stand-by

            Stand by agreement es el nombre que convencionalmente se ha dado a los préstamos contingentes de disponibilidad inmediata que otorga el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países miembros para que solucionen sus problemas coyunturales de <balanza de pagos.

           El Fondo Monetario Internacional  —lo mismo que el Banco Mundial y el GATT—  es una de las llamadas “instituciones de Bretton Woods” que surgieron de la Conferencia Monetaria y Financiera reunida en Bretton Woods, New Hampshire, E.E. U.U., en julio de 1944, por iniciativa de las Naciones Unidas, con el propósito de reformular el sistema internacional financiero, monetario, crediticio, cambiario y comercial.

            EL FMI formó un acervo común de recursos destinados a la cooperación internacional. Sus países miembros aportan con una determinada cuota fijada en función de varios factores de referencia, como su renta nacional, el monto de sus reservas internacionales y el volumen de sus exportaciones-importaciones. El 25% de esa cuota se paga en oro en uno de los cuatro bancos depositantes del FMI, que son el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia y el Banco de la India. Este es el llamado tramo oro. Y la parte restante, en moneda del propio país. La cuota sirve como referencia del número de votos que cada país tiene en las decisiones del organismo (250 puntos para cada socio más un voto por cada cien mil dólares de cuota) y del cupo de recursos del Fondo que puede recibir como préstamo para resolver sus problemas de balanza de pagos.

            En virtud del acuerdo de stand-by a que llega el Fondo con sus países miembros, éstos quedan autorizados para girar, durante el plazo del convenio, hasta una determinada cantidad de divisas sobre el organismo internacional a fin de solventar la situación de emergencia.

            Los principios rectores de los acuerdos stand-by fueron publicados en octubre de 1952 por los directores ejecutivos del organismo internacional.

            Como requisito para obtener este crédito, el país beneficiario debe enviar al FMI un documento denominado carta de intención, suscrita por el ministro de finanzas o el funcionario competente, en la que constan las medidas económicas y financieras que se propone adoptar el gobierno para conjurar la situación durante la vigencia del acuerdo. Al conjunto de tales medidas suele llamarse “programa de ajuste” o “programa de estabilización económica”, que generalmente contiene medidas de <shock consistentes en la imposición de nuevos tributos, el mejoramiento de las recaudaciones, el alza de las tarifas de los servicios públicos, la contención de los salarios, la devaluación monetaria, la baja de la tasa de inflación, la disminución del déficit fiscal, el incremento de las reservas internacionales, la disminución del gasto público, la contracción de la emisión monetaria, eliminación de subsidios, liberalización de precios y tasas de interés, liberalización cambiaria, pago de la deuda externa y otros arbitrios de este estilo encaminados a mejorar los indicadores macroeconómicos. El incumplimiento de ellos por el gobierno del país beneficiario conlleva la suspensión de los desembolsos o la cancelación del crédito de estabilización que le ha sido concedido.

            La historia reciente de estos préstamos en América Latina ha tenido ribetes de tragedia porque los duros ajustes impuestos a los países, bajo el inflexible criterio neoliberal que rigió esta y otras instituciones multilaterales de crédito en los años pasados, produjo graves convulsiones sociales en la región.

 
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