terrorismo de Estado

            En muchas cosas buenas o malas tocantes al gobierno de los pueblos, Nicolás Maquiavelo (1469-1527) fue un precursor. En su frase de que un gobernante debe buscar ser temido antes que amado, está el germen del terrorismo de Estado que ha tenido muchos cultores en la historia.

            Ella registra muchas épocas de terrorismo de Estado.

            La de la <Inquisición fue una de ellas. Larga y tenebrosa época que se inició en la Edad Media y perduró hasta la Revolución Francesa, durante la cual los tribunales del Santo Oficio persiguieron los “delitos contra la fe” y torturaron, aprisionaron y mataron a los “herejes”. Era el imperio del terror. Nadie estaba seguro. Los inquisidores, llenos de odio e intolerancia, espiaban la vida íntima de las personas. Una simple delación era suficiente para que se instauraran los famosos procesos contra los sospechosos de no creer en el dogma religioso. El papa Paulo III mandó formar el tristemente célebre índice de los libros prohibidos en 1542, como un intento de poner aduanas al pensamiento humano. Durante siglos la Inquisición desplegó un trabajo tan intenso como fanático en la persecución de las “herejías”, las “supersticiones” y las “apostasías”, que eran los principales delitos contra la religión. Ríos de sangre corrieron por esta causa. Para ella cualquier idea innovadora era una herejía. Todo intento de la ciencia de ir más allá del catecismo era una apostasía. Galileo fue considerado “hereje” por su teoría heliocéntrica de la gravitación universal y fue obligado a abjurar de ella bajo la amenaza de la hoguera. Y la lista de filósofos, científicos, escritores, inventores y descubridores que fueron condenados por la Iglesia es interminable.

            El gobierno del zar Iván el Terrible (1530-1584) en Rusia, árbitro de la ley y de la justicia, impuso un terrorismo de Estado. El >zarismo, en general, se caracterizó por la crueldad en el ejercicio del poder.

            En los tiempos de la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre (1758-1794) presidió una de las etapas clásicas del terror. El líder jacobino argumentaba que la virtud y el terror son los elementos sustanciales del gobierno popular en momentos de emergencia: ”la virtud sin la cual el terror es funesto y el terror sin el cual la virtud es impotente “. Y pretendía lograr, mediante el impacto psíquico del terror, la práctica de las virtudes cívicas.

            Bajo su inspiración, la Convención creó en 1793 elcomité de salud pública llamado a juzgar a los contrarrevolucionarios y a los conspiradores al servicio del ancien régime. ”Seamos terribles para dispensar al pueblo de ser cruel", dijo Dantón, al justificar la creación del comité. Muchas cabezas rodaron espectacularmente bajo la guillotina. Robespierre explicó que, en determinadas circunstancias, es cruel ser débil y criminal ser indulgente. El comité de salud pública castigó con la pena de muerte lo mismo el desacato al máximo general de los precios de los productos de primera necesidad que el delito de subversión. Lo que ha hecho inolvidable el terror bajo la Revolución Francesa, en concepto de algunos historiadores, es que estuvo dirigido contra la clase privilegiada.

            Durante el grand terror fueron condenados a la penal capital alrededor de 2.500 ciudadanos franceses bajo la acusación de ser monárquicos, miembros del clero, desertores de los ejércitos, traidores o contrarrevolucionarios, aunque algunos historiadores elevan el número de los ajusticiados en toda Francia. Pero el terror pronto alcanzó a sus propios promotores. Influyentes miembros de la Convención y del club de los jacobinos, temerosos por su vida ante la creciente agresividad de los discursos de Robespierre, organizaron una conspiración para poner fin a su dominio político. El 27 de julio de 1794 fue arrestado el líder jacobino. Los seguidores que se rebelaron en su apoyo fueron reprimidos. Robespierre fue llevado a su propia guillotina al día siguiente junto con Louis Saint-Just y Georges Couthon, quienes fueron sus más cercanos colaboradores, y diecinueve de sus seguidores. Un día después corrieron la misma suerte otros ochenta partidarios suyos.

