedentes, con el que la organización guerrillera pretendió demostrar, ante la opinión pública local e internacional, que para la liberación de sus rehenes puede pactar directamente con los gobiernos de Francia, Venezuela o Estados Unidos y prescindir de Uribe.

            La abogada Clara Rojas, secuestrada el 23 de febrero del 2002 junto con la candidata presidencial Íngrid Betancourt, tuvo un hijo en su cautiverio, fruto de sus amores con uno de los guerrilleros. El niño nació en la selva colombiana en abril del 2004. Lo cual le permitió al septuagenario fundador y jefe de las FARC,Manuel Marulanda (“Tirofijo”), decir que “este niño es mitad nuestro y mitad de ellos”. Emmanuel  —que así se llamaba el niño—  se convirtió en el rehén más joven de la historia. Pero a los ocho meses de edad fue llevado desde la montaña al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, enfermo y desnutrido, bajo nombre y filiación falsos, por un hombre que aseguró ser familiar suyo. Emmanuel permaneció allí por tres años, hasta que se produjo la liberación de su madre y el reencuentro con ella.

            Consuelo González reveló públicamente que algunos de los secuestrados “vivían encadenados todo el día con unas cadenas al cuello que tenían que cargar ellos para hacer todo tipo de actividad”.

            Cuarenta y seis días después, siguiendo igual procedimiento y en la misma zona selvática del Guaviare, los guerrilleros liberaron a cuatro rehenes más: los exlegisladores Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem Turbay, quienes habían permanecido cautivos en las montañas por más de seis años. Pero en esa ocasión los líderes de las FARC anunciaron que no harán más liberaciones unilaterales y reiteraron la exigencia de la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca para que sirvieran de escenario durante 45 días de las negociaciones para el canje de cuarenta de sus secuestrados por quinientos rebeldes que en ese momento permanecían en las cárceles de Colombia.

            El gobierno se mantuvo en su propuesta de la “zona de encuentro” y además sugirió que sirviera de mediador entre las partes el guerrillero Rodrigo Granda, conocido como el “canciller” de las FARC, que había sido liberado y que en ese momento residía en Cuba.

            El gobierno colombiano calculaba que eran 750 los secuestrados por las FARC  —entre ellos ocho políticos colombianos, tres ciudadanos estadounidenses, catorce militares y al menos diecinueve policías—,  aunque la Fundación País Libre sostenía que las víctimas de secuestro sumaban en ese momento 3.254, en poder de grupos guerrilleros o de delincuentes comunes.

            Por esos días el diario español “El País” afirmó, en su edición del 20 de febrero, que Latinoamérica concentraba más de la mitad de los plagios en el mundo y que la “industria” del secuestro ha sido muy rentable durante los últimos años para los grupos guerrilleros, paramilitares y delictivos que se habían dedicado a ella. Consignó cifras impresionantes. Precisó que en el año 2007 se produjeron 7.500 secuestros, cifra que pudo establecerse a pesar de que “la mayoría de los miles de secuestros cometidos anualmente en América Latina no se denuncian pero sí se pagan”. Afirmó que las bandas bien organizadas de secuestradores, a veces en entendimiento con mafias policiales, recaudan anualmente más de 1.500 millones de dólares por el rescate de sus víctimas en Colombia, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador, y que son numerosos los secuestrados que resultan mutilados o muertos al apremiar el pago de sus rescates.

            En lo que fue un duro golpe contra la guerrilla y un importante triunfo militar para el gobierno, el comandante Raúl Reyes (cuyo verdadero nombre era Luis Édgar Devia), segundo en la línea de mando de las FARC y uno de sus ideólogos, quien además se desempeñaba como su vocero internacional, murió bajo el bombardeo y el fuego de las tropas regulares colombianas en la madrugada del 1 de marzo del 2008, junto con 25 de sus compañeros y compañeras, en Angostura  —cerca del poblado de Santa Rosa de Sucumbíos—,  en territorio amazónico ecuatoriano próximo a la frontera con Colombia. Esa incursión militar colombiana en territorio de Ecuador creó tensión entre los dos Estados, generó una turbulencia verbal entre sus gobiernos y produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas el 3 de marzo de ese año por iniciativa del gobierno ecuatoriano. Pero pocos días después, en el seno de la reunión presidencial del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana, se dio por superado el incidente diplomático entre los dos Estados, aunque no se restablecieron sus relaciones diplomáticas. Y el siguiente 17 de marzo la Organización de los Estados Americanos (OEA), por órgano de su XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, rechazó “la incursión de fuerzas militares y efectivos de la Policía de Colombia en territorio del Ecuador” por constituir una violación de la Carta de la OEA, pero al propio tiempo reiteró “el firme compromiso de todos los Estados miembros de combatir las amenazas de la seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico”.

            Un nuevo y gravísimo contraste soportó la guerrilla dos días después: el comandante Iván Ríos (cuyo verdadero nombre era Manuel de Jesús Muñoz), el más joven de los nueve miembros del comando superior de las FARC, fue asesinado a traición por su propio jefe de seguridad llamado Rojas, para cobrar los 2,5 millones de dólares que el gobierno colombiano ofrecía como recompensa por la captura, vivo o muerto, de Ríos. Esto resultó terrible para los mandos guerrilleros cuyas cabezas tenían precio. Era un funesto precedente para ellos. El episodio fue macabro. Después de matarlo, el asesino cortó la mano derecha de su jefe y al día siguiente la llevó como prueba de su muerte, junto con su computadora portátil y su documento de identificación, a las autoridades militares colombianas. Ríos fue el segundo alto jefe guerrillero muerto en menos de una semana. Al recibir su cadáver en el batallón de Pereira, el general Mario Montoya, comandante del ejército colombiano, afirmó que esta baja supondría en el futuro la “implosión” de las FARC. El diario “El Tiempo” de Bogotá informó días después que, según datos recuperados de su computador personal, el recio y duro comandante Ríos, tras los respectivos consejos de guerra, había ordenado ejecutar entre el 2005 y el 2007 a más de doscientos guerrilleros bajo la acusación de “infiltración” y, en algunos casos, por faltas menores de indisciplina o desobediencia.

            Marulanda  —el fundador y líder de las FARC—  murió por infarto cardíaco el 26 de marzo del 2008. Fue reemplazado por Alfonso Cano  —cuyo verdadero nombre era Guillermo León Sáenz—,  de 59 años, miembro del secretariado, surgido de las juventudes comunistas, con estudios de antropología en la Universidad Nacional de Colombia, que ingresó a las FARC a finales de los años 70.

            Por medio de la más sofisticada y audaz operación diseñada y ejecutada por la inteligencia militar de Colombia  —la Operación Jaque—,  el 2 de julio del 2008 fueron rescatados de la selva colombiana quince prisioneros de elite en poder de las FARC: la excandidata a la Presidencia de Colombia Ingrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero del 2002; los militares norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, capturados el 13 de febrero del 2003 cuando las fuerzas guerrilleras derribaron la avioneta en que viajaban sobre las selvas del Caquetá; y once suboficiales del ejército y la policía colombianos, algunos de quienes llevaban más de una década en cautiverio.

            La noticia conmovió al mundo.

            Después de varios meses de espionaje electrónico satelital sobre los prisioneros y sus captores, que permitió al departamento de inteligencia del ejército de Colombia conocer la exacta ubicación de ellos y su rutina de actividades cotidianas, agentes militares se infiltraron en las filas guerrilleras y desde allí manejaron las cosas de modo de reunir a los cautivos que deseaban liberar en un determinado lugar de la selva colombiana, al sureste del país. La operación se planificó casi con un año de antelación. Durante diez meses los jefes guerrilleros que custodiaban a los prisioneros creyeron que las órdenes que recibían provenían del secretariado de las FARC, pero en realidad eran órdenes que partían del departamento de inteligencia del ejército colombiano. Las órdenes se dieron en forma tan perfecta  —con las consignas, el estilo y los giros idiomáticos usuales en la dirigencia guerrillera—  que no despertaron la más mínima sospecha en quienes las cumplían ni en los secuestrados. Cuando todo estuvo listo, simulando pertenecer a una misión internacional humanitaria, dos helicópteros militares con las insignias de la Cruz Roja se posaron en el campamento de las FARC del Departamento del Guaviare con la supuesta misión de conducir a los cautivos ante el comandante Alfonso Cano, que en ese momento ejercía la jefatura de las FARC por la muerte de Marulanda. Los tripulantes de los helicópteros, en cumplimiento de las “órdenes” del secretariado e invocando el “acuerdo humanitario”, engañaron a los guerrilleros y levantaron vuelo con los cautivos esposados y con dos de sus custodios. Para que el engaño fuera perfecto, los tripulantes  —algunos de los cuales vestían camisetas con la imagen del Che Guevara—  llegaron acompañados de “periodistas” de la cadena noticiera TeleSur de Venezuela, que gozaba de la plena confianza de la dirigencia guerrillera.

            En el vuelo, los agentes militares neutralizaron a los dos custodios y comunicaron a los secuestrados, en nombre del ejército de Colombia, que estaban libres.

            Esto se hizo sin disparar un solo tiro.

            Después se supo que los servicios de inteligencia militar de Colombia, tras meses de rastreo, lograron penetrar en las comunicaciones electrónicas cifradas de la guerrilla, revelar sus claves, desentrañar su criptografía, descubrir sus criptogramas y sus códigos secretos e imitar las voces, tonos y estilos de los principales jefes guerrilleros. Fue así que los agentes secretos militares, suplantando a los jefes de las FARC, dieron órdenes de viva voz para reunir en un solo punto a los quince cautivos dispersos y liberarlos después, en el marco de la supuesta “misión humanitaria”. Órdenes que fueron cumplidas sin la menor sospecha.

            Tres días después de la liberación, el líder cubano Fidel Castro expresó desde su retiro político que, “por elemental sentimiento de humanidad, nos alegró la noticia de que Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteamericanos y otros cautivos habían sido liberados” y, con esa oportunidad, sugirió públicamente a las FARC que pusieran en libertad, sin condición alguna, a los secuestrados y prisioneros que aún estaban en su poder, aunque aclaró que no les pedía que depusieran las armas “si en los últimos 50 años los que lo hicieron no sobrevivieron a la paz”. Y reiteró su crítica a “los métodos objetivamente crueles del secuestro y retención de prisioneros en las condiciones de la selva”.

            Mediante un nuevo y exitoso dispositivo de inteligencia  denominado  “operación camaleón”—  el Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas colombianas rescató en el límite entre los departamentos de Guaviare y Guainía al general de policía Luis Mendieta, a los coroneles Enrique Murillo y William Donato y al sargento del ejército Arbey Delgado, quienes habían permanecido cautivos de las FARC en las selvas colombianas por casi doce años. La operación empezó en la madrugada del 13 de junio del 2010. Los comandos militares incursionaron en la base guerrillera mientras sus miembros estaban dedicados a cocinar alimentos y, después de abrir fuego por veinte minutos y lograr la huida de ellos  —que abandonaron sus armas—,  rescataron a los cuatro secuestrados.

            Un monstruoso acto de terrorismo se cometió en Colombia el 25 de marzo del 2010. Un niño negro de doce años de edad  —pequeño e inocente kamikaze—  fue despedazado en el municipio de El Charco, departamento de Nariño, por la explosión de la bomba que portaba por encargo de individuos no identificados que le entregaron unas cuantas monedas para que la llevara con destino a un cuartel de policía. Este atroz acto criminal, según dijo un vocero gubernamental, formó parte de la campaña emprendida por los grupos violentos para interferir las elecciones presidenciales de mayo. La tragedia del niño-bomba traumatizó a la opinión pública colombiana.

            En marzo del 2010 el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España  —principal instancia penal española—  inició un proceso judicial contra el activista etarra José Arturo Cubillas Fontán  —residente en Venezuela—  y cinco otros presuntos miembros de ETA, así como siete de las FARC, por su intento de asesinar a personalidades colombianas, entre ellas el presidente Álvaro Uribe. En un auto judicial expedido el 1 de marzo, el juez español desveló la supuesta “cooperación gubernamental” del gobierno de Venezuela, presidido por el teniente coronel Hugo Chávez, con las FARC y la ETA para el cumplimiento de estos y otros propósitos delictivos. El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero demandó “información” a Caracas. Los personeros del régimen venezolano respondieron con la acusación de que el magistrado español “actúa bajo las órdenes de la ultraderecha franquista” y responde a una campaña orquestada por el “imperio yanqui”.

            Dos días después las cosas se complicaron más cuando otro juez español, Fernando Grande-Marlaska, en auto judicial expedido el 3 de abril de ese año, denunció con base en documentos incautados a ETA en Burdeos en mayo del 2008 los numerosos viajes a Venezuela del activista etarra Joseba Agudo Mancisidor, detenido después en la localidad francesa de Hendaya y entregado a las autoridades españolas por sus actividades insurgentes. Según el auto del magistrado español, entre enero del 2006 y febrero del 2009, el activista había viajado a Venezuela no menos de ocho veces.

            Un informe emitido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia en marzo del 2010 señaló que activistas de ETA y grupos iraníes recibían cursos de adiestramiento dictados por líderes del Frente 59 de las FARC en 28 campamentos clandestinos situados en varios puntos del territorio venezolano. Doce días después, tras la desarticulación de una base de ETA en la región portuguesa de Óbidos  —donde se hallaron 1.500 kilos de explosivos listos para ser utilizados—,  fue detenido por la policía de Portugal el fugitivo etarra español Andoni Zengotitabengoa en el aeropuerto de Lisboa, momentos antes de embarcarse en un avión con rumbo a Caracas.

            La prensa internacional recogió con amplitud las incidencias de este litigio político.

