tasa Tobin

            En una conferencia pronunciada en la Universidad de Princeton en 1972 el economista norteamericano James Tobin (1918-2002), profesor de la Universidad de Yale y premio Nobel de economía 1981, propuso la creación de un impuesto que gravase las transacciones financieras de divisas con el propósito de estabilizar los >tipos de cambio y propiciar el desarrollo de las economías sin sobresaltos.

            La iniciativa probablemente obedeció a la supresión de la convertibilidad del dólar en oro ordenada por el presidente norteamericano Richard Nixon en agosto de 1971, cuando dispuso al secretario del Tesoro detener la compra y la venta de oro. Medida que significó una ruptura con el sistema económico y monetario mundiales de la postguerra, establecido en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods, New Hampshire, celebrada en julio de 1944 bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, que con su rigidez cambiaria había dado al mundo a lo largo de veintisiete años una notable estabilidad en los tipos de cambio y, por ende, elevadas tasas de crecimiento económico, productividad y empleo. Comenta al respecto el economista francés Bruno Jetin, en su libro “La tasa Tobin” (2005), que “la clave del éxito del sistema Bretton Woods fue haber montado explícitamente un control de capitales y de cambios muy estricto, tanto a escala internacional como a escala interna. De ellos resultó la característica esencial de esa época: una movilidad de los capitales financieros muy reducida, tanto en el interior de los países como en el ámbito internacional”.

            Con el sistema de “flotación” de las monedas instaurado a partir de las medidas decretadas por el presidente Nixon, los capitales financieros, ya sin control alguno, empezaron a desplazarse rápidamente por el mundo con entera libertad, y esa movilidad no sólo produjo fluctuaciones drásticas e imprevisibles en el valor de las divisas sino que además marcó el punto de partida de la <globalización financiera que vino después. La acentuada volatilidad de los tipos de cambio indujo a las instituciones financieras y bancarias y a las empresas productivas a movilizar sus capitales, diversificar sus inversiones y comprar activos financieros de diversa clase en distintos países para defenderse de los riesgos del cambio. Es decir, les obligó a especular. Canadá, Alemania y Suiza en 1973, Estados Unidos en 1974, Inglaterra en 1979, el Japón en 1980, Francia e Italia en 1990 suprimieron todas las restricciones a la movilización internacional de capitales y el sistema fue copiado por los países latinoamericanos bajo la presión del <Fondo Monetario Internacional. Los países de Asia resistieron por más tiempo. Pero, de todas maneras, el sistema desembocó en una economía internacional de especulación.

            El economista húngaro Nicolás Kaldor (1908-1986), profesor de la Universidad de Cambridge, sostiene que especulación, en el ámbito de la economía, es “cualquier operación de compra (o venta) de un bien con la intención de la reventa (o recompra) en una fecha ulterior, cuando la acción es motivada por la esperanza de una modificación del precio vigente y no por una ventaja ligada al uso del bien, o a cualquier transformación, o a una transferencia de un mercado a otro”. Por tanto, la habilidad de los especuladores consiste, como decía John M. Keynes, en el arte menor de “prever la psicología del mercado” antes que en la capacidad empresarial de generar beneficios productivos a largo plazo. En consecuencia, lo más importante para el especulador es vaticinar la manera en que una información  —los resultados de una investigación económica, la medida anunciada por un gobierno, la declaración de un presidente—  será entendida o interpretada por los actores del mercado.

            En esta línea de acción, los especuladores compran divisas cuando están baratas para venderlas cuando están caras. Muchas de esas transacciones tienen cortísimos plazos: en instantes, horas o días se hacen movimientos cambiarios de ida y vuelta. Y los Estados resultan impotentes para controlar ese flujo de capitales “desregulados”, con sus bruscos cambios de dirección y oscilaciones caóticas en las cotizaciones. Se trasladan de la Bolsa de Tokio a la de Frankfurt, o de la Bolsa de Londres a la de Sao Paulo miles de millones de dólares en un instante. En el <ciberespacio se mueven capitales varias veces superiores al monto de las transacciones de la economía real y forman las llamadas “burbujas financieras”.

            La tasa Tobin  —que, en realidad, no es una <tasa sino un impuesto porque no es el pago por la contraprestación de un servicio sino el gravamen a la especulación de divisas—  se propuso reducir la volatilidad cambiaria, desalentar a los especuladores que buscan beneficios rápidos e injustificados y, adicionalmente, generar recursos para financiar el desarrollo de los países atrasados.