            Otra época de terror fue la de Joseph Stalin (1879-1953) en la Unión Soviética con los tribunales ad-hoc para encausar a los sospechosos de ser “enemigos del pueblo”, la aniquilación de personas en los manicomios, los lavados cerebrales, las sangrientas purgas de los años 30 y la colectivización a sangre y fuego de la agricultura contra la tenaz oposición de los kulaks, que fueron exterminados masivamente.

            Stalin impuso en la Unión Soviética el imperio del terror. Nadie podía estar tranquilo. Desapareció todo vestigio de <seguridad jurídica. La delación, la falsificación de documentos, la simulación de pruebas, la detención sin fórmula de juicio, jueces que en realidad eran verdugos, ejecuciones masivas y toda suerte de arbitrariedades del poder crearon un ambiente de terror. Stalin inventó la acusación de “enemigo del pueblo” para justificar su brutalidad contra todo aquel que discrepara de su opinión o a quien considerara su adversario. Afectado por una morbosa suspicacia, desconfiaba de todo y de todos. Su delirio de grandeza marchó junto a su delirio de persecución. Miles de personas fueron fusiladas por simples sospechas, a través de “procesos” forjados.

            Nikita Khruschev, en su célebre discurso ante el XX Congreso del P.C.U.S. en febrero de 1956, formuló la más impactante denuncia contra el terrorismo estalinista. Demostró las increíbles aberraciones de crueldad y de sadismo que se dieron durante el <estalinismo. Entre muchos otros casos, denunció con datos de la propia policía secreta, la N.K.V.D., que de 139 miembros del comité central del Partido Comunista soviético elegidos en el XVII Congreso, 98 fueron arrestados y fusilados bajo la acusación de ser “enemigos del pueblo”, entre 1937 y 1939.

            Igual cosa sucedió con los delegados al XVII Congreso de P.C.U.S.: 1.108 de los 1.966 delegados, que fueron activos y honestos comunistas en las horas duras de la revolución, fueron apresados bajo la inculpación de “contrarrevolucionarios” y la mayoría de ellos eliminados, por la paranoia persecutoria de Stalin.

            El autócrata soviético veía en todas partes conspiradores, espías y contrarrevolucionarios y los fantasmas del >trotskismo, del zinovievismo y del bujarinismo no le dejaban dormir. Esto le condujo a ordenar arrestos y ejecuciones en masa y a usar el terror contra los cuadros del partido. Nadie estaba seguro. La delación era arbitrio corriente en los círculos palaciegos. Se forjaban documentos y patrañas para condenar a quienes Stalin consideraba adversarios y jueces incondicionales hacían el papel de verdugos.

            Era el imperio del más espantoso >terrorismo de Estado.

            Otro dramático e inolvidable ejemplo de terrorismo de Estado fue el que practicaron los nazis, con su paranoia persecutoria contra todos los que no compartían su manera de pensar o los que tenían en sus venas sangre judía. El <nazismo fue una época monstruosa de violencia y fanatismo políticos. La policía secreta  —GESTAPO—,  las bandas de las S.S., los campos de concentración y los hornos crematorios fueron los principales mecanismos políticos y psicológicos del terror nazi, para escarmentar a la población.

            Igual cosa ocurrió bajo el régimen maoísta en China, que llegó al gobierno después de haber eliminado violentamente durante la guerra civil, con proceso o sin él, a dos millones de terratenientes entre los años 1945 y 1950. Después, ya en ejercicio del gobierno, se desataron nuevos procesos de terror desde 1951 hasta 1953. Fue el terror dirigido contra quienes estaban considerados como “enemigos del pueblo”. Las acciones de terrorismo de Estado se cumplieron en forma de escarmentar a la población para someterla a la ortodoxia. Su finalidad era lograr un “cambio de conciencia” para “blanquear” (tanbai) el espíritu de la gente y obligarla a asumir las nuevas conductas y los nuevos objetivos diseñados por el régimen. Los procedimientos incluían el traslado hacia las zonas rurales de funcionarios del partido comunista e intelectuales como un proceso de aprendizaje, concienciación y sumisión ideológica.