            El tema llegó a los linderos de lo anecdótico cuando, en la discusión que al respecto se armó en la Asamblea Nacional, el diputado oficialista venezolano Carlos Escarrá planteó que, como respuesta a lo que ocurría en España, Venezuela demandara “a la Corona española por los cien millones de muertos que ocasionó la Conquista, porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben…”

            El 28 de marzo del 2010  —sesenta días antes de las elecciones presidenciales en Colombia—  fue liberado por las FARC el joven soldado Josué Daniel Calvo (23 años), tras casi un año de cautiverio, con cinco heridas de bala en sus piernas. Y dos días después fue entregado el sargento del ejército Pablo Emilio Moncayo, que permaneció doce años secuestrado en las selvas colombianas. Tenía 18 años de edad cuando empezó su martirio. Helicópteros militares brasileños recogieron a los dos prisioneros en en diversas zonas selváticas, acatando el acuerdo informal entre el gobierno colombiano y las FARC,y los entregaron a las autoridades colombianas.

            En febrero del 2011 fueron liberados por las FARC en la selva colombiana otros cinco rehenes: el concejal del municipio de Garzón, Armando Acuña; el infante de Marina Henry López; Marcos Baquero, presidente municipal de San José del Guaviare; el cabo del ejército Salín Sanmiguel y el mayor de Policía Guillermo Solórzano.

            Según la Fundación Seguridad y Democracia, dirigida por Alfredo Rangel, las FARC habían sufrido muchas deserciones en esos últimos años. De los 18 mil miembros que tenían habían bajado a 12 mil, o sea que habían sufrido una reducción del 40% de sus efectivos. La intensidad de sus ataques contra las fuerzas regulares había disminuido también. Y, según la Fundación, la situación de los guerrilleros se había complicado por el cerco militar, el estrechamiento de sus zonas de influencia y las crecientes dificultades de abastecimiento de armas, municiones y alimentos.

            Sin embargo, la revista colombiana “Semana” advertía por esos mismos días que el final de la guerrilla más antigua de América Latina pudiera ser “largo y sangriento”.

            Echó mucha luz sobre la actividad guerrillera y la vida de los prisioneros el libro “7 años secuestrado por las FARC”, publicado en mayo del 2008, poco tiempo después de su liberación, por el exsenador colombiano Luis Eladio Pérez, capturado el 10 de junio del 2001. Allí narra con todo detalle su confinamiento de “seis años, ocho meses, diecisiete días y nueve horas” en las selvas de Colombia. Refiere la penosa cotidianidad del cautiverio, el maltrato que sufren los secuestrados, el miedo, el hambre, las interminables noches de insomnio, las largas marchas por la selva virgen encadenados de a dos  —acechados por los animales, las alimañas, las culebras, los alacranes, los bichos, los insectos, las arañas—,  los angustiosos trances de las enfermedades  —malarias, disenterías, fiebres, leishmaniasis, mal de chagas—,  la falta de medicamentos, las cadenas con que permanecen inmovilizados en las noches, la obsesión por la fuga, el temor a la muerte, la vida sexual, los choques e intolerancias entre los propios compañeros de cautiverio, los eventuales acercamientos afectivos entre secuestrados y secuestradores  —que pueden llegar incluso al denominado >síndrome de Estocolmo—  y demás peripecias que ellos soportan en su confinamiento selvático.

            Afirma que “la mayoría de los guerrilleros son muy jóvenes: de 14, 16, 18 años. Lo que pasa es que aparentan más edad, son muchachos con cara de viejo y con cuerpos de viejo, porque no descansan un día. Los 365 días del año hacen trabajos pesados. Las mujeres además de trabajos físicos hacen trabajos sexuales, entonces las niñas de 13, 14, 15 años tienen caras de viejas (…) Los mantienen ocupados para que no piensen. Entonces desde las cuatro y media de la mañana hasta las ocho de la noche tienen que cumplir con distintas obligaciones, y después de las ocho de la noche empiezan los turnos de guardia”.

            Los guerrilleros se someten a “un reglamento mucho más estricto que el militar, pues están contemplados delitos castigados con pena de muerte”, no obstante lo cual  —relata—  “me tocaron muchísimos casos de deserción”. Guerrilleros salieron “en alguna de las misiones a las que los mandan, de reconocimiento, de exploración, cacería o pesca, pero no volvieron nunca”.

            Afirma Pérez que “todos los guerrilleros están bien adiestrados en el uso de las armas, en el manejo del terreno, hacen ejercicio físico a diario y se mantienen en relativa forma”. Comenta que las FARC “tienen recursos suficientes para mantener en muy buena condición a su tropa, a toda su guerrillerada, pero no consiguen artículos de consumo de una manera tan fácil”.

            Cuenta que, sin imaginar que eso le ocurriría, un día vio el desfile de los militares y policías encadenados. Dice que el espectáculo le “partía el alma” y recuerda que lloró “al verlos en esa situación, encadenados de dos en dos, era verdaderamente grotesco, por decir lo menos. ¡Nunca imaginamos que después nosotros íbamos a terminar en las mismas condiciones!”

            “Yo dormí solo casi todo el tiempo  —relata—  pero me tenían encadenado de la garganta a un palo las veinticuatro horas del día, desde el 25 de julio del 2005”.

            Según Pérez, bajo el poder omnímodo de Marulanda, el secretariado de las FARC estaba integrado por siete miembros, cada uno de los cuales tenía una misión específica: el Bloque Sur era comandado por Joaquín Gómez, el Bloque Oriental por el Mono Jojoy, el Bloque Central por Alfonso Cano, el Bloque Caribepor Iván Márquez y el Bloque Occidental por Jorge Eliécer Torres. Cada bloque tenía bajo su mando diez, quince o veinte frentes guerrilleros, dependiendo de la zona. Raúl Reyes, hasta el día de su muerte, era el verdadero canciller y portavoz de las FARC en sus contactos con el exterior.

            Refiere que los jefes guerrilleros estaban muy bien equipados con aparatos electrónicos y computadoras de última generación, a través de los cuales “hacen seguimientos de todo, en algunos campamentos tienen salas de grabación y graban lo que dicen las cadenas radiales a nivel nacional”. De modo que estaban completamente enterados de la vida política de Colombia y del exterior. Y agrega que usaban energía solar para cargar las baterías y para operar las computadoras.

            Dice Pérez que en ese momento había alrededor de 2.800 personas secuestradas: 700 por las FARC y las restantes por grupos delictivos. Dice que hay dos clases de secuestrados: los que lo son por razones políticas y los que obedecen a motivos de extorsión económica. Por eso “es tan difícil cuantificar el número de secuestrados (…) Se habla de que la guerrilla de las FARC puede tener entre 700 y 800 secuestrados”.

            “El secuestro se ha convertido  —sostiene Pérez—  en un negocio magnífico. Existen empresas dedicadas a conducir las negociaciones. Inclusive personajes que ocuparon altísimos cargos en los organismos de seguridad del Estado colombiano, hoy son grandes empresarios de esta tragedia, sirven de intermediarios, que se disfrazan de humanitarios y de gente de buena fe, pero que en el fondo tienen el interés de ganar grandes comisiones”.

            Se calcula que los secuestradores obtuvieron en los últimos veinte años más de dos mil millones de dólares a cambio de la liberación de sus víctimas.

            El presidente Uribe formuló una suerte de balance de la situación en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre del 2008. En referencia a los grupos paramilitares, al ELN y a las FARC, informó que “de un número aproximado de 60.000 terroristas que afectaban al país al inicio del gobierno, 48.000 han abandonado sus organizaciones criminales y han hecho parte del programa de reinserción que es un gran reto de Colombia. En 2008, hasta el 17 de septiembre, se habían desmovilizado 2.436 guerrilleros, de ellos 2.147 de las FARC”.

            Días antes del bombardeo de Angostura  —en que murió el comandante Raúl Reyes—  la inteligencia militar ecuatoriana encontró en el campamento guerrillero ubicado en Tasé, Puerto El Carmen del Putumayo, Ecuador, unos manuscritos del fallecido comandante presumiblemente destinados a formar parte de un libro de sus memorias, que echaban mucha luz sobre la actividad política, militar y económica de las FARC. Allí afrontaba Reyes, con profunda preocupación, el tema de las vinculaciones del narcotráfico con algunos de los jefes guerrilleros. En la página 24 de su proyecto de diario  —fechada el 30 de noviembre del 2007—  dictó: “Últimamente he pensado mucho en que cualquier proyecto a futuro de regenerar a la guerrilla exige terminar con toda clase de relación con el narcotráfico. Hace unos meses comencé a exigir en todos los niveles de la organización un informe sobre nuestras finanzas, todo lo que se ha recibido en dinero, pesos, dólares, euros y lo que se está encaletando en la selva, en las ciudades, las inversiones, los depósitos en bancos, todo, hasta el último centavo. Esto enfureció a muchos de los comandantes que ven los recursos de la organización como su fortuna personal, su botín, del que no tienen por qué rendir cuentas a nadie. Allí está para mí, la mayor amenaza”. Y Reyes asumió el comentario de un admirado amigo suyo: “¡Solo falta que los comandantes narcos utilicen la silueta del Che para empaquetar la coca!”

            En otro lugar de su diario formula el propósito de que, “en el proceso de reorganización política y militar de las FARC (…), los comandantes narcos perderán poder y serán limpiados”.

            Reyes se quejaba amargamente de que el dinero que entregaron las FARC en droga por doscientos millones de euros para adquirir “radares pequeños rusos” y “misiles coreanos”, que nunca llegaron, con los que “contaba para mi perímetro de seguridad”, fue robado por “los revolucionarios que me visitan, que salvo contadas personas, sólo buscan dinero y negocios”; y respecto de quienes se preguntaba: “¿Cuántos de ellos serán infiltrados que trabajan como agentes dobles?”

            Y era tanta y tan arraigada su sospecha que cuando se acercaba la operación en Angostura dictó en su diario: “Presiento que puedo estar caminando directo a una telaraña tejida por varios sapos traidores”. “Este lugar es una trampa  —afirmó—,  pero me tienen amarrado con el pretexto de que debo recibir a las delegaciones internacionales”. Agregó: “presiento que toda esta vaina va a terminar mal, especialmente para mí”. Y concluyó: “estoy cercado, lo siento con toda mi experiencia militar. Mi final está cerca”.

            Y claro que estuvo cerca: pocos días después en el referido campamento guerrillero de Angostura  —lugar que él se anticipó en calificar como “un área en extremo peligrosa”—  fue bombardeado y aniquilado por las fuerzas militares de Colombia, en flagrante violación de la soberanía ecuatoriana.

            De sus propios manuscritos se concluye que él  —hombre culto e inteligente—  murió convencido de que eran sus propios amigos que lo visitaban  —de algunos de quienes sospechaba que eran agentes dobles y que servían a la CIA—  los que lo delataban. Cosa que se comprobó poco tiempo después. La Agencia Central de Inteligencia había reclutado varios informantes entre elementos vinculados a las FARC. Uno de ellos fue un sujeto de apellido Rivera, de nacionalidad ecuatoriana, conocido como “el pirata”  —que fungía de militante de las FARC y era cercano al comandante Reyes—,  quien proporcionó información del campamento de Angostura a los servicios de inteligencia colombianos y facilitó el bombardeo. A cambio de la entrega de las coordenadas recibió la recompensa de 1’200.000 dólares ofrecida por el gobierno de Colombia por la captura, vivo o muerto, de Reyes. Rivera, con nueva identidad, mudó inmediatamente su residencia a Estados Unidos, según informó en enero del 2010 el diario bogotano “El Tiempo”, citando fuentes de inteligencia militar.

            Después del episodio de Angostura, bajo las invocadas razones de apoyo logístico y militar para la detección del narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y el crimen transnacional, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos celebraron un convenio para que bases militares colombianas fueran ocupadas por personal y equipos castrenses norteamericanos. Los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; de Defensa Nacional, Gabriel Silva Luján; y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossío, suscribieron el 30 de octubre del 2009 con el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, el “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, con el plazo de diez años renovables, por el que Colombia permitía que soldados norteamericanos  —que no podían ser más de ochocientos—  accedieran a siete instalaciones militares colombianas y las usaran con las finalidades previstas. Eran las bases aéreas de Palanquero y de Malambo, los fuertes militares de Tolemaida y Larandia, la base aérea de Apiay, la base naval de ARC Bolívar en Cartagena y la base naval de ARC Málaga.

            Situada en el centro de Colombia, la base aérea de Palanquero era el eje de la operación de las siete instalaciones militares.

            El objetivo declarado de la presencia norteamericana en esas siete bases  —denominadas oficialmente Ubicaciones de Cooperación en Seguridad (CSL en sus siglas en inglés)—  fue el apoyo logístico y militar para la detección del narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y el crimen transnacional, en el marco del Plan Colombia y del Plan Patriota, para lo cual pudieron operar las fuerzas militares norteamericanas, bajo la supervisión colombiana, con aviones AWACS de espionaje y C-17 de transporte de personal.

            El Acuerdo reconoce a las fuerzas norteamericanas “las servidumbres y el derecho de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades” previstas.

            La cláusula VII dispone que, “de conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorga al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena”.

            Se convino que “el personal de los Estados Unidos podrá portar armas para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo” y que las autoridades de Estados Unidos y Colombia “adoptarán las medidas necesarias para velar por la seguridad del personal de los Estados Unidos” y de sus bienes.

            El Acuerdo autoriza a Estados Unidos abrir estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión dentro de las instalaciones y ubicaciones convenidas entre las partes. Y dispone que Colombia, “de conformidad con la legislación colombiana, permitirá a los Estados Unidos el uso de la infraestructura de red de telecomunicaciones requerida, como se define telecomunicaciones en la Constitución y la Convención de 1992 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el logro de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo y sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno para los Estados Unidos”.

