sociedad civil

            Esta locución fue originaria de los antiguos romanos, quienes antes de que el Estado existiera hablaron de la societas civilis para referirse a la sociedad formada bajo las garantías de las leyes y con objeto de utilidad común, como decía Cicerón (106 a.C. - 43 a.C.). Más tarde, en los siglos IV y V de nuestra era, la usaron los pensadores del catolicismo para contraponer la sociedad política con la civitas Dei dentro de la concepción político-religiosa de san Agustín. Posteriormente aludieron a ella ciertos seguidores de la doctrina contractualista para designar al “estado de sociedad”, en que los derechos de las personas empezaron a estar garantizados por el ”pacto social”, y diferenciarlo del “estado de naturaleza” en el que regía la ley de la selva. Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) habló, en su principal libro, del “tránsito del estado de naturaleza al estado civil” y afirmó que este representó para el hombre un cambio fundamental en cuanto “sustituyó en su conducta la justicia al instinto” y dio a sus acciones “la moralidad que antes les faltaba”.

            La noción hegeliana de la “sociedad civil”  —bürgerliche gesellschaft—  está referida a los hombres de negocios de un país y a su sistema corporativo de defensa de sus intereses ante el Estado.

            El líder político y pensador italiano Antonio Gramsci (1891-1937), en algunos pasajes de su pensamiento político que me resultan poco claros, se aventura en una difusa distinción entre “sociedad política”, que es el Estado, y “sociedad civil”, que es “el conjunto de organismos comúnmente llamados privados”. Ambas, por supuesto, forman parte de la “superestructura” social, para hablar en términos marxistas. Sin embargo, aquella es una distinción muy poco clara que yo no sé si se pueda inscribir dentro de los cánones marxistas a los que el líder italiano respondía.

            En los años 90 del siglo pasado los científicos sociales norteamericanos empezaron a llamar “civil society” a todo lo que no estaba financiado por el Estado. Fue este sin duda el origen del giro actual de la expresión que a muchos sirve para designar a los grupos sociales que no pertenecen a la política formal ni al sector público de la economía.

            Durante los regímenes de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, en los años 80 del siglo XX, se dio mucho impulso a la versión neoconservadora de la “sociedad civil”, como parte del asalto contra el Estado  —y particularmente contra la política de bienestar—  y de la estrategia de excluir al sector empresarial y a sus actividades productivas de las leyes estatales para someterlas a las leyes del mercado.

            Los académicos norteamericanos, sintonizando en cierta forma el énfasis que Alexis de Tocqueville puso en su libro clásico "Democracy in America"(1835) sobre la importancia de las asociaciones independientes en la promoción de la democracia, entienden por sociedad civil el conjunto de grupos de interés y asociaciones privadas que tienen el poder suficiente dentro de la vida social para proteger a los individuos del autoritarismo de los Estados. Por eso el concepto alcanzó fortuna en los países del este europeo durante el proceso de su liberación de la hegemonía de los regímenes comunistas en la última década del siglo XX. Pero el concepto tiene para ellos también una connotación de defensa de la propiedad privada y del mercado, a los que consideran factores de cohesión social siguiendo en esta materia las ideas de Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, James Steuart y Adam Ferguson que, en los tiempos de la Ilustración Escocesa de mediados del siglo XVIII, defendieron el derecho del mercado y de su “mano invisible” para ordenar las cosas de la economía.

            Para el profesor Christopher Candland del Wellesley College de Londres la sociedad civil está íntimamente ligada a la institución de la propiedad privada y a sus mecanismos de protección. Escribe, invocando a Rousseau, que la primera persona que dijo “esto es mío” y tuvo a su alrededor gente lo suficientemente simple para creerle, fue la verdadera fundadora de la sociedad civil.

            Con la expresión “sociedad civil” se hace referencia, como lo dice Larry Diamond de la Hoover Institution, al “ámbito de la vida social organizada que es voluntaria, autogenerada, autosuficiente, independiente del Estado y vinculada a un orden legal o serie de disposiciones compartidas”. O, según la opinión del diplomático chileno Fernando Reyes Matta, a la “praxis colectiva impulsada por diversas organizaciones más allá del ámbito estatal”.

