Desarme

          Es la disminución de las fuerzas militares y de los arsenales bélicos de los Estados, como medio de asignar los recursos financieros, humanos y tecnológicos liberados de los fines marciales a las tareas del >desarrollo y de asegurar la solución pacífica de las controversias internacionales.

          El desarme puede ser general, esto es, la destrucción de toda clase de armas y la renuncia a la provisión de nuevas armas; o parcial: circunscrito a un género dado de armamentos. Puede además comprender a varios países: ser un desarme global; o solamente a los de una zona geográfica: desarme regional, o a dos países únicamente: desarme bilateral. Estas formas de desarme se alcanzan con base en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales entre los Estados.

          En todo caso, el desarme no es una operación meramente técnica sino que es parte de un proceso político más amplio, vinculado con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y requiere por tanto una fuerte voluntad política en los Estados.

          Es, sin duda, el factor más importante de la seguridad colectiva. Representa acaso la única garantía real para la paz. Porque la obediencia de los Estados a las normas sobre prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, que contempla el Derecho Internacional contemporáneo, en modo alguno es una garantía plenamente confiable. En cambio, la eliminación o, a lo menos, la reducción de armamentos sí da a la humanidad la seguridad necesaria para vivir sin angustias ni sobresaltos.

          Mijail Gorbachov, en su libro “Perestroika, nuevo pensamiento para mi país y el mundo”, escrito a mediados de los años 80 del siglo pasado, que contiene sus propuestas de reestructuración política y económica de la Unión Soviética presentadas al comité central del partido comunista en enero de 1987, habla de “un mundo libre de guerras, sin carreras armamentistas, armas nucleares y violencia”, pues le parece absurdo que, mientras la humanidad tiene problemas sociales no resueltos y sufre situaciones apremiantes, los países malgasten sus recursos en la compra de armas. Los planteamientos de Gorbachov condujeron a negociaciones sobre la disminución de las armas nucleares y convencionales entre las superpotencias y al abandono de la <doctrina Brezhnev, o sea a la eliminación del control soviético sobre los países del este europeo. Como demostración de su buena fe, Gorbachov ordenó el retiro de sus tropas de Afganistán. Lo cual produjo un cambio de actitud de Washington hacia Moscú, que quedó muy claramente reflejado en el respaldo que el gobierno norteamericano dio al líder soviético cuando un grupo de políticos y militares de la “vieja guardia” comunista intentó derrocarlo en agosto de 1991.

                                     1. Las diversas clases de armas.   En los organismos internacionales se manejan, en torno al tema del desarme, dos conceptos básicos: el de armas convencionales y el de armas de destrucción en masa. Estos conceptos sirven para diferenciar los dos grandes tipos de armamento: el tradicional, de poder destructivo relativamente reducido, y el de amplio e indiscriminado efecto exterminador, que comprende las armas nucleares, químicas y biológicas.

          Todas estas clases de armas están comprometidas en los procesos de desarme.

                        a) Armas convencionales.  El punto de partida para la clasificación de las armas es su capacidad destructiva. Las llamadas “armas convencionales” tienen un poder destructivo comparativamente menor al de las armas de destrucción en masa. Ellas han acompañado al hombre los últimos seis siglos de su atormentada historia. Desde mediados del siglo XIV, a partir del invento de la pólvora por los chinos, comenzaron a usarse las armas de fuego. Lo cual revolucionó el arte de la guerra y transformó el mundo. Durante cinco siglos, hasta el descubrimiento de la nitroglicerina en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero, no se conoció ningún otro explosivo. La pólvora fue el resultado de la combinación de carbón, azufre y salitre (con el que está combinado el nitrógeno) y se basó en el principio, común a todos los explosivos, de que al ser combustionada desata un volumen de gases miles de veces mayor que el de la sustancia original. Esos gases, al buscar espacio donde expandirse, rompen violentamente todo lo que encuentran a su paso. La aplicación de este principio generó las armas que hoy llamamos convencionales en contraposición de las nucleares, que se basan en la fisión y fusión del átomo.

          Las armas de fuego se desarrollaron y perfeccionaron cada vez más y su poder destructivo se incrementó incesantemente. Al compás de la evolución de los pedreñales, pedreros, falconetes, pistolas, pistoletes, trabucos, escopetas, arcabuces, mosquetes, carabinas, tercerolas, fusiles, rifles, metralletas, ametralladoras, bombardas, culebrinas, espingardas, cañones, granadas, morteros, bazucas y obuses, la infantería, la artillería, las fuerzas navales y la aviación incrementaron su poder destructor. Cada vez se construyeron armas de fuego de mayor alcance y precisión, capaces de disparar más proyectiles en menos tiempo. La aviación y los vehículos blindados surgieron como factores decisorios de la guerra. Las fuerzas del mar se sofisticaron y alcanzaron un gran poder de fuego. La electrónica, como en su tiempo la pólvora, revolucionó la construcción de armas y el arte de la guerra.

                        b) Armas químicas y biológicas.   La comisión de armamentos de tipo corriente de las Naciones Unidas catalogó en 1948 a las armas químicas y biológicas como “armas de destrucción en masa”.

         Los primeros intentos de eliminar las armas químicas y bacterianas se dieron con la declaración de Bruselas de 1874 y con las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. En ellas se proscribió el uso bélico de “venenos” y de “balas envenenadas” así como la utilización de proyectiles que diseminen gases asfixiantes o tóxicos. Pero como casi todos los mandatos del Derecho Internacional de aquella época, estos principios quedaron escritos en el papel y no se cumplieron. Durante la Primera Guerra Mundial el uso de agentes químicos causó más de cien mil muertos. Como respuesta a esta realidad surgió el protocolo de Ginebra el 17 de junio de 1925, auspiciado por la Sociedad de las Naciones, que volvió a condenar los medios bacteriológicos en la guerra. Durante la segunda postguerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1966 su primera resolución sobre este tipo de armas. Posteriormente, el tema de la guerra química y bacteriológica fue tratado en el comité de desarme de la Organización Mundial. En 1972 se concertó la convención sobre prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacterianas y tóxicas. Después vinieron varias resoluciones sobre el tema aprobadas por la Asamblea General a partir de las denuncias que se le presentaron sobre la utilización de este tipo de armas, la última de las cuales fue la dirigida contra Irak por el empleo de sustancias químicas en la guerra del golfo Pérsico de 1991. Este conflicto armado y la utilización en él de armas químicas por parte de Irak aumentaron la preocupación de la comunidad internacional por eliminar el uso de estas armas, que condujo a la convención aprobada en 1992 y suscrita en 1993 que prohíbe el desarrollo, la producción, almacenamiento y empleo de armas químicas hasta el año 2007 y obliga a los países que las tienen a destruirlas. Esta convención, que fue suscrita por 164 Estados, tardó más de cuatro años en reunir el número de ratificaciones necesario para entrar en vigencia, cosa que ocurrió el 29 de abril de 1997. Pero antes la Federación Rusa y los Estados Unidos habían firmado el 7 de junio y el 30 de julio de 1992 acuerdos bilaterales sobre destrucción y no producción de este tipo de armas. Y en una declaración conjunta entrambos ratificaron su compromiso de eliminarlas globalmente.

                          c) Armas nucleares.  Son las que surgen de los procesos de fisión o de fusión del átomo. Obedecen al principio de la transformación de la materia en energía (E = m c2). En la física nuclear, la fisión consiste en la ruptura del núcleo de un átomo  —en su desintegración—  para producir átomos de menor peso, operación en la cual la pequeña diferencia de masa entre reactivo y producto se transforma en grandes cantidades de energía. Las armas atómicas obedecen a este principio. Se unen dos o más masas “subcríticas” de uranio 235 o de plutonio y, en conjunto, constituyen la llamada “masa crítica” capaz de iniciar una reacción en cadena autosostenible que, al romper los átomos de uranio o de plutonio, liberan una gigantesca cantidad de energía que es aprovechada con fines destructivos. La fusión, en cambio, es la reacción nuclear producida por la unión de dos núcleos ligeros, los isótopos del hidrógeno deuterio y tritio, que se combinan y dan origen al helio ordinario, un neutrón y una enorme cantidad de energía. La bomba de hidrógeno responde a este proceso de física nuclear.

          Otra de las armas nucleares es la llamada bomba de neutrones. Los neutrones son una de las tres partículas subatómicas más conocidas (electrones, protones y neutrones) y, con muchas otras, constituyen los átomos. Esta arma dispara los neutrones en determinada dirección. Cuando aciertan en blancos orgánicos —seres humanos, animales, plantas, insectos— los aniquilan por las profundas transformaciones biológicas que causan. Quedan en pie, como mudos testigos solitarios, los muros y las paredes. Al cruzar como proyectiles por el espacio los neutrones son capaces de atravesar toda clase de objetos materiales sin causar daños en ellos. Solamente volúmenes muy grandes de éstos son capaces de detenerlos: por ejemplo 6 metros de concreto o un metro y medio de plomo o cuatro metros de agua. Estas son las únicas barreras de contención que pueden detener el bombardeo neutrónico.

          Finalmente, las armas isotópicas  —que son también nucleares—  utilizan, a manera de las antiguas bacterias y virus de las armas químicas y biológicas, radiosótopos y sus radiaciones para infestar espacios por largos o cortos períodos y enfermar al enemigo. Algunas de ellas son capaces de producir radiaciones gamma, alfa o beta con efectos muy perniciosos sobre los seres humanos, que al sufrir el impacto de ellas, especialmente de los rayos gamma, sufren estragos demoledores. Los norteamericanos probaron estas nuevas armas en la guerra del golfo contra Irak en 1991. Las cortinas de rayos gamma que ellas levantaron en el teatro de las operaciones detuvieron a las escuadras de tanques iraquíes. Como en el caso de los neutrones, los efectos de estas radiaciones se dirigen contra los cuerpos orgánicos más que contra los inorgánicos.

                           d) Armas “no letales”.   Como fruto de la revolución tecnológica, actualmente hay una extraordinaria variedad de armas no letales  —las denominadas non lethal weapons, en inglés—  diseñadas no a matar al enemigo sino a incapacitarlo para la batalla e incluso para la resistencia. El arsenal de estas armas está formado por rifles de rayos láser  —el denominado laser countermeasure system norteamericano—  que ciegan a las personas y a los sensores de aviones y vehículos, microondas de alta potencia que destruyen los sistemas electrónicos, virus informáticos para trastornar los ordenadores, infrasonidos de muy baja frecuencia capaces de producir náuseas, desorientación e incluso ataques de epilepsia, ácidos extremadamente cáusticos  —millones de veces más cáusticos que el ácido hidrofluorídrico—  que alteran la estructura molecular de los metales, sustancias químicas que cambian la composición y propiedades de los carburantes, redes metálicas antitanques, espumas paralizantes, rayos gamma y una serie de instrumentos de destrucción humana o de “parálisis estratégica de una nación hostil”, como eufemísticamente llaman sus promotores norteamericanos al bloqueo electrónico de un país. Algunas de estas armas se producen ya, otras están en fases de experimentación. En la llamada guerra del golfo se probaron contra los escuadrones blindados de Irak las armas isotópicas, capaces de levantar cortinas de rayos gamma que causan estragos gravísimos sobre la salud de sus tripulantes.

          Según información proporcionada en abril de 1992 por la revista norteamericana “Aviation Week & Space Technology”, que ha revelado varios de los secretos de la guerra del golfo, en la primera noche de la “tormenta del desierto” misiles de crucero tomahawk lanzaron sobre las principales centrales eléctricas de Bagdad una lluvia de carretes de fibras de carbono, que cayeron como serpentinas y produjeron enormes cortocircuitos en los sistemas de defensa antiaérea de Irak. La reparación de las plantas tomó a los iraquíes 72 horas vitales de su tiempo en la guerra, pero cuando estuvieron reparadas fueron bombardeadas.

          Estas armas tácticas de reciente producción, que no podrían sin impropiedad llamarse “convencionales”, resultan muy útiles para determinadas formas de conflictos armados, en que la intención no es exterminar al enemigo sino enervar su capacidad de defensa. Los norteamericanos estuvieron tentados a usarlas en Somalia e incluso interiormente contra el rancho de los davidianos en Waco, Texas, en 1993.