            El Acuerdo levantó airadas protestas de varios gobiernos sudamericanos, que dijeron temer por su seguridad con la ocupación de aquellas bases por fuerzas militares estadounidenses.

            A pocos días de entregar el poder, el presidente Álvaro Uribe denunció el 22 de julio del 2010, por medio de su embajador Luis Alfonso Hoyos, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presencia de 1.500 guerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, con el conocimiento y protección de su gobierno, y pidió la formación de una comisión internacional para verificar el contenido de su denuncia. El embajador colombiano respaldó sus palabras con vídeos, mapas, coordenadas, documentos digitales, fotografías, testimonios de guerrilleros desmovilizados e imágenes satelitales, que pretendían demostrar el refugio otorgado por el gobierno de Venezuela a los guerrilleros colombianos. La respuesta del presidente venezolano Hugo Chávez fue la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y la implantación de la “alerta máxima” militar en su frontera. La denuncia colombiana no marchó en la OEA. El 7 de agosto siguiente asumió el poder el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, y se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela y se archivó la denuncia.

            El nuevo gobierno, mediante la denominada Operación Sodoma  —operativo de bombardeo de las Fuerzas Especiales, en que participaron 800 efectivos y 78 aviones y helicópteros—  abatió a Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy, que era el segundo hombre al mando y el jefe militar de las FARC, junto a otros veinte combatientes. El hecho ocurrió en el sur de Colombia la madrugada del 23 de septiembre del 2010 y fue calificado por el presidente Juan Manuel Santos como un “golpe histórico” contra la guerrilla. En el búnker del jefe guerrillero se encontraron 20 computadoras y 69 memorias USB.

            La ubicación del Mono Jojoy en la selva colombiana, según explicó el ministro Rodrigo Rivera, fue posible por información proporcionada por sus propios compañeros, quienes recibieron la recompensa económica de cinco millones de dólares ofrecida por el gobierno. El veterano y cruel guerrillero caminó, sin saberlo, con unas botas en las que el servicio de inteligencia militar había mandado colocar un dispositivo de localización GPS.

            El 4 de noviembre del 2011, en un bombardeo militar sobre algún punto situado entre los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, fue abatido Alfonso Cano  —cuyo verdadero nombre era Guillermo León Sáenz—,  máximo líder de las FARC en ese momento. La baja fue muy grave para la banda guerrillera. El presidente Juan Manuel Santos expresó: “es el golpe más contundente dado a las FARC en toda su historia”.

           Según despachos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, que fueron publicados clandestinamente por el grupo informático >Wikileaks tras interceptar, penetrar, codificar, copiar y robar en internet 251.287 documentos oficiales cursados entre el Departamento de Estado  —que es el ministerio de relaciones exteriores de Estados Unidos—  y sus embajadores en diversos países durante los años 2008, 2009 y 2010, se pudo conocer que el gobierno colombiano presidido por Álvaro Uribe intentó dialogar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los últimos meses de su mandato presidencial para generar un clima de confianza que permitiera negociar el final de la violencia. En una comunicación fechada el 4 de febrero del 2010 Frank Pearl González  —Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Uribe—  aseguró que los agentes colombianos de la paz estaban por aquel tiempo “organizando un encuentro en Suecia entre representantes del gobierno y de las FARC”.

            Pero el tiempo le quedó corto al gobierno de Uribe.

            Y fue el régimen presidido por Juan Manuel Santos el que emprendió los largos diálogos de paz con las FARC en La Habana desde el 15 de noviembre del 2012 hasta el 23 de agosto del 2016 con el objetivo, según explicó el gobierno, de terminar el sangriento conflicto armado que por más de medio siglo ensangrentó Colombia, y, según los líderes del grupo insurgente, de “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”, en palabras de Iván Márquez.

            Esas conversaciones se iniciaron el 4 de septiembre del 2012 en la ciudad de Oslo, Noruega, donde se creó la mesa de diálogo que se trasladó a La Habana y operó allí hasta el 23 de agosto del 2016.

            El 23 de septiembre del 2015  —en la que hasta ese momento fue la única ocasión en que el presidente Santos se reunió con los líderes de las FARC—  se encontraron en La Habana, bajo la invitación del jefe del gobierno cubano Raúl Castro, el Presidente colombiano y Rodrigo Londoño  —Timochenko—,  líder de las fuerzas revolucionarias, para hablar sobre un posible acuerdo de paz.

            Como resultado de los casi cuatro años de diálogos, los jefes negociadores Humberto de la Calle, por el gobierno colombiano, y Luciano Marín Arango  —Iván Márquez—,  por las FARC, firmaron el acuerdo final en la capital cubana el 23 de agosto del 2016.

             El equipo de negociación del gobierno colombiano estuvo integrado por Humberto de la Calle  —jefe negociador—,  acompañado de Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa; Sergio Jaramillo, Alto Consejero para la Paz; Rafael Pardo, Ministro Consejero; Enrique Santos, hermano del Presidente, y el general de policía Óscar Naranjo. Y el de las FARC por: Rodrigo Londoño, jefe del equipo negociador, Iván Márquez, el comandante Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda  —quien funjía como canciller del grupo armado—  y Andrés París. Todos ellos eran miembros del Secretariado del Estado Mayor Central.

              Al dar a conocer el contenido de la concertación y en cumplimiento de ella, el presidente Santos convocó a la paz al pueblo colombiano. Dijo: “Este 29 de agosto empieza una nueva historia para Colombia. Silenciamos los fusiles. ¡Se acabó la guerra con las FARC!”. Y el líder guerrillero Rodrigo Londoño  —alias Timochenko—  declaró desde La Habana el “alto al fuego” definitivo. Dijo: “En mi condición de comandante del Estado Mayor de las FARC-EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano”. Y añadió que las FARC cumplirán rigurosamente los compromisos pactados, entre ellos su conversión en movimiento político, la reincorporación de sus miembros a la vida civil y la concesión de justicia y reparación a las víctimas del conflicto.

              Las FARC en ese momento tenían 6.400 guerrilleros bajo las armas, cuando hace una década eran más de 20.000, según cálculos oficiales.

             El acuerdo de La Habana contenía seis puntos:

                              1. Reforma rural integral.

                              2. Participación política: apertura democrática para construir la paz.

                              3. Cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil  —en lo económico, lo social y lo político—  de acuerdo con sus intereses. Aquí se incluyeron también las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

                              4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

                              5. Acuerdo para el resarcimiento de las víctimas, para lo cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

                              6. Acuerdo sobre los Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento. 

            Colombia recibió con emoción, prudencia y desconfianza  —aparte de la frontal oposición de los grupos contrarios al arreglo de paz, liderados por el expresidente Álvaro Uribe—  la noticia del acuerdo. Los 53 años del conflicto armado  —desde 1964 hasta 2016—  dejaron alrededor de 600 mil muertos, 15 mil desaparecidos, 3,7 millones de desplazados, crecidos daños materiales y, por supuesto, decenas de millones de dólares gastados por los gobiernos en el combate contra los insurgentes.

             Y el Centro Nacional de Memoria Histórica había divulgado el 20 de junio del 2013 las cifras de secuestros entre 1970 y 2010: 39.058 secuestros, de los cuales el 37% fueron imputados a las FARC, el 30% al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 4% a los paramilitares y a bandas criminales el 20%.

            Como parte de la “resistencia civil” contra la propuesta de paz, el expresidente Uribe presentó, en nombre del Centro Democrático, 1’315.968 firmas de ciudadanos colombianos  —cuya recolección inicio el 4 de junio del 2016 en la ciudad de Medellín—  que se oponían a los acuerdos de La Habana, respecto de los cuales aseguró que implicaban “impunidad para los guerrilleros” que eran “responsables del secuestro de niños, de la violación de niñas, del narcotráfico”. Aseguró que el acuerdo de paz se proponía que ellos “no vayan a la cárcel y sean elegidos”. Y concluyó: “queremos la paz, pero no aceptamos esa impunidad porque genera más violencia”.

            También Andrés Pastrana  —líder del Partido Conservador y presidente de Colombia desde 1998 a 2002—  se opuso al acuerdo y dijo que éste implicaba “la entrega del gobierno, sin una sola contraprestación, a las exigencias de las Farc” y que “el negocio de la droga” había sido “resucitado por el gobierno con la complacencia de los parlamentarios conservadores”.

            En cambio, los expresidentes liberales César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) aceptaron el acuerdo de La Habana. El primero expresó: “Lo que se firmó en La Habana es el fin de la guerra, no es la paz. Que se apaguen los fusiles no significa que hay reconciliación, ni que  hay convivencia, ni que se han resuelto los problemas sociales ni que se le haya hecho justicia a millones de colombianos. La paz hay que construirla y a eso nos tenemos que comprometer absolutamente todos“. Y Samper  —quien a la sazón desempeñaba la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)—  escribió a través de su cuenta de Twitter: “Apoyamos el referéndum popular de los acuerdos de paz de La Habana, es el camino para legitimarlos ante el pueblo colombiano”. Y se comprometió a renunciar su función en UNASUR para ir a Colombia a luchar por la aprobación del Acuerdo en la anunciada consulta popular.

            Los criterios estuvieron terriblemente polarizados.

            La opinión pública se mostró dividida entre quienes apoyaban la iniciativa y quienes se oponían a ella porque los líderes de las FARC, dados sus antecedentes, no merecían su credibilidad.

            En tales circunstancias el presidente Santos  —ubicado en el centro-derecha del andamiaje ideológico colombiano—  convocó el plebiscito para el 2 de octubre del 2016 con la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

            La respuesta popular fue negativa: el voto “no” obtuvo el 50,2% de la votación contra el 49,7% del “sí”. Pero el proceso de búsqueda de la paz no se paralizó.

            El presidente Santos siguió adelante en el logro de la paz y el 24 de noviembre de ese mismo año firmó con Rodrigo Londoño  —Timochenko—  un nuevo acuerdo, que lo envió al Congreso Nacional y que, tras acalorados debates, fue sometido a votación y aprobado, con el abandono de la sala por los legisladores de oposición.

            Treinta días después el papa Francisco I reunió en el Vaticano al presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Álvaro Uribe para tratar el proceso de paz, pero fracasó rotundamente en su intento de ponerlos de acuerdo y de reconciliarlos.

            Para avanzar en el proceso de paz el Congreso colombiano aprobó el 28 de diciembre del 2016 la ley de amnistía que favoreció a los militantes de las FARC que durante la lucha guerrillera habían incurrido en delitos políticos pero que excluyó de sus beneficios a los responsables de infracciones de lesa humanidad, genocidio, tortura, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves. La ley favoreció también a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que habían sido procesados y condenados por la comisión de delitos punibles con ocasión del conflicto armado.

             Según Amnistía Internacional (AI), hasta el 1 de diciembre del 2016 la lucha armada colombiana había producido 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 263.000 homicidios relacionados con el conflicto y alrededor de 45.000 víctimas de desaparición forzada.

             El proceso de búsqueda de la paz siguió adelante. El 27 de junio del 2017, en un acto solemne realizado en Mesetas  —zona situada en el departamento del Meta, que fue el bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—,  los líderes guerrilleros entregaron a las Naciones Unidas 7.132 unidades de armamento: fusiles FAL, metralletas AK-47, ametralladoras, carabinas Ruger, pistolas, cohetes antitanques, bazucas, morteros,lanzagranadas, misiles tierra-aire, explosivos y otros artefactos y proyectiles de guerra.

               En el acto participaron, junto con los representantes del gobierno y de la guerrilla, Jean Arnault, en nombre de la misión de las Naciones Unidas, y personeros de los gobiernos de Cuba y Noruega, como garantes del acuerdo de paz.

              El presidente Juan Manuel Santos expresó en su discurso: “Los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible (…) Es el fin de esta guerra absurda”. Y Timochenko dijo enfáticamente: “No le fallamos a Colombia, hoy dejamos las armas”. Y agregó: “Este día no termina la existencia de las FARC, en realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente”.

             El 15 de agosto del 2017 las FARC completaron la entrega de las armas a las Naciones Unidas. En total fueron transferidos y luego incinerados  —bajo el control del jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y con la presencia del presidente Santos—  8.112 armas y 1’300.000 cartuchos.

            El pacto de paz incluyó además el desminado de tierras y su entrega a los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico y la inversión estatal en educación, salud y carreteras para los campesinos pobres de las respectivas regiones en el curso de una década.

            Concluyó así el proceso de paz.

             Y las mayores ciudades colombianas  —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena—  debieron asumir la difícil responsabilidad de acoger a los excombatientes en su retorno a la vida civil. Cosa nada fácil en tratándose de personas que estuvieron tan largo tiempo al margen de la ley. Muchos de ellos, incluso, al buscar trabajo, tuvieron dificultades en su inserción en la sociedad pues les tocó convivir con sus antiguos enemigos y con las víctimas de su violencia. Y a la desconfiada sociedad colombiana  —con cerca de 50 millones de habitantes en ese momento—  le tomó un buen tiempo ambientarse en el nuevo clima del proceso de paz.

            Los excombatientes de las FARC, en el congreso fundacional de su reciente partido político celebrado del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2017 en Bogotá, adoptaron al cabo de seis días de deliberaciones el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) para el nuevo partido por 628 votos de aprobación de los 1.200 excombatientes elegidos por las asambleas guerrilleras en todo el país que participaron en la jornada. Y resolvieron mantener inalteradas sus siglas clásicas puesto que, como dijo Iván Márquez, no quisieron “romper los vínculos con su pasado”.

            Allí se aprobaron los estatutos del naciente partido, la declaración de principios y el código de ética para sus afiliados y simpatizantes.

            El Art. 5 de sus estatutos determinaba que el partido recogía los principios “derivados del pensamiento crítico y libertario, así como las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como en nuestro continente americano y, en especial, formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional, en 1964”.