            Sin embargo, es muy cuestionable aquello de que la “sociedad civil” sea autosuficiente e independiente del Estado. No puede serlo, porque el Estado es el marco necesario dentro del cual ella funciona sometida al ordenamiento jurídico general. Nada de lo que opera dentro del Estado puede ser independiente de su autoridad y leyes. El Estado, como sociedad total y multivinculada, engloba a las innumerables asociaciones especiales univinculadas insertas en su territorio y les obliga a observar sus leyes.

            Lo que probablemente se quiere decir con esa expresión es que hay grupos sociales independientes de los partidos políticos, es decir grupos que no están comprometidos políticamente con ellos ni alineados en sus filas, o que hay grupos que están al margen de la actividad política directa, dado que la política es sólo un componente parcial de la vida social. En realidad la esfera de “lo social” es más amplia que la de “lo político”. En consecuencia, hay sectores sociales que no toman injerencia en “lo político” ni se sienten representados por “lo político”, pero que en el momento en que deciden organizarse y actuar políticamente entran a formar parte del activismo político y se termina con respecto a ellos la entelequia de la “sociedad civil”.

            Esos grupos se mueven en los espacios democráticos que el Estado les concede, donde pueden asumir sus propias visiones de la vida social al margen del alcance e influencia de los partidos. Son grupos privados que se organizan de diversa manera y que actúan a partir de sus intereses concretos, usualmente con pretensiones de influir en las decisiones gubernativas y en otras expresiones del poder o de impugnar, como parte del derecho que asiste a todos los ciudadanos para intervenir en el debate público, las decisiones de la autoridad.

            Esta expresión alcanzó cierto éxito en los años 90 del siglo XX y ha sido acogida y repetidamente utilizada por entidades académicas y también políticas. Se la usa unas veces en contraposición a los partidos políticos y otras en contraste con el sector público de la economía. En el primer caso se pretende con ella designar a las personas y grupos independientes que hacen política al margen de los partidos y, en el segundo, a los empresarios privados y a su circuito de influencia.

            En efecto, es curioso observar que este difuso concepto se lo invoca desde dos ángulos diametralmente opuestos: desde los llamados <nuevos movimientos sociales y ciertas organizaciones de base, todos ellos contestatarios y alentadores del proyecto expreso o tácito de suplantar a los partidos políticos, a los que consideran demasiado vinculados al <establishment; y desde los <grupos de presión, situados en la otra orilla, que pretenden ser sovereignty-free actors y cuyo interés manifiesto es evadir lo más que puedan los controles del Estado y reivindicar para sus actividades económicas el máximo de autonomía.

            No obstantes sus diferencias, estos grupos tienen en común la pretensión de representar a la “sociedad civil”, el rechazo a la mediación de los partidos políticos y la voluntad de entenderse directamente con el poder.

            La expresión “sociedad civil” carece de contenido. El hecho de que se la invoque desde ángulos tan diametralmente diferentes lo demuestra. Sin embargo, se da por sentada su existencia. Mucha gente habla de ella y en nombre de ella, pero ¿qué es la “sociedad civil”? ¿a quién representa? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quién elige o nombra a sus personeros? ¿A quién rinde cuentas? Son preguntas sin respuesta. Sin embargo, en los últimos años ella ha ganado un espacio en la actividad política nacional e internacional por medio de las organizaciones no gubernamentales (ONG) principalmente.

            Merece la pena preguntarse: ¿En contraste o en contraposición a qué se utiliza la expresión “sociedad civil”? Para la neoderecha, en contraposición al Estado; para ciertas izquierdas, en contraste con los partidos políticos. Pero esta ambivalencia la descalifica como categoría científico-social. Si se suprimiera el calificativo “civil” se ganaría en claridad, dado que la sociedad está compuesta no solamente por personas individuales sino también por asociaciones de personas.