            Más tarde, Mao Tse-tung promovió la denominada “gran revolución cultural proletaria” desde 1966 a 1976 para eliminar todos los residuos de la “cultura burguesa”. Fue un <macartismo al revés: la dirigencia maoísta veía “capitalismo”, “contrarrevolución”, “revisionismo” y “derechismo” en todas partes. Muchos funcionarios del gobierno en el ámbito central y periférico fueron destituidos o despojados de su autoridad. Se persiguió a las “autoridades académicas reaccionarias” y los cuadros del partido fueron reorganizados sin contemplación porque supuestamente habían sido penetrados por los agentes del capitalismo.

            Bajo el liderazgo fanático de Lin Biao, Jiang Qing, Kang Sheng y Zhang Chunqiao, la >revolución cultural desencadenó la persecución violenta contra “la camarilla antipartido de Peng Zhen, Luo Ruiqing, Lu Dingyi y Yang Shangkun” y contra “el cuartel general de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping”.

            Durante los diez años que ella duró nadie estuvo libre de sospecha de “capitalismo”. Ni siquiera los más altos personeros del Estado. Se realizaron destituciones masivas de funcionarios en todos los niveles. Cualquier denuncia bastaba para ello. Se cometió toda suerte de acciones iconoclastas contra los más respetables miembros del partido y del gobierno. Las guardias rojas, que fueron las encargadas de ejecutar la tarea, consumaron inconcebibles tropelías contra el arte, la literatura, la música, la educación y la cultura de China so pretexto de “purgarlas” de las influencias occidentales e irrogaron graves humillaciones a los supuestos responsables de la contaminación “burguesa”.

            La revolución cultural china, en su fanático afán de perseguir “herejes” políticos y de precautelar la “pureza” del marxismo, terminó por ser la réplica de la Santa Inquisición establecida por la Iglesia Católica en la Edad Media para velar por la ortodoxia religiosa.

            Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 en Argentina se desarrollo uno de los más espantosos terrorismos de Estado de que se tenga noticia. Miles de argentinos, en lo que los militares llamaron la “guerra sucia”, fueron torturados y asesinados de la manera más brutal en defensa de “los valores de la civilización occidental y cristiana”. Miles “desaparecieron” en las mazmorras de los 340 centros clandestinos de detención establecidos en varios lugares del país. Uno de los más famosos era el que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sobre la Avenida del Libertador en Buenos Aires, en donde se originaron los “vuelos de la muerte”, según la denuncia formulada recientemente por el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo en febrero de 1995, de cuyos aviones se arrojaba en altamar a los presos políticos vivos y narcotizados.

            Todo sospechoso de ser “subversivo”, o los parientes o amigos de suyos, o los amigos de sus amigos, o las personas cuyos nombres se encontraban en sus listas de teléfonos, eran secuestrados por piquetes militares, llamados popularmente “patota”, que allanaban embozados sus domicilios en altas horas de la noche. Los comandos armados ocultaban su identidad. Entraban por la fuerza a la morada de los perseguidos, los golpeaban brutalmente, aterrrorizaban a los padres y a los hijos, a quienes obligaban a ver los hechos como arma de presión contra las víctimas, y luego se las llevaban encapuchadas con destino incierto. Nunca más se volvía a saber de ellas. Se había implantado una verdadera “técnica de la desaparición”, capaz de no dejar rastros. “De ahí se partía  —dice el Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas—  hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: abandonad toda esperanza, los que aquí entráis”.

            En los centros clandestinos de detención eran sometidos a las más crueles y ultrajantes torturas. La represión encontraba en ellos un efecto multiplicador, porque los infelices, para librarse de los suplicios, daban cualquier nombre, cualquier información, por descabellados que fueran, e inmediatamente los patotas iban tras sus nuevas víctimas. Así se multiplicaron los “desaparecidos”.

            La palabra definitiva era: “traslado”. Después de las torturas se les anunciaba que iban a ser “trasladados”. Los detenidos escuchaban esta palabra con horror. Sabían que ella significaba la muerte. El tiro en la nuca o el lanzamiento en la altamar era su destino inexorable.

            Todos ellos, en su mayoría jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar el fantasmal elenco de “los desaparecidos”. Nadie sabía dónde estaban, el gobierno negaba sus detenciones, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía, sus familiares no volvieron a saber de ellos. En torno suyo sólo había un ominoso silencio.

            Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, que recibió el encargo del presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, de investigar el terrorismo de Estado que ensangrentó la Argentina durante la dictadura militar, los “desaparecidos” suman 8.960 pero pueden ser aun más porque el temor redujo al silencio a muchísimas familias, que se abstuvieron de denunciar.

            La “guerra sucia” estuvo inspirada, según explicaron los jefes militares argentinos, en la llamada doctrina de la <seguridad nacional y se propuso “limpiar” la Argentina de los “subversivos”, los “terroristas”, los “materialistas y ateos”, los “apátridas”. Allí caían todos, desde adolescentes miembros de un centro estudiantil hasta dirigentes sindicales que luchaban por mejoras salariales, desde profesionales sospechosos hasta sacerdotes y monjas alineados en la preferencia por los pobres.

            Esta pesadilla terminó en 1983 con el advenimiento del gobierno democrático y tolerante del presidente Raúl Alfonsín.

            En Chile, durante la dilatada y sangrienta dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet  —que se inició el 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo al palacio presidencial y el derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende y que concluyó en marzo de 1990—  funcionó la llamada Operación Cóndor que fue una empresa transnacional del terror destinada a secuestrar, asesinar, torturar y desaparecer los cadáveres de los opositores políticos al régimen de facto.

            Según los informes secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que fueron desclasificados y revelados el 30 de junio de 1999, la Operación Cóndor se puso en marcha en 1976, con sede en Chile y con alcance en varios otros países, para recoger información sobre izquierdistas y comunistas y “eliminar las actividades terroristas marxistas de los países miembros”.

            Fue una organización secreta que implantó el terrorismo de Estado dentro y fuera de las fronteras chilenas. Para ello concluyó pactos militares multinacionales y coordinó las acciones de los aparatos represivos de varios países: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Desde 1978 participaron también Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú aunque sólo con fines de espionaje, cruce de información, fichaje de los elementos subversivos de América Latina y guerra psicológica.

            Durante el período dictatorial chileno de 17 años la Operación Cóndor y otras actividades oficiales del crimen exterminaron a 3.197 personas de las filas de la izquierda y centroizquierda políticas  —2.095 muertas, 1.102 desaparecidas y cerca de 20 mil apresadas y torturadas—  en un siniestro plan operativo de “limpieza ideológica”. Los asesinatos, torturas y desapariciones fueron ejecutados, en el territorio chileno, principalmente por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) —cuerpo policial represivo que respondía a las órdenes del dictador— pero sus operaciones exteriores las articuló con los respectivos aparatos de inteligencia y de represión de los otros países.

            Uno de los documentos desclasificados por la CIA demuestra que el jefe de la tenebrosa DINA, general Manuel Contreras, solicitó a Pinochet una partida especial de 600 mil dólares para “gastos adicionales” necesarios para “neutralizar” a los adversarios de la dictadura chilena en el exterior e infiltrar agentes en las sedes diplomáticas de Chile acreditadas en Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Bélgica e Italia. Y otro documento prueba que la DINA solicitó al gobierno norteamericano el envío del mortífero gas sarín para emplearlo en las faenas de represión, aunque la solicitud que no fue atendida.

            Los principales jefes de la DINA han sido acusados y procesados en Chile por asesinato y tortura: el general Manuel Contreras, su jefe principal; el coronel Pedro Espinoza, subjefe; el general Raúl Iturriaga Neumann, jefe del Departamento Exterior; y el norteamericano Michael Townley, perito en explosivos. A finales de los años 90 el juez español Baltasar Garzón, invocando la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aprobada por las Naciones Unidas en 1984, intentó juzgar a los jefes militares argentinos, uruguayos y chilenos comprometidos en las <guerras sucias de las dictaduras militares del cono sur durante las décadas de los años 70 y 80, bajo la acusación de tortura contra ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

            En la acusación contra Pinochet, el juez Garzón sostuvo que la Operación Cóndor fue creada para “viabilizar la represión violenta contra las víctimas e instaurar el terror entre los habitantes, más allá de las fronteras. Es una organización delictiva cuya única finalidad fue conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de muertes, expulsiones de millones de personas y desapariciones selectivas”.

