El 4 de mayo del 2018 se celebró en la localidad francesa de Villa Arnaga de Kanbo, situada en los Pirineos Atlánticos, un evento internacional que, en concepto de sus autores, marcó tres retos para el futuro cercano en la política española: la solución para las personas detenidas o huidas en el País Vasco por razones políticas, la apertura del diálogo y la reconciliación. El día anterior el Humanitarian Dha de Ginebra publicó un manifiesto de ETA, en el cual la organización anunciaba su autodisolución y por primera vez pedía perdón a sus víctimas por los daños causados “en el transcurso de su trayectoria para la liberación nacional”. Lo cual, en opinión de los protagonistas, marcó un antes y un después en el largo, violento y sanguinario conflicto político de Euskal Herria.
Decía la declaración que “ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”.
El gobierno de Rajoy rehusó hacer valoración alguna sobre las armas, explosivos, municiones y detonadores entregados, pero los mediadores internacionales en el proceso de desarme informaron en Bayona, Francia, que el Comité Internacional de Verificación (CIV) había recibido “las coordenadas de ocho lugares donde se encuentra el arsenal de ETA” compuesto por 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y varios miles de municiones y detonadores.
El gobierno de Madrid, por su parte, se encargó de aclarar que los etarras estaban derrotados y que no podían esperar ningún trato favorable y “mucho menos impunidad a sus delitos”.