            El nuevo partido fue inscrito el 9 de octubre de ese año ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le otorgó la personería jurídica con todos sus derechos y obligaciones.

            Dijo Márquez en aquella oportunidad: “Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto, hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad”. Y, según el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, al nuevo partido le fueron asignadas cinco curules en cada una de las dos cámaras legislativas de Colombia.

            Coetáneamente el gobierno colombiano firmó un cese de fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en ese momento contaba con 1.500 combatientes. El acto fue en Quito el 4 de septiembre del 2017, durante el cierre de la tercera mesa de diálogo, con la presencia del jefe del equipo negociador de Colombia, Juan Camilo Restrepo, y del líder del grupo guerrillero Pablo Beltrán, junto con los representantes de los países garantes: Brasil, Ecuador, Cuba, Noruega y Venezuela. El acuerdo  —calificado por Restrepo como el “primer paso hacia la paz”—  prohibía los secuestros, el uso de explosivos, la implantación de minas y el reclutamiento de menores. Ese fue el primer acuerdo celebrado entre el gobierno y el grupo guerrillero en los últimos cincuenta años.

                                         4. La guerrilla nicaragüense.   Los rebeldes nicaragüenses enfrentados a la dictadura de la familia Somoza pusieron el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a su movimiento insurgente, en recuerdo del jefe guerrillero liberal Augusto César Sandino (1893-1934), que opuso una tenaz resistencia armada a la ocupación de las fuerzas norteamericanas sobre Nicaragua a partir de 1912.

            En esa época el gobierno norteamericano estaba interesado en construir un canal de agua, a través de Nicaragua, que uniera los océanos Pacífico y Atlántico. Y con tal propósito firmó con el gobierno nicaragüense en 1916 el Tratado Bryan-Chamorro, por el que los Estados Unidos obtuvieron el derecho de construir esa obra, de tomar en arrendamiento las islas del Maíz y de establecer una base naval en el Golfo de Fonseca a cambio del pago de tres millones de dólares.

            Para asegurar el cumplimiento del acuerdo desembarcaron en Nicaragua miles de marines norteamericanos. Lo cual desencadenó protestas en Nicaragua y produjo la empecinada resistencia del guerrillero liberal Augusto César Sandino, que tuvo un amplio respaldo popular y que obligó a los marines a retirarse en 1933 y a dejar el país bajo el control de la Guarda Nacional  —fuerza militar creada en los años 20 y adiestrada por asesores norteamericanos—  comandada en ese momento por Anastasio Somoza (1896-1956)  —apodado el “Tacho”—,  quien impuso el orden a sangre y fuego y mandó asesinar a Sandino en 1934.

            Tres años más tarde Somoza asaltó el poder mediante un golpe de Estado contra el presidente Juan Bautista Sacasa e implantó una dictadura sustentada en la Guardia Nacional, que se caracterizó por el <nepotismo, la <corrupción, el <autoritarismo, la represión y el <entreguismo a los designios norteamericanos.

            Mediante elecciones amañadas ejercieron el poder sucesivamente el padre  —que gobernó 16 años—  y sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle. El gobierno de la familia Somoza y de sus testaferros  —Lorenzo Guerrero, René Schick, Leonardo Argüello—  duró en total 43 años.

            El sandinismo se formó en la clandestinidad en 1962, por iniciativa de Carlos Fonseca y Tomás Borge, para promover la lucha contra la dictadura de la familia Somoza. Allí estuvieron también Edén Pastora, Santos López, Germán Pomares Ordóñez, Silvio Mayorga, Faustino Pérez, los hermanos Ortega y otros dirigentes. En sus orígenes fue un movimiento marxista  —al menos lo fueron sus principales conductores—  que tenía en la <revolución cubana su modelo y en Fidel Castro su héroe y que utilizaba los libros de filosofía y marxismo para principiantes del psicólogo y filósofo francés de origen húngaro Georges Politzer (1903-1942), por su claridad y sencillez, como textos de enseñanza para sus militantes. Eran los tiempos en que la onda de prestigio que rodeaba a los barbudos de la Sierra Maestra, muy fresca su hazaña revolucionaria, cubría toda la América Latina y estimulaba la imaginación de la gente joven.

            Los líderes sandinistas mantuvieron amistosos vínculos con los revolucionarios cubanos en la década de los 60. En cambio, sus relaciones con el pequeño Partido Comunista Nicaragüense fueron muy tensas porque éste consideraba que la lucha armada era una forma de “aventurerismo” inadecuada para las condiciones de su país.

            Lo cual no impidió que los sandinistas hicieran alianzas tácticas  alianzas tácticas con

            El sandinismo, sin embargo, tenía en esos años tres claras direcciones: la del FSLN proletario marxista-leninista liderada por Luis Carrión y Jaime Wheelock; la de la guerra popular prolongada (GPP), de Tomás Borge; y la de los terceristas, comandada por los hermanos Daniel y Humberto Ortega. Lo cual no impidió que hicieran alianzas tácticas con personalidades y sectores no marxistas de la sociedad nicaragüense, como Violeta Chamorro, Alfonso Robelo, Arturo Cruz y algunos sacerdotes católicos, en el curso de la lucha contra Somoza. Proponían un programa democrático que incluía elecciones libres, pluralismo político, libertad de expresión, sistema de economía mixta y política de no alineamiento en lo internacional.

            El asesinato a comienzos de 1978 de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario “La Prensa” de Managua  —periódico de oposición al somocismo—,  por agentes paramilitares, crimen del que se culpó directamente al Presidente, condujo a Nicaragua al borde de una guerra civil. El Frente Sandinista se aprovechó del repudio nacional al asesinato para lograr la unificación de todas las fuerzas y facciones opositoras en el Frente Amplio de Oposición, liderado por el FSLN, cuya formación concluyó en abril de 1978.

             El joven guerrillero Edén Pastora  —mejor conocido como Comandante Cero—,  acompañado de los comandantes Hugo Torres y Dora María Téllez, dirigió el comando sandinista integrado por 25 militantes que asaltó y tomó el 22 de agosto de ese mismo año el Palacio Nacional en Managua y dio con ello la señal de partida al alzamiento popular.  Este fue, hasta ese momento, el golpe más duro contra Somoza. Y, según dijo Pastora, “mundializó la causa revolucionaria nicaragüense y la tornó irreversible”.

            Entonces los partisanos nicaragüenses iniciaron una táctica envolvente de guerra de guerrillas contra los efectivos de la temible Guardia Nacional que defendían al gobierno de Somoza. Después de duros combates y muchas vicisitudes los guerrilleros sandinistas avanzaron sobre Managua en julio de 1979. Sintiéndose perdido  —incluso los Estados Unidos le retiraron su apoyo—,  Anastasio Somoza Debayle, hijo del fundador de la dinastía, renunció y el 17 de julio abandonó el país rumbo a Miami y después a Paraguay, donde murió asesinado en 1980.

            El sandinismo entonces estableció un régimen de facto bajo el nombre de Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional hasta 1984, en que convocó elecciones libres que fueron ganadas ampliamente por el propio comandante sandinista Daniel Ortega.

            El gobierno del FSLN desmontó la estructura de represión y pillaje establecida por la dinastía de los Somoza, impuso una política internacional independiente, nacionalizó la banca e impulsó el proceso de reforma agraria. Sin embargo, los seis años de su período presidencial (1984-1990) resultaron estrechos y las enormes dificultades económicas en que los Somoza dejaron a Nicaragua, unidas al bloqueo económico dispuesto por el gobierno de Ronald Reagan en 1981 y a las hostilidades desarrolladas por las fuerzas de oposición somocistas financiadas por la CIA  norteamericana   —los denominados <contras—,  no permitieron al sandinismo ir más lejos en el camino de las reformas económicas y sociales.

            El gobierno sandinista afrontó muchas dificultades porque los llamados <contras, que eran somocistas contrarrevolucionarios alzados en armas a comienzos de los años 80 con la ayuda financiera y táctica del gobierno norteamericano y de su agencia central de inteligencia  —la CIA—,  conspiraron contra la estabilidad política, económica y social de Nicaragua. Operando desde bases secretas en Honduras y Costa Rica desataron toda clase de acciones de violencia contra el gobierno. Acosado por los problemas de la economía, que el gobierno norteamericano agudizaba con su bloqueo, Ortega convocó a elecciones presidenciales en 1990, en lo que fue un acto histórico inédito: un movimiento revolucionario que había ganado el poder mediante los fusiles llamaba a que los ciudadanos se expresaran en las urnas.

            Pero muy pronto se iniciaron las fricciones entre algunos de los dirigentes sandinistas. Eden Pastora  —quien se autodefinía como socialdemócrata, antiimperialista y alejado tanto de la CIA como de la KGB—,  después de haber desempeñado por corto tiempo las funciones de Viceministro del Interior, fue marginado del gobierno sandinista y vivió en el exilio, desde donde acusó al gobierno de Daniel Ortega de ineficiente, corrupto y supresor de las libertades. “Lo que está en Managua  —dijo alguna vez—  no es revolucionario ni sandinista”.

            En el curso de su gobierno el FSLN se convirtió en partido político y desde entonces ha intervenido activamente en la vida pública de Nicaragua. Superando las pugnas interiores producidas por la heterogeneidad ideológica de sus miembros  —puesto que había en su seno desde marxistas-leninistas, fidelistas y socialdemócratas hasta conservadores—,  el sandinismo decantó y perfiló progresivamente su ideología hasta aproximarse al socialismo democrático y entró en relaciones fraternales con los partidos socialdemócratas, socialistas democráticos y laboristas alineados en la <Internacional Socialista.

            Pero debido a su heterogeneidad ideológica el sandinismo sufrió varias escisiones en sus filas. Las más importantes fueron la del Comandante Cero en 1982, quien formó un nuevo grupo guerrillero denominado Frente Sandinista Revolucionario, con base en Costa Rica; y posteriormente la del exvicepresidente del gobierno sandinista Sergio Ramírez, quien constituyó el Movimiento de Renovación Sandinista.

            Las magras conquistas del régimen orteguista pusieron en duda su carácter revolucionario porque ellas no tuvieron la profundidad ni la irreversibilidad de la impronta revolucionaria. Para decirlo en términos de Ortega y Gasset, ella fue más un alzamiento contra los “abusos” y no contra los “usos”, es decir, una insurgencia contra los desmanes, extralimitaciones y corrupción del régimen somocista antes que contra la estructura económica y social nicaragüense.

            En las elecciones de 1990 triunfó la candidata de la oposición, Violeta Barrios de Chamorro, a la cabeza de una amplia alianza de partidos y grupos que tenían como común denominador su animadversión al gobierno sandinista. Aunque Violeta fue una aliada táctica del sandinismo durante la lucha contra la dictadura y formó parte del primer tramo de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional coordinada por el comandante Daniel Ortega, ella fue postulada en 1990 por la derechista Unión Nacional Opositora (UNO), que coligó a las fuerzas contrarias al sandinismo. Aparte de sus calidades personales, ella gozaba del gran prestigio de ser la viuda de Pedro Joaquín Chamorro  —el viejo luchador antisomocista que había participado en 1954 en el intento de derrocar al Tacho Somoza y cuatro años después en la invasión a Nicaragua desde Costa Rica—  asesinado a comienzos de 1978 por agentes de la dictadura.

            El FSLN concurrió nuevamente debilitado a las elecciones presidenciales de octubre de 1996 y su candidato presidencial Daniel Ortega volvió a perder, esta vez bajo la candidatura derechista de la Alianza Liberal que postuló a Arnoldo Alemán.

            Pero Ortega perseveró en su acción política. Participó en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre del 2001 y, en lo que fue su tercera derrota electoral desde que ejerció el gobierno, fue vencido por el empresario Enrique Bolaños, candidato del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en las elecciones presidenciales celebradas el 4 de noviembre del 2001.

            Cinco años más tarde Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), triunfó en los comicios presidenciales celebrados el 3 de noviembre del 2006 con el 38% de los votos sobre el acaudalado banquero Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense. El dirigente sandinista volvió a la presidencia al cabo de 16 años, después de tres derrotas electorales consecutivas.

            La historia del sandinismo en esos años fue la historia de un movimiento revolucionario que, bajo el liderato de Ortega, derivó pronto en partido político: ganó el poder por la vía electoral en 1984, convocó elecciones para el próximo período en 1990 y perdió frente a Violeta Chamorro, hizo pactos con otras fuerzas políticas  —algunos pactos contra natura—,  se entendió con la cúpula eclesiástica y el liberalismo de Arnoldo Alemán  —sus enemigos ideológicos—,  recuperó el poder por la vía electoral en el 2006, sufrió incontables desgarramientos internos y la desafiliación de viejos militantes por causa de sus discrepancias con Ortega y afrontó todos los riesgos democráticos de un partido en el ejercicio del poder, obligado a rendir cuenta de sus actos.

            Pero, como dije antes, muy pronto se iniciaron las fricciones entre algunos de los dirigentes sandinistas, puesto que entre ellos había desde marxistas-leninistas, fidelistas y socialistas democráticos hasta conservadores.

            Y una de las más duras querellas fue la promovida por el joven guerrillero Edén Pastora  —quien se autodefinía como socialdemócrata, antiimperialista y alejado tanto de la CIA como de la KGB—  cuando, después de haber desempeñado por corto tiempo las funciones de Viceministro del Interior, fue marginado del gobierno sandinista y tuvo que marchar hacia el exilio, desde donde acusó al gobierno orteguista de ineficiente, corrupto y supresor de las libertades. “Lo que está en Managua  —dijo—  no es revolucionario ni sandinista”.