          Las denominadas armas cibernéticas, que pueden producir el colapso de un país por el desquiciamiento de su infraestructura informática, se inscriben entre las no letales. Los estragos de un “bombardeo” informático pueden ser devastadores no solamente para la defensa militar propiamente dicha, que quedaría bloqueada, sino también para la vida civil que entraría en un caos completo. La sociedad en su conjunto quedaría paralizada por la falta de electricidad, agua potable, telecomunicaciones, transporte ferroviario, tráfico aéreo, medios de comunicación social, fábricas, hospitales y demás servicios sociales. Mientras más avanzada es una sociedad tanto más dependiente es de la informática. Todos sus conocimientos están en la memoria de los ordenadores y se procesan a través de éstos. En las sociedades desarrolladas casi todo está programado y dirigido por equipos de computación, de modo que su perturbación causaría el más absoluto trastorno.

          La respuesta a esta amenaza potencial fue la creación por la Casa Blanca, en julio de 1996, de un organismo secreto denominado Comisión Presidencial sobre Protección de Infraestructuras Esenciales, integrado por alrededor de 6.000 científicos, intelectuales y estrategos militares, con el propósito de idear procedimientos de prevención y respuesta rápida ante un apremio de este tipo a fin de que, como dijo ante una reunión informativa del Senado James Gorelick, antiguo asistente del Fiscal General, un “Pearl Harbor cibernético” no les tome desprevenidos.

          Una guerra de este tipo plantearía condiciones muy diferentes que la guerra convencional e incluso que la guerra nuclear puesto que su dimensión geográfica es distinta. La “geografía” de esta guerra serían las memorias y los archivos de las computadoras y su red de conexiones. Por eso hoy se habla de una “geografía cibernética y sin fronteras” como escenario de una guerra de este tipo —una ciberguerra— que podría desencadenarse por contrincantes de un poder militar infinitamente menor activado desde cualquier lugar del planeta: basta un ordenador portátil ubicado en un sótano de Nueva York, en una lejana carpa beduina del desierto o en una cabaña de la Siberia, sin que sus autores puedan ser identificados.

          Todo lo cual hace pensar que la guerra del futuro no será una operación de tropas aerotransportadas ni desembarcos de infantes de marina sino acciones ofensivas de naturaleza electrónica destinadas a paralizar al enemigo, causar el caos en su organización social y enervar totalmente su posibilidad de defensa. El bombardeo de virus informáticos podrá trastornar por completo sus puntos vitales: redes de informática, sistemas de información, comunicaciones, servicios logísticos, infraestructura defensiva, operación del tránsito terrestre y aéreo.

                                     2. Breve historia del desarme.   Desde el siglo XVIII se hicieron esfuerzos por limitar los armamentos por parte de los Estados y se celebraron acuerdos internacionales con este propósito. Sin pretender hacer un recuento exhaustivo, ni mucho menos, puedo mencionar el tratado entre Gran Bretaña y Francia en 1787 para limitar la construcción de navíos de guerra; el tratado Rush-Bagot de 1817 suscrito entre Estados Unidos e Inglaterra para limitar el número, tamaño y equipo de los buques de guerra en los grandes lagos; el tratado entre Bolivia y Perú de 1831; el de Argentina y Chile en 1902.

          A fines del siglo XIX la limitación de armamentos fue ya el objeto principal de la primera conferencia de la paz reunida en La Haya en 1899, aunque sus resultados no tuvieron eficacia práctica. Se volvió a hacer referencia al tema en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, al término de la Primera Guerra Mundial, en el cual los Estados reconocieron que “el mantenimiento de la paz exige la disminución de los armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común” y advirtieron el peligro que entrañaba el secreto en materia de armamentos, por lo que se comprometieron “a cambiar entre sí, de la manera más franca y más completa, toda clase de datos relativos a la gama de sus armamentos, a sus programas militares, navales y aéreos, y a la condición de aquellas de sus industrias susceptibles de ser utilizadas para la guerra”.

          A partir de ese año  —1919—  y en el espacio de tiempo transcurrido entre las dos guerras mundiales, se concluyeron varios tratados de limitación de armamentos, que resultaron de poca eficacia. Uno fue el que suscribieron el 6 de febrero de 1922 Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Estados Unidos para limitar la construcción y adquisición de buques de guerra que excedieran de cierto volumen de desplazamiento y disminuir el calibre de los cañones utilizados por algunos de esos navíos. Otro fue el protocolo celebrado entre Turquía y Grecia en 1930 en el que se comprometieron a no incrementar sus armamentos navales sin informar debidamente a la otra parte con seis meses de anticipación. Un protocolo semejante firmaron en 1931 la Unión Soviética y Turquía. El 18 de junio de 1935, a través de un cambio de notas, Alemania se comprometió con Gran Bretaña a que su fuerza naval no sería mayor del 35% de la potencia naval conjunta de los países miembros de la comunidad británica. Aunque este acuerdo fue considerado como “permanente y definitivo”, Alemania lo denunció el 28 de abril de 1939 para quedar con las manos libres en sus designios guerreros. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña concluyeron el 25 de marzo de 1936 otro tratado que establecía limitaciones al tamaño y desplazamiento de diversas categorías de buques y el intercambio de información. Un año después Gran Bretaña firmó acuerdos por separado con Alemania y la Unión Soviética con cláusulas muy parecidas a las del tratado anterior. Cuando el nazismo desencadenó la guerra en 1939, los ingleses notificaron a sus contrapartes que las obligaciones nacidas de los acuerdos de 1936, 1937 y 1938 quedaban insubsistentes. Lo propio hicieron los norteamericanos, los franceses y los italianos.

          La Sociedad de las Naciones realizó entre 1927 y 1934 importantes gestiones con la intención de lograr el desarme. Trató de evitar que la paz armada de entonces condujese a una nueva guerra mundial. No pudo lograrlo. Creó comités, destacó comisiones y finalmente convocó a una conferencia internacional en 1932, justamente mientras el Japón invadía la provincia china de Manchuria. Como es lógico suponer, esta conferencia terminó en un fracaso total. El mundo no cesaba de armarse y las potencias del eje preparaban meticulosamente la >segunda guerra mundial.

          Más tarde, después de que ocurrió lo que jamás debió haber ocurrido, en el afán de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”, según dice el preámbulo de su Carta fundacional, se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el proyecto de paz más importante del siglo XX. Esto ocurrió en la conferencia internacional de San Francisco de California reunida del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Y aunque el Derecho Internacional no contempla, aún hoy, disposición alguna de orden jurídico que imponga a los Estados la limitación de armamentos, desde su nacimiento la Organización Mundial desplegó intensos esfuerzos para alcanzar el desarme. Sin embargo, las condiciones internacionales generadas por la guerra fría impidieron que se cumpliesen sus anhelos. El mundo vivió casi medio siglo bajo el equilibrio del terror y solamente cuando terminó la confrontación Este-Oeste fue posible dar pasos concretos en el camino del desarme, contractual o unilateral, y tomar arbitrios de disminución de armas nucleares y convencionales.

          Las Naciones Unidas crearon en 1946 la Atomic Energy Commission, para tratar de eliminar el uso de la energía nuclear con propósitos bélicos, y en 1947, la Commissión for Conventional Armaments para alcanzar “la regulación general y la reducción de armamentos y fuerzas armadas”. Estas comisiones fueron establecidas por separado para tratar de asegurar el mayor grado de eficacia posible en el logro de sus propósitos, pero en 1951 ellas se fundieron en la U.N. Disarmament Commission puesto que sus resultados fueron muy exiguos.

          Un paso importante en la senda del desarme nuclear, aunque dado al margen de las Naciones Unidas, fue la suscripción en Moscú el 5 de agosto de 1963 del Tratado de prohibición de pruebas con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua. Las partes contratantes  —Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido—  se comprometieron a impedir y abstenerse de realizar explosiones nucleares en lugares que estén bajo su jurisdicción, en el espacio ultraterrestre y en la altamar. No se vedaron, sin embargo, las experiencias termonucleares en el subsuelo a menos que originaran residuos radiactivos. Dos potencias nucleares, Francia y la República Popular de China, no formaron parte del tratado pero lo aceptaron.

          En el camino del desarme se dio un gran avance con la concertación del Tratado de No Proliferación Nuclear (Nuclear Non-Proliferation Treaty) que se suscribió bajo el patrocinio de las Naciones Unidas el primer día de julio de 1968, entró en vigencia el 5 de marzo de 1970 por un período de 25 años y fue renovado en 1995. Su propósito fue, sin duda, cerrar las puertas del llamado “club nuclear” a otros Estados, para lo cual prohibió a los países suscriptores cooperar con ellos en la consecución de armamento nuclear.

          Sobre la base de este tratado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estableció un sistema de salvaguardias que actúa para evitar el desvío de materiales nucleares hacia actividades militares o paramilitares. En función del artículo VIII de este instrumento se han reunido cinco conferencias internacionales sobre el tema: en 1975, 1980, 1985, 1990 y 2010. Es importante anotar que, hasta mayo del 2010, habían suscrito el tratado 188 Estados, incluidos los cinco poseedores de arsenales nucleares. Para efectos de sus disposiciones, la Federación Rusa, Belarús, Kazajstán y Ucrania, bajo cuyo dominio se encontraban las armas nucleares de la extinguida Unión Soviética, han sido consideradas como sucesoras de ella a partir de su disolución en 1991.

          En el ámbito latinoamericano y del Caribe hay dos instrumentos que se refieren a la no proliferación nuclear: el Tratado de Tlatelolco, que fue abierto a la firma de los Estados el 14 de febrero de 1967; y el Tratado de Rarotonga, suscrito el 6 de agosto de 1985 en la ciudad del mismo nombre, capital de las Islas Cook.

          En el curso de la guerra fría se dieron pocos y vacilantes pasos en el camino del desarme. Eran los tiempos del equilibrio del terror. El 25 de mayo de 1972 los Estados Unidos y la Unión Soviética  —por medio de sus presidentes Richard Nixon y Leonid Brezhnev—  celebraron el Tratado Antimisiles Balísticos (ABM) para impedir la colocación de armas nucleares en el espacio y limitar los sistemas antimisiles, y al día siguiente concluyeron el tratado SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks), que por primera vez limitó el número de armas estratégicas intercontinentales con más de 5.000 kilómetros de alcance.

          El 18 de junio de 1979 Leonid Brezhnev y Jimmy Carter suscribieron en Viena el tratado SALT-2, que señaló el máximo de 2.400 misiles nucleares intercontinentales y bombarderos estratégicos para cada una de las dos potencias. Sin embargo, la Cámara del Senado de Estados Unidos se negó a ratificarlo porque lo consideró demasiado favorable para la URSS. Además, el presidente Ronald Reagan pretendía tomar el espacio sideral no sólo como un medio de información científica, militar, minera y meteorológica, obtenida a través de los satélites artificiales, sino también como una “tierra alta”  —high ground—,  de valor estratégico, para el lanzamiento de proyectiles de precisión sobre objetivos ubicados en cualquier lugar del planeta o en el espacio interplanetario. De modo que en 1986 los Estados Unidos se desvincularon oficialmente de los tratados SALT.

          El 8 de diciembre de 1987, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Mijail Gorbachov, jefe del Estado soviético, firmaron en Washington el Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) de eliminación de los misiles nucleares de mediano y corto alcance, en lo que fue el primer intento de reducir los arsenales nucleares. Este tratado entró en vigencia el 1 de junio de 1988 y, hasta el 1 de junio de 1991, fecha límite del instrumento, produjo la eliminación de 1.846 misiles soviéticos y 846 norteamericanos. El tratado contemplaba la posibilidad de que ambas partes pudieran inspeccionar las instalaciones militares del adversario.

          El 19 de noviembre de 1990, bajo el liderazgo de las dos superpotencias, veintiocho Estados europeos  —occidentales y orientales—  suscribieron en París el tratado de Fuerzas Armadas Convencionales de Europa con el propósito de equilibrar el poder bélico de los dos bloques militares europeos en la guerra fría.

          Terminada la confrontación, cuando el Este y el Oeste por fin empezaron a compartir propósitos políticos comunes, pudieron darse pasos muy importantes en el camino del desarme, que empezaron con la suscripción de los tratados START  I  —entre Estados Unidos y la Unión Soviética—  y START II  —entre Estados Unidos y Rusia—  sobre armas nucleares, y la celebración de la convención sobre armas químicas, que tuvieron enorme trascendencia en el campo de la no proliferación de armas de destrucción masiva.