            Pero Pinochet fue luego procesado en Chile y despojado de su inmunidad por la Corte Suprema de Justicia en junio del 2005. Pesaron contra él  —aparte de las brutales violaciones de los derechos humanos, los asesinatos, torturas y persecuciones políticas—  las acusaciones de peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, falsificación de pasaportes, fraude fiscal e, incluso, tráfico de cocaína. El juez Sergio Muñoz, que investigó ciento veintiocho cuentas bancarias secretas que se le descubrieron al exdictador chileno, ordenó la detención de su esposa Lucía Hiriart y de su hijo Marco Antonio Pinochet bajo el cargo de complicidad en el delito de fraude tributario al fisco. Se conocía que el exdictador amasó durante el ejercicio del poder una fortuna que sobrepasaba los 17 millones de dólares, guardada en decenas de cuentas bancarias secretas en el exterior.

            El grado de corrupción de Pinochet y su familia pudo conocerse en julio del 2005 gracias a una investigación senatorial del Congreso de Estados Unidos que identificó numerosas y millonarias cuentas secretas manejadas por el exdictador chileno en bancos norteamericanos. Quedó claro que a través de tales cuentas éste lavó el dinero robado durante el ejercicio de la dictadura. El subcomité permanente de investigaciones del Senado detectó ciento veintiocho cuentas secretas mantenidas por el general Augusto Pinochet en bancos norteamericanos y muchas otras en Argentina, Bahamas, Islas Caymán, Chile, Gibraltar, España, Suiza y Reino Unido durante el ejercicio de su poder dictatorial (1973-1990). El dictador chileno utlizaba numerosos nombres para lavar y movilizar ese dinero: “José Urgarte”, “A. Ugarte”, “José Ramón Ugarte”, “A. P. Ugarte”, “José R. Ugarte”, “José Pinochet”, “José P. Ugarte”, “Augusto P. Ugarte”, “Ramón Ugarte”, todos ellos variaciones de su propio nombre: Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

            Adicionalmente, el diario británico "The Guardian", que hizo una detenida investigación periodística sobre el asunto, reveló el septiembre del 2005 que el exdictador recibió durante su gobierno “pagos secretos” por $ 2’098.841 de la British Aerospace  —que es la mayor empresa de armamento inglesa—  como soborno por la compra de armas para el ejército chileno.

            En respuesta a la acción judicial contra los miembros de su familia, Pinochet habló de “persecución política”, expresó que jamás defraudó al Estado y señaló que las cuentas en el Riggs Bank y en otros bancos de los Estados Unidos eran “ahorros de toda mi vida” que por “razones de prudencia” los depositó fuera del país, por lo que asumió la responsabilidad de los hechos y negó toda participación en ellos de su esposa e hijos. Por otro lado, las indagaciones parlamentarias en Chile demostraron que el exdictador tuvo tres cuentas en el Riggs a su nombre, tres cuentas corporativas de dos empresas de fachada, numerosas cuentas a nombre de testaferros e innumerables certificados de depósitos y que entre 1998 y 2002 cobró personalmente diez cheques por medio millón de dólares que le envió el mencionado banco.

            El exdictador murió el 10 de diciembre del 2006 en el Hospital Militar de Santiago a la edad de 91 años a causa de un infarto al miocardio complicado con edema pulmonar. El escritor uruguayo Mario Benedetti exclamó: “¡La muerte le ganó a la justicia!” puesto que Pinochet murió bajo arresto domiciliario, en razón de su edad, pero antes de que los tribunales emitieran su fallos en las numerosas causas penales y fiscales que se le seguían por violación de derechos humanos y apropiación ilícita de fondos públicos.

            La historia del mundo, por desgracia, está llena de períodos de terrorismo de Estado, en que la arbitrariedad gubernativa suprimió todo vestigio de <seguridad jurídica y en que, bajo el temor generalizado, desapareció todo sentimiento de <solidaridad entre la gente.

            El terrorismo contestatario, en cambio, viene de abajo. Generalmente tiene como antecedente la persecución política o la discriminación racial o religiosa, que impulsan a descontentos y fanáticos a tomar acciones de ciega violencia. Esta modalidad de terrorismo generalmente se expresa a través de acciones dinamiteras o incendiarias, asesinatos, secuestro de personas, <sabotajes y otros actos de intimidación y desestabilización política.

 
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