transparencia

            Es un término de reciente uso político. Designa la claridad de los procedimientos del gobierno y de la administración pública, es decir, la posibilidad de que puedan ser vistos con entera limpidez por la comunidad en sus antecedentes, ejecución y propósitos, como medio de asegurar la corrección y honestidad de ellos.

            La transparencia significa fundamentalmente que las cosas del poder deben ser limpias y públicas. Que nada debe permanecer oculto. Que debe abolirse el secreto en el ejercicio del poder y en la administración del Estado.

            Afortunadamente, en los tiempos actuales, con el desarrollo de la prensa y la televisión, los actos de gobierno tienden a ser cada vez más públicos. El secreto se torna cada día más difícil. No es exagerado decir que con el desarrollo de los mass media los palacios presidenciales y los capitolios se han convertido en edificios de cristal, en que todo puede verse desde fuera, incluida la vida privada de los protagonistas de la política. Es difícil pedir más publicidad. A veces ella incluso atenta contra la privacidad de ellos al invadir los ámbitos de su vida personal y familiar.

            Fueron los Estados Unidos de América, sin duda, los que iniciaron la práctica de la publicidad de los actos de gobierno. Desde el comienzo de su vida política independiente, a fines del siglo XVIII, implantaron como norma el conocimiento público de ellos y establecieron lo que hoy se suele llamar “transparencia”. Todos los responsables de la conducción del país, desde el presidente hasta el último de los funcionarios, consideraron que una de sus primeras obligaciones era la de poner en conocimiento público todos los actos de gobierno.

            La demanda de transparencia nació como una reacción a la “reserva” o al “secreto” que usualmente rodeaban a las acciones gubernativas y que muchas veces eran los causantes de la <corrupción imperante en los mandos políticos. Ella se impuso como rechazo al manejo reservado, secreto y turbio de las cosas del Estado. La demanda de transparencia ha tomado cada vez mayor fuerza. Todo debe ser visto e identificado en el ejercicio del poder e, incluso, en los manejos de los partidos políticos. Nada debe ser encubierto, nada debe quedar oculto, nada debe esconderse entre las sombras. Esto es parte de la <democracia.

            El término lo puso de moda Mijail Gorbachov a fines de los años 80 del siglo pasado para señalar el derecho de los gobernados a ver cómo se manejan las cosas del Estado. Lo denominó “glasnost”, que en ruso significa “transparencia” o también “publicidad”. El concepto formó parte de un planteamiento democratizador más amplio que se llamó <perestroika. Tuvo al comienzo una connotación puramente política, por los antecedentes de secretismo con que se gobernó la Unión Soviética durante la etapa marxista y antes la Rusia de los zares.

            Gorbachov demandó “glasnost” para el pueblo soviético. Luego la palabra, traducida al castellano, se convirtió en una demanda popular ante los oscuros manejos financieros y económicos de los mandos políticos y de las oligarquías.

            La publicidad de los actos de gobierno es un elemento esencial de la democracia porque los gobernantes administran cosa ajena y los propietarios de ella deben ser informados de la gestión. La publicidad fue una de las conquistas de las revoluciones del siglo XVIII, como reacción al encubrimiento la época del <absolutismo. La transparencia favorece la moralidad administrativa y política. Más tarde, sin embargo, se produjo un retroceso con el advenimiento de las modalidades fascistas y comunistas del <totalitarismo. Los actos gubernativos dejaron de ser cristalinos. Y vino entonces la demanda “transparencia”, especialmente en el manejo de la política económica.

            Se ha formado, incluso, una entidad no gubernamental, sin fines de lucro, denominada Transparency International (TI) para vigilar la honestidad de los actos administrativos en todos los gobiernos y de combatir el abuso del poder público para obtener beneficios particulares. Fue fundada en mayo de 1993. Su sede internacional está en Berlín. Su principal interés es contrarrestar la <corrupción en las transacciones internacionales y en el manejo de los fondos públicos dentro de los países, para lo cual ha formado capítulos nacionales en cada uno de ellos. Busca que se establezcan leyes efectivas y se desarrollen políticas y programas anticorrupción. Alienta a los gobiernos a fin de que operen en los más altos niveles de integridad y observen el código de conducta de T. I.

            La idea nació del alemán Peter Eigen, exdirector del Banco Mundial para América Latina y África, con el propósito de hacer una contribución a los fines de la honestidad administrativa. La iniciativa surgió en él como una suerte de “expiación” de viejas culpas por haber impuesto desde ese organismo internacional medidas de enorme costo social sobre los países del tercer mundo, como muy aguda e irónicamente observó su esposa en alguna oportunidad. 

            Esta corporación no gubernamental publica anualmente su informe sobre el estado de la corrupción en el mundo  —Global Corruption Report—,  que contiene el índice de transparencia gubernativa de los países. Según su informe del año 2015, entre 167 países estudiados, Dinamarca ocupó el primer lugar como el más honesto en su sector público, seguido de Finlandia, Suecia, Nueva Zelandia, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Inglaterra, Australia, Islandia, Bélgica, Austria, Estados Unidos, Irlanda, Japón, Uruguay, Catar, Chile y los demás países.