          El primero de estos tratados fue firmado en Moscú el 31 de julio de 1991 por Mijail Gorbachov y George Bush y, el segundo, también en el Kremlin, por Bush y Boris Yeltsin el 3 de enero de 1993. El START I  —que obligaba a las superpotencias a reducir de 10.000 a 6.000 sus cabezas nucleares y a 1.600 sus bombarderos estratégicos y misiles balísticos—  entró en vigencia el 5 de diciembre de 1994, en tanto que el START II  —que pretendía limitar a 3.500 las cabezas nucleares norteamericanas y a 3.000 las rusas—  no tuvo vigencia porque fue bloqueado largamente por la cámara baja del parlamento ruso  —la Duma—,  en medio del desinterés de Estados Unidos, empeñados en ese momento en colocar en el espacio su gigantesco y ubicuo escudo antimisiles  —proyecto mejor conocido como guerra de las galaxias—,  para lo cual les era indispensable modificar el tratado ABM, que limitaba los sistemas antibalísticos. Todo lo cual llevó a sustituir el START II  por el Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT), firmado en Moscú el 24 de mayo del 2002 por los presidentes George W. Bush y Vladimir Putin, que señalaba a Rusia el tope de 1.700 cabezas nucleares y 2.200 a Estados Unidos, hasta el año 2012, pero que fue completamente ineficaz porque no contó con mecanismos de verificación y control.

          De acuerdo con las normas del Derecho Internacional y con sus propias normas constitucionales, el Congreso de Estados Unidos ratificó el tratado START II el 27 de enero de 1996 mientras que Rusia sólo pudo hacerlo el 14 de abril del 2000 por decisión de la Duma, después de vencer las dificultades largamente creadas por la oposición de los comunistas y los nacionalistas al tratado, aunque años más tarde el presidente Vladimir Putin  —sucesor de Boris Yeltsin—  advirtió que éste sería considerado nulo si Estados Unidos infringiera el acuerdo ABM sobre misiles balísticos celebrado en 1972.

          Los esfuerzos por el desarme sufrieron un retroceso cuando la República Popular de China y Francia reiniciaron sus pruebas nucleares. China lo hizo el 17 de agosto y Francia el 5 de septiembre de 1995. La prueba china se realizó en el desierto de Lop Nor y fue detectada por el Centro Sismológico de Canberra, que le atribuyó una potencia de entre 20 y 80 kilotones. Ignorando todas las movilizaciones y protestas de la opinión pública mundial, el gobierno conservador francés de Jacques Chirac ejecutó también una serie de ocho explosiones subterráneas, previstas en su programa nuclear, bajo el atolón de Mururoa en el Pacífico sur.

          En la cumbre de Moscú celebrada a comienzos de junio del 2000, los presidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia acordaron reconvertir 68 toneladas de plutonio  —34 toneladas cada país—  para usos pacíficos. Ese material, con el que se podrían haber fabricado miles de armas atómicas, se destinó a objetivos del desarrollo económico.

          A comienzos de mayo del 2001 el presidente George W. Bush, en un discurso pronunciado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, dependiente del Pentágono, expresó su decisión de establecer en su país un escudo nuclear de defensa contra misiles de largo alcance. “La guerra fría ha terminado  —dijo—  y debemos ir más allá de las limitaciones del tratado ABM”. Se refería al instrumento suscrito entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972, que prohibía la creación de estos sistemas de protección. Agregó que “el equilibrio nuclear del terror es obsoleto” porque ya no son enemigos de su país Rusia ni China, pero en cambio han surgido gobernantes irresponsables con poder nuclear “como Saddam Hussein y otros tiranos que odian a los Estados Unidos, que odian la libertad y la democracia”.

          En realidad Bush pensaba también en Muammar Gadafi de Libia y en Kim Jong-il de Corea del Norte.

          La iniciativa del presidente norteamericano contemplaba la creación hasta el 2004 de un “paraguas” antinuclear dotado de satélites teleguiados en el espacio, equipados con detectores infrarrojos capaces de identificar e interceptar misiles agresores de procedencia extracontinental. El gobernante ruso Vladimir Putin reaccionó en forma cautelosa y se limitó a expresar su preocupación por la posición norteamericana de considerar obsoleto el tratado ABM firmado en 1972 por la URSS y Estados Unidos, pero el gobierno chino manifestó que “el plan estadounidense de defensa antimisiles ha violado el Tratado de Misiles Antibalísticos, lo que destruirá el equilibrio internacional de fuerzas de seguridad y pudiera provocar una nueva carrera armamentista”. Sin embargo, Bush ofreció, en cambio, su voluntad de eliminar, dentro de las negociaciones START III, más de la mitad de las 7.013 cabezas nucleares con que contaban los Estados Unidos, suprimir las misiones nucleares de disuasión de sus bombarderos B-2 y B-52 y reducir la operación de los submarinos Trident.

          Sin duda, el proyecto de Bush tenía una cierta relación con la llamada guerra de las galaxias impulsada en los años 80 por su antecesor Ronald Reagan, que pretendía tomar al espacio sideral no sólo como un medio de información científica, militar, minera o meteorológica obtenida a través de los satélites artificiales sino también como una “tierra alta” (high ground), de valor estratégico, en la cual pudieran instalarse bases de lanzamiento de proyectiles de precisión sobre objetivos en cualquier lugar del planeta, en el espacio aéreo o en el espacio interplanetario.

          Por eso las autoridades norteamericanas se han empeñado tanto en desarrollar rayos láser, kinetic energy rods y otras armas con capacidad para atacar naves o misiles espaciales hostiles o dirigirse hacia blancos terrestres, como búnkeres, puentes, edificios, instalaciones militares o depósitos de municiones.

          Sin duda, ésta es una dimensión nueva de la guerra que amenaza con desencadenar una nueva proliferación de armas después de los esfuerzos internacionales para controlar la expansión de los arsenales nucleares. Los “juegos de guerra” van a ser transferidos de la superficie terrestre hacia el espacio sideral. Ya el conflicto armado de Kosovo en 1998 y 1999 prestó a las potencias occidentales la gran oportunidad de probar sus sofisticados artefactos de detección de movimientos militares desde el espacio y de teleguiar sus misiles con precisión. Los satélites espías norteamericanos ofrecieron a las fuerzas de la OTAN el servicio de rastrear los desplazamientos de las tropas serbias y de interceptar las conversaciones entre sus oficiales. Ella fue para Estados Unidos, desde el punto de vista experimental, una gran oportunidad para avanzar en el proyecto del Pentágono de la guerra del espacio.

          El 7 de abril del 2010 Rusia y Estados Unidos suscribieron en Praga el nuevo START para eliminar en los siguientes siete años el 30% de sus respectivos arsenales estratégicos, reducir a 1.550 el número máximo de cabezas nucleares en cada país y limitar a 800 los vectores de armas nucleares en tierra, mar o aire. Fue este el mayor acuerdo de desarme en los veinte años anteriores.

          Pero a pesar de lo pactado,  los dos países conservaron suficiente poder nuclear para acabar con la vida en la Tierra,  por lo que las tensiones entre ellos  —a causa del escudo antimisiles europeo, los conflictos de Georgia, la expansión hacia el este de la OTAN y otros desencuentros—  no dejaron de ser causa de preocupación mundial.

          En todo caso, este nuevo tratado ruso-estadounidense, destinado a llenar el vacío dejado por el START I, que expiró en diciembre del 2009, forma parte de la historia del desarme.

          Pocos días después, por iniciativa del presidente Barack Obama de Estados Unidos, se realizó en Washington el 12 y 13 de abril la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de 47 Estados para tratar el tema de la seguridad nuclear. Sin duda, el punto central de la reunión fue la toma de medidas para impedir que materiales nucleares cayeran en manos de terroristas o actores no estatales. La declaración aprobada en la reunión afirmó que “el terrorismo nuclear es una de las amenazas más desafiantes para la seguridad internacional y contar con fuertes medidas de seguridad nuclear es el medio más efectivo para impedir que terroristas, criminales o actores no autorizados adquieran materiales nucleares”. Los gobiernos concurrentes acordaron poner bajo riguroso control, en el curso de los siguientes cuatro años, todo su material nuclear susceptible de ser empleado en la fabricación de armas atómicas y reforzar las medidas contra el tráfico clandestino de materiales nucleares, para lo cual ofrecieron su total respaldo al Organismo Internacional de Energía Atómica.

          El 3 de mayo del 2010 se inició en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la octava conferencia sobre el Tratado de no Proliferación Nuclear con el propósito de avanzar en los esfuerzos del desarme, uso pacífico de la energía nuclear y refuerzo de las medidas de vigilancia para que “los materiales nucleares no caigan en manos de actores no estatales o terroristas”, según dijo en el acto de apertura el Secretario General de la Organización Mundial, Ban Ki-moon.

          Al comienzo de la conferencia, en un acto sin precedentes, el Pentágono anunció la desclasificación de los archivos confidenciales de su arsenal nuclear y dio a conocer que en ese momento tenía 5.113 cabezas nucleares desplegadas y miles más en desuso, que serían desechadas. La decisión la tomó el presidente Barack Obama con la intención de presionar a los otros Estados miembros del club atómico para que abrieran también la información de sus arsenales. Las cifras del Pentágono trataban de mostrar que en 1967, en plena guerra fría, los Estados Unidos poseían 31.255 armas atómicas y que, hasta comienzos del año 2010, las habían reducido en el 84%.

          La conferencia de Nueva York, en la que participaron los 189 Estados firmantes del Tratado, concluyó su octava edición con un acuerdo que pretendía acelerar el desarme de las potencias nucleares y abrir el camino a la creación de una zona libre de armas atómicas en el Cercano Oriente.

          Las cinco potencias nucleares  —Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido—  se comprometieron a “acelerar” su proceso de desarme, con el objetivo final de eliminar por completo los arsenales nucleares.

          Los países árabes presionaron para que se mencionase a Israel en el documento y se opusieron a que se incluyese referencia alguna al programa nuclear iraní. Y el documento final reafirmó “la importancia de la entrada de Israel en el Tratado y la colocación de todas sus instalaciones nucleares bajo las inspecciones” del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor en 1970, obliga a los países firmantes a usar su potencial nuclear sólo con fines pacíficos y compromete a las cinco potencias atómicas a que reduzcan en forma gradual sus arsenales nucleares hasta su total eliminación.

                                     3. Los retrocesos en el camino del desarme.   Fueron los Estados Unidos de América, en el curso de la sombría historia de las armas modernas, los primeros en hacer una explosión nuclear en 1945. A partir de ese momento han realizado 1.030 pruebas, cantidad mayor a todas las efectuadas por los demás países. Antes de los convenios de desarme poseían un arsenal de 12.070 cabezas nucleares  —warheads—  y el alcance de sus misiles era de 13.000 kilómetros, con lo cual podían alcanzar cualquier lugar del planeta. Inglaterra hizo su primera prueba nuclear en 1952 y ha realizado 45 en total. Francia ha realizado ensayos desde 1961 y ha sumado 210 en total. Los más recientes fueron en 1995 y 1996, bajo el gobierno de Jacques Chirac. Posee 500 cabezas nucleares, con un alcance de 5.300 kilómetros. Rusia, el segundo país en iniciar pruebas, fue el mayor competidor atómico de Estados Unidos durante la guerra fría. Ha realizado 715 ensayos. Poseía 22.500 cabezas nucleares, con un alcance de 11.000 kilómetros, hasta antes de los acuerdos de desarme celebrados con Estados Unidos. China comenzó sus ensayos en 1964: en total 45. Según cifras del año 2000, tenía 450 cabezas nucleares, con 11.000 kilómetros de alcance. La India hizo sus últimas pruebas en mayo de 1998, en contradicción con los anhelos del mundo. Inició su carrera nuclear en 1974. Su arsenal comprende 65 warheads, con un alcance de 2.500 kilómetros. Se supone que Israel posee entre 64 y 112 cabezas nucleares, con 1.500 kilómetros de alcance. Pakistán, ayudado por China, inició su programa nuclear en 1972 para nivelarse con la India. En 1998 probó un nuevo misil de mediano alcance. Posee de 15 a 25 warheads, con un alcance de 1.500 kilómetros. Y en mayo del 2002 estuvo al borde de la confrontación atómica con la India por la cuestión de Cachemira. Hay indicios de que Irán pretende desarrollar este tipo de armas. Irak, sujeto al control e inspección de las Naciones Unidas a partir de la guerra del golfo de 1991, ha sido frenado en sus intentos de desarrollar armas nucleares. Corea del Norte reconoció por primera vez en febrero del 2005 que poseía armas nucleares para su “autodefensa” y anunció su retiro del tratado de no proliferación de armas nucleares. El gobernante de Libia, Muammar Gadafi, había demostrado su interés en adquirir armas nucleares, pero también se había visto detenido por la intervención de las Naciones Unidas. En 1991 se descubrió que Argelia estaba construyendo un reactor capaz de producir material nuclear, que fue colocado bajo la custodia del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los programas nucleares de Argentina y Brasil fueron parados por los gobiernos democráticos que asumieron el poder en los años 90. Bielorrusia, Ucrania y Kasajstán, a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, heredaron numerosas armas de este tipo, de las que se deshicieron para incorporarse al Tratado de no Proliferación Nuclear. La República Sudafricana es el único país que ha desarrollado esta clase de armas en su continente, aunque su presidente Frederik de Klerk las desmanteló en 1991 y se unió al tratado de no proliferación.

