servicios públicos

            Son las prestaciones de la administración central o descentralizada del Estado para satisfacer las necesidades fundamentales de la población en forma continuada, uniforme e igualitaria.

            Estas prestaciones buscan la satisfacción concreta de necesidades colectivas, tales como la provisión de agua potable, electricidad, telefonía, correos, canalización, aseo de calles, alumbrado público, atención hospitalaria, servicios de salubridad, carreteras, policía y muchas otras de este estilo que entregan las entidades públicas estatales o seccionales, a cambio de las cuales exigen al usuario el pago de una tasa por ellas. La >tasa, por tanto, es la contraprestación por un servicio público. Ella sirve para financiar la prestación de él, por lo cual hay siempre una proporcionalidad entre el uso del servicio y su contraprestación económica.

            Hay una tendencia en el mundo hacia la <privatización de varias actividades del Estado, entre ellas la prestación de los servicios públicos. Se ha abierto un intenso debate sobre el tema. La argumentación principal de los grupos privatizadores es que el Estado sufre cuantiosas pérdidas en la administración de las empresas públicas, administración que por lo demás es generalmente deficiente. La conclusión es, por tanto, que debe transferirse a manos privadas el manejo de ellas para reducir los déficit fiscales y para someterlas a las señales del mercado, orientarlas a obtener utilidades y darles una administración más eficiente. El Estado, libre de estas preocupaciones, podría ser más eficaz en el cumplimiento de sus deberes primordiales.

            La argumentación, en términos de costo-beneficio empresarial, parece lógica, aunque no es verdad que todas las empresas públicas pierdan dinero ni que sean necesariamente ineficientes. El problema está en que el Estado, como entidad regimentadora de la sociedad, no puede perder de vista la promoción de la democracia económica ni la defensa de los derechos humanos de carácter social. Si la razón de ser del Estado sólo fuera alcanzar el crecimiento económico, sin preocupación por la distribución del ingreso, naturalmente que la privatización y la entrega del comando de la economía a manos privadas serían la mejor respuesta. Pero resulta que el Estado tiene deberes irrenunciables que cumplir en el campo de la justicia distributiva y de la defensa de los sectores económicamente menos favorecidos.

            De otro lado, la empresa privada, por sí sola, no es capaz de hacer en los países pequeños las altas inversiones que algunas áreas económicas requieren para su desarrollo ni las que son necesarias en el campo social para prestar servicios compensatorios a los sectores menos favorecidos de la población ni puede afrontar las emergencias de una crisis económica grave.

            En todo caso, la privatización tiene que ser selectiva. No debe, en mi concepto, abarcar el sector energético, el de los servicios públicos básicos ni las áreas claves de la economía. Se llaman áreas claves o estratégicas las que dan poder político. Si ellas fueran privatizadas, el sector privado que las manejara tendría mayor poder que el propio gobierno. La privatización de los servicios públicos traería inevitablemente varios efectos indeseables: el aumento de las tarifas marginaría de su beneficio a importantes sectores de la población, la optimización de las ganancias  —que es parte del instinto de conservación de la empresa privada—  le conduciría a no extender los servicios públicos hacia las zonas periféricas poco rentables y, finalmente, el prestador de ellos podría asumir una grande e inconveniente influencia sobre los mandos del Estado. Mi experiencia personal de gobierno así me aconseja. Pienso en los centenares de miles de campesinos a quienes dimos la luz eléctrica de la que habían carecido siempre, o en los centenares de pequeños poblados que por primera vez tuvieron plantas telefónicas, o en las masas rurales que fueron beneficiadas con el servicio de agua potable. En todos estos casos mi gobierno trabajó a pérdida y compensó estos egresos con los que percibía en áreas más rentables. Visto desde la perspectiva comercial, ninguno de esos sectores es atractivo para el interés particular ni puede rendir utilidades. ¿Va la empresa privada a trabajar a pérdida? ¿Dotará de servicios a lugares no rentables? Tengo mis dudas. Lo seguro es que la <marginación social aumentará con la privatización por la doble vía del alza de tarifas y de la exclusión de los servicios públicos básicos a los sectores periféricos.

 
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