            Un especulador que, por ejemplo, vendiera euros para comprar dólares y que luego hiciera la operación inversa, pagaría dos veces el impuesto sobre la ganancia que obtuvo en cada una de las operaciones de compra y venta. Se daría entonces una suerte de confiscación de parte de los beneficios, que desalentaría al especulador para seguir con sus maniobras cambiarias. El economista alemán Paul Bernd Spahn, profesor de la Universidad Goethe de Frankfurt y exasesor del FMI, incluso sugirió en 1995 que el impuesto fuera progresivo en función del monto de la especulación.

            La aplicación de este gravamen cumpliría varios propósitos. Siendo un gravamen a la especulación, tornaría menos atractivas las compras y ventas de divisas como apuestas especulativas en los mercados cambiarios, lo cual reduciría su monto y contribuiría a la estabilidad financiera general. Atenuaría los efectos catastróficos de los flujos y reflujos del capital especulativo en las economías globalizadas. Devolvería a las políticas monetarias nacionales parte de la autonomía que han perdido ante los mercados financieros. Permitiría, dentro de ciertos límites, sustraer la fijación de las tasas de interés nacionales a la necesidad de defender el valor de la moneda. En lo que a América Latina se refiere, reduciría su dependencia de los capitales de cartera. Adicionalmente, generaría importantes recursos financieros  —entre 150.000 y 250.000 millones de dólares anuales—  que deberían destinarse a fomentar el desarrollo de los países pobres. Tobin calculaba en 1999 que se producían en el mundo transacciones de divisas por 1,3 trillones de dólares al día, buena parte de las cuales tenía muy poco que ver con los movimientos deseables de capital productivo.

            Si se lograra disminuir la especulación se evitarían fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio. La firmeza cambiaria es obviamente deseable porque contribuye a estabilizar la economía de un país y los flujos comerciales internacionales. Una baja pronunciada de su divisa significa para un país, desde la perspectiva macroeconómica, la disminución de sus importaciones frente al aumento de sus exportaciones por la vía del encarecimiento de los bienes y servicios extranjeros, pero además la elevación de los costes de producción de las empresas que trabajan con materias primas e insumos importados, con la consiguiente pérdida de <competitividad del país en esas ramas industriales; y, desde el punto de vista microeconómico, la reducción del poder de compra de la gente porque los alimentos y artículos que vienen del exterior cuestan más. Recuerdo que en la crisis de Indonesia (1997-1998), en que la moneda nacional  —la rupiah—  perdió el 50% de su valor, millones de personas cayeron en la penuria puesto que el arroz importado que consumían masivamente subió de precio. Algo parecido ocurrió en Ecuador cuando el gobierno demócrata-cristiano decidió a comienzos del 2000 devaluar la moneda nacional  —el sucre—  en cinco veces, como paso previo para ir hacia la <dolarización: hubo un empobrecimiento repentino y general de la población, que vio drásticamente mermado su poder de compra. En cambio, el alza de la cotización de la moneda nacional produce el fenómeno contrario: se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones. Todo lo cual demuestra la gran importancia que las fluctuaciones de la moneda  —vía <devaluación o desvalorización o vía revaluación o revalorización—  tienen para la economía de un país.

            Dado que los mercados financieros se equivocan con demasiada frecuencia, al economista James Tobin le pareció conveniente atenuar su poder decisiorio sobres las economías nacionales y restringir la libertad de desplazamiento de los capitales. Para ello propuso la creación un impuesto pequeño del 0,1% al 0,05% sobre cada cambio especulativo de moneda, que pudiese frenar las maniobras monetarias que otorgan a los especuladores  —bancos, financieras, grandes empresas—  enormes ganancias al amparo de las acentuadas fluctuaciones en las tasas de cambio.

            La operación de control de esos flujos de capital, sin ser simple, no es imposible. Habría que vigilar las transacciones financieras internacionales que se hacen por medios electrónicos a través de la banca comercial. Vigilancia que la pudieran hacer los bancos centrales, especialmente en las ocho plazas financieras mayores: Nueva York, Londres, Tokio, Frankfurt, París, Singapur, Hong Kong y Zurich, donde se realiza alrededor del 80% del tráfico mundial de divisas.