          Un paso atrás en el camino del desarme fue la reanudación de las pruebas nucleares por China el 17 de agosto de 1995 en el desierto de Lop Nor y los ensayos nucleares franceses realizados un mes después, en el atolón de Mururoa del océano Pacífico, por orden del presidente Jacques Chirac.

          El Senado de Estados Unidos fue el culpable de otro gran retroceso en el camino del desarme cuando rechazó el 14 de octubre de 1999, por mayoría de votos de los senadores republicanos, la ratificación del Tratado de prohibición total de ensayos nucleares  —Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBT)—  suscrito por el gobierno norteamericano en 1996 y cuya ratificación se convirtió en uno de los ejes fundamentales de la política exterior del presidente Bill Clinton. Los Estados Unidos habían realizado 2.045 detonaciones de investigación y ensayo durante la segunda postguerra.

          Como  represalia  por  la decisión  del  presidente  norteamericano  George W. Bush de suspender el abastecimiento de combustibles a su país, el gobierno comunista de Corea del Norte presidido por el “tirano caprichoso” Kim Jong-il  —quien en noviembre de 1987, bajo el gobierno dictatorial de su padre, ordenó la voladura de un avión comercial de la compañía surcoreana KAL con 115 pasajeros a bordo—  anunció el 12 de diciembre de 2002 la reanudación de su programa nuclear y el reinicio de la actividad de sus instalaciones y centros de procesamiento de uranio enriquecido y de extracción de plutonio, paralizados desde 1994 en virtud del acuerdo suscrito en ese año con Estados Unidos para proveer al gobierno de Pyongyang de petróleo a cambio del congelamiento de los programas nucleares norcoreanos. En ese momento Corea del Norte tenía, según las informaciones de inteligencia norteamericana, dos bombas atómicas construidas con plutonio antes de 1994, cuatro reactores atómicos y tres fábricas de combustibles nucleares diseminados en su territorio, que quedaron desactivados. La decisión del gobierno norcoreano implicó el retiro de las cámaras, los precintos y los monitores instalados por las Naciones Unidas en las instalaciones nucleares, la desconexión de todos los mecanismos de supervisión internacional y la expulsión de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas. Lo cual puso a Corea del Norte muy cerca de la posibilidad de producir nuevas armas atómicas y generó una crisis internacional, al estilo de la guerra fría, puesto que “nadie quiere que Corea del Norte fabrique bombas y las venda al mejor postor porque no tiene qué comer durante el próximo invierno”, sostuvo Bush.

          El gobierno de Pyongyang, después de denunciar el Tratado de no Proliferación Nuclear al que se había adherido en 1994 y de anunciar la reiniciación de los ensayos de sus misiles Scud-C, declaró nulo y abandonó a comienzos de mayo de 2003 el tratado que suscribió con el gobierno surcoreano en 1992 para mantener la península coreana libre de armas nucleares.

          El director de la Central Intelligence Agency (CIA) George Tenet afirmó, en el curso de una audiencia en la Comisión de Asuntos Militares del Senado celebrada en febrero del 2003, que Corea del Norte poseía un misil balístico  —el Taepodong 2—  con capacidad para llegar a la costa oeste de Estados Unidos, a Hawai o Alaska, aunque el vicealmirante Lowell Jacoby, director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), aclaró que aún no había sido probado en vuelo.

          Sin embargo, el 4 de julio del 2006 Corea del Norte lanzó en prueba este misil que, según el gobierno de Pyongyang, tenía un alcance de 6.700 kilómetros y podía portar cabezas nucleares. Pero la prueba falló pues el misil se precipitó al mar a los cuarenta segundos de haber partido de su rampa de lanzamiento. En prevención, Corea del Sur puso en máxima alerta a sus fuerzas armadas y Estados Unidos instalaron misiles interceptores en lugares estratégicos, que no llegaron a ser disparados debido al fracaso del intento norcoreano. Aunque el gobierno norteamericano minimizó la importancia de las pruebas norcoreanas, no dejaron ellas de alarmar a la comunidad internacional.

          En febrero del 2005 Corea del Norte reconoció por primera vez que contaba con armas nucleares para “autodefensa” y anunció su retiro “por un período de tiempo indefinido” del tratado de no proliferación de armas nucleares. En ese momento el gobierno norteamericano presidido por George W. Bush respondió que iba a tratar de arreglar ese conflicto “por la vía pacífica y diplomática” mientras que la Unión Europea y Rusia condenaron firmemente el anuncio coreano. Cuatro meses después, con ocasión de la visita a Washington del presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, el viceministro norcoreano de relaciones exteriores, Kim Gye-gwan, expresó a la cadena televisiva ABC que su país construye más bombas atómicas, que es capaz de instalar ojivas nucleares en sus cohetes y que sus científicos “tienen conocimientos comparables a los científicos de otros países”.

          La República Popular Democrática del Corea  —Corea del Norte—  realizó el 9 de octubre del 2006 en la localidad de Hwadaeri la prueba subterránea de un artefacto nuclear, de medio kilotón de potencia, en lo que fue considerado por el gobierno de Kim Jong-iI “un gran salto adelante en la construcción de una nación socialista próspera y poderosa”, que reforzaba su “capacidad de disuasión” y contribuía “a mantener la paz y la seguridad en la Península Coreana y en Asia”, según publicó la agencia norcoreana de noticias. El primer ministro japonés Shinzo Abe, de visita en ese momento en Seúl, afirmó que el paso dado por Corea del Norte era “absolutamente inaceptable”. El Estado Mayor del ejército surcoreano decretó la alerta y reforzó sus tropas acantonadas en la frontera. China condenó la prueba y acusó al gobierno de Pyongyang de haber “ignorado la oposición de la comunidad internacional”. El Pentágono actualizó los planes de contingencia para destruir mediante misiles-crucero Tomahawk las plantas de procesamiento de plutonio en Yongbyon y otras instalaciones nucleares norcoreanas. La comunidad internacional reafirmó su posición contraria a la proliferación de armas nucleares en el mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por el voto unánime de sus quince miembros una resolución en la que establecía una serie de sanciones comerciales, bloqueos y embargos contra Corea del Norte, resolución que fue considerada una “declaración de guerra” por el gobierno norcoreano.

          Por esos días una misión china presidida por Tang Jiaxuan, el funcionario de mayor rango en defensa nacional, visitó Pyongyang y logró que el gobierno norcoreano se comprometiese a no repetir el ensayo nuclear, a cambio de la provisión de petróleo, con lo cual las cosas se apaciguaron aunque no se desvaneció la alarma en la comunidad internacional.

          Un año más tarde, en conformidad con el acuerdo firmado en Pekín el 13 de febrero del 2007 entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón y Rusia, el gobierno norcoreano paralizó su principal complejo nuclear  —el de Yongbyong—  pocas horas después de haber recibido del exterior el primer cargamento de petróleo.

          Lo incomprensible de todo esto es que en aquellos años Corea del Norte —asolada por las sequías, la hambruna y los problemas económicos— se había convertido, sin duda, en el Estado más militarizado del planeta, con un ejército de un millón doscientos mil soldados en una población de 22 millones de habitantes y un presupuesto de defensa superior a los 5.000 millones de dólares anuales, que equivalían a más del 30 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en el año 2005. Tenía alrededor de mil misiles de diferente tipo: Scud-B, Scud-C, Rodong, Taepodong-1, Taepodong-2, Taepodong-3, Musudan-1, KN-02.

          La actitud del gobierno norcoreano produjo una de las peores crisis internacionales de la postguerra fría.

          En esos días de tensión internacional el ex Presidente norteamericano Bill Clinton reveló, en el seno de un foro sobre seguridad celebrado en el puerto holandés de Rotterdam, que durante su gobierno  —a comienzos de la década de los años 90—  tuvo planes para atacar y destruir las plantas nucleares de Corea del Norte, que en ese momento tenían capacidad de producir entre 6 y 8 armas atómicas por año con base en sus barras de uranio enriquecido almacenadas en las instalaciones de Yongbyon.

          La tensión entre las dos Coreas resurgió a fines de enero del 2009 con la decisión unilateral de Pyongyang de desconocer los acuerdos militares y políticos firmados con Seúl. El organismo norcoreano encargado de manejar las relaciones con Corea del Sur manifestó que se anulaban unilateralmente “todos los tratados que tenían como objetivo poner fin a la confrontación política y militar”, incluidos los puntos referentes a la línea fronteriza en el mar occidental.  Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak   —que asumió el poder en febrero del 2008—,  respondió que defenderá a su país por cualquier medio.

           Esto puso fin a una década de reconciliación.

           Simultáneamente, el 5 de abril del 2009, en franco desafío a la comunidad internacional, el gobierno norcoreano hizo un nuevo lanzamiento, no por frustrado menos preocupante, de su cohete de largo alcance Taepodong 2 con capacidad para portar una ojiva nuclear, que produjo la inmediata reacción de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea  —puesto que entrañaba la violación de la Resolución 1718 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas—,  en tanto que el gobierno de Teherán defendió el derecho de Corea del Norte y de todos los países de lanzar al espacio sus cohetes. Pero, según informaron las autoridades militares norteamericanas, japonesas y surcoreanas, el cohete no pudo entrar en órbita y se precipitó al mar. Fracasó el lanzamiento debido a las deficiencias tecnológicas de Norcorea.

          El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como respuesta a la acción norcoreana, aprobó por unanimidad el 13 de abril de ese mismo año una declaración condenatoria del lanzamiento del misil y el presidente del organismo internacional manifestó que se reactivaban las sanciones que se habían impuesto a Corea del Norte y cuya ejecución fue suspendida en el 2006 cuando el gobierno de Pyongyang se comprometió a paralizar sus programas nucleares.

          Corea del Norte anunció entonces su retiro de las negociaciones de desnuclearización  —que se adelantaban con Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón—  y la reanudación de su programa de armas atómicas. Su gobierno rechazó la decisión de las Naciones Unidas, a la que consideró “un insulto insoportable”, y anunció que para “reforzar su fuerza de disuasión nuclear y garantizar su defensa por todos los medios” seguirá adelante con sus planes nucleares.

          Y el 25 de mayo de ese año volvió a realizar una prueba nuclear subterránea de un artefacto nuclear de entre 10 y 20 kilotones de potencia, según apreciación del ministerio de defensa de Rusia. Esto volvió a causar una gran alarma en el mundo internacional y Estados Unidos aumentaron su nivel de alerta militar. Hubo una terrible tensión bélica entre las dos Coreas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó cinco días después la Resolución 1874 condenatoria del ensayo nuclear, que endurecía las sanciones a Norcorea, decretaba el embargo total de sus exportaciones e importaciones de armas, recomendaba a los países miembros no hacer inversiones en ese país, ni aportar ayudas financieras o concederle préstamos. La resolución fue tomada por unanimidad, con inclusión de los votos de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China  —tradicional aliada de Corea del Norte—  y Rusia. El gobierno de Corea del Norte respondió con una sucesión de lanzamientos de cohetes de corto alcance, con la amenaza de construir nuevas bombas atómicas y la advertencia de que cualquier bloqueo contra su país será considerado un “acto de guerra”. En ese momento Corea del Norte poseía, en condición operativa, misiles de 300, 500 y 1.300 kilómetros de alcance y había probado sin éxito los misiles balísticos Taepodong 1 y Taepodong 2, con capacidad para portar cabezas nucleares.

          Lo desconcertante era que mientras el gobierno de Corea del Norte hacía ingentes gastos en sofisticados armamentos nucleares  —el programa Taepodong 2 debió costar sobre los 300 millones de dólares—  el pueblo norcoreano sufría la más espantosa hambruna. En esos momentos, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimaba que alrededor de 8,7 millones de norcoreanos  —el 40% de la población—  pasaba hambre.