            Edén Pastora  —mejor conocido como Comandante Cero desde que, acompañado de los comandantes Hugo Torres y Dora María Téllez, dirigió el comando sandinista de veinticinco militantes que asaltó y tomó el Palacio Nacional en Managua el 22 de agosto de 1978—  fue quien dio la señal de partida al alzamiento popular puesto que, como él mismo lo dijo: “esa fue, hasta aquel momento, la más dura acción contra el régimen somocista” ya que “mundializó la causa revolucionaria nicaragüense y la tornó irreversible”. 

            El profesor de Salamanca Salvador Martí, especialista en asuntos nicaragüenses, hizo un profundo estudio del sandinismo y escribió en la “Revista de Ciencia Política”, Vol. 28 (2008), que la historia reciente de Nicaragua estuvo marcada por el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de la República en el 2007, tras ganar estrechamente las elecciones de noviembre del año anterior. Analizó la “dinámica de coaliciones y pactos que se sucedieron en la Asamblea Nacional, donde el FSLN es la minoría mayor”. Se refirió a la mutación sufrida por el sandinismo desde que perdió las elecciones en 1990 hasta que recuperó el poder en el 2007. Atribuyó el triunfo de Ortega a cuatro acontecimientos: “el pacto establecido entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, el realineamiento electoral que transformó la dinámica presente en la arena política desde 1990, las características organizativas del FSLN y el discurso de campaña que elaboraron los sandinistas”.

            Según Martí, en el desarrollo de los acontecimientos fue determinante el pacto de Ortega, en enero del 2000, con el presidente y líder del liberalismo Arnoldo Alemán, sobre quien pesaban acusaciones de caudillismo y corrupción.

            En concepto de Martí, ese entendimiento sirvió no sólo para establecer el control bipartidista  —PLC y FSLN—  sobre las instituciones claves del Estado  —Contraloría General, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral y otras—  sino también para terminar con la dinámica bipolar sandinismo-antisandinismo que prevalecía en la política electoral nicaragüense.

            Explicó el profesor de Salamanca que “con la administración de Arnoldo Alemán (1997-2001), caracterizada por un desempeño clientelar, corrupto y caudillista, Ortega estableció garantías recíprocas con el entonces Presidente de la República para salir impunes de graves acusaciones que ambos tenían. En esta dinámica de no agresión y convergencia de intereses los dos caudillos sellaron un acuerdo  —conocido como El pacto—  en enero del año 2000”.

            El indecoroso pacto condujo a la Corte Suprema de Justicia a revocar a comienzos del 2009 la condena de veinte años de reclusión que fue impuesta al expresidente Alemán por delitos de corrupción en el ejercicio del poder.

            Martí puso énfasis en la serie de contradicciones que se dieron al interior del segundo gobierno sandinista. Señaló, en primer lugar, la distancia que se abrió entre el discurso sandinista radical de los primeros años de la revolución y las acciones gubernativas extremadamente moderadas y pragmáticas de su segundo gobierno, y luego el pacto Ortega-Alemán entre fuerzas que se decían progresistas y el gobierno ultraconservador, corrupto y clientelar del caudillo liberal, pacto que hubiera sido impensable dos décadas atrás. Finalmente, en las contradicciones entre la retórica izquierdista del sandinismo en la política internacional de la región y el confesionalismo y misticismo religioso internos que llevaron a Ortega a instruir “a todas las dependencias del gobierno a celebrar la purísima”, a declarar que la virgen María es la “María de Nicaragua” y a nombrar al cardenal Obando y Bravo  —otrora furibundo enemigo del sandinismo y de la revolución—  como Presidente de la “Comisión Interinstitucional para el apoyo a la comisión de verificación, reconciliación, paz y justicia”, con rango ministerial.

               Escribió Martí: “Este proceso de mutación acelerado ha convertido al FSLN en un partido que responde, en gran medida, al modelo profesional electoral con elementos caudillistas y con tácticas propias del partido cártel”. Según el profesor de Salamanca, el sandinismo “ha acabado por ser una organización pequeña y centralizada que prioriza la competición electoral, y caudillista porque sus máximos dirigentes  —Daniel Ortega y, desde hace poco, su esposa—  controlan con discreción los recursos institucionales y organizativos”. Y agregó: “Por todo ello cabe concluir que la adaptación del FSLN ha sido tan ‘exitosa’ y de tal envergadura que puede afirmarse que el Frente que ha vuelto al poder en 2007 por la vía electoral  —más allá de la figura de Ortega—  casi no mantiene elementos en común con el que, hace tres décadas, lideró una insurrección popular bajo la premisa de una transformación revolucionaria”.

               En la que fue su séptima candidatura presidencial, Ortega fue reelegido Presidente de Nicaragua en las elecciones celebradas el 6 de noviembre del 2016 para su tercer período gubernamental consecutivo (2017-2021) y cuarto período general. Lo hizo en compañía de su esposa Rosario Murillo  —quien era la que en realidad mandaba en Nicaragua, a pesar de que su forma de pensar ni remotamente respondía a los viejos ideales de la revolución sandinista—  puesto que, en una actitud abiertamente dinástica y típicamente “somocista”, se autodesignó candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua.

               El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que había llamado a abstenerse de concurrir a esa “farsa electoral”, sostuvo que más del 70% de los electores dejaron de ir a las urnas en aquella ocasión. Fue una abstención extraordinariamente alta, que sin embargo no fue registrada por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Y es que, dada la falta de garantías de la autoridad eleccionaria, varios partidos y movimientos políticos se abstuvieron de participar.

               La exguerrillera Dora María Téllez, disidente sandinista y militante del proscrito Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), sostuvo en el curso de la campaña electoral que “la abstención es el único camino que hay”. Y en aquellos momentos no dejaron de sorprender las declaraciones de monseñor Silvio Báez  —la segunda autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua—,  quien cuestionó en una homilía dominical el proceso electoral como “un sistema viciado, autoritario y antidemocrático”. Y lo dijo a pesar de la tendencia confesional que mantenía el gobierno de Ortega.

               Por voluntad de presidente Ortega no se admitió en el proceso eleccionario observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) ni de otros organismos internacionales. Solamente estuvieron presentes, atendiendo la invitación del gobierno sandinista, los exgobernantes Mauricio Funes de El Salvador  —asilado a la sazón en Nicaragua para evadir el juicio por corrupción que la Corte Suprema de Justicia le seguía en su país—,  Manuel Zelaya de Honduras y Fernando Lugo de Paraguay.

               Los resultados oficiales arrojaron las siguientes cifras: el FSLN obtuvo el 72,5% de los votos, el Partido Liberal Constitucionalista el 15%, el Partido Liberal Independiente (PLI) 4,5%, el Partido Conservador (PC) 2,3%, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 4,3% y Alianza por la República (APRE) 1,4%.

               Al desconocer las cifras, Maximino Rodríguez, candidato presidencial del PLC, afirmó que “fue en los Consejos Electorales Municipales (CEM) donde se mutilaron los resultados electorales

               Según informaron los medios de comunicación, durante las elecciones los centros de votación lucieron vacíos, pero las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE)  —impugnadas por falsas por los partidos y grupos de oposición—  señalaron que la participación ciudadana había alcanzado el 65,3%.

                                       5. La guerrilla peruana.   El movimiento maoísta peruano denominado >Sendero Luminoso empezó a operar a inicios de los años 80 del siglo pasado bajo el liderato de Abimael Guzmán, un joven profesor de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a quien sus seguidores llamaban presidente Gonzalo.

            Bajo la proclama de que los dueños de Perú son sus habitantes indios y que todos los demás  —blancos y mestizos—  son forasteros que han usurpado el poder político y económico, los líderes de Sendero Luminoso, con el uso de un lenguaje esotérico muy difícil de entender y en medio de extravagantes y enigmáticas invocaciones, buscaron “la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a la revolución peruana”, como explicó alguna vez Guzmán.

            Para ello consumaron desde comienzos de los años ochenta la más cruenta campaña terrorista que se recuerde en Perú y en América Latina, que en dos décadas dejó más de 60.000 muertos y 25.000 millones de dólares en daños materiales. Su vesania no ha tenido límites. En sus “acciones” contra el“capitalismo burocrático”, los “terratenientes” y la “dominación imperialista” dieron muerte a mujeres, ancianos y niños. Asesinaron a terratenientes ricos pero también a indios pobres a quienes supusieron partidarios de los hacendados o de las autoridades estatales.

            Los senderistas proclamaron abiertamente su adhesión a los principios del marxismo-leninismo-maoísmo a pesar de la caída de los países del este y desecharon toda posibilidad de entrar en el juego electoral o en arreglos con el gobierno peruano. Sus vinculaciones con el narcotráfico, al que han dado protección armada a cambio de dinero, les ha permitido financiar sus actividades y acumular caudales monetarios. Establecieron “tributos” a la industria y comercialización de la cocaína. Los senderistas no ocultan este hecho. Y lo explican porque en Perú “el cultivo de coca responde a las necesidades económicas de la inmensa mayoría de los campesinos del Alto Huallaga” y porque el consumo de cocaína de “los imperialistas enloquecen”.

            Abimael Guzmán fue apresado finalmente por el gobierno del presidente Alberto Fujimori el 12 de septiembre de 1992 y condenado a cadena perpetua. Cayeron después importantes cuadros dirigentes. Alrededor de 4.000 miembros de la organización se acogieron a la “ley de arrepentimiento” que expidió el gobierno y se entregaron a las fuerzas de seguridad. Otros muchos se desactivaron. La fracción restante  —que tomó el nombre de Sendero Rojo—  quedó bajo el mando de Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, quien continuó con sus emboscadas y asesinatos hasta que fue también detenido en 1999 y condenado a cadena perpetua. Fue remplazado entonces por el comandante Artemio. A partir de ese momento pareció quedar desmantelada la organización terrorista, pero dos años después, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, se dio una reactivación senderista que produjo nuevos actos de violencia y atentados contra bienes públicos.

            A mediados de marzo del 2009 el “The New York Times” publicó que Sendero Luminoso había adoptado en Perú el mismo esquema de narcotráfico que las FARC y, como éstas, se había convertido en un cartel de la droga para financiar sus acciones insurgentes. Afirmó el diario norteamericano que Sendero Luminoso,si bien seguía profesando su ideología maoísta, se dedicaba al negocio de proteger a narcotraficantes, extorsionar hacendados y operar sus propios laboratorios de cocaína, con lo cual financiaba sus acciones terroristas en el valle del Apurímac, donde hace dos décadas murieron setenta mil personas a causa del terrorismo.

            Esto coincidía con el interés de los traficantes colombianos y mexicanos de convertir al Perú en uno de los eslabones de la producción mundial de heroína, especialmente en los departamentos del Amazonas, Huánuco, Apurímac-Ene, Cajamarca, Huallaga y Lima, donde los cultivos de adormidera y de coca habían crecido notablemente en esos años.

            El otro grupo alzado en armas fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fundado en 1982 por disidentes del Partido Socialista Revolucionario (PSR) que a la sazón colaboraba con el gobierno dictatorial del general Velasco Alvarado. En octubre de 1984 los “tupacamarus”  —que se llamaban así para distinguirse de los “tupamaros” uruguayos—  difundieron sus 12 puntos programáticos e invitaron a los sectores revolucionarios de Perú a luchar con las armas y con las masas para destruir el “Estado burgués”.

            Los fundadores del movimiento fueron el mayor en retiro de las fuerzas armadas peruanas José Fernández Salvattecci, Luis Varesse, Enrique Bernales, Carlos Urrutia, Vladimiro Gamarra, Germán Trigoso, Elio Portocarrero, Antonio Aragón, Vilma Mazuelos, Avelino Mar, Luis García Céspedes, Víctor Polay Campos, Néstor Cerpa Cartolini, Jorge Talledo y otros dirigentes que pertenecieron al Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista (PSR-ML) y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

            Las relaciones entre Sendero Luminoso y el MRTA no fueron buenas. Los dos grupos se hacían acusaciones recíprocas. El MRTA condenaba a los senderistas por el “uso de una violencia irracional que afecta al propio pueblo”.

            Durante una década y media el MRTA cometió numerosos asesinatos, sabotajes, secuestros extorsivos, plagio de periodistas, asaltos a bancos, ataques a puestos policiales, asesinatos de miembros de las fuerzas armadas, robos de armamento, demolición de torres de retransmisión eléctrica y atentados dinamiteros con coches-bomba. Inició sus acciones violentas en mayo de 1982 cuando Polay Campos, Néstor Cerpa y Jorge Talledo, miembros de su comité central, asaltaron la agencia del Banco de Crédito, donde murió Talledo. De allí partió una escalada de violencia que estremeció al Perú y que culminó el 17 de diciembre de 1996 con el asalto de un comando del movimiento a la residencia del embajador del Japón en Lima, durante una recepción que se celebraba con ocasión del onomástico del emperador Akihito, y la toma como rehenes de más de 500 invitados, entre ellos dos ministros del gobierno de Alberto Fujimori, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, embajadores extranjeros, oficiales de las fuerzas armadas y de la policía y empresarios privados. Esta operación se resolvió cuatro meses más tarde con el asalto a la residencia diplomática de un comando de 140 efectivos militares que a sangre y fuego liberaron a los rehenes y mataron a los 14 secuestradores, incluido su líder Néstor Cerpa Cartolini.

            Este hecho, unido a otros golpes asestados anteriormente por la policía y a divisiones internas entre los líderes a causa del manejo de los recursos económicos, produjo una gran desmoralización en las filas del MRTA y determinó su declinación.