            No desconozco que algunos escritores viejos y nuevos han hablado de “sociedad civil”, pero han dado a la expresión muy diferentes significaciones. Coincido con lo que dice John Keane en su libro “Democracia y Sociedad Civil” (1988): que este concepto ha sido usado sin mayores precisiones por más de ciento cincuenta años. Y voy más lejos: sostengo que hoy se lo usa con mayor imprecisión que antes.

            Para poder situar el problema hay que partir de la distinción entre la sociedad política total, que es el Estado  —o sea la sociedad jurídica y políticamente organizada sobre un territorio determinado—,  y las numerosas sociedades parciales, secundarias o especiales que se insertan en su territorio y que operan al amparo de las leyes estatales. La sociedad total rodea al ser humano en todas sus manifestaciones de interacción social. Lo envuelve en sus múltiples actividades y le procura solución a sus problemas. El Estado enmarca la totalidad de la vida social. Es, por ello, una sociedad multivinculada, cuyos miembros individuales o corporativos están unidos por numerosos lazos, que se cruzan y entrecruzan. Las otras son las sociedades especiales formadas para la consecución de una determinada categoría de fines. Están fuera de su alcance todos los demás propósitos, cuya competencia recae sobre el Estado. Ellas son grupos univinculados, cuya razón de ser es la defensa de un solo orden de valores o intereses y la persecución de una sola categoría de fines, sean éstos culturales, científicos, artísticos, económicos, religiosos, deportivos, sociales o de cualquier otra índole. Hay una enorme cantidad y calidad de estas organizaciones. La gente suele participar en muchas de ellas. Como bien observa el profesor José Fernández Santillán en su libro “El Despertar de la Sociedad Civil” (2003), “el asociacionismo moderno no está basado en pertenencias inamovibles; por el contrario, cada persona puede incluirse en diferentes agrupaciones. Ir de aquí para allá insertándose en las funciones y asociaciones que le parezcan, con toda libertad, sin cortapisas es el distintivo de la nueva sociedad.” Y así fue siempre. Alexis de Tocqueville hace dos siglos, al estudiar la democracia norteamericana, sostuvo que la tendencia de los individuos a agruparse en asociaciones era irrefrenable.

            El asociacionismo responde a un instinto primario del hombre  —al que aludía Aristóteles con su zoon politikon—,  que le induce a juntarse con sus semejantes en busca de comunicación, compañía y ayuda. En la modernidad ese instinto está íntimamente ligado a los procesos de industrialización, urbanización y democratización de las sociedades. Este asociacionismo es voluntario, a diferencia de la asociación estatal, que es obligatoria, ya que una persona no puede dejar de pertenecer a un Estado sino para formar parte de otro. Las asociaciones voluntarias se establecen y operan bajo reglas compartidas y aceptadas por sus miembros y autorizadas por el Estado.

            Mediciones estadísticas han demostrado que la tendencia a participar en este tipo de asociaciones es más alta en los países del norte de América y de Europa, donde más de la mitad de las personas pertenece a algún género de asociación, y es mayor en las clases o capas sociales de mejores condiciones económicas.

            Es a este conjunto de asociaciones, identificadas según los objetivos que se proponen  —culturales, profesionales, económicos, deportivos, religiosos, empresariales o de cualquier otra índole—,  que se ha dado en llamar entidades o grupos de la “sociedad civil”.

            Fernández Santillán, tratando de aproximarse al inasible concepto de “sociedad civil”, escribe que ella “se presenta como un espacio abierto a la construcción de formas asociativas independientes del control gubernamental y que ejercen influencia en el diseño de las políticas gubernamentales”. Su punto de vista, sin duda, se acerca al de Larry Diamond, quien la definió como el ámbito de la vida social organizada que es voluntaria, autogenerada, autosuficiente e independiente del Estado, y al del politólogo estadounidense Benjamín Barber, quien sostiene que ella es el espacio intermedio entre el gobierno y el sector privado, espacio que no es, por tanto, el lugar donde votamos ni el lugar donde compramos sino donde hablamos con nuestros vecinos sobre la seguridad mutua y donde planeamos los beneficios comunitarios.

