Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú —dentro del marco del tratado de Montevideo— firmaron el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Integración Subregional —llamado también Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino— que dio inicio al proceso de integración de la subregión andina, al que se adhirió Venezuela en 1973 y del que se desprendió Chile bajo la dictadura de Pinochet en 1976.
Sus dos principales instrumentos fueron el programa de liberalización comercial automático e irreversible, en el que Colombia y Chile tenían ventajas evidentes, y el sistema de programación industrial que se propuso distribuir equitativamente las oportunidades de los sectores más dinámicos de la industria, que requieren amplias escalas de producción y suponen importantes saltos tecnológicos —como la industria automotriz, la petroquímica, la siderúrgica, la farmacéutica— entre los países miembros, a fin de lograr en lo posible un desarrollo equilibrado de todos ellos. El programa de la industria metalmecánica se aprobó en agosto de 1972 y el de la industria petroquímica fue suscrito en agosto de 1975. Sin embargo, ambos programas fracasaron poco después porque resultaron inaplicables en la práctica.
En 1970 se aprobó el Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera y sobre Marcas y Patentes —mejor conocido como la Decisión 24— que contuvo una serie de normas muy severas para la recepción de capitales del exterior, la operación de las empresas extranjeras, la transferencia de sus acciones a inversionistas nacionales, la expatriación de capitales, la remisión de utilidades y, en general, el manejo de la inversión extranjera directa e indirecta en los países andinos.
Fue precisamente la discrepancia de opiniones respecto de este documento el principal motivo del retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena en 1976, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
Para su operación, el Pacto Andino creó una secretaría técnica, que fue la Junta —representante del interés comunitario y con iniciativa para desplegar acciones integradoras— y la Comisión que fue el órgano colegiado compuesto por los representantes de los países, con capacidad política para aprobar decisiones colectivas y recomendar medidas a la Junta. El originario esquema operativo del Pacto Andino demandó también un fuerte aparato institucional en cada uno de los países. Unos crearon ministerios de la integración, otros unidades administrativas especiales, pero todos asistieron al proceso con poderosos instrumentos gubernativos.
Pueden establecerse tres etapas en el desarrollo de la integración andina: la primera, muy dinámica, que se extendió hasta 1975 en que se crearon los órganos metanacionales para la conducción del proceso, se establecieron programas de desgravación arancelaria, se adoptó un régimen común de tratamiento a la inversión extranjera y sobre marcas y patentes y se implantaron programas sectoriales de desarrollo industrial; después la etapa de estancamiento, en que el proceso perdió dinamismo a causa de las dificultades financieras de los países integrados, que bajaron los niveles de su comercio recíproco, y de los incumplimientos de los compromisos contraídos; y la tercera etapa, de recuperación y reactivación del Pacto Andino, que se inició en 1989 gracias a la decisión tomada en Caracas por los presidentes Virgilio Barco de Colombia, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García de Perú y Carlos Andrés Pérez de Venezuela de vigilar directamente la marcha del proceso de integración y de reunirse dos veces por año en el marco del Consejo Presidencial Andino —que fue la nueva y superior instancia política que ellos crearon— para pasar revista a las acciones cumplidas en el semestre. Esto dio un gran dinamismo al proceso. En esta etapa se estableció la zona de libre comercio y, con la adopción del arancel externo común, se formó sobre ella la unión aduanera a partir del 1 de febrero de 1995, en preparación del mercado común andino.
En el período comprendido entre 1990 y 1995, según informaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el grupo andino incrementó su comercio intrasubregional a un ritmo del 27% anual, aunque no fue un crecimiento simétrico puesto que Ecuador alzó sus ventas de 188,5 millones de dólares a 364, Bolivia de 59,9 a 199 y Perú de 214 a 412, mientras que Colombia las aumentó de 327,7 a 1.805 y Venezuela de 493,6 a 1.847 millones de dólares. Lo cual demuestra que, con mucho, estos dos países fueron los beneficiarios principales de la integración puesto que quintuplicaron y cuadruplicaron respectivamente sus colocaciones en el mercado andino.
No obstantes sus tropiezos y limitaciones, el proceso de integración andina fue, sin duda, desde el punto de vista técnico e institucional, el mejor logrado de los que se habían puesto en marcha en América Latina hasta ese momento y era el único que tenía una instancia judicial comunitaria —el Tribunal Andino de Justicia— para solucionar las controversias entre los países miembros con ocasión o por consecuencia de los acuerdos de integración.
Sobre la base de la zona de libre comercio formada por los países andinos, se implantó a partir del primero de febrero de 1995 la unión aduanera entre tres de ellos: Venezuela, Colombia y Ecuador, que desde esa fecha aplicaron un arancel externo común a su comercio con los restantes países del mundo. Este arancel tenía tres niveles: 5% de gravamen para materias primas, entre el 10% y el 15% para productos semielaborados y el 20% para productos terminados. Sin embargo, el AEC adoptado por los tres países andinos comprendía el 90% del universo arancelario. El 10% restante, contenido en el anexo de excepciones, fue incorporado paulatinamente en el arancel.
