En octubre del 2005, durante la segunda administración del presidente George W. Bush, estalló en Estados Unidos un gran escándalo ligado con la Central Inteligence Agency (CIA), en relación con la invasión de las tropas norteamericanas a Irak el 20 de marzo del 2003 para derrocar al dictador Saddam Hussein. El gobernante norteamericano había invocado dos razones principales para la invasión: la tenencia de armas químicas y bacterianas por el sátrapa iraquí y las relaciones de complicidad de éste con Ossama Bin Laden, jefe de la banda terrorista al Qaeda que consumó el atroz atentado contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington el 11 de septiembre del 2001.
El tiempo se encargó de demostrar que esas razones fueron infundadas. Lo cual provocó un escándalo anterior, denominado >iraqgate.
En tales circunstancias ocurrió que Irwing Lewis Libby, asesor principal del vicepresidente Richard B. Cheney, y Karl Rove, jefe adjunto del gabinete de Bush, se vieron envueltos en la divulgación del nombre de una importante agente encubierta de la CIA, Valerie Plame, quien dirigía la división de control de armas de destrucción masiva y cuya identidad salió a luz en un artículo del periodista conservador Robert Novak —muy ligado a la Casa Blanca—, publicado el 14 de julio del 2003 en "The Washington Post". Esto ocurrió poco después de que el marido de la agente —el exembajador Joseph Wilson— criticó al gobierno de Bush por haber manipulado la información de la supuesta compra de material nuclear a Níger por Hussein para cohonestar la invasión a Irak.
La CIA había enviado en el 2002 a Wilson a ese país africano para indagar la mencionada compra. A su regreso, Wilson desmintió la información y afirmó que no existían indicios ni pruebas de compra de uranio por parte de Irak, pero el informe fue ignorado por su gobierno y prosiguieron los actos preparativos para la invasión a ese país. Entonces Wilson afirmó en un artículo del "The New York Times" el 6 de julio del 2003 que la revelación del nombre de su esposa fue una represalia del grupo WHIG —creado en el 2001 por Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz y Richard Armitage para que se encargase de los asuntos de Irak— por sus críticas al gobierno. La CIA investigó la filtración del nombre de Valerie Plame. Libby y Rove —personajes con bien ganada fama de inescrupulosos, que formaban parte de este grupo— estuvieron bajo sospecha de haber revelado la identidad de la agente, acción que constituía un delito bajo la ley federal norteamericana de 1982 que protegía a los operadores secretos de la Agencia Central de Inteligencia. El fiscal federal Patrick Fitzgerald se encargó de la investigación del asunto por más de dos años, pero no los incriminó. La periodista Judith Miller permaneció encarcelada por 85 días por negarse a revelar la fuente de su información periodística de que Valerie Plame era una agente encubierta, aunque Libby reconoció haber discutido con ella el tema de la identidad de Plame. Por otro lado, Matthew Cooper, periodista de la revista "Time", declaró ante el juez que su fuente de información era Karl Rove, “mano derecha” de Bush en la operación de convencimiento a la opinión pública norteamericana para que apoyase la guerra contra Irak.
Ante el informe acusatorio presentado por el fiscal, cundió el nerviosismo en la Casa Blanca. Irwing Lewis Libby —mal novelista del género erótico y peor asesor vicepresidencial en asuntos de seguridad nacional— renunció a su cargo en octubre del 2005 tras ser procesado por perjurio, falso testimonio y obstrucción de la justicia. Bush defendió a su colaborador y dijo que era inocente de los cargos que se le imputaban hasta que se demostrara lo contrario. Libby fue quien escribió el borrador de 38 páginas de argumentaciones a favor de la guerra contra Irak que sirvieron de base al Secretario de Estado Colin Powell para su dramática presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 5 de febrero del 2003 —antes de la guerra de Irak—, en la que proporcionó información detallada sobre las armas de destrucción masiva que poseía el gobierno iraquí y que resultó poco confiable, según reconoció después el propio Secretario de Estado, quien dijo sentirse “avergonzado” de haber sido engañado por los círculos de inteligencia de su gobierno.
En el curso de la investigación judicial Libby dijo en abril del 2006 a la fiscal encargada del caso que la filtración a la prensa de la información relacionada con la agente encubierta de la CIA Valerie Plame fue autorizada por el presidente George W. Bush y por el vicepresidente Dick Cheney. Y que fue en ejercicio de esa autorización que él conversó sobre el tema con la periodista Judith Miller del "The New York Times". El 13 de julio del 2006 Valerie Plame y su esposo presentaron una demanda judicial ante un tribunal federal contra el vicepresidente Dick Cheney, el exconsejero presidencial Karl Rove y el exasesor Irwing Lewis Libby bajo la acusación de haber revelado la identidad de la agente secreta de la CIA, arruinado su carrera y traicionado su confianza.
El presidente George W. Bush, en una cuestionada decisión, otorgó indulto al exfuncionario Lewis “Scooter” Libby de su condena a treinta meses de prisión por los cargos de perjurio, falso testimonio y obstrucción de la justicia en que se le encontró culpable en marzo del 2007.
En abril del 2008 el escándalo dio un inesperado giro cuando Scott McClellan, exsecretario de prensa de la Casa Blanca entre los años 2003 y 2006, en su libro “What happened: Inside the Bush White House and what’s wrong with Washington” aparecido en esos días, involucró al propio presidente George W. Bush en la filtración del nombre de la agente secreta Valerie Plame, acto que constituye un delito federal de acuerdo con la legislación estadounidense. McClellan, rectificando una afirmación suya dada a la prensa en el 2003, afirmó que “cinco de los más altos funcionarios de la administración estaban involucrados en esa acción: Rove, Libby, el vicepresidente, el jefe de gabinete y el propio presidente”, quienes le dieron la orden de divulgar información engañosa a los medios de comunicación. Escribió McClellan: “El hombre más poderoso del mundo me pidió que hablara en su nombre y le ayudara a recuperar la credibilidad que había perdido después de que no se descubrió ningún arma de destrucción masiva en Irak”.
El ciagate planteó en Estados Unidos, una vez más, el conflicto entre una información importante que no debía ser ocultada a la opinión pública y la reserva en torno a la identidad de los agentes secretos, garantizada por la ley.