            Tanto el MRTA peruano como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros del Uruguay tomaron sus nombres del cacique mestizo peruano José Gabriel Condorcanqui, que pasó a la historia con el nombre de Túpac Amaru, y que promovió en 1780 una rebelión india contra los corregidores españoles para eliminar los obrajes y las mitas (palabra que viene del quechua mit’a, que significa “turno o semana de trabajo” y que fue, en los tiempos de la colonización española, la servidumbre de los indios sometidos a trabajos forzosos) donde laboraban y morían los indios. Declaró la liberación de los esclavos y abolió los impuestos y los “repartimientos” de indios. Descendiente por línea materna del primer Túpac Amaru, soberano inca de Vilcabamba ejecutado en 1572, Condorcanqui (1740-1781) fue el segundo en la dinastía y reclamó para sí el título de los emperadores incaicos. Inició el 4 de noviembre de 1780 la más importante sublevación india contra los abusos y extorsiones de los conquistadores españoles, que tuvo ecos por el norte hasta el virreinato de Nueva Granada y por el sur hasta el de Río de la Plata. Una enorme masa de indios formó parte de sus ejércitos y de sus guerrillas, pero fue vencido al año siguiente por una fuerza militar de 17.000 hombres y luego ejecutado de la manera más cruel, junto a su mujer y a sus hijos. El escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015), en su libro “Las venas abiertas de América Latina”, describe este episodio de la siguiente manera: “Túpac fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza de Wacaypata en el Cuzco. Le cortaron la lengua. Ataron sus brazos a cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Watanay”.

                                        6. Las guerrillas uruguaya y argentina.   En 1965 un pequeño grupo de jóvenes de capas medias universitarias y profesionales fundó en el Uruguay el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLNT).

            El grupo originario fue muy heterogéneo ideológicamente, puesto que había socialistas, anarquistas, maoístas y hasta exmiembros del Partido Blanco, no obstante lo cual todos sus miembros estuvieron de acuerdo en que la lucha armada contra la burguesía uruguaya y su democracia restringida era el único camino hacia la liberación nacional y el socialismo.

            Entraron entonces a la clandestinidad y asumieron la lucha armada en su modalidad de guerrilla urbana, durante la cual realizaron acciones espectaculares consumadas con técnicas muy sofisticadas: robos de bancos, asaltos a casinos, toma de radiodifusoras, secuestro de funcionarios del gobierno, liberación de prisioneros políticos, ejecución de oficiales militares y de policía y otras acciones.

            En este clima de inseguridad y violencia, el gobierno dictatorial de Juan María Bordaberry, que asumió el poder el 27 de junio de 1973, suspendió la vigencia de la Constitución, disolvió el parlamento y persiguió sin tregua a los líderes de izquierda y a las organizaciones de trabajadores. Los jefes tupamaros fueron a la cárcel o tomaron el camino del exilio.

            Bordaberry fue depuesto por los propios militares en 1976 y, después de un período de gobierno de Aparicio Méndez, con el título de “presidente”, las fuerzas armadas asumieron directamente el poder dictatorial bajo el mando del general Gregorio Álvarez, hasta 1984 en que fue restaurado el orden constitucional con el triunfo y asunción del poder de Julio M. Sanguinetti, líder del Partido Colorado. Entonces algunos jefes >tupamaros anunciaron el abandono de la lucha armada y su reinserción en la vida democrática, sin renunciar a sus principios ideológicos ni dejar de lado su objetivo de vertebrar una sociedad socialista. Pero esta decisión produjo un conflicto interno con quienes, considerando que el gobierno de Sanguinetti era una prolongación de la situación política anterior, sostenían la necesidad de volver a las armas.

            La verdad fue que el movimiento tupamaro no pudo adaptarse a la nueva situación y se disolvió paulatina e inexorablemente, hasta su completa desaparición, sin que sus líderes “renunciantes” tuvieran éxito tampoco en la formación del partido de los trabajadores, de tendencia marxista-leninista, que se propusieron.

            Con el paso de los años ocurrieron dos sucesos significativos en la política uruguaya: un exmiembro de los tupamaros, llamado José Mujica  —mejor conocido como el Pepe—,  a los 74 años de edad ganó con amplio margen las elecciones presidenciales del 29 de noviembre del 2009 en representación del Frente Amplio y asumió la Presidencia del Uruguay el 1 de marzo del 2010; y Juan María Bordaberry fue condenado el 10 de febrero del 2010 por una jueza penal uruguaya a treinta años de reclusión por delitos cometidos durante su gobierno dictatorial (1973-1976).

            En 1968 surgió en Argentina el movimiento insurgente clandestino denominado Organización Revolucionaria Peronista Montoneros, fundada por un grupo de jóvenes de capas medias estrechamente vinculados con sacerdotes católicos radicalizados, de los que aparecieron en América Latina después del Concilio Vaticano II. Sus principales jefes fueron Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus y Mario Eduardo Firmenich, educados en colegios católicos y, el último, además, miembro de la Juventud Estudiantil Católica (JEC), que formaba parte de la tradicional y conservadora Acción Católica argentina.

            La primera y dramática aparición pública de este grupo se produjo el 29 de mayo de 1970 con el espectacular secuestro y muerte del general Pedro Eugenio Aramburu, quien fue uno de los líderes militares que derrocaron al presidente Juan Domingo Perón el 19 de septiembre de 1955 y presidió el gobierno de facto hasta 1958. La “justicia revolucionaria” a la que fue sometido el general le encontró culpable de la expatriación del cadáver de Eva Perón y de la ejecución de 27 peronistas en 1956. Fue condenado a muerte y ejecutado muy temprano en la mañana del 2 de junio de ese año.

            A la sazón los >montoneros carecían de una definición ideológica clara y sus principales líderes, que eran más elitistas que revolucionarios, se radicalizaron en el camino, rompieron con las organizaciones confesionales y pasaron a la clandestinidad. Cambios que fueron el resultado de la dinámica de los propios acontecimientos.

            Muy vinculado al peronismo —aunque cuando Perón retornó al poder en octubre de 1973 rompieron con él y con su mujer Isabelita, que era la vicepresidenta— el grupo creció en tamaño y en organización, asumió causas populares y a principios de los años 70 despertó mucha simpatía entre la gente pobre con sus golpes contra los lujosos clubes, hipódromos y demás símbolos del dinero y del privilegio de la oligarquía argentina.

            Durante su lucha clandestina los montoneros acumularon ingentes recursos financieros, militares y logísticos. Dieron golpes certeros contra bancos, empresas financieras y compañías extranjeras, de los que obtuvieron mucho dinero. Las sumas demandadas a cambio de la libertad de sus plagiados fueron desde un millón de dólares, como en el caso de un funcionario ejecutivo de la Fiat en 1972, hasta 14,2 millones pagados por uno de la Exxon en 1974 o los 61 millones por la liberación de los dos hijos del magnate Jorge Born, presidente de una de las empresas más grandes de Argentina. Y es larga la lista de los desembolsos hechos por compañías y líneas aéreas a cambio de su seguridad.

            A lo largo de una década fueron el movimiento guerrillero urbano más importante y poderoso de América Latina. Pero a partir de marzo 1976, en que advino el gobierno dictatorial de la junta militar presidida por el general Jorge Videla, fueron implacablemente exterminados en el curso de la llamada <guerra sucia, que les infligió 4.500 bajas. Muchos de sus líderes murieron asesinados, fueron recluidos o alcanzaron el exilio. Sus cuadros fueron desarticulados y la organización quedó desmantelada. Igual suerte corrió otro grupo guerrillero menor de extrema izquierda: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que había actuado en coordinación con los montoneros algunas veces y otras independientemente.

                                      7. La guerrilla zapatista.    La concurrencia de factores de diversa naturaleza, largamente germinados en las entrañas de la comunidad de campesinos pobres, dio por resultado el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas, al sur de México, en las primeras horas del año nuevo de 1994. Para muchos este hecho fue sorpresivo porque se produjo en los momentos en que el presidente Carlos Salinas de Gortari hablaba de la inserción de México en el primer mundo y había notificado al Grupo de los 77 y a las demás organizaciones que juntan a los países subdesarrollados para que no contaran más con el suyo porque no estaba dispuesto a participar en concertación alguna frente a los industrializados.

            El alzamiento de los zapatistas comenzó con la toma de cuatro municipios adyacentes a la selva Lacandona: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Ococingo y Las Margaritas. En el curso de esa misma tarde cayeron Oxchuc, Huixtán, Chalam, Simojovel, Larráinzar y otros poblados de Los Altos y del Norte. En su primera proclama los rebeldes exigieron la destitución del presidente Salinas de Gortari  —a quien acusaron de haber llegado fraudulentamente al poder en las elecciones de agosto de 1988—  y plantearon “la formación de un gobierno de transición democrática, el cual garantice elecciones limpias en todo el país y en todos los niveles de gobierno”.

            “Somos el producto de 500 años de lucha”, dijeron los zapatistas en su declaración, y hoy la lucha es por “trabajo, tierra, vivienda, alimentos, atención médica, educación, libertad, democracia, justicia y paz”.

            La acción insurgente acaudillada por el subcomandante Marcoscoincidió exactamente con la puesta en marcha en México del Tratado de Libre Comercio (TLC)  —mejor conocido por su denominación inglesa: North American Free Trade Agreement (NAFTA)—  suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, al que los zapatistas calificaron de “sentencia de muerte” para los indios y “regalo para los ricos”, destinado a profundizar la brecha en la distribución del ingreso.

              El zapatismo fue desconcertante. No era realmente una guerrilla o era una “guerrilla virtual” que estuvo más presente en internet y en los medios de comunicación que en la montaña, hasta el punto que Manuel Castells lo calificó de “primera guerrilla informacional”. Estuvo mal armado. Tenía fusiles A-47 y M-16 y subametralladoras UZI y Sten, pero no muchos, comprados en el mercado negro de Centroamérica. Y si bien sus combatientes se mostraban dispuestos a morir  —y por supuesto que hubo muertos y armas reales en los primeros combates—,  hicieron todos los esfuerzos posibles para no verse arrastrados a una guerra de guerrillas sangrienta. Parecieron más interesados en sostener la lucha por los medios de comunicación y para eso manejaron muy bien sus imágenes. El pasamontañas se convirtió en su emblema y fue su distintivo en el mundo internacional. 

            El pasamontañas fue para ellos lo que el gorro frigio para los revolucionarios franceses. Fue casi anecdótico que el subcomandante Marcos, al mediodía del levantamiento, platicaba sereno con un grupo de periodistas y turistas extranjeros en la calle, frente al Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, con su rostro cubierto y la subametralladora en el hombro. Las imágenes televisuales de esa entrevista recorrieron el mundo. Él explicó que tomó el título de subcomandante de subcomandante porque “el único comandante son los indígenas, a quienes debo obediencia”, y el nombre de Marco, “en honor a un compañero que murió”.

            Desde entonces la gran capacidad de comunicación del líder guerrillero promovió la formación de grupos de apoyo en muchos lugares y generó una favorable corriente de opinión pública mexicana e internacional, que en su momento le sirvió de escudo ante el intento de represión de las fuerzas armadas federales. En efecto, el día 12 de enero terminaron las hostilidades en Chiapas y el presidente Salinas ordenó a las fuerzas armadas cesar el fuego y nombró como “comisionado para la paz” a Manuel Camacho Solís. En su primera visita al lugar, el comisionado leyó ante los insurgentes una propuesta de paz en tzotzil, en lo que fue la primera vez que un alto funcionario del Estado hacía uso de una lengua india. El día 27 se firmó un acuerdo preliminar de alto al fuego, de liberación de los prisioneros de ambas partes y de iniciación de un proceso de negociación sobre los derechos de los indios. Hasta ese momento, sin embargo, los varios días de choques armados dejaron el saldo de 71 guerrilleros, 24 policías y 15 soldados muertos.

            De todo lo que he leído sobre el tema, pienso que la “Rebelión de las Cañadas” (1995) de Carlos Tello Díaz es lo más objetivo e ilustrativo.

            El zapatismo fue heterogéneo: lo compusieron aproximadamente 3.000 efectivos reclutados entre los indios de la zona pero allí estuvieron también viejos maoístas y teólogos de la liberación. Su jefe  —el subcomandante Marcos—  no era indio sino mestizo. A su lado estuvieron los subcomandantes Germán, Elisa, Rodrigo, Gabriela y Daniel, igualmente mestizos. Marcos era un intelectual fino que llegó a la región a comienzos de la década de los 80 después de terminar sus estudios de sociología y comunicación en México y París y de enseñar ciencias sociales en una de las universidades mexicanas. Hablaba varias lenguas y escribía bien. Su imaginación era desbordante. Tenía fama de hombre honesto. Las proclamas que nacían de su pluma estaban llenas de sutilezas y de giros literarios y hasta poéticos. No parecían estar dirigidas a “los de abajo” sino a las capas ilustradas de la ciudad. Sus propuestas no eran realmente subversivas. Por ejemplo, en un manifiesto difundido por internet en noviembre de 1995 afirmó que “el país que queremos, lo queremos para todos los mexicanos, y no sólo para los indios. La democracia, libertad y justicia que queremos, las queremos para todos los mexicanos, y no sólo para los indios. No queremos separarnos de la Nación Mexicana, queremos ser parte de ella, queremos ser aceptados como iguales, como personas con dignidad, como seres humanos. Aquí estamos, hermanos, los muertos de siempre. Muriendo de nuevo, pero ahora para vivir”.

            El EZLN se proclamaba democrático al tenor del Art. 39 de la Constitución mexicana que reconocía “el derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Era un grupo armado peculiar puesto que declaró que no buscaba tomar el poder sino ser parte de las fuerzas sociales que impulsan la democracia. Una democracia descentralizada en la cual se instaurara un régimen de autonomías para los pueblos indios y se permitiera a las regiones, comunidades indias y municipios tener poder político, económico y cultural en el marco de un Estado pluriétnico en el que la diversidad tenga una expresión política. Sostuvo que había hecho crisis el Estado nacional organizado política y socio-culturalmente bajo moldes monoétnicos y planteaba una nueva relación entre los grupos indios y la organización estatal.