            Las relaciones entre la sociedad total  —el Estado— y las sociedades especiales que dentro de él existen son de subordinación jurídica de éstas bajo aquélla. El Estado, por ser una entidad dota da de soberanía, asume una posición de supremacía dentro de su territorio y ostenta el monopolio de la coacción física legítima sobre todas las corporaciones y personas allí situadas. De modo que, a diferencia del Estado, que es una asociación multivinculada, las denominadas organizaciones de la sociedad civil son univinculadas. El Estado es una asociación primaria y éstas son asociaciones secundarias. Desde los tiempos de Platón la polis era considerada, bajo la naciente perspectiva organicista, como una “comunidad de sociedades”. Ya en aquel tiempo había una consideración holística de la sociedad, o sea un ente que es algo más que la suma de sus componentes.

            Sin embargo, las Naciones Unidas han puesto especial empeño en promover a los denominados grupos de la “sociedad civil” y de acogerlos en el seno de sus organismos especializados, aunque nunca los ha definido ni descrito. Cónclaves internacionales se han reunido en torno de ellos. Se habla de una “sociedad civil mundial” como fuerza emergente en la política internacional. Se han realizado varias reuniones multinacionales con el propósito de impulsarla. El Foro del Milenio de las Naciones Unidas, reunido del 22 al 26 de mayo del 2000 en la sede de la Organización Mundial en Nueva York, al que asistieron 1.350 representantes de organizaciones de ciento seis países, aprobó una declaración sobre la “sociedad civil mundial organizada” y manifestó su voluntad de crear un foro permanente de ella democráticamente constituido; se reunió en Ginebra el Foro Mundial de la Sociedad Civil del 8 al 20 de julio del 2002; hubo una Conferencia Mundial de la Sociedad Civil en Montreal en 2002; existe un Foro de la Sociedad Civil Europea; del 13 al 18 de junio del 2004, en el marco del Fórum da Sociedade Civil (FSC) reunido en Sao Paulo, numerosas organizaciones no gubernamentales discutieron sobre las nuevas políticas para ir hacia la reorganización del sistema de gobierno global. Hay incluso un Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil  —denominado con la antigua palabra africana ubunto, que significa “humanidad”—,  cuyo principal proyecto es la reforma en profundidad del sistema de instituciones internacionales. La primera reunión de este foro tuvo lugar en Ginebra del 14 al 19 de julio de 2002, a la que concurrieron alrededor de mil representantes de más de quinientas organizaciones procedentes de setenta países.

            Todos estos han sido intentos de articular las organizaciones autodenominadas de la “sociedad civil” con miras a formar una red de escala mundial. Pero estos foros se han cuidado de no definir lo que es esa entelequia denominada “sociedad civil”.

            Lo que se busca, en el fondo, es fortalecer las llamadas <organizaciones no gubernamentales (ONG) para que puedan tener una mayor incidencia en la formulación y aplicación de las políticas estatales. Esto fue lo que se planteó, por parte de la “sociedad civil” latinoamericana, en el Foro Mundial de Ginebra del año 2002, cuyo propósito central fue promover “la unión en red de las organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica (...) para recuperar su influencia política y social (...) con el objetivo de posicionar al mayor número posible de organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica ante los gobiernos de los grandes bloques de países y empresas transnacionales que se han formado en el mundo”.