          El gobierno norcoreano lanzó en la madrugada del 12 de diciembre del 2012 el cohete Unha-3  —versión mejorada del Kwangmyongsong-3—  que alcanzó órbita terrestre. Fue la primera vez que tuvo éxito en el lanzamiento, después de varios intentos desde 1998.

          El gobierno calificó a la operación de “pacífica”, cuyo objetivo era “colocar en órbita un satélite de observación”, mientras que Seúl, Washington, Tokio y otros miembros de la comunidad internacional la consideraron una prueba encubierta de misil balístico intercontinental. El portavoz de la Casa Blanca, Tommy Vietor, expresó que se trataba de un “acto altamente provocador”. En los mismos términos se pronunció el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Rusia “lamentó” el lanzamiento del cohete y su ministro de asuntos exteriores pidió a Corea que no repitiera la acción. El presidente surcoreano Lee Myung-bak convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de su país y China  —principal aliado del régimen norcoreano—  exigió a Pyongyang el acatamiento de las resoluciones de la ONU. El gobierno japonés expresó que era “intolerable que Corea del Norte haya llevado a cabo su lanzamiento”. El Ministerio de Defensa surcoreano informó que los instrumentos de la primera fase del cohete cayeron en la isla surcoreana de Baengnyeong, ubicada en el mar Amarillo, y los de la segunda fase en la isla japonesa de Okinawa. Finalmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el lanzamiento del cohete balístico de largo alcance y se mostró dispuesto a tomar medidas contra Pyongyang en caso de un nuevo lanzamiento.

          Pero a pesar de las advertencias de la comunidad internacional, Corea del Norte realizó el 12 de febrero 2013 la tercera y más potente prueba nuclear subterránea de su historia. Pyongyang explicó que, en respuesta a “la hostilidad” de Estados Unidos, había detonado “con éxito” un dispositivo atómico “miniaturizado”. El ensayo produjo la inmediata condena de Seúl, Washington, Londres, Tokio y Moscú. China también expresó su oposición al ensayo pero pidió una respuesta tranquila a todos los países. Washington aseguró que el objetivo de Corea del Norte era diseñar un misil balístico intercontinental capaz de transportar una cabeza nuclear, aunque Pyongyang estaba aún lejos de contar con uno que pudiera alcanzar territorio norteamericano. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, dijo que se trataba de una “clara y grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

          Japón  —que rompió sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte desde el 2006, en que hizo su primer ensayo nuclear—  aplicó un embargo comercial completo al régimen de Kim Jong-un, negó visados a los norcoreanos y prohibió las transferencias financieras a su vecino asiático.

          El presidente Barack Obama reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger a Japón, incluso con un “paraguas nuclear”.

          En otro lado del mundo, Irán  —bajo el gobierno del fanático y oscuro fundamentalista islámico Mahmud Ahmadinejad—  reinició en el 2005 su programa nuclear que había sido paralizado años atrás por mandato de las Naciones Unidas, a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena. Fueron reactivados los laboratorios e instalaciones nucleares de Kalaye, Lavizan, Natanz, Arak, Esfahan y Bushehr, en los que se procesaba y almacenaba uranio enriquecido. En abril del 2006 Ahmadinejad anunció que, bajo la bendición de Alá, sus técnicos lograron “un primer éxito” en el enriquecimiento de uranio en la planta de Natanz. Lo cual entrañaba un desacato al Consejo de Seguridad que dos semanas antes había conminado a Irán para que cesara tales actividades. Como era lógico, esto produjo una onda de alarma y preocupación en Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India, Israel y otros países, que no estaban dispuestos a aceptar que un Estado políticamente tan inestable y regido por el integrismo islámico construyera armas atómicas.

          En esos días de alta tensión internacional por el anuncio iraní, “The Sunday Times” de Londres, en su edición dominical de abril 16/06, informó que el gobierno de Irán tenía listos para entrar en acción cuarenta mil terroristas suicidas bien entrenados, destinados a golpear objetivos de Estados Unidos e Inglaterra si sus plantas nucleares de enriquecimiento de uranio fueran atacadas. Hassan Abbasi, director del Centro de Estudios Estratégicos Doctrinales de los Guardianes de la Revolución de Irán, en un discurso recogido por el periódico inglés, afirmó en aquella ocasión que tienen identificados veintinueve objetivos occidentales y que estaban “preparados para atacar puntos sensibles de Estados Unidos y Gran Bretaña si ellos atacan las instalaciones nucleares iraníes”, y juró que “la desaparición de Gran Bretaña está en su agenda”. El diario explicó que en marzo del 2006 desfilaron por primera vez en las calles de Teherán los “batallones de kamikazes” guardianes de la revolución, vestidos con uniformes militares verde olivo y cinturones de explosivos en la cintura.

          A finales de noviembre del 2007 el ministro de defensa iraní Mostafa Mohammad Najjar informó que su país había elaborado el nuevo misil Ashurá, con un alcance de dos mil kilómetros, capaz de llegar a Israel y a las bases militares de Estados Unidos en el Oriente Medio. Meses antes el gobierno de Irán había anunciado la fabricación de un nuevo misil, el Ghadr-1, con una llegada de mil ochocientos kilómetros y el incremento del alcance de su misil Shahab-3 a dos mil kilómetros. El 16 de diciembre del 2009 Irán probó el misil más avanzado de su arsenal estratégico  —el Sajjil-2, mejorado—,  con capacidad para alcanzar blancos a dos mil kilómetros de distancia.

          Sin embargo, a comienzos de diciembre del 2007 surgió una noticia desconcertante: los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseveraron en un informe que a partir del otoño del 2003 “Irán detuvo su programa de armas nucleares y esa interrupción se mantuvo por varios años”. El presidente norteamericano, desmentido por el informe, expresó que, en efecto, había sido notificado “la semana pasada” con el documento en referencia. No obstante lo cual aseguró que el país islámico era aún un peligro por su potencial acceso a las armas nucleares. El gobierno británico manifestó que seguía considerando vigente la amenaza atómica iraní ya que el gobierno de Teherán proseguía con el enriquecimiento de uranio. Y Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, dijo que un Irán con armas nucleares “es inaceptable”.

          Para vigilar el cumplimiento del tratado de no proliferación nuclear, el Pentágono mantiene en órbita dos satélites apiece KH-12 dotados de potentes telescopios espaciales capaces de fotografiar, desde 264 kilómetros de altura, objetos tan pequeños como un libro; y dos satélites lacrosse con cámaras de radar que pueden ver a través de las nubes y de las tormentas de polvo o de arena. Las fotografías que ellos producen son procesadas en el National Imagery and Mapping Agency en Fairfax, Virginia, y pueden revelar claramente cualquier acto preparatorio de una prueba nuclear en cualquier lugar del planeta.

          Otro retroceso en el camino del desarme fue la declaración del presidente Dimitri Medvedev de Rusia, el 7 de marzo del 2009, de su propósito de modernizar el arsenal nuclear de su país para hacer frente al “expansionismo” de la OTAN, y, simultáneamente, la información de los jefes militares rusos sobre la instalación de misiles tipo RS-24, con cabezas atómicas, que entrarían en servicio a finales de ese año tras el vencimiento de los tratados START celebrados con Estados Unidos para la reducción de armas estratégicas.

          Por los mismos días, el gobierno de Pekín anunció el aumento del 14,9% en su presupuesto militar, aunque el portavoz del Congreso del Pueblo, Li Zhaoxing, dijo que eso “no es una amenaza para otros países”.

                                      4. Los documentos fundamentales.   A partir de 1945, con la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se intensificaron los esfuerzos para evitar la proliferación de armas nucleares y otras de destrucción en masa. Durante este lapso se han firmado, además de los anteriormente señalados, los siguientes instrumentos internacionales de carácter multilateral con relación al tema: el Tratado Antártico del 1 de diciembre de 1959, el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua de 5 de agosto de 1963, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes del 27 de enero de 1967, el Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina de 14 de febrero de 1967, el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de 1º de julio de 1968, el Tratado sobre la prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo de 11 de febrero de 1971, la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción de 10 de abril de 1972, la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles de 8 de mayo de 1977, el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 18 de diciembre de 1979, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 10 de abril de 1981, el Tratado sobre la zona libre de armas nucleares del Pacífico Sur de 6 de agosto de 1985, el Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa de 19 de noviembre de 1990, el Tratado sobre la zona libre de armas nucleares en el Asia Sudoriental (Tratado de Bangkok) que se abrió a la firma el 15 de diciembre de 1995, el Tratado de Pelindaba sobre una zona libre de armas nucleares en África abierto a la suscripción el 11 de abril de 1996.

          La Comisión de Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha trabajado intensamente en los últimos años en la creación de zonas libres de armas nucleares en diversas regiones del planeta sobre la base de arreglos libremente concertados entre los Estados, como medio de fortalecer el régimen internacional de no proliferación de esta clase de armas, de contribuir al desarme nuclear y de aproximarse al objetivo final de eliminar de la faz de la Tierra los artefactos de destrucción en masa. Hasta finales de 1999, 107 Estados habían firmado o se habían convertido en partes de este tipo de tratados, de modo que las zonas liberadas de armas nucleares constituyen más de la mitad de la superficie terrestre, excluidos los mares y los océanos.

          Estos han sido los instrumentos internacionales de carácter multilateral que se han celebrado durante el período de la >guerra fría con el ánimo de promover el desarme.

          Las grandes tendencias mundiales en torno a la seguridad internacional y al desarme se plasmaron, después de que concluyó la confrontación Este-Oeste, en tres documentos básicos forjados en el seno de las Naciones Unidas. El primero fue la declaración que aprobó el Consejo de Seguridad, en su Reunión Cumbre celebrada el 31 de enero de 1992 con la concurrencia de los jefes de Estado y de gobierno de los quince países que a la sazón integraban este órgano internacional. Me fue grato asistir a ella como jefe de Estado de Ecuador y de portar la opinión consensual de los países latinoamericanos. Allí estuvieron, entre otros, François Mitterrand, George Bush, Boris Yeltsin, John Major y el primer ministro chino Li Peng, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Este fue un hecho sin precedentes. Era la primera vez en la vida de las Naciones Unidas que se hacía una reunión como esa. Según me pareció oportuno decir en mi discurso de aquel día, “se ha abierto una nueva etapa en la historia del hombre. El reto es hoy la justicia social internacional y el desarrollo humano. Contribuir a su consecución es la nueva responsabilidad de la Organización Mundial. Esta debe ser su principal misión hacia el futuro: buscar un nuevo orden económico internacional que haga justicia a los países pobres, que promueva su participación equitativa en el ingreso mundial y que distribuya los beneficios del progreso”.

          En lo que específicamente se relaciona con el desarme, los jefes de Estado y de gobierno se comprometieron a tomar medidas concretas de control y no proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se obligaron a prevenir la difusión de la tecnología relacionada con las investigaciones, el desarrollo y la producción de tales armas. Esta decisión fue importante por provenir de los cinco países que poseen arsenales nucleares.

          Los otros documentos que integran la trilogía fundamental sobre el tema del desarme son el informe que, por mandato de la mencionada Reunión Cumbre, presentó el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas de ese tiempo, Butros Butros Ghali, al Consejo de Seguridad sobre diplomacia preventiva y mantenimiento de la paz, conocido como “Un Programa de Paz”; y el posterior informe del mismo funcionario sobre “Nuevas dimensiones de la regulación de los armamentos y el desarme en la era posterior a la guerra fría”.

          En los círculos políticos y diplomáticos vinculados con la <comunidad internacional se considera que estos tres documentos, en conjunto, proporcionan por vez primera desde 1978, en que la Asamblea General aprobó el documento final del primer período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, una amplia y orgánica declaración sobre el tema.

                                       5. Los últimos pronunciamientos.   Al iniciarse en Nueva York el 49º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 1994, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, formuló una encendida petición a los cinco países poseedores de arsenales atómicos (Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra) para abrir negociaciones en torno a la moderación nuclear, con la mira de celebrar un tratado de desarme y seguridad colectiva. A su turno, el presidente Bill Clinton, desde la misma tribuna, afirmó que Estados Unidos y Rusia estaban trabajando “para llegar a acuerdos con el fin de cesar la producción de material fisionable con destino a explosivos nucleares, de hacer transparente e irreversible el desmantelamiento de ojivas nucleares y reducir aun más nuestras armas nucleares montadas en vehículos de lanzamiento”. El tema fue abordado también al día siguiente en Washington durante la <cumbre celebrada en la Casa Blanca entre los jefes de Estado ruso y norteamericano, quienes acordaron acelerar el cumplimiento de los tratados START I y START II con el retiro inmediato de las cabezas nucleares de sus misiles intercontinentales, como parte del programa de reducción de armas estratégicas.