            Desde el punto de vista militar no fue una guerrilla tradicional latinoamericana. “No es el golpe clásico de la guerrilla que pega y huye  —dijeron los zapatistas—  sino de la que pega y avanza”. En realidad, más que una guerrilla en acción parecía un mecanismo de propaganda internacional. El subcomandante Marcos no respondía a la tipología tradicional del guerrillero latinoamericano. Era un profesor universitario  —cuyo verdadero nombre era Rafael Sebastián Guillén—  y sus proclamas fueron casi poéticas. De ahí que, como lo hizo notar Noam Chomsky, fue un error confundir el zapatismo con los clásicos focos guerrilleros de América Latina puesto que éste no se proponía la toma del poder por las armas sino la formación de un gobierno de transición hacia la democracia. Por eso el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, en nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una de sus primeras proclamas de febrero de 1994, pidió que “se convoque a una elección verdaderamente libre y democrática, con igualdad de derechos y obligaciones para las organizaciones políticas que luchan por el poder, con libertad auténtica para elegir una u otra propuesta y con el respeto a la voluntad mayoritaria”.

           Varias causas se han señalado como explicación de la insurgencia zapatista:   desde la reforma al artículo 27 de la Constitución que, según su líder, era el fin de cualquier posibilidad de conseguir tierras por la vía legal, hasta las versiones del gobierno que al principio restaron importancia al hecho o, a lo más, aceptaron que era la “revuelta” de “algunos indios participando en grupos armados bien entrenados y con ideología radical”, que fue lo que dijo por esos días el presidente Salinas de Gortari en una reunión en Davos, Suiza. El escritor Octavio Paz, buscando los orígenes ideológicos del movimiento, expresó que, “a juzgar por sus declaraciones y su retórica, parecen relativamente claros: pedazos de ideas del maoísmo, de la teología de la liberación, de Sendero Luminoso y de los movimientos revolucionarios centroamericanos. En suma, restos del gran naufragio de las ideologías revolucionarias del siglo XX”. En términos casi iguales se manifestó otro intelectual mexicano: Héctor Aguilar Camín, director de la revista “Nexos”. Sin negar que las causas últimas eran la miseria económica y la opresión social, dijo que “la causa eficiente del levantamiento de Chiapas no es la pobreza sino el trabajo político y militar que hicieron en esta zona, durante años, los cuadros del que hoy conocemos como EZLN. Estos cuadros son una mezcla explosiva, como ya se vio, de tres anacronismos: religiosos radicalizados de la teología de la liberación, desempleados de las guerras centroamericanas y cuadros de la vieja ultraizquierda mexicana”.

            Por supuesto que la explicación de los hombres de izquierda fue diferente. Adolfo Gilly, intelectual vinculado con el Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que los hechos de Chiapas fueron “una respuesta defensiva contra la violencia secular y estructural de los caciques, de los finqueros, del gobierno, los ladinos y otros explotadores apoyados por el ejército federal”.

            Noam Chomsky encontró dos ingredientes fundamentales en el alzamiento de Chiapas: la cuestión étnica y la lucha por la tierra. Fue para él una rebelión india en busca de tierras de labranza y por eso los insurrectos  —que tomaron el nombre de Emiliano Zapata, el gran líder agrarista de la revolución mexicana de principios de siglo, para denominar a su movimiento—  lo primero que hicieron fue ocupar fincas y ranchos, en claro afán reivindicativo del suelo que lo consideraban suyo.

            El entorno geográfico y socioeconómico ayuda a explicar la acción revolucionaria del zapatismo. Chiapas era parte del denominado “cinturón de pobreza” de México no obstante su abundancia de recursos naturales: producía en esos años el 35% del café mexicano y generaba el 20% de la energía eléctrica del país. Su composición étnica era mayoritariamente india, con 13 grupos diferentes, de los cuales los principales eran los tojolabales, los tzotziles, los tzetales y los zoque.

            La realidad social y económica de Chiapas en ese tiempo ha sido descrita patéticamente por el profesor Noam Chomsky del Massachusetts Institute of Technology (MIT): el 58% de la población vivía en zonas rurales; el 30% de la población mayor de 15 años era analfabeta; el 36,7% de la población mayor de 5 años no hablaba español; apenas el 58% de las casas poseía agua potable; únicamente el 66,9% tenía energía eléctrica (a pesar del alto potencial hidroeléctrico de Chiapas); y tan sólo el 0,6% del crédito nacional se destinaba a este estado mexicano.

            Lo cual significaba que las condiciones objetivas para la insurgencia estaban dadas y que esperaban tan sólo que maduraran las condiciones subjetivas.

            En los años anteriores a la insurgencia las relaciones entre el ejército y el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, monseñor Samuel Ruiz, no eran buenas. En algún momento el general Miguel Angel Godínez, jefe de la 7ª Región Militar, expresó públicamente que la imagen del ejército había sido “manchada por infundios de personas allegadas al obispo Ruiz García”. Con ocasión del quinto centenario de la conquista de América, el 12 de octubre de 1992 se produjo una masiva protesta india en San Cristóbal de las Casas, que destruyó la estatua del conquistador de Chiapas, Diego de Mazariegos. Las tensiones acumuladas estallaron en forma de disturbios en el municipio de Altamirano a mediados de 1993. En mayo de ese año se produjeron cruces de disparos entre efectivos del EZLN y patrullas militares. El ejército, en una declaración de prensa, informó que acababa de combatir “contra un grupo de individuos, en número indeterminado, que presumiblemente realizaba actividades ilegales”. Se refería a los enfrentamientos en la sierra de Corralchén contra elementos zapatistas, que el gobierno creía que eran explotadores ilegales de madera o fugitivos de la justicia. Sólo después, al hallar el más importante de sus campamentos llamado de Las Calabazas, en la cumbre de la sierra de Corralchén, los militares descubrieron la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tenía ya casi una década de trabajos políticos en las comunidades indias de Chiapas.

            Uno de los primeros actos del nuevo Presidente de México, Vicente Fox, quien asumió el poder el 1 de diciembre del 2000, fue ordenar la desmovilización militar en la zona de Chiapas para generar un clima de distensión con los zapatistas que permitiese la conclusión de un acuerdo de paz. Las fuerzas armadas mexicanas desmantelaron sus 53 retenes y puestos de control acantonados en la región desde 1994. En respuesta, el subcomandante Marcos declaró que aceptaba retornar al diálogo con el gobierno, roto desde septiembre de 1996 durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, para buscar la paz. A fin de allanar el camino al diálogo, el presidente Fox aceptó las condiciones planteadas por el EZLN y envió al parlamento un conjunto de reformas a la Constitución en materia de los derechos de las comunidades indias y del respeto a su idiosincrasia, así como la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Tales estatutos contemplaron la facultad de las comunidades para decidir sus formas de organización y convivencia internas, la elección de sus propias autoridades, la resolución interior de sus conflictos, la operación de sus propios medios de comunicación, el acceso colectivo a los recursos naturales de sus tierras y otras conquistas planteadas desde hace tiempo por los indios chiapanecos. 

               Para respaldar estas normas, veintitrés dirigentes zapatistas, encabezados por el subcomandante Marcos, realizaron una marcha motorizada de quince días y 3.000 kilómetros de recorrido desde Chiapas hasta ciudad de México, que culminó con una gigantesca concentración de masas en la plaza del Zócalo, frente al palacio presidencial, el 11 de marzo del 2001. Días después la delegación de los comandantes zapatistas, con sus rostros cubiertos con pasamontañas, fue recibida por el congreso federal en pleno, donde formularon sus planteamientos reivindicatorios. 

             Estos episodios dieron lugar a que ciertos sectores políticos hablaran de la <balcanización de México. “El país ya está balcanizado”, respondió la comandante Esther desde la tribuna del parlamento, al referirse a la profunda brecha que separaba a la población blanca y mestiza de la india. Pero a la postre los esfuerzos del presidente Fox resultaron infructuosos porque el congreso federal aprobó a finales de abril del 2001, con los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), una serie de reformas constitucionales y expidió una ley que los zapatistas rechazaron porque, según ellos, constituían una “traición” a sus demandas. Lo cual produjo un nuevo rompimiento de los diálogos de paz.

            En los años siguientes el movimiento zapatista se diluyó progresivamente hasta desaparecer. De él y de su líder sólo quedaron viejos y emotivos recuerdos.

                                       8. La guerrilla de los kurdos.   En Asia occidental, más de quince años de enfrentamientos armados entre la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el ejército de Turquía han dejado un saldo mayor a 35.000 muertos. La guerrilla de los kurdos, levantada en armas bajo el liderato de su fundador Abdullah Ocalan, ha luchado contra el gobierno turco desde 1984 para alcanzar la independencia política de los 26 millones de empobrecidos habitantes del Kurdistán, región montañosa de Asia occidental que se extiende sobre el sureste de Turquía, el norte de Siria e Irak, el oeste de Irán y el suroeste de Armenia.

            La región del Kurdistán tiene aproximadamente 300 mil kilómetros cuadrados. Allí se establecieron los kurdos hace siete mil años, o sea antes de que llegaran árabes y turcos. La región formó parte de la antigua Asiria. En el siglo VII de nuestra era los árabes impusieron su dominio sobre ella y obligaron a sus habitantes a adoptar la religión musulmana en la rama sunita, es decir la que reconoce solamente la autoridad de los imanes-califas descendientes de la tribu de los qurayshíes, a la que perteneció Mahoma. En el siglo XV fue incorporada al Imperio Otomano. En 1920 las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, mediante el tratado de Sèvres del 10 de agosto de 1920, al disponer la desmembración del Imperio Otomano que se había alineado junto a las potencias centrales  —Prusia, Austria-Hungría y Bulgaria—  y al liquidar con ello lo que quedaba de su fuerza imperial, reconocieron el derecho de la comunidad kurda a su autonomía, pero esas promesas británicas y francesas nunca se cumplieron. Sin embargo, ellas alimentaron los afanes separatistas kurdos, cuyos ideólogos consideran que el tratado de Sevrès es el origen político del Kurdistán como nuevo Estado.

            De larga y arraigada tradición guerrera, los kurdos profesan la religión musulmana sunita, hablan una lengua de raíces indoeuropeas, tienen una cultura primitiva y en su mayoría llevan una forma de vida tribal en las estribaciones de las cordilleras y en los valles de su escarpada geografía. Son una >nación carente de territorio  —como lo fueron por siglos los judíos—  y, como ellos, han estado largamente sometidos a una diáspora cruel. Desde hace varios lustros combaten en guerra de guerrillas para fundar el Estado de Kurdistán en la tierra y con la gente que, según las leyendas comarcanas, constituyeron una comunidad étnica independiente en la época del Imperio Medo, hace 2.600 años, hasta que llegaron los turcos otomanos para dominarlos, incorporarlos a su territorio y explotarlos. Los kurdos veneran la memoria de Saladino (o Salah ed din Yusuf), el legendario guerrero y califa kurdo que en el año 1187 reconquistó Jeruralén que había estado en poder de los cruzados por 88 años y unificó el Oriente mahometano.

            La lucha entre la guerrilla kurda y el gobierno turco ha sido cruenta e implacable. El gobierno turco, inspirado en el >kemalismo, ha mantenido desde la década de los 20 en que se fundó la república una concepción nacional, laica y centralista del Estado, contraria por lo mismo a toda pretensión autonomista de carácter étnico, religioso o cultural. Ni siquiera ha admitido una identidad cultural kurda y recién en 1991 permitió el uso del idioma kurdo aunque no su enseñanza. Todo lo cual condujo a los radicales kurdos a formar en 1978 el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que colocó las aspiraciones independentistas bajo el pendón marxista-leninista y optó por la lucha armada en 1984. Para impedir el separatismo de los kurdos y en su afán de cortar las líneas de aprovisionamiento de las guerrillas, las fuerzas armadas de Ankara se han enfrentado a sangre y fuego a las guerrillas y han incendiado más de 3.000 aldeas kurdas bajo una política de “tierra quemada”. Los guerrilleros, por su lado, han sido extremadamente crueles y sanguinarios en sus acciones terroristas.

           Al otro lado de la frontera se ha librado también una dura y persistente lucha entre las guerrillas kurdas de Irak y las fuerzas represivas del gobierno iraquí. Los guerrilleros dirigidos por Barzani abrieron hostilidades desde 1961 hasta 1970 y después en 1974. Fueron reprimidos a sangre y fuego. En 1988 la aviación iraquí por orden de Saddam Hussein empleó armas químicas contra la población kurda. Los gases letales aniquilaron a los cinco mil habitantes de Halahja que se habían sublevado contra el gobierno. Y en 1991 hubo una nueva sublevación que volvió a ser implacablemente reprimida, hasta el punto de que, después de la guerra del golfo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una acción de injerencia humanitaria estableció una zona de exclusión de actividades militares iraquíes para proteger a la población kurda de la política de exterminio del tirano de Irak.

           Estas dos luchas paralelas han terminado por enfrentar entre sí a las facciones armadas kurdas asentadas en el norte de Irak  —o sea la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán, que son las dos más importantes—  contra el PKK de Turquía. De modo que el movimiento kurdo, azotado por sus fanatismos e intolerancias, no ha podido mantener su unidad.

           Fuera de los afanes independentistas, que son bastante claros, las concepciones ideológicas de los kurdos son muy difusas. El propio líder de los guerrilleros kurdos de Turquía, Abdullah Ocalan, al igual que los otros dirigentes del PKK, tiene una inverosímil mezcla ideológica en su cabeza: es marxista-leninista pero profesa la religión musulmana y al mismo tiempo es seguidor de Zoroastro, a quien considera como el primer profeta kurdo.

