Esta palabra y sus derivaciones —gobernar, gobernación, gobernanza, <gobernabilidad— vienen del griego kubernés, que significa “navegante”, “timonel” o “conductor” de una nave. Fue de allí que los latinos crearon el verbo gubernare, que ha originado los vocablos españoles “gobernar”, “gobernante”, “gobierno”, “gobernación”, “gobernador”, “gubernativo”, “gubernamental”. Resulta curioso señalar que de la misma voz griega kubernés fue de donde el matemático norteamericano Nobert Wiener (1894-1964), en su libro “Cybernetics”, extrajo en 1947 la palabra <cibernética para denominar a la ciencia que se encargaría del gobierno y operación de los microprocesadores, los ordenadores, la informática, los robots y los demás artefactos de la revolución electrónica.
El gobierno es, por antonomasia, la compleja función de conducir a las personas y administrar las cosas del Estado o es el conjunto de los órganos que la cumplen. La tarea de gobernar comprende dos grandes fases: conducir personas y administrar cosas. El gobierno de las personas implica dirigirlas, inducirlas, motivarlas, alentarlas, desalentarlas, estimularlas, disciplinarlas, empujarlas, detenerlas, coordinar sus esfuerzos, señalar metas, articular sus actividades para que cada una de ellas cumpla la parte que le corresponde en la vida comunitaria. Esta es una compleja y muchas veces sutil tarea de guía de seres humanos. La administración de las cosas del Estado es la promoción o gestión de ellas y la supervisión del proceso de la producción, circulación y distribución de los bienes económicos. Ambos elementos forman parte de un buen gobierno.
El escritor y político Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), quien fue el primer presidente civil de Argentina, propuso a mediados del siglo XIX una corta, sencilla y sabia definición de gobierno: dijo que es el trabajo en beneficio ajeno, con la cual impartió la noble enseñanza de que la gestión de los asuntos del Estado debe obedecer al interés general y no a los apetitos ni conveniencias particulares.
Entendido como la energía de ordenación y mando sociales y como el conjunto de órganos que la canalizan, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del Estado, junto con el territorio, el pueblo y la soberanía. Con excepción de los seguidores del <anarquismo, los teóricos de todas las ideologías están de acuerdo en que el Estado requiere una voluntad dominante e investida de autoridad para dirigir la actividad social y coordinar los esfuerzos individuales. Discrepan en la forma de hacerlo, en los alcances del poder, en la amplitud de los derechos de las personas, en el grado de concentración de la autoridad y en otros factores, pero no en que las funciones de mando social son ineludibles.
A esa voluntad dominante dentro del Estado, capaz de hacerse obedecer compulsivamente, se llama poder político o poder público y al conjunto de los órganos que la ejercen se denomina gobierno.
Si bien “el gobierno” por antonomasia es el que rige los destinos del Estado, en sentido amplio la palabra designa también al conjunto de autoridades que tuvieron las sociedades preestatales —desde las >hordas hasta los imperios— o los órganos directivos al servicio de las sociedades menores insertas en el Estado o, en el ámbito exterior, de las organizaciones internacionales para guiar sus pasos.
El gobierno se presenta como un elemento indispensable en toda organización social, grande o pequeña. Así es hoy y así fue a lo largo de los siglos. Todas las ideologías políticas concuerdan en esto, excepción hecha del <anarquismo, que sostiene que la autoridad no sólo que es innecesaria en la organización y operación de los grupos humanos sino que es un factor de corrupción y degradación de ellos, por lo que debe eliminarse.
En el sentido republicano de la palabra, el gobierno implica a las tres funciones cardinales del Estado: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. A veces se comete el error de suponer que el gobierno es sólo la función ejecutiva. Más concretamente: el jefe del Estado y sus ministros. Probablemente ha inducido a esta equivocación el hecho de que ella es la que más eficaces mecanismos de mando posee. Pero en realidad el gobierno es el conjunto de órganos que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dirigen al Estado. Dirección que se hace, desde la perspectiva de la función legislativa, mediante la formulación del marco jurídico estatal; desde la perspectiva de la función ejecutiva, por medio del manejo de los dispositivos de la administración pública; y desde la función judicial, a través de la determinación de lo que es justicia en los casos de controversia de derechos. Las tres funciones son esenciales. Operan independientemente unas de otras —con arreglo al viejo esquema divisorio de los poderes propuesto por Montesquieu, que ha inspirado la organización de los regímenes republicanos— pero confluyen en la acción de gobierno, que es una sola.