          Es importante señalar, en el proceso de desarme, que el 8 de diciembre de 1987 Estados Unidos y la Unión Soviética celebraron en Washington el Tratado sobre eliminación de misiles de corto y de medio alcance, motivados por el convencimiento compartido de que una guerra nuclear produciría efectos devastadores sobre la humanidad. Los países europeo-occidentales, por su parte, en documento del 15 de enero de 1989, decidieron la apertura de negociaciones sobre el desarme convencional en Europa. Y poco tiempo después, bajo los efectos de la terminación de la guerra fría, se firmó en París con el patrocinio de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), el 19 de noviembre de 1990, el Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, entre dieciséis miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y seis miembros del hasta entonces existente Pacto de Varsovia, referente a la reducción y verificación de sus fuerzas armadas convencionales.

          Los tratados START I y START II (Strategic Arms Reduction Talks) de reducción de armas estratégicas  —que comprenden los misiles balísticos intercontinentales, los misiles de lanzamiento submarino, los bombarderos pesados y los misiles de crucero de lanzamiento marítimo—  celebrados entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1991 y entre Estados Unidos y Rusia en 1993, respectivamente, han aportado a los propósitos del desarme con la disminución del número de cabezas nucleares de sus arsenales  —de 24.000 a fines de 1980 a 7.000 en el año 2003—  mediante un proceso gradual e ininterrumpido de desmantelamiento de armas estratégicas. Concomitantemente se han desmovilizado más de dos millones de efectivos militares en los países industriales desde 1990 a 1993.

          A fines de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética, cuatro de los Estados que surgieron de su división: Belarús, Kazajstán, la Federación de Rusia y Ucrania heredaron el arsenal nuclear de la superpotencia y firmaron con Estados Unidos en Lisboa, el 23 de mayo de 1992, un protocolo del tratado START I por el cual, como sucesores de la URSS, asumieron todas las obligaciones contenidas en ese tratado.

          Las negociaciones iniciadas por los presidentes George Bush y Mijail Gorbachov, que culminaron en el primer tratado START el 31 de julio de 1991, continuaron con el presidente Boris Yeltsin de la Federación de Rusia, después de disuelta la URSS, y condujeron a la suscripción del START II el 3 de enero de 1993, sobre adicionales reducciones y limitaciones de las armas estratégicas ofensivas.

          De acuerdo con el artículo I de este tratado, las reducciones se realizaron en dos etapas: la primera comprendió los siete primeros años a partir de la entrada en vigor del tratado y la segunda hasta el año 2003.

          Durante su visita al >Kremlin, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton suscribió con el presidente ruso Boris Yeltsin, el 14 de enero de 1994, la “Declaración de Moscú” en virtud de la cual los misiles nucleares de ambos países dejaron de apuntarse mutuamente. Como resultado de la cumbre celebrada en Washington el 27 y 28 de septiembre de 1994, los presidentes de Rusia y Estados Unidos expidieron una declaración en la que, renunciando a los nueve años de plazo acordados en el tratado SALT II, se comprometieron a acelerar el retiro de las cabezas nucleares de sus misiles intercontinentales.

          Hasta 1991 fueron cinco las potencias poseedoras de armas nucleares: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y la Unión Soviética. Cuando ésta se disolvió, a fines de ese año, sus armas nucleares fueron heredadas por Rusia, Belarús, Kazajstán y Ucrania. O sea que los países nucleares pasaron a ser ocho. A ellos hay que sumar seis que se cree que poseen estas armas o la capacidad para desarrollarlas: India (que hizo tres explosiones sorpresivas a principios de mayo de 1998), Israel, Pakistán, Argelia, Irán y la República Popular Democrática de Corea. Se supone que Libia y Siria tenían ambiciones de desarrollar este tipo de armas, pero carecían de los recursos tecnológicos necesarios.

          A finales del 2001 los Estados Unidos tenían 7.013 ojivas nucleares para misiles: 2.079 en tierra, 3.616 en el mar y 1.318 a bordo de aviones bombarderos. Rusia poseía 4.858 ojivas: 3.364 en tierra, 1.868 en el mar y 626 a bordo de bombarderos. Estas cifras representaban, en el caso de Estados Unidos, una reducción del 33,6% con relación a septiembre de 1990 (antes de los tratados START I y START II) y del 43% en el caso de Rusia.

          En el curso de su reunión en Washington del 13 al 16 de noviembre del 2001, los presidentes George W. Bush y Vladimir Putin acordaron un programa de reducción de armas atómicas a cumplirse a lo largo de diez años, destinado a reducir arsenal estadounidense a 2.200 ojivas nucleares y el ruso, a 2.000, sin romper el equilibrio estratégico. Pero, en cambio, no lograron un acuerdo en torno a la decisión norteamericana de levantar ciertas limitaciones del tratado ABM y organizar un sistema de escudos nucleares antibalísticos en el espacio. El 12 de diciembre de ese año los Estados Unidos anunciaron su abandono del tratado contra misiles balísticos (ABM) para emprender su programa de escudos antimisiles. Y seis meses después la respuesta rusa fue separarse del START II.

          Pero los gobernantes ruso y norteamericano volvieron sobre el tema del desarme. En una nueva reunión en Moscú el 24 de mayo del 2002 suscribieron el tratado SORT (Strategic Offensive Reductions Treaty) para eliminar una parte de las ojivas nucleares de sus arsenales de la guerra fría e “iniciar una nueva era en las relaciones bilaterales”, según dijeron en esos días los presidentes. En virtud de este tratado, Rusia y Estados Unidos acordaron la disminución en dos tercios de sus arsenales nucleares en el curso de los siguientes diez años. “Este tratado liquidará el legado de la guerra fría”, declaró en esa oportunidad el jefe de Estado norteamericano.

          El 13 de julio del 2007, como respuesta a los planes norteamericanos de desplegar su escudo antimisiles en Europa oriental  —que Rusia consideró como una “amenaza directa contra su seguridad”—,  el gobierno de Moscú suspendió unilateralmente la aplicación del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), firmado en 1990 entre la OTAN y el Pacto de Varsovia para limitar la cantidad de armas pesadas desplegadas entre el Atlántico y los Urales, que fue uno de los más importantes acuerdos de desarme celebrados durante la guerra fría.

          El presidente Barack Obama de Estados Unidos, en su visita a Moscú el 6 de julio del 2009, acordó con el presidente ruso Dimitri Medvedev reducir en un tercio sus respectivos arsenales nucleares, o sea entre 1.500 y 1.650 ojivas nucleares y entre 500 y 1.100 vectores  —misiles intercontinentales, submarinos y bombarderos estratégicos—  en el curso de los siguientes siete años. En aquel momento, Estados Unidos y Rusia poseían alrededor del noventa por ciento de las bombas atómicas del mundo.

          Ese acuerdo se concretó en Praga el 7 de abril del 2010 con la suscripción por los presidentes de Estados Unidos y de Rusia del nuevo START para eliminar en los siguientes siete años el 30% de sus respectivos arsenales nucleares, reducir a 1.550 el número máximo de cabezas nucleares en cada país y limitar a 800 los vectores de armas estratégicas en tierra, mar o aire. Fue este el mayor acuerdo de desarme en los veinte años anteriores. Sin embargo, Rusia pidió la inclusión de una declaración unilateral en la que se reservaba el derecho de abandonar el pacto en el momento en que el sistema de antimisiles estadounidense supusiera una amenaza contra sus intereses.

          El nuevo Start fue aprobado por el Senado de Estados Unidos  —con 71 votos a favor y 26 en contra— el 22 de diciembre del 2010 y por las dos cámaras del parlamento ruso el 25 y 26 de enero del 2011  —con el voto contrario de los diputados comunistas, que consideraron que él debilitaba la defensa nacional—  y entró en vigencia por una década el 5 de febrero de ese año con el intercambio de los documentos de ratificación entre los cancilleres Hillary Clinton y Serguei Lavrov en el marco de la conferencia mundial de seguridad reunida en Munich.

          No obstante, los dos países conservaron suficiente poder nuclear para acabar con la vida sobre la Tierra, por lo que las tensiones entre ellos  —a causa del escudo antimisiles europeo, los conflictos de Georgia, la expansión hacia el este de la OTAN y otros desencuentros—  no dejaron de ser causa de preocupación mundial. Tras la firma del documento, cuya vigencia fue de diez años renovables, los presidentes declararon que ese fue “un acontecimiento histórico” en las relaciones entre Washington y Moscú, que dio a los dos Estados mayor legitimidad en su liderazgo para combatir la proliferación de armas atómicas en el mundo. Cosa que ocurrió en el preciso momento en que Irán y Corea del Norte, haciendo caso omiso de las prohibiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aceleraban sus tareas de enriquecimiento de uranio.

          Un pronunciamiento importante en materia de desarme se dio en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno reunida en Washington el 12 y 13 de abril del 2010 para tratar el tema de la seguridad estratégica, en la que los gobernantes de los 47 Estados concurrentes declararon que el terrorismo nuclear es una de las amenazas más dramáticas en la postguerra fría. El presidente Barack Obama de Estados Unidos sintetizó muy bien la situación cuando dijo que, “a dos décadas del final de la guerra fría, nos enfrentamos a una cruel ironía de la historia: el riesgo de una confrontación nuclear entre países ha bajado, pero el riesgo de un ataque nuclear ha subido”.

          En la búsqueda del desarme de Irán, los negociadores occidentales  —Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Alemania—,  después de un año y medio de negociaciones sobre el problema nuclear iraní, alcanzaron el 2 de abril del 2015 en la ciudad de Lausana, Suiza, un acuerdo preliminar de principios con Irán sobre la cuestión nuclear, que abría la posibilidad de negociar en los siguientes dos meses un texto definitivo sobre el programa nuclear iraní que contemplaba un control escalonado sobre las actividades atómicas iraníes a lo largo de los próximos diez a veinticinco años, para lo cual el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, tendrá acceso sin previo aviso a las instalaciones atómicas iraníes. Todo esto a cambio de suprimir las sanciones nucleares impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y alivianar las represalias económicas, financieras y energéticas que las potencias de Occidente habían impuesto a Irán por sus gestiones atómicas con efectos asfixiantes sobre la economía iraní. El levantamiento de esas sanciones dependerá de los informes que la OIEA presente acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán. Bien entendido que si el Estado islámico las incumpliere, las sanciones volverán a entrar en vigor automáticamente. 

          El objetivo de tales negociaciones fue evitar que Irán fabricara armas atómicas, amenazara a sus vecinos  —especialmente a Israel, del que el presidente iraní pocos años antes anunció que sería “borrado del mapa”—  y desestabilizara la región. Irán no dejará de enriquecer uranio pero lo hará con fines pacíficos, disminuirá el número de sus centrifugadoras, se someterá a la intensa vigilancia internacional y orientará su programa nuclear hacia fines pacíficos.

          Obama aseguró que el eventual acuerdo bloqueará el acceso de Irán hacia la fabricación de armas nucleares. Afirmó que el país persa “ha accedido a la mayor cantidad de inspecciones y transparencia jamás negociadas por cualquier programa nuclear” y sostuvo que “este acuerdo no está basado en confianza, sino en verificación sin precedentes”.

          Sin embargo, en un acto inusual, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue recibido el 3 de marzo del 2015 en el seno del Congreso de Estados Unidos  —de mayoría republicana—,  a espaldas de la Casa Blanca, para impugnar las negociaciones que en ese momento se realizaban en Lausana entre el gobierno de Barack Obama e Irán acerca del programa nuclear iraní.

          En su discurso ante los legisladores norteamericanos  —con un inglés impecable—  Netanyahu afirmó que ese tan complicado acuerdo en torno a la cuestión nuclear pondrá en pie la infraestructura de Irán para fabricar bombas atómicas y dejará a Israel, el Oriente Medio y el mundo bajo la amenaza de una “pesadilla nuclear”. Agregó que si los planes de Obama prosperaran el mundo tendrá que afrontar en los próximos años “un Irán más peligroso, un Oriente Próximo lleno de bombas nucleares y una cuenta atrás hacia una pesadilla nuclear potencial”.

          El argumento central de Netanyahu fue que, aunque el acuerdo congelase el programa nuclear, a Irán le bastaría un año o menos para reactivarlo en la producción de armas nucleares. “Es por esto que es un acuerdo tan malo  —afirmó Netanyahu—  porque no bloquea el camino de Irán hacia la bomba” sino que “allana el camino para que Irán consiga la bomba”, lo cual atentará contra los equilibrios del Oriente Medio.