            Para Martin Khor, activista internacional de la “sociedad civil”, en cuya condición ha asistido tanto al Foro Económico Mundial de Davos como al Foro Social Mundial de Porto Alegre, escenarios donde ha reclamado una “adecuada regulación gubernamental del mercado, de modo que beneficie a la sociedad, y que esa regulación se realice en el plano nacional e internacional”, y ha invocado “la reforma de la OMC y el Fondo Monetario Internacional, para que no sirvan a los intereses de los países ricos sino que sean justos para los países en desarrollo y las comunidades pobres”, las organizaciones no gubernamentales (ONG) son “la voz de la sociedad civil”. Pero este punto de vista se fractura en el momento de definir cuáles son las ONG que ostentan esa representación. Por eso Khor habla de las “ONG del sur” y las “ONG del norte”, criterio compartido por el Banco Mundial, para el cual la “sociedad civil” se resuelve en la colección de ONG cuyos representantes asisten a los foros internacionales que él convoca.

            Hay un amplio y difuso abanico de nociones alrededor de la “sociedad civil”. Para el Foro Social Mundial de Porto Alegre o para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés) la noción de “sociedad civil” involucra a los movimientos sociales cuestionadores del proceso de la globalización capitalista impulsado por las grandes <corporaciones transnacionales y críticos de la organización financiera, comercial y monetaria del mundo, de modo que los grupos que no comparten esta orientación no son realmente “sociedad civil”; mientras que para el Banco Mundial o para el Fondo Monetario Internacional la participación de la “sociedad civil” tiene un contenido totalmente diferente. El FSM se declara “espacio abierto” para la participación de las organizaciones de la “sociedad civil” comprometidas con la construcción de un mundo diferente del que hoy existe. En cambio, el BM y el FMI dan cabida a las organizaciones comprometidas con el sistema capitalista de corte neoliberal. Sería imposible encontrar puntos de convergencia entre ellas, establecer sus elementos comunes o identificar los objetivos compartidos. Esta ambivalencia es parte de la nebulosa ambigüedad de la expresión “sociedad civil”.

            El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, en un documento presentado a las Naciones Unidas, argumenta que “la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil emana de lo que hacen y no de a quienes representan ni de algún tipo de mandato externo. En última instancia son lo que hacen. El poder de la sociedad civil es un poder difuso. Consiste en su capacidad de discutir, proponer, experimentar, denunciar y servir de ejemplo”. Todo esto está bien, pero nada de lo dicho por Cardoso demuestra la existencia de la denominada “sociedad civil”, como un ente ontológicamente posible. Si en lugar de hablar de la “sociedad civil” se hablara simplemente de la “sociedad” todo estaría claro. Precisamente el “ser lo que hacen” es la fuente de las confusiones, porque hay “sociedades civiles” que hacen cosas bien diferentes, bajo las más diversas o contrapuestas orientaciones ideológicas y finalidades.

            Si a la expresión “sociedad civil” se le amputara la palabra “civil” nada pasaría. No cambiaría en absoluto la extensión ni la comprensión del concepto. Nada agrega la palabra “civil” a “sociedad”. Lo cual prueba la inutilidad de la expresión. Si en lugar de decir “las entidades o los grupos de la sociedad civil”, dijéramos “las entidades o los grupos de la sociedad” el resultado sería el mismo. Por consiguiente, hablar de “sociedad civil” es simplemente una moda intelectual impuesta por los académicos norteamericanos, que ha sido copiada sin sentido crítico, del mismo modo como copiamos insensateces tales como “clase política” para referirnos a la dirigencia política o llamamos “democracia participativa” (participative democracy) a lo que simplemente debemos llamar “democracia”, puesto que no hay democracia sin participación. Estas aberraciones responden a un rutinario sentido de la <imitación, tan propio del animal gregario que es el hombre, en el que ha incurrido incluso la burocracia de las organizaciones internacionales.