             Ocalan, miembro de una familia de campesinos de la provincia turca de Sanliurfa, estudió ciencias políticas en la Universidad de Ankara. En 1972 fue encarcelado siete meses por actividades kurdas. En 1978 fundó el primer movimiento izquierdista kurdo denominado Apocular (seguidores de “Apo”, que es el diminutivo de Abdullah) que se convirtió después en el PKK. Huyó de Turquía poco tiempo antes del golpe de Estado militar de 1980 y desde entonces vivió en el exilio, desde donde dirigió las operaciones guerrilleras que han producido alrededor de 30.000 muertos.

          Ocalan fue apresado el 15 de febrero de 1999 por los servicios secretos turcos al salir de la Embajada griega en Nairobi, donde había estado hospedado secretamente desde el 2 de febrero de ese año, y llevado en un Falcon 900 a Turquía para ser juzgado y condenado a muerte en la horca por un tribunal turco el 29 de junio de 1999, bajo la acusación de traición a la patria, a pesar de que cantó la palinodia desde la prisión y pidió a su gente que deje de combatir al gobierno democrático de Ankara. Antes había caído prisionero en el norte de Irak a manos de las fuerzas armadas turcas el segundo jefe de su organización guerrillera, el comandante Semdin Sakik, quien desde 1998 guarda prisión en Turquía. La pena de muerte de Ocalan fue, sin embargo, suspendida por el gobierno turco en enero del 2000.

                                         9. La guerrilla de El Salvador.   Durante el sangriento conflicto salvadoreño, en que se enfrentaron a lo largo de doce años  —1980-1991—  las fuerzas armadas regulares y sus escuadrones de la muerte contra los efectivos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de otras organizaciones revolucionarias, se produjeron alrededor de 75.000 muertos, de los cuales una amplia mayoría eran elementos civiles.

          Entre ellos estuvo el arzobispo salvadoreño Óscar Romero  —quien había formulado críticas contra la Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-1982) por su irrespeto a los derechos humanos—,  asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital “La Divina Providencia” de San Salvador.

          El país tenía en ese tiempo alrededor de 6 millones de habitantes sobre sus 21.476 kilómetros cuadrados de territorio. Y durante aquellos años se transformó en un hervidero social por la supresión violenta de los derechos y libertades, la profundización de la pobreza, la abismal brecha  entre ricos y pobres y el imperio de la violencia.

          Todo esto en el marco de la dura e inflexible tensión internacional  —ideológica, política, económica y militar—  entre las grandes potencias de la  que caldeaba los conflictos internos de los países del tercer mundo y que, en cuanto a El Salvador se refiere, impulsó el surgimiento en 1970 de las Fuerzas Populares de Liberación ‘Farabundo Martí’ (FPL)  —escisión del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930—  y la creación, como respuesta gubernativa, de los escuadrones de la muerte  —grupos paramilitares de extrema derecha al servicio del gobierno, conformados por militares y policías sin uniforme y por elementos civiles—  que ejecutaron terribles acciones represivas contra los opositores al régimen y al sistema político vigente y contra los sospechosos de ser opositores.

          Algunos de los escuadrones de la muerte salvadoreños de aquellos años fueron: la Brigada Anti-Comunista Maximiliano Hernández Martínez, el Frente Político Anti-comunista, la Asociación Patriótica Libertad o Esclavitud, las Brigadas Proletarias Salvadoreñas, la Mano Blanca, las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista-Guerra de Eliminación, el Escuadrón de la Muerte (EM), el Frente Anti-comunista para la Liberación de Centroamérica (FALCA), la Brigada Anticomunista de Oriente, la Brigada Anti-comunista Salvadoreña (BACSA), el Grupo de Exterminio Social: Sombra Negra y algún otro.

         Como ocurrió en muchos lugares del mundo, la guerra civil de El Salvador fue uno de los reflejos de la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos  —a la que el asesor presidencial norteamericano Bernard M. Baruch bautizó en 1947 como “cold war” (“guerra fría”)—  puesto que los sucesivos gobiernos salvadoreños se alinearon a lo largo de los años en torno a la potencia occidental, mientras que las fuerzas izquierdistas de oposición mantuvieron clandestinas vinculaciones con los partidos comunistas de la Unión Soviética y de los países de su bloque internacional y fueron abastecidas con fusiles de asalto AK-47, ametralladoras RPK y PKM y bazucas antitanque RPG-7 de fabricación soviética.

          Desde tiempos anteriores al conflicto bélico, oficiales del ejército salvadoreño recibieron adiestramiento en centros militares estadounidenses  —como la Escuela de las Américas, que operaba en Panamá—   y el gobierno centroamericano, por su parte, estableció con el apoyo técnico y logístico norteamericano los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), el Batallón Atlacatl y otros regimientos armados con helicópteros Huey y Md 500 de procedencia norteamericana, fusiles de asalto M16 de la misma procedencia y fusiles Heckler & Koch alemanes e IMI Galil y Uzi sraelíes.

          Los escuadrones de la muerte tomaban la información de los organismos militares y, con base en ella, ejecutaban sus acciones de represión, asesinato, tortura, secuestro, extorsión, amenaza, chantaje y todo tipo de delitos contra los alzados en armas y los sospechosos de apoyarlos.  Para ayudar al financiamiento de sus acciones,  los paramilitares solían incluso secuestrar a sus propios simpatizantes   —los empresarios—,  a quienes sacaban dinero a cambio de su liberación.

         Los escuadrones de la muerte salvadoreños recibían contribuciones directas de personas con poder económico que los miraban como instrumentos de su protección personal. Las contribuciones eran aportes monetarios, facilidades de transporte, creación de infraestructura, coordinación con otros grupos similares y protección e impunidad para sus agentes.

         En dos oportunidades   —las ofensivas generales de 1981 y de 1989—  el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentó conquistar la capital salvadoreña y las cabeceras departamentales, pero no lo consiguió pues la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) pudo rechazar los ataques de los guerrilleros, que habían bajado de las montañas hacia la capital salvadoreña. En el segundo intento, la lucha llegó hasta las cercanías de la Casa Presidencial. Cuando el Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan tomó posesión del poder el 20 de enero de 1981 presentó esa ofensiva guerrillera, iniciada tres semanas antes, como una prueba del avance soviético en Latinoamérica.

         La situación política de El Salvador era deplorable. En las cinco décadas comprendidas entre 1930 y 1980 pasaron por el poder veintiún gobiernos inestables, la mayoría de ellos militares, que asaltaron el mando por golpes de Estado o elecciones fraudulentas. Ellos fueron: Directorio Cívico en 1931, general Maximiliano Hernández en 1931-1934, general Andrés Ignacio Menéndez 1934-1935, general Maximiliano Hernández 1935-1944, general Andrés Ignacio Menéndez 1944, coronel Osmin Aguirre 1944-1945, general Salvador Castañeda 1945-1948, Consejo de Gobierno Revolucionario 1948-1950, teniente coronel Óscar Osorio (1950-1956), teniente coronel José María Lemus 1956-1960, Junta de Gobierno 1960-1961, Directorio Cívico Militar 1961-1962, Dr. Rodolfo Gordón Cea enero-julio 1962, teniente Coronel Julio A. Rivera 1962-1967, general Fidel Sánchez 1967-1972, coronel Arturo Molina 1972-1977, coronel Carlos Humberto Romero 1977-1979, Primera Junta Revolucionaria de Gobierno 1979-1980, Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno 1980, Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno 1980-1982, Dr. Álvaro Magaña 1982-1984.

         Hacia 1979 la violencia entre el gobierno derechista del coronel Carlos Humberto Romero y la beligerante oposición izquierdista encendió la guerra civil.

         Las izquierdas se organizaron principalmente en el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderado por Schafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y por las entidades obreras urbanas. Contó con alrededor de 10 mil militantes y combatientes. Y también con el respaldo directo o indirecto de Cuba y del régimen sandinista de Nicaragua y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

         Las fuerzas revolucionarias iniciaron su “ofensiva final” el 10 de enero de 1981 contra la dictadura ejercida por la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno con el objetivo declarado de tomar el poder antes de la posesión del Presidente electo norteamericano Ronald Reagan, prevista para el 20 de enero de ese año.

         Con base en un documento de la Central Intelligence Agency (CIA), que se dio a conocer el 23 de febrero de 1981, se atribuyó la ofensiva general de los insurrectos salvadoreños a una conspiración soviético-cubana-nicaragüense, cuyos promotores contaban con armas llegadas a través de Nicaragua.

          En el curso de los acontecimientos, el oficial de inteligencia militar Roberto D’Aubuisson, varios miembros de las fuerzas armadas y dirigentes políticos conservadores fundaron en 1981 el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que, beneficiado con el aporte económico de los empresarios privados salvadoreños, triunfó en las elecciones legislativas de 1988 y llegó al poder en las presidenciales de 1989 con su candidato Alfredo Cristiani, aunque las elecciones fueron muy cuestionadas en cuanto a su limpieza y legitimidad.

          El nuevo gobernante prosiguió las negociaciones de paz con el FMLN.Pero el proceso no fue fácil. En noviembre de 1989 sufrió una sangrienta interrupción cuando el movimiento guerrillero ejecutó violentas agresiones en la ciudad de San Salvador, con la muerte de centenares de personas, y recibió la más sangrienta represalia por el ejército salvadoreño.

          El país quedó convulsionado. Y para pacificar las cosas Cristiani se comprometió entonces a someter a los responsables militares a los tribunales de justicia, compromiso que fue parcialmente cumplido. Fueron arrestados algunos oficiales y soldados, aunque nunca se identificó a los autores intelectuales de aquellos delitos.

          Pero de todas maneras avanzaron las negociaciones de paz.

          Y el conflicto armado  —que se extendió por doce años, con un saldo de alrededor de 70.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos—  concluyó con los acuerdos de paz que, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, se suscribieron en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992 entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

          Entonces los guerrilleros abandonaron las armas y se inicio la desmovilización de las fuerzas armadas estatales  —que de 63.000 efectivos bajaron a 15.000—  y se disolvieron la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, en cuyo lugar fueron creadas la nueva Policia Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública.

          La Comisión de la Verdad, encargada de investigar lo acontecido y de fijar las respectivas responsabilidades, entregó su informe en 1993.

          En el orden legislativo se formó una nueva Función Judicial  —con la Corte Suprema de Justicia integrada por juristas de limpios antecedentes—  y se modernizaron las leyes penales. La Asamblea Legislativa concedió amnistía a los autores de delitos políticos salvo a los culpables de crímenes sangrientos. Alrededor de 35.000 guerrilleros y miembros de las fuerzas militares y policiales que participaron en la contienda recibieron, bajo el convenio de paz, tierras agrícolas y créditos para cultivarlas.

          Lamentablemente el país no pudo disfrutar plenamente de los beneficios de la paz pues fue asolado por huracanes y terremotos, que dejaron miles de muertos y más de dos millones de personas sin hogar.

          Además, en el campo económico y social, la fuga de capitales, el desmantelamiento de empresas, la masiva emigración  —especialmente hacia Estados Unidos—,   los tremendos  daños materiales  dejados  por  la  contienda  —torres de transmisión de electricidad, infraestructuras de servicios públicos, puentes, edificios, carreteras—  y la acusada corrupción gubernativa conspiraron contra el desarrollo salvadoreño. El costo social de la paz fue también muy alto. La guerra civil polarizó a la sociedad salvadoreña y dejó en ella ondas de resentimiento social. Muchas de las armas abandonadas por la desmovilización de los combatientes fueron a parar  a  manos  de  pandillas   —las denominadas maras—  que agravaron los índices delincuenciales y el tráfico de drogas e hicieron de El Salvador uno de los países más violentos.

          En el campo político el país hizo avances democráticos. Las nuevas instituciones creadas como producto de los acuerdos de paz  —la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, entre otras—  aportaron al mejor funcionamiento del sistema político.

                                           10. Un nuevo escenario de la guerrilla.   A mediados de los años 90 la lucha guerrillera encontró un nuevo e inesperado escenario: internet.

             En febrero de 1995 el Ejército Zapatista de México envió por este medio un manifiesto en el que acusó al gobierno mexicano de practicar torturas. Y nada pudieron hacer las autoridades mexicanas para impedirlo.

            A mediados de diciembre de 1996, mientras mantenía ocupada por la fuerza la residencia del embajador japonés en Lima con 74 rehenes adentro, el grupo guerrillero peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) publicó en internet su periódico cibernético denominado “Voz Rebelde Internacional” para dar a conocer sus principios ideológicos y políticos, sin que el gobierno peruano haya tenido la menor posibilidad de censurar ni reprimir esa propaganda subversiva, como lo había hecho tantas veces en el pasado, porque la página del  MRTA se originó  —piráticamente—   en el recóndito espacio cibernético de alguna de las computadoras de la Universidad de California en San Diego.

            El Irish Republican Army (IRA) y la Euskadi ta Askatasuna (ETA) de España publicaron también en la red, desde la clandestinidad, sus páginas de diseño moderno para difundir sus puntos de vista, sus planteamientos y sus informaciones.

            Grupos guerrilleros filipinos y turcos recurrieron al mismo método para denunciar a sus gobiernos y al >imperialismo y para promover sus luchas.
            Todo esto es posible hacer a través de la gigantesca “telaraña” de comunicaciones electrónicas formada por decenas de millones de computadoras interconectadas. Y nadie está en capacidad de impedirlo dado que internet es un sistema abierto al que tienen acceso millones de personas en el mundo entero, por lo que se vuelve imposible controlar su información o imponerle alguna forma de censura. Cualquier usuario en cualquier parte del planeta puede difundir por medio de la red toda clase de datos de procedencia desconocida, que recorren libremente por las pantallas de las computadoras del mundo.