          Cerca de cincuenta parlamentarios del Partido Demócrata abandonaron la sesión en señal de protesta por la presencia y palabras del primer ministro israelí, que sin duda tendieron a socavar la autoridad del presidente estadounidense en las negociaciones nucleares con Irán, en las que participaban, en estrecha alianza internacional, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China  —los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas—  más Alemania.

          Pero el presidente norteamericano aclaró que “el acuerdo no ha sido firmado” y que sólo es un principio de entendimiento. Y, en respuesta a las palabras del primer ministro israelí, dijo que “si Netanyahu busca la forma más efectiva de que Irán no tenga un arma nuclear, esta es la mejor opción”.

          Y agregó, primero, que Irán no podrá desarrollar una bomba de plutonio porque no podrá generar plutonio del grado suficiente para fabricar armas, y, segundo, que el acuerdo bloquea el camino a una bomba con uranio enriquecido.

          Argumentó que Irán, por su lado, “accedió a reducir el número de sus centrifugadoras de uranio en dos tercios, de modo que no podrá acumular los materiales necesarios para construir un arma. Si Irán hace trampa, lo sabremos. Si vemos algo sospechoso, lo investigaremos. A cambio de las acciones de Irán, la comunidad internacional ha accedido a aliviar ciertas sanciones”, detalló el presidente norteamericano.

          Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia saludó el acuerdo preliminar llamado a tener “un impacto positivo en la situación de seguridad global en Medio Oriente”.

          En el conflicto que se armó entre los jefes de gobierno norteamericano e israelí, Obama manifestó que el primer ministro judío “no ha ofrecido alternativas viables” y Nacvy Pelosi, líder la la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, apuntó que el discurso de Netanyahu fue “un insulto a la inteligencia de Estados Unidos”.

          Obviamente las palabras de Netanyahu produjeron tensiones en las cálidas y amistosas relaciones tradicionales entre los dos países y dividieron a los dos partidos políticos norteamericanos en torno al tema.

          Pocos días después  —el 17 de marzo de ese año—  Netanyahu y su partido Likud volvieron a triunfar sobre el Campo Sionista  —una alianza de centro-izquierda formada en torno al Partido Laborista—  en las elecciones parlamentarias de Israel y el líder ultraderechista asumió la jefatura del gobierno para un cuarto período de gestión gubernativa.

                                       6. El desarme en el espacio ultraterrestre.  A poco de iniciada la era espacial, con el lanzamiento por la Unión Soviética del primer sputnik el 4 de octubre de 1957, el espacio ultraterrestre o espacio interplanetario cobró una importancia inmensa para el avance de la ciencia y la tecnología y, por ende, para el desarrollo económico del planeta.

          La utilización de los satélites artificiales, algunos de ellos colocados en la >órbita geoestacionaria, ha revolucionado las comunicaciones, la navegación aérea y marítima, la observación meteorológica, la detección de recursos naturales de la Tierra, la posibilidad del aprovechamiento de la energía solar y la teleobservación de nuestro planeta desde el espacio sideral, aun cuando también ha entrañado el riesgo de la utilización de los satélites artificiales con fines militares.

          Esta preocupación surgió tan pronto como las grandes potencias pudieron situar sus vehículos en órbita alrededor de la Tierra o enviarlos hacia el espacio de gravitación de otros planetas y cuerpos celestes. Nació sin duda el peligro de la nuclearización del espacio ultraterrestre. Y aunque desde el comienzo de la era espacial las superpotencias aseguraron, como lo hizo en nombre de una de ellas el representante norteamericano en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de noviembre de 1958, que los Estados eran simplemente “exploradores” pero no “colonizadores” del espacio interplanetario, no se disiparon las preocupaciones de la comunidad internacional respecto de su posible utilización con fines no pacíficos.

          Esas preocupaciones fueron vertidas frecuentemente en el foro universal de las Naciones Unidas  —su Asamblea General—  que adoptó una serie de resoluciones tendientes al uso pacífico del espacio exterior. 

          Después de crear el 13 de diciembre de 1958 un comité ad-hoc sobre la utilización inocente del espacio ultraterrestre y de haberlo sustituido un año más tarde por un órgano permanente  —la Comisión sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos—,  la Asamblea General aprobó el 17 de octubre de 1963 la resolución 1884 (XVIII) que insta a los Estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra objeto alguno portador de armas nucleares ni a emplazar tales armas en los cuerpos celestes.

          El principio de la “no militarización” del espacio fue reafirmado en varias ocasiones. Bajo al patrocinio de la Organización Mundial se aprobó el 19 de diciembre de 1966 la resolución 2.222 (XXI), en vigor desde el 10 de octubre de 1967, que contiene el “Tratado sobre los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los cuerpos celestes”. Este instrumento internacional, que forma parte importante del >Derecho del Espacio, ratifica el principio de la desmilitarización de los ámbitos siderales, al establecer que los Estados “se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no instalar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma”.

          Como consecuencia de este tratado-marco y para desenvolver los principios en él establecidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 14 de diciembre de 1979 el “Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes”, en el que declaró que el satélite de la Tierra es patrimonio común de la humanidad y, como consecuencia de esto, prohibió establecer en él bases, instalaciones o fortificaciones militares, efectuar ensayos de cualquier tipo de armas o emplear esas armas en la Luna o desde ella.

                                       7. La verificación.   El gran escollo de todos los instrumentos de no proliferación de armas nucleares ha sido la verificación. En torno de ella se han producido las mayores discrepancias entre los Estados. Las dos superpotencias que entonces se disputaban el dominio mundial encubrieron con falaces argumentos sus diferencias de fondo. La Unión Soviética decía que el desarme debía venir primero y la verificación internacional después. Los Estados Unidos de América sostenían lo contrario: que sin arbitrios de verificación internacional cualquier acuerdo de desarme sería inútil. No hubo consenso. Los intereses geopolíticos lo impidieron. El desarme, como es fácil entenderlo, no es una operación meramente técnica sino que es parte de un proceso político más amplio, vinculado con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por tanto, la primera condición para el desarme es la presencia de una fuerte voluntad política en los Estados.

          El gran tropiezo para los acuerdos de desarme fue siempre el de la verificación. Este fue el tema central de las discusiones y siempre quedó sin resolverse. A comienzos del siglo XXI volvió a suscitarse el problema con relación a Irán y a Corea del Norte. Hubo evidencias de que poseían armas nucleares pero sus gobiernos no admitieron la posibilidad de que las Naciones Unidas lo verificaran. Este es el punto crucial de toda política de desarme: el control de la construcción, desarrollo, pruebas y emplazamiento de armas convencionales y nucleares.

                                     8. Desarme y desarrollo.   Aparte de sus implicaciones propiamente bélicas, el desarme tiene efectos económicos muy importantes. Hay una estrecha relación entre armamentos, desarme y economía. Los medios financieros destinados a la compra de armas y a las actividades militares representan una enorme sustracción de recursos a los fines del desarrollo. Y, recíprocamente, cuanto en materia de gastos militares se ahorre y se destine a la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos, constituirá el llamado >dividendo de paz que es uno de los objetivos fundamentales del desarme.

          La preparación de los ejércitos y la irracionalidad de la guerra han gravitado pesadamente en las economías de casi todos los países del mundo. Eso pudo tener algún sentido en los siglos pasados cuando la guerra se tenía casi como una función natural de los Estados y era una fuente de recursos económicos para los vencedores. Pero hoy, en que la moderna tecnología ha creado armas de tan alto y masivo poder destructivo que de la guerra moderna no resultarán, como en el pasado, vencedores que despojaban a los vencidos, sino vencedores y vencidos igualmente aniquilados, la guerra es una irracionalidad.

          Los conflictos armados actuales amenazan preferentemente a la población civil de los países. Esto se debe, en primer lugar, al uso de armas de destrucción masiva y, luego, a que se ha pasado de las guerras “entre” Estados a las guerras “dentro” de los Estados por razones étnicas, culturales, religiosas y políticas, es decir, a las >guerras civiles cuyas víctimas propiciatorias son las poblaciones no militares. Por eso es que, al comienzo del siglo XX, alrededor del 90% de las bajas que dejaban las guerras eran de efectivos militares, mientras que hoy la proporción se ha invertido: el 90% de las víctimas pertenecen a la población civil. La inversión de las cifras ha sido progresiva. En la Segunda Guerra Mundial el 50% de la víctimas fueron civiles, en la guerra de Corea la proporción subió al 60% y de allí al 70% en la guerra de Vietnam.En consecuencia, si bien la guerra jamás tuvo una justificación ética hoy además carece de todo sentido “económico”. A comienzos del XXI, con más de 6.890 millones de seres humanos que alimentar, vestir, alojar y educar; con más de mil millones de personas que no pueden consultar un médico; con más de dos millones de niños que mueren anualmente de enfermedades contagiosas que se pueden prevenir; con 192 millones de niños desnutridos; con 1.300 millones de seres humanos que utilizan agua no apta para el consumo; con 900 millones de personas que no saben leer ni escribir; la guerra se presenta como la más abominable de las aberraciones humanas.

          Los cuarenta y cuatro años de guerra fría absorbieron incalculables sumas de recursos financieros en armas y en dispendios militares. Esas sumas fueron sustraídas a las necesidades del desarrollo. Con la terminación del conflicto Este-Oeste los gastos militares del primer mundo han empezado a decrecer por primera vez desde la última guerra mundial. Entre 1987 y 1990 bajaron en 240 mil millones de dólares, cantidad que ciertamente no es muy significativa en relación al gasto total pero que marca una tendencia que puede llegar a ser importante. En el tercer mundo, en cambio, la terminación de la guerra fría no ha tenido efectos importantes en los presupuestos militares y no se ha producido, por tanto, una reasignación de recursos de los sectores castrenses a los civiles. En algunos países subdesarrollados incluso han crecido las asignaciones financieras para fines bélicos, mientras la pobreza extrema, la insalubridad, el hambre y la ignorancia aniquilan a sus pueblos.

          Si los países del tercer mundo congelaran sus gastos militares al volumen de 1990, ahorrarían durante un decenio una suma cercana a los cien mil millones de dólares que los podrían emplear en las demandas del >desarrollo humano, económico y social. Esto podría significar, según cálculos hechos en 1993 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la posibilidad de alcanzar en ellos la alfabetización universal, la atención primaria de la salud y el suministro de agua potable para toda la población hasta el año 2000.

          Durante 1992 la India pidió a Rusia 20 aviones caza MIG-29 a un precio que pudiera haber bastado para impartir enseñanza básica a los 15 millones de niñas que no pueden asistir a la escuela.

          Con el dinero que en ese mismo año China pagó a Rusia por la compra de 26 aviones de combate pudo haber suministrado agua potable por un año a 140 millones de personas que carecen de ella.

          El precio en el cual Irán adquirió en Rusia dos submarinos podía haber alcanzado para financiar varias veces el costo de los medicamentos esenciales para toda su población, cuyo 13% carece de atención a la salud.

          La República de Corea  —Corea del Sur—  contrató con Estados Unidos 28 misiles por una suma de dinero con la que hubiera podido vacunar a los 120.000 niños que están al margen de la inmunización y abastecer de agua potable durante tres años a los 3,5 millones de personas que carecen de este servicio.

          Malasia ordenó a Inglaterra dos buques de guerra por una suma equivalente a la necesaria para sufragar el suministro de agua potable durante veinticinco años a favor de los cinco millones de habitantes que no la tienen.

          Nigeria adquirió del Reino Unido 80 tanques con cuyo precio pudo vacunar a dos millones de niños y suministrar servicios de planificación de la familia a 17 millones de parejas.

          Con el dinero con que pagó a Francia la compra de 40 aviones de combate mirage 2000-E y 3 tripartite, Pakistán pudo dotar de agua potable, durante dos años, a los 55 millones de habitantes que carecen de este servicio, suministrar medicamentos básicos a 13 millones de personas e impartir enseñanza básica a los 12 millones de niños que no asisten a la escuela primaria.

          Este es el “balance” social de los gastos armamentistas.

          Los tratados START I y START II de reducción de armas estratégicas, celebrados entre Estados Unidos y Rusia, aportarán a los propósitos del desarme con la disminución de las cabezas nucleares de sus arsenales  —de 24.000 a fines de los años 80 del siglo pasado a 7.000 que se prevén para el año 2003—  mediante un proceso gradual e ininterrumpido de desmantelamiento de armas estratégicas. Concomitantemente se han desmovilizado más de dos millones de efectivos militares en los países industriales desde 1990 a 1993.