            Los propios círculos académicos norteamericanos, que fueron los que “exportaron” la expresión, suelen hacer toda clase de piruetas para eludir una definición. Evitan concretar qué debemos entender por civil society. Y los europeos incurren en la misma evasión. La British Library, por ejemplo, afirma que este es uno de los conceptos más “calientes” de las ciencias sociales: dice que is one of the “hottest” concepts in all of the social sciences that touch on political life. Pero de allí no pasa. Los ideólogos del primer mundo afirman que la “sociedad civil” está basada en una participación pública voluntaria que contrasta con la participación coercitiva del Estado. Dicen que la “civil society is based on voluntary participation, whereas the state is based on coercion”; y que el gobierno es la coerción institucionalizada; pero no dicen qué es la “sociedad civil”. Unos incluyen en ella sólo a las organizaciones sin fines de lucro (non profit organisations) mientras que otros trazan horizontes más amplios e incluyen a todas las comunidades organizadas por sí mismas bajo un interés común (self-organising communities of common interest) y otros incorporan a todas las formas de cooperación no gubernamental, los grandes negocios incluidos (all forms of non governmental cooperation including big business).

            Para los académicos norteamericanos la coerción parece ser el único o el principal elemento diferenciador entre el Estado, como sociedad política, y la inefable “sociedad civil”. Dicen que lo que distingue al gobierno del mercado es la fuerza coercitiva: presente en el uno y ausente en el otro.

            En este sentido  —afirman—  la “sociedad civil” se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y comportamientos situados entre el Estado, el mundo de los negocios y la familia: “civil society refers to the set of institutions, organisations and behaviour situated between the state, the business world, and the family”.

            Lo cual parece involucrar a las organizaciones voluntarias sin fines de lucro de diferentes clases (voluntary and non-profit organisacions of many different kinds), a las instituciones filantrópicas, a los movimientos políticos y sociales y a otras formas de participación social, con los valores y categorías culturales asociados con ellas (other forms of social participation and engagement and the values and cultural patterns associated with them).

            En la abundante bibliografía sobre el tema impera, deplorablemente, la imprecisión.

            Por supuesto que es deseable la participación ciudadana en el Estado democrático y en la vida internacional  —que tienen actores políticos unipersonales y corporativos—,  participación que por tanto puede ser individual  —un hombre: una opinión, un hombre: un voto, un hombre: una acción, un hombre: un interés—  o corporativa, es decir, el hombre inserto en una asociación, comunidad, corporación, entidad, fundación, grupo organizado o sociedad menor de naturaleza privada dentro del Estado. En el primer caso la unidad de acción es el individuo y, en el segundo, la entidad multipersonal. El Estado está compuesto de personas y de grupos de personas. Por tanto, hay una responsabilidad política individual y una responsabilidad colectiva y compartida.

            Creo que la emergencia de las denominadas organizaciones de la “sociedad civil” responde, en el fondo, a la crisis de las intermediaciones en el mundo contemporáneo: de las intermediaciones políticas, económicas, laborales, culturales, religiosas y de todo género. La gente quiere hacer las cosas por sí misma, no que se las hagan. No desea ser representada sino actuar directamente. Este es el origen de los conflictos, escisiones, cuestionamientos y crisis disciplinarias que sufren todas las instituciones sociales, incluso aquellas que se habían caracterizado tradicionalmente por una férrea disciplina.

            Detrás de esta locución hay, sin duda, intenciones ocultas. Por eso se la invoca con tanta insistencia. La mayor parte de quienes la usan quieren contraponer un sector de la sociedad, al que llaman “sociedad civil”, con los partidos políticos. Tratan de segregar a la sociedad que está dentro de los partidos de la que está fuera de ellos. En nombre de la “sociedad civil” actúan ciertas personas que intentan suplantar a los dirigentes políticos y hacer política hablando mal de la política, sin percatarse de que se convierten también en dirigentes políticos y de que con ello quedan fuera de lo que denominan “sociedad civil”. En todo caso, está bastante clara su intención de ocupar el lugar de los políticos “formales” en sus relaciones con el Estado, de crear nuevos actores sociales y trasladar hacia ellos la representación política de la colectividad. Algunos incluso identifican a la “sociedad civil” con las <organizaciones no gubernamentales (ONG) de diversa naturaleza  —ecologistas, feministas, laborales, educativas, de protección de las minorías étnicas, de defensa de los animales, etc.—  que operan dentro del Estado, aprovechando para sus propósitos el ansia de algunos sectores de la sociedad de que se constituyan estos organismos intermedios como una instancia de expresión de sus ideas, intereses y reclamos. Pretenden que esas instituciones, que asumen una cierta representación de los segmentos sociales en los diferentes campos aunque nadie les ha elegido ni les ha conferido esa representación, ocupen el lugar de los partidos en sus relaciones con el Estado. Y como los campos en los que ellas actúan colindan con la política  —actividades ambientalistas, derechos humanos, minorías étnicas, investigaciones electorales y otros de este orden—  siempre tienen la tentación de hacer política invocando la “no política”.