Existen varias <formas de gobierno según la ordenación de las magistraturas públicas y la manera como se ejerce la autoridad política. En los regímentes autocráticos el poder está concentrado en los órganos centrales de gobierno. A veces en unas pocas personas o en una <camarilla. Allí nada hay que se parezca a la división de poderes propia de la forma republicana de gobierno. En los regímenes republicanos, en cambio, el poder está dividido en tres grandes ramas orgánicas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cada una de ellas tiene sus propios e independientes deberes y atribuciones, bajo un esquema de desconcentración de la autoridad pública que obedece a motivaciones de libertad tanto como a necesidades funcionales. El propósito es precautelar la libertad de los gobernados a través de la fragmentación de la autoridad pública y de la entrega a distintas personas de las partes resultantes de esa fragmentación, pero también de conferir un sentido funcional y de eficacia a la autoridad mediante la división técnica del trabajo gubernativo entre los tres órganos especializados, cada uno de los cuales asume un sector de la actividad pública.
Existen diversas formas de instituir gobiernos. Unas se basan en la voluntad popular expresada en las urnas, otras en tramas cuarteleras, otras en la idea de dios como la autoridad nominadora de los gobernantes. Distintas escuelas de pensamiento político —la teocrática, la de la fuerza, la contractualista, la estructuralista— han tratado de explicar el origen del poder. Los regímenes democráticos, fundados en el pensamiento de las dos últimas escuelas, asignan al pueblo la fuente del poder y consideran a las elecciones como el mecanismo de designación de gobernantes. Los que bajo esta inspiración nacen y se forman son los gobiernos de Derecho, que están sometidos a la autoridad impersonal de la ley. En cambio, las ideas teocráticas y de la fuerza conducen hacia gobiernos de facto colocados por encima de las normas jurídicas.
Gobernantes son quienes ejercen el poder en cualquiera de sus ramas —sean legisladores, administradores o jueces— y gobernados son quienes están sometidos a la autoridad de los primeros. La política para algunos pensadores, entre ellos Duguit, no es más que la relación diferencial entre gobernantes y gobernados, es decir, entre los que mandan y los que obedecen.
En el último tramo del siglo XX, con el advenimiento de la revolución digital, se empezó a hablar en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelandia y otros países avanzados del E-government, es decir, del gobierno ejercido por medios electrónicos. La revolución digital ha tenido una profunda incidencia en la organización social, en la acción política, en la <comunicación de masas, en el estilo de los >líderes políticos y, por supuesto, en la forma de gobernar y administrar los Estados.
Con la presencia de las nuevas tecnologías informáticas sufrieron una notable transformación las relaciones entre gobernantes y gobernados, el trámite de elaboración de las leyes, la formulación de los planes de gobierno, la elaboración de los presupuestos estatales, los métodos para el pago de sus obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, la formulación de la agenda presidencial, el teletrabajo, la teleducación o educación en línea, el televoto del futuro, la rendición de cuentas —democratic accountability—, la prestación de los servicios públicos, los métodos de participación ciudadana, las informaciones estadísticas estatales y muchos otros elementos que son parte de la administración en la forma democrática de Estado. En el gobierno electrónico los gobernados pueden encontrar rápida y fácilmente en los websites de >internet las leyes, decretos y medidas que se expidan y toda la información gubernativa disponible. Por su parte, las agencias gubernamentales on-line tienen a su disposición páginas web para informar a los pueblos de las obras que se realizan, sus características, su avance y su coste.
Uno de los graves problemas de la administración del Estado tradicional es que la información que requiere el gobernante para tomar sus decisiones no puede ser procesada, por su volumen y complejidad, mediante los métodos manuales tradicionales, y, en consecuencia, no está en posibilidad de hacer un seguimiento y control eficaces de los actos administrativos. Lo cual demanda la sustitución de los métodos manuales de gestión por los métodos electrónicos y la implantación de sistemas automáticos de comunicación de datos, en el marco de una “reingeniería” total de la administración pública.
Desde la perspectiva ética, el gobierno electrónico puede dar diafanidad al gasto público, a la deuda interna y externa, a los egresos militares, a la compra de armas, a los contratos y licitaciones, a los datos estadísticos macroeconómicos, a los indicadores sociales y a todos los actos de la administración estatal, de modo que el ciudadano puede estar plenamente informado acerca del monto, uso y destino del dinero que paga por sus impuestos, tasas y contribuciones.
La democracia electrónica y el gobierno digital pueden estar más cerca del ciudadano porque mediante las herramientas de la >informática tiene éste la posibilidad de un mejor conocimiento de los asuntos públicos que en cualquier otra época de la historia.