             Los más corruptos fueron Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak, Venezuela, Guinea Bissau, Haití y Yemen. 

             En América Latina y el Caribe los mejor situados fueron Uruguay (lugar 21), Chile (23), Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador (72), Panamá (72) y Trinidad y Tobago (72).

             Los demás estuvieron muy bajamente ubicados: Venezuela (158), Haití (158), Paraguay (130), Nicaragua (130), Guatemala (123), Guyana (119), Honduras (112).

             Muchos pensadores norteamericanos sostienen que el verdadero lindero que separa a los regímenes democráticos de los autoritarios es la política de información. Según Alan Westin, profesor emérito de la Universidad de Columbia, los gobiernos autoritarios se caracterizan por su amplio y fácil acceso a la información de las actividades de los ciudadanos al tiempo que restringen hasta el absurdo las posibilidades de que los ciudadanos obtengan informaciones acerca de las actividades del gobierno. En cambio, los gobiernos democráticos mantienen la política contraria: limitan severamente la posibilidad de que el gobierno obtenga información sobre la vida de los ciudadanos y ofrecen libre acceso de los gobernados al conocimiento de los actos gubernativos.

            En Estados Unidos los ciudadanos reciben la suficiente información para poder juzgar a los gobernantes y a los altos funcionarios de la administración y tienen abiertos los pertinentes canales para hacerlo. Esa posibilidad se establece en virtud de la "Freedom Information Act" y se vio ampliada y actualizada con la "Electronic Freedom of Information Act", expedida en 1996, que obliga al gobierno federal a poner a disposición de los ciudadanos, por medio de internet, las informaciones que éstos tienen derecho a recibir.

            Se podrían sacar conclusiones sobre la religión, el sistema de gobierno, la ubicación geográfica y el grado de desarrollo de los países en función de su índice de transparencia.

            El uso de la palabra transparencia se ha ampliado recientemente al campo de los gastos militares. Hoy se exige una creciente claridad en las transacciones y posesión de armamento. Las Naciones Unidas en 1992 dieron a conocer la formación de un registro de armas convencionales para que la <comunidad internacional  —y, por supuesto, los propios pueblos—  pudiesen conocer con qué armas cuentan los países y cuánto se gasta en su adquisición. Se busca la transparencia en el proceso de compra, tenencia, limitación y reducción de armamentos y sobre todo en su verificación. Se exige que esa limitación sea verificable, esto es, transparente, como condición para que el control pueda ser efectivo. Por tanto, la transparencia forma parte hoy de la política internacional de no proliferación de armamentos. En 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un registro de armas convencionales con miras a que los arsenales militares de los Estados estuvieran abiertos al conocimiento público y a prevenir, de este modo, su expansión. Al menos su expansión secreta. La idea de quienes lo crearon fue la de convertirlo en un mecanismo de gran alcance para terminar con la reserva y posibilitar el control de los armamentos. En una palabra, para dar transparencia a la producción y comercio internacional de armas.

            En la llamada “reunión cumbre” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el 31 de enero de 1992 en Nueva York, que por primera vez en la vida de la Organización Mundial congregó a los jefes de Estado y de gobierno de los quince países integrantes de ese organismo y a la que me fue grato asistir como jefe de Estado de Ecuador y llevar la opinión de los países latinoamericanos, se insistió en la necesidad de que los Estados entregaran a la Asamblea General toda la información requerida sobre las transacciones de armamentos. Este órgano, mediante la resolución 47/52 L del 15 de diciembre de ese año, declaró su decisión de poner en funcionamiento el Registro de Armas Convencionales.

            En cumplimiento de esta resolución, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Butros Butros Ghali, dio a conocer por primera vez en 1992 el Registro de Armas Convencionales, con base en los datos de importación y exportación suministrados por 86 países (incluidos todos los exportadores de armamento con la excepción de Sudáfrica y la República de Corea), en el que se había inscrito la transferencia de 1.733 tanques, 1.625 vehículos blindados de combate, 1.682 sistemas de artillería de gran calibre, 270 aviones de combate, 40 helicópteros artillados, 40 buques de guerra y 67.878 misiles y lanzamisiles. El Registro, sin embargo, tuvo muchas deficiencias porque la mayoría de los países compradores (incluidos algunos tan importantes por el volumen de sus compras como Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Siria, Kuwait, Tailandia, Taiwán) no proporcionaron información alguna acerca de sus transacciones, porque otros no dieron el valor de las unidades compradas y porque no se registraron algunas categorías de armas, como las bombas, las armas pequeñas y los misiles tierra-aire. Además de esto, el Registro fue incompleto puesto que no incluyó la producción de armas producidas y vendidas localmente.

            De todas maneras, el registro de las armas convencionales es parte del <desarme y de la verificación que el proceso de desarme entraña.

            La comunidad internacional aspira a que con el tiempo ese registro incluya información más completa sobre el gasto militar de los países, los subsidios explícitos o implícitos a las exportaciones de armas, las cifras de las deudas militares y otras informaciones que contribuyan a dar cabal cuenta de lo que el mundo destina a las operaciones militares.

 
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