            Es incuestionable que en muchos lugares  —América Latina especialmente—  el binomio partidos-sindicatos, que había monopolizado tradicionalmente la acción política, y otras instituciones democráticas (parlamentos, presidencias, tribunales de justicia, órganos de control, grupos de presión, etc.) sufren un creciente deterioro en su prestigio. Amplios sectores de la población no se sienten representados por los partidos. Esta es la razón principal de la insurgencia de los movimientos y asociaciones de la llamada “sociedad civil” que se empeñan en deslegitimarlos para ocupar su lugar.

            Pero a pesar del éxito que esta expresión ha alcanzado en ciertos círculos de las ciencias sociales a mí me parece inexacta y poco afortunada porque la pretendida “sociedad civil” no puede ser otra cosa que la sociedad enmarcada en el Estado, compuesta por individuos y corporaciones, es decir, la sociedad jurídica y políticamente organizada. En tal caso basta hablar de “sociedad” puesto que, en rigor, la palabra “civil” nada agrega al concepto de sociedad y resulta superflua. De ninguna manera es apropiado el empleo de tal expresión para referirse a un grupo de personas que no estén sometidas a la regimentación estatal o que formen el llamado “tercer sector” de los actores sociales que pretenden vanamente situarse fuera de los ámbitos de lo estatal-gubernamental y de lo económico público.

            Lo que ocurre es que el concepto de sociedad civil está emparentado con la proclama de la “muerte de las ideologías” y con las prédicas desprestigiadoras de los partidos políticos. A través de él se trata de colocar a una esfera social “fuera del poder del Estado” y del alcance de los partidos. Intento vano, por supuesto, ya que nada de lo que ocurre dentro del territorio estatal puede dejar de incumbir al Estado aunque este no sea totalitario sino democrático y, de otro lado, hasta hoy no se ha inventado un sistema de representación política global diferente del de los partidos. Se pueden y se deben crear nuevos movimientos sociales y formas no tradicionales de asociacionismo para defender los múltiples intereses humanos. Esto es parte del pluralismo democrático. Pero nada de ello podrá escapar a la preocupación del Estado ni suplantar la acción de los partidos. Resulta conveniente que se creen organizaciones para la defensa de intereses específicos de los grupos sociales, que no siempre han merecido la atención de los partidos. Eso enriquece la vida democrática. Pero tales organizaciones no pueden asumir la representación política de la sociedad ni están en aptitud de afrontar la universalidad de los problemas sociales. Si lo hicieran se convertirían en <partidos políticos.

            Las Organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden complementar mas no sustituir a los partidos. Ellas no tienen una visión universal de los problemas de un país. Carecen de representatividad política. Pueden ser útiles  —y de hecho muchas de ellas lo son—  para ampliar la órbita de las preocupaciones públicas y diversificar los puntos de interés social. Pero eso no significa que estén en capacidad de remplazar a los partidos como intermediarios entre la sociedad y el poder ni que tengan la legitimidad para hacerlo. Es cierto que ellas a veces hacen planteamientos que no constan en los programas de los partidos. Allí está su importancia. Ellas pueden complementar la acción de los partidos pero no sustituirlos.