En abril de 1996 los presidentes de los países andinos, reunidos en la ciudad de Trujillo, Perú, tomaron dos resoluciones de carácter formal: sustituir la denominación de “Pacto Andino” con que se conocía desde su nacimiento a este sistema de integración por la de “Comunidad Andina de Naciones (CAN”), obedeciendo probablemente a la influencia europea, y crear una instancia intermedia de conducción del proceso: el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
En consecuencia, los órganos de conducción y de administración de la integración subregional fueron:
a) el Consejo Presidencial Andino, constituido por los jefes de Estado de los países integrados, que ejerce la máxima autoridad en el proceso integrador y cuya misión principal es definir políticas, emitir normas directrices, evaluar el proceso de integración y supervisar la conducta de los órganos inferiores;
b) el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que formula la política exterior de los países miembros en los asuntos de interés subregional;
c) la Comisión de la Comunidad Andina, compuesta por los ministros encargados del comercio exterior, que conduce el intercambio de productos en el mercado ampliado, evita las distorsiones en la competencia y adopta las decisiones necesarias para la marcha del proceso;
d) la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo que aplica las resoluciones de los órganos anteriores y ejerce las funciones administrativas;
e) el Parlamento Andino, compuesto de cinco legisladores de cada uno de los países miembros, que es un foro de discusión y apoyo político al proceso de integración. A partir del año 2005 los parlamentarios andinos son elegidos directamente por los ciudadanos de cada Estado, en forma semejante a la del Parlamento Europeo;
f) el Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano jurisdiccional de la Comunidad encargado de declarar a quién asiste el Derecho en los casos de litigio entre los países por causa de violación de las normas de la integración o de incumplimiento de los compromisos contraídos; y
g) los consejos consultivos empresarial y laboral que, integrados por dirigentes de las cámaras de la producción y de los sindicatos de trabajadores, respectivamente, participan en las deliberaciones de la integración andina.
La Comunidad Andina cuenta con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) como entidades financieras y crediticias encargadas de costear los proyectos de importancia de sus países en el ámbito de la integración o fuera de él.
Además existen tres convenios relacionados con su política social: el Convenio Andrés Bello, que es un instrumento de integración cultural y educativa, con sede en Bogotá; el Convenio Hipólito Unanue referente a la salud humana, con sede en Lima; y el Convenio Simón Rodríguez, localizado en Quito, que versa sobre la integración laboral y la seguridad social.
Forman también parte de la estructura operativa de la Comunidad: el Consejo Consultivo Laboral Andino y el Instituto Laboral Andino, con sede en Caracas, encargados de desarrollar programas de capacitación laboral; la Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones (ASETA), cuya misión es impulsar el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones para servir a la integración andina; y los consejos de planificación monetaria y cambiaria, de financiamiento, de política fiscal, de comercio exterior, de turismo, de cuestiones sociales, de salud, de integración física, de asuntos agropecuarios, de materias aduaneras, de política industrial y de ciencia y tecnología, que operan como entes consultivos de los órganos comunitarios.
Algunos observadores han mirado como inciertas las posibilidades de la Comunidad Andina, ya por su estancamiento, ya por las persistentes contradicciones internas entre los países que a ella pertenecen.
En abril de 1997 el gobierno de Perú anunció la decisión de separarse definitivamente de la Comunidad Andina, con la que había suspendido sus compromisos a partir de 1992 a causa de su crisis económica interna, aunque más tarde revisó esta decisión. El gobierno peruano estuvo en desacuerdo con el arancel externo común, que de todas maneras significaba cierto grado de protección industrial. El presidente Alberto Fujimori explicó en aquella oportunidad que su país “ha abierto su economía al mundo aplicando una política económica basada en el principio de la libre competencia, que debe ser el sustento de su relacionamiento con las demás naciones del mundo” e insistió en que deben eliminarse los subsidios y otras medidas que afectan en la subregión el comercio libre, dinámico, transparente y leal.
El 19 de abril del 2006, reunidos en Asunción para tratar el proyecto de construcción de un gasoducto para abastecer de gas boliviano a Paraguay y Uruguay, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela declararon “muerta” a la Comunidad Andina a causa de los tratados de libre comercio celebrados por Colombia y Perú con Estados Unidos. Chávez afirmó que la CAN “sólo sirve a las elites y a las transnacionales”. Y pocos días después el gobierno venezolano comunicó formalmente la separación de su país de la Comunidad Andina. Esa separación se concretó el 22 de abril del 2011.
Pero la Comunidad Andina siguió funcionando normalmente.