          Inicialmente el START II debía entrar en vigencia antes de terminar el año 2003, pero un protocolo adicional del tratado, firmado el 26 de septiembre de 1997 en Nueva York por los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana, Yevgueni Primakov y Madeleine Albright, alargó el plazo hasta el 31 de diciembre del 2007.

          El Institute for Economics and Peace (IEP)  —entidad internacional de investigaciones sociales sin fines de lucro fundada en el 2007, con sede en Sydney y Nueva York—  formula anualmente su Índice Global de Paz, en el que incluye el escalafón de los países en función del nivel de sus conflictos internos e internacionales. Lo hace con la combinación de veintitrés indicadores cuantitativos y cualitativos que miden la paz, entre ellos: procesos económicos, número de pobres, homicidios por cada cien mil habitantes, nivel de estabilidad política y tolerancia social, grado de corrupción, relaciones con los países vecinos, guerras internas y externas, nivel de respeto a los derechos humanos, número de personas encarceladas, gastos en armamento y equipo militar, volumen de las fuerzas militares y policiales y otros indicadores.

          El IEP sostiene que el desarrollo económico y la paz están íntimamente relacionados y que, en la economía de la paz, la concordia social favorece el progreso, la equidad y la formación de sociedades incluyentes.

          En su reporte del 2012, tras estudiar a 158 países, formuló el orden de ellos en función de la paz. Los primeros diez fueron: Islandia con 1.113 puntos, Dinamarca con 1.239, Nueva Zelandia con 1.239, Canadá 1.317, Japón 1.326, Austria 1.328, Irlanda 1.328, Eslovenia 1.330, Finlandia 1.348 y Suiza 1.349. Europa occidental volvió ser la región más segura y tranquila del mundo con siete países entre los diez primeros. En América Latina los mejor ubicados fueron: Chile en el puesto 30, Uruguay en el 33, Costa Rica en el 36, Argentina 44, Panamá 61, Guyana 69, Cuba 70, Paraguay 76 y Perú 79. Los diez peor ubicados en escala mundial fueron: Somalia 158, Afganistán 157, Sudán 156, Irak 155, República Democrática del Congo 154, Rusia 153, Corea del Norte 152, República Centroafricana 151, Israel 150 y Pakistán 149. Los diez más violentos de América Latina y el Caribe fueron: Colombia puesto 144, México 135, Honduras 129, Guatemala 124, Venezuela 123, Jamaica 113, El Salvador 112, Haití 107, Trinidad y Tobago 94 y República Dominicana 90.

          El IEP sostuvo que en el 2012 la violencia política y el terrorismo disminuyeron ligeramente en relación con el año anterior, a excepción del Oriente Medio y del norte de África. Señaló también que en ese año disminuyó el gasto militar con relación al producto interno bruto de los países y que seis de los principales gastadores en armas  —Brasil, Francia, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos—  recortaron en ese año sus presupuestos de defensa. Aseguró que el potencial beneficio económico de un mundo totalmente pacífico sería de 9 trillones de dólares anuales y que una baja anual del 25% en los niveles de violencia política y terrorismo mundiales sumaría al menos 2,25 trillones de dólares. Estos podrían ser los respectivos dividendos anuales de la paz.

                                     9. Desarme y medio ambiente.   Aunque la destrucción del medio ambiente como método de guerra ofensivo y defensivo es muy antiguo, recién a principios de la década de los 70 la comunidad internacional se empezó a preocupar por la protección de la naturaleza en relación con los conflictos armados y con las actividades militares. Esta preocupación condujo en 1977 a la celebración de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, que entró en vigencia el 5 de octubre de 1978. Las partes de esta Convención  —denominada Convención ENMOD—  volvieron a reunirse en 1984 y en 1992.

          A raíz de los daños irrogados al medio ambiente durante la guerra del golfo Pérsico en 1991, causados por lo que algunos círculos diplomáticos calificaron como “terrorismo ambiental”, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, incluyó el tema de la “explotación del medio ambiente como arma en tiempo de conflicto armado y adopción de medidas prácticas para impedir esa explotación”.

          En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro, se aprobó, como parte de la declaración general, un párrafo que afirma que “la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible” y que “los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado”.

          Pero tanto los conflictos armados como el propio desarme pueden tener efectos negativos sobre el medio ambiente. Las medidas de destrucción de armas convencionales, químicas, biológicas y nucleares, acordadas en los tratados de desarme, pueden afectar la naturaleza. Los desechos nucleares y químicos pueden tener consecuencias muy graves sobre el medio ambiente. El proceso de destrucción de las armas químicas de Irak, ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1991, demostró cuan peligroso pueden ser para el medio ambiente las propias medidas del desarme.

          En junio de 1995, ante el anuncio del presidente Jacques Chirac de que Francia reiniciará los ensayos nucleares en el Atolón de Muroroa en el océano Pacífico, miles de organizaciones ambientalistas de todo el mundo levantaron su voz de protesta no solamente por la interrupción unilateral del proceso de desarme nuclear sino también por la amenaza que contra el medio ambiente significaba la reanudación de esos experimentos.

                                     10. Transparencia y registro de armas.    No obstante que los gastos militares de los países ocupan capítulos muy importantes de sus presupuestos nacionales, los gobiernos suelen mantener en secreto esas sumas tanto con respecto a sus pueblos como a la comunidad internacional. En algunos países los egresos militares forman parte de “presupuestos reservados” que a veces incluso están fuera del conocimiento de los propios gobiernos y son manejados exclusivamente por los jefes militares. La reserva desde luego tiene motivaciones de política interna antes que razones estratégicas, puesto que hay publicaciones especializadas que dan cuenta del número de efectivos militares y de las adquisiciones de armamento de cada uno de los países del mundo. Más aun: los propios vendedores de armas se encargan de hacer saber las compras de un país a sus adversarios para promover entre ellos una competencia de adquisiciones. De otro lado, el efecto disuasivo de las fuerzas armadas, en aquellos países en que ellas tienen este carácter, no funcionaría si su poder de fuego y sus posibilidades no son conocidos. De modo que el secretismo no parece tener sentido, aparte de que la publicidad de las adquisiciones militares  —del mismo modo que todas las demás operaciones del Estado—  es un elemento fundamental del sistema democrático.

          El desarme, uno de cuyos elementos fundamentales es la verificación, demanda un alto grado de transparencia en el flujo de los armamentos y su destino.

          El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su llamada “reunión cumbre” celebrada el 31 de enero de 1992 en Nueva York, en que por primera vez en la vida de la Organización Mundial se congregaron los jefes de Estado y de gobierno de los quince países integrantes de ese organismo y a la que me fue grato asistir como jefe de Estado de Ecuador, insistió en la necesidad de que todos los países entregaran a la Asamblea General la información requerida sobre las transacciones de armamentos y este organismo, al tenor de la resolución 47/52 L del 15 de diciembre de ese año, declaró su decisión de poner en funcionamiento el Registro de Armas Convencionales.

          En cumplimiento de esta resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas, Butros Butros Ghali, dio a conocer por primera vez en 1992 el Registro de Armas Convencionales, con base en los datos de importación y exportación suministrados por 86 países (incluidos todos los exportadores de armamento, con la sola excepción de Sudáfrica y la República de Corea), en el que se había inscrito la transferencia de 1.733 tanques, 1.625 vehículos blindados de combate, 1.682 sistemas de artillería de gran calibre, 270 aviones de combate, 40 helicópteros artillados, 40 buques de guerra y 67.878 misiles y lanzamisiles. El Registro, sin embargo, tuvo muchas deficiencias debido a que la mayoría de los países compradores (incluidos algunos tan importantes por el volumen de sus compras como Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Siria, Kuwait, Tailandia, Taiwán) no proporcionaron información alguna acerca de sus transacciones, a que otros no dieron el valor de las unidades compradas y a que no se registraron algunas categorías de armas, como las bombas, las armas pequeñas y los misiles tierra-aire. Además de esto, el Registro fue incompleto puesto que no incluyó la información referente a la producción de armas producidas y vendidas localmente.

          La comunidad internacional aspira a que con el tiempo ese Registro incluya información más completa sobre el gasto militar de los países, los subsidios explícitos o implícitos a las exportaciones de armas, las cifras de las deudas militares y otras informaciones que contribuyan a dar cabal cuenta de lo que el mundo destina a operaciones militares.

                                       11. La sinrazón de la guerra.   Dejando atrás las tradicionales nociones sobre la guerra y la paz, que correspondieron al larguísimo tramo prenuclear de la historia, la función política de la guerra, si acaso tiene alguna, no es hoy la misma que ayer. La guerra actual es una insensatez, porque en una conflagración nuclear no habrá vencedores ni vencidos. Todos quedarán igualmente aniquilados. La civilización desaparecerá de la faz de la Tierra. La guerra sería el suicidio del género humano. Por eso, la máxima del general prusiano Karl von Clausewitz (1780-1831) de que la guerra es la continuación de la política sólo que con diferentes medios resulta hoy un anacronismo, a la luz del enorme poder destructor de las modernas armas nucleares. Por primera vez en la historia la guerra carece de una utilidad política o económica. Este es un elemento inédito en la vida internacional. Esto no ha ocurrido nunca antes. Los vencedores siempre desvalijaron a los vencidos y les impusieron sus condiciones políticas. Hoy esto no es posible. Todos desaparecerán en el holocausto nuclear.

          El desarme debe mirarse a la luz de estos principios y realidades.

          La imposibilidad de dar una solución militar de naturaleza nuclear a los diferendos internacionales ha tornado absurda la carrera armamentista. El <armamentismo nuclear, paradójicamente, baja el nivel de seguridad en el mundo.

          El único camino hacia la seguridad internacional está dado por las decisiones políticas que lleven a la eliminación de las armas de aniquilación masiva, es decir, al desarme, y que además disminuyan los egresos militares en beneficio de las demandas del desarrollo. No es admisible, en el dintel del siglo XXI, que existan todavía arsenales nucleares capaces de destruir varias veces la Tierra y que 30 millones de personas esterilicen su fuerza de trabajo y su poder de producción en faenas militares. Esto es absurdo.

            El problema, sin embargo, no es de fácil solución. Hay muchos y muy poderosos intereses en juego. Los llamados complejos militares-industriales, dedicados a la fabricación de armamento, no tienen el menor interés en el desarme. Su negocio es la guerra. Bajo el argumento de la “pérdida de empleos” ejercen presión sobre sus gobiernos para que adquieran más armas, otorguen mayores subsidios y fomenten sus exportaciones. Las propias fuerzas armadas protestan contra los intentos de desmovilización. Los políticos suelen callar sus vocaciones pacifistas. Los intermediarios en la venta de armas no quieren renunciar a sus millonarias “comisiones” ni los funcionarios corruptos se resignan a abandonar el venero de una riqueza malhabida. Eso explica los ingentes obstáculos que afrontan las iniciativas de desarme. Por eso de las eliminaciones previstas en los tratados START I y START II aún no se ha cumplido una sola, los Estados industriales siguen adelante con sus programas de armamento nuclear y sus fábricas de armas convencionales no han bajado su ritmo de trabajo. Los países subdesarrollados han registrado aun menores progresos en la reducción de sus gastos militares. Según informaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 1994, los gastos militares del mundo subdesarrollado aumentaron tres veces más rápidamente que los de los países industriales entre 1969 y 1987. Ese aumento fue de 24 mil millones de dólares a 145 mil millones, que significa un incremento del 7,5% anual en comparación con el 2,8% de los países desarrollados. Un tercio de esos gastos correspondió a los países del Oriente medio y África septentrional y el resto a los países más pobres del mundo. En ellos hay 20 soldados por cada médico y por cada 5.000 habitantes. Resulta un sarcasmo anotar que, estadísticamente hablando, en estos países la probabilidad de morir por desnutrición y enfermedades prevenibles es 33 veces superior a la de morir en una guerra por agresión exterior.

          Pero en el otro lado del sucio negocio de las armas están los países fabricantes y exportadores de ellas. Los cinco mayores proveedores, que venden el 86% del armamento convencional a los países pobres, son en el orden del volumen de sus ventas: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido. Irónicamente todos ellos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Esta es una doblez inadmisible. Aquellos a cuyo cargo está el mantenimiento de la paz son los principales vendedores de armas a los países pobres  —algunos de ellos paupérrimos, como Afganistán, India y Pakistán—  cuya lista de necesidades sociales insatisfechas es inagotable.