            Esa entelequia a la que se suele llamar “sociedad civil” no es más que una serie de corporaciones privadas de diversa clase y naturaleza que, bajo la autorización y regimentación del Estado, operan en su territorio. Son en realidad sociedades especiales a través de las cuales los ciudadanos actúan colectivamente para expresar sus ideas, defender sus intereses y alcanzar objetivos comunes en determinados campos de la vida pública. Pueden ser de la más variada clase: de carácter cultural, científico, político, económico, artístico, deportivo, social, religioso, no gubernamental o de cualquier otra índole. Todas ellas están insertas en el territorio estatal y funcionan bajo la garantía de las leyes. Pero ni todas juntas ni separadas pueden asumir la representación política de la sociedad. Ese no es su papel. Nadie les ha conferido tal representación.

            En la sociedad contemporánea se observa la proliferación de grupos y asociaciones de variado tipo que responden sin duda al anhelo de romper la marginación política de los ciudadanos individualmente considerados. Esos grupos son instrumentos de su participación en los asuntos públicos. Así se han formado y consolidado numerosas asociaciones que representan intereses específicos en el seno de la sociedad más amplia y ha nacido un nuevo orden político dentro de ella. Es un orden político neocorporativista que curiosamente pretende colocarse al margen de “la política” y de “los políticos” y que está formado por una multitud de corporaciones de diversa índole que representan intereses grupales y que pretenden controlarlos.

            El sociólogo norteamericano Robert Wuthnow, en su libro "Sharing the Journey" (1994), consigna datos interesantes acerca del desarrollo de las pequeñas asociaciones privadas en Estados Unidos. Se refiere a grupos no muy extensos que suelen reunirse regularmente para servir intereses comunes de su miembros, generalmente en el campo de la ayuda mutua, la ecología o las obras de caridad. Como resultado de su investiga Wuthnow afirma que el 40% de los norteamericanos (aproximadamente unos 75 millones de personas) pertenecen a grupos pequeños que se juntan con regularidad. Y este fenómeno ocurre en muchos otros países. Pero obviamente no se trata de algo diferente de las asociaciones especiales, con fines restringidos, a través de las cuales los ciudadanos actúan colectivamente para expresar sus ideas, defender sus intereses y alcanzar objetivos comunes en determinados campos de la vida privada o pública.

            Al conjunto de tales corporaciones se ha dado en llamar sociedad civil.

            Cada una de ellas trata de ordenar la conducta de sus miembros, implanta principios de organización interna y de jerarquía, fija metas comunes, establece normas de acceso y exclusión, es decir: asume todas las características propias de una corporación. Es un nuevo <corporativismo  —no exactamente en el sentido fascista de la palabra—  sino en el de la formación de grupos, asociaciones, movimientos sociales, agrupaciones de ciudadanos, gremios, entidades ocupacionales y toda suerte de organizaciones que, representando los intereses más diversos e incluso contrapuestos, pretenden asumir la representación de la sociedad en su conjunto y tomar parte en la vida política del Estado.

            Estas nuevas entidades se han sumado a las que antes existían  —algunas de ellas clásicas, como los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, los colegios profesionales, los grupos de presión, las iglesias, las empresas industriales y las compañías mercantiles—  y han formado un tejido social de naturaleza corporativa. Es verdad que el Estado siempre se ha compuesto no sólo de individuos humanos sino también de corporaciones privadas, pero la diferencia actual es que esas corporaciones privadas han entrado en las disputas de orden público.

            Son estas corporaciones  —que con frecuencia se presentan como “grupos alternativos”, que han activado concertaciones y pactos entre sí y que han impulsado políticas económicas, culturales y de otra índole—  las que forman la llamada “sociedad civil”. Sus intereses son, sin embargo, muy disímiles. Hay corporaciones que han nacido para defender el <establishment y otras de naturaleza contestataria que buscan suprimirlo. Allí no hay la menor coherencia. Existen grupos de la “sociedad civil” que combaten el sistema político y socioeconómico prevaleciente y que proponen algún tipo de socialización, mientras que otros se han formado no sólo para consolidarlo sino para promover la <privatización de los bienes, empresas y activos públicos. No obstante, todos ellos hablan en nombre de las prerrogativas de la “sociedad civil”.

 
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