            La propuesta de este discípulo de Keynes, de aplicar un impuesto sobre el movimiento internacional de capitales especulativos con cuyo rendimiento podría ayudarse a los países pobres del planeta, no mereció mayor atención en ese momento. Permaneció inerte por largos años hasta que en diciembre de 1997 el escritor y periodista español Ignacio Ramonet la resucitó en un editorial del “Monde Diplomatique” de París y después la hicieron suya los movimientos antiglobalización como respuesta a uno de los más graves efectos de la mundialización de las economías, que es la excesiva fluidez de los capitales especulativos por el planeta con su secuela de inestabilidad para la economía real. Las <crisis económicas y financieras de México (1994-1995), Asia oriental y sudoriental (1997-1998), Rusia y Brasil (1998-1999) y Turquía y Argentina (2001) contribuyeron a rescatar del olvido la propuesta de Tobin. Fue entonces que varios países del primer mundo la discutieron pero sin llegar a decisiones. Canadá fue el primer Estado cuyo parlamento resolvió pedir a la función ejecutiva el 23 de marzo de 1999 la creación de un impuesto sobre las transacciones cambiarias, pero ella no atendió la petición parlamentaria. Por iniciativa del primer ministro socialista francés Lionel Jospin se abrió en el año 2000 el debate sobre la tasa Tobin en los círculos gubernativos de Europa y Estados Unidos y en el seno de la Unión Europea. El tema se discutió por esos años en los parlamentos de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. La tesis de Jospin fue que Francia propusiera a la Unión Europea que tomara una iniciativa internacional al respecto. Pero el Parlamento Europeo la rechazó por una pequeña diferencia de votos. En respaldo de la propuesta de Tobin se fundó en Francia en junio de 1998, bajo el auspicio de un grupo de economistas, sindicalistas, ciudadanos y medios de comunicación no tradicionales, la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), que después se reprodujo en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, para luchar contra la especulación financiera  —especialmente contra las transacciones monetarias y operaciones de cambio a corto plazo—  e imponerle un gravamen cuyos rendimientos estarían destinados a un fondo redistributivo de ayuda a los países del mundo subdesarrollado.

            La idea del economista Tobin fue encontrar una fórmula no sólo para prevenir las crisis del capitalismo contemporáneo sino también para crear recursos destinados a financiar el desarrollo de los países atrasados. Y aunque la generación de ingresos fiscales no fue la motivación principal del economista norteamericano sino solamente un “subproducto” de la aplicación del impuesto  —un by-product, como él solía decir—,  fue este elemento accidental el que despertó el mayor interés en la cumbre social de las Naciones Unidas reunida en Copenhague en 1994 y también en la conferencia del G-7 en Halifax, Canadá, un año más tarde. Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dirigieron su atención hacia los nuevos recursos que podría recuperar la tasa Tobin. Y los líderes de las izquierdas europeas creyeron encontrar en ella una fuente importante y segura para financiar el desarrollo de los países periféricos y, al propio tiempo, un mecanismo de prevención de las recurrentes crisis del capitalismo global.

            Pero la tasa Tobin tropezó con la cerrada oposición de los bancos, las empresas financieras y las corporaciones transnacionales, en connivencia con los grandes medios de comunicación de masas, que hacían coro a las proclamas de los especuladores y de los economistas devotos de la libertad de mercado. El economista canadiense Robert Mundell, ganador del premio Nobel de economía en 1999, dijo que la tasa Tobin era “una idea idiota”. Y un financista especulador norteamericano, en su apoteosis imperial, amenazó con instalar sus negocios en barcos anclados en la mitad del océano si el Estado osaba intervenir en ellos.

            El 20 de enero del 2000 el pleno del Parlamento Europeo rechazó en Estrasburgo por 229 votos contra 223 y 36 abstenciones la propuesta, presentada por los eurodiputados socialistas, comunistas, ecologistas y algunos liberales, de que se estudiara la creación de un impuesto sobre los movimientos internacionales del capital especulativo.

            Pero, sin duda, está abierta la vía para que un grupo de países pertenecientes a una región o continente asuman la decisión de aplicar la tasa Tobin sin pedir autorización a nadie ni esperar que los restantes países se pongan de acuerdo.

 
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