secuestro

                 Esta palabra, que proviene del latín sequestrum, en su acepción política significa retener a una persona por la fuerza o por la amenaza de su uso con el fin de exigir dinero, bienes o acciones a cambio de su libertad. Para designar esta práctica se suelen también utilizar las palabras plagio  —que entre los antiguos romanos (plagium) significaba comprar un hombre libre y retenerlo en servidumbre o utilizar un siervo ajeno como si fuera propio—  y rapto, aunque esta palabra en el ámbito jurídico significa la retención de una persona con fines sexuales. La ley se ocupó del rapto desde los viejos tiempos romanos y aun antes, desde los de la Grecia clásica. Don Joaquín Escriche, en su antiguo "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia" (1858) define el rapto como “el robo que se hace de alguna mujer sacándola de su casa para llevarla a otro lugar con el fin de corromperla o de casarse con ella”. Y comenta que originalmente los romanos castigaban este acto con penas muy leves, aunque más tarde las endurecieron los emperadores.

                Desde hace siglos ha sido usada esta forma de agresión como arma política. Doce siglos antes de nuestra era, según el relato homérico y la tradición clásica de los griegos, el secuestro por los troyanos de la hermosa Helena, hija de Zeus y esposa de Menelao, ocasionó la guerra de Troya. Cuenta la leyenda romana que los seguidores de Rómulo  —uno de los mitológicos fundadores de Roma en el siglo VIII antes de la era cristiana—  secuestraron durante una fiesta a las sabinas y se las llevaron. El episodio legendario se conoce como el rapto de las sabinas. En su intento de rescatarlas, los soldados de Sabino, antiguo pueblo de la Italia central, desataron una guerra. Pero las tropas de ambos lados se reconciliaron cuando aparecieron las sabinas en el campo de batalla con niños recién nacidos en sus brazos. Las tribus vikingas, las célticas y las germanas utilizaron con frecuencia el secuestro para conseguir sus propósitos políticos, militares o económicos. La Biblia, en el Libro del Génesis del Antiguo Testamento, relata el secuestro de José, hijo favorito de Jacob, por sus propios hermanos para venderlo a los ismaelitas que, con su cargamento de aromas, bálsamo y mirra destilada, pasaban en sus camellos por Dothain rumbo a Egipto.

                El secuestro es una práctica brutal y una violación horrenda de los derechos humanos fundamentales, como el de la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad; con el agravante de que con frecuencia la víctima es una persona inocente. Suele persiguir objetivos políticos o económicos. Sus autores, consecuentemente, pueden ser individuos o grupos subversivos, <escuadrones de la muerte, organizaciones paramilitares, asociaciones terroristas, carteles del narcotráfico o bandas de delincuentes comunes.

                Uno de los secuestros más espectaculares pero también más trágicos de la historia fue el del pequeño hijo del gran héroe del siglo XX, Charles Lindbergh. Lindbergh fue el primero en volar sobre el océano Atlántico, desde Nueva York a París, al comando de un pequeño avión monomotor bautizado como The Spirit of St. Louis. Despegó solo el 20 de mayo de 1927 desde el Roosevelt Field en Nueva York y aterrizó 33 horas y 32 minutos más tarde en el aeropuerto de Le Bourget cerca de París. Fue uno de los grandes héroes del siglo XX. Su pequeño hijo Charles A. Lindbergh Jr., de 20 meses de edad, fue robado sigilosamente del segundo piso de su casa en East Amwell, New Jersey, la noche del primero de marzo de 1932 y, a pesar de que su padre pagó a los secuestradores el rescate de 50.000 dólares  —una enorme fortuna en los días de la gran depresión—, éstos asesinaron al niño y su cadáver, con el cráneo fracturado, fue encontrado dos meses más tarde al borde de una carretera cerca de su casa. El autor del horrendo crimen  —el “crimen del siglo”, como se lo calificó en Estados Unidos—  fue un ilegal inmigrante alemán llamado Bruno Richard Hauptmann, con antecedentes delictivos en su país, quien fue condenado y murió en la silla eléctrica en 1936 después de un largo y accidentado proceso penal.

                Sobre el caso se han escrito torrentes de páginas en libros y en periódicos. Cuarenta y nueve años después del acontecimiento, los diarios "Hunterdon Democrat" y "New Brunswick News" de Nueva Jersey publicaron informaciones que pusieron en duda la culpabilidad del asesino oficial. Según estos periódicos, los archivos del FBI sobre el secuestro contradicen varios de los testimonios que sirvieron de base para la condena del carpintero de Nueva York. Demuestran que la identificación del cadáver fue hecha a toda prisa por un médico forense y por el propio Lindbergh. No hubo autopsia y el cuerpo fue incinerado horas después.

                Con el paso de los años, dos hombres afirmaron ser el hijo de Lindbergh. El uno fue Kenneth Kerwin, quien dijo haber sido secuestrado por la niñera y su amante y no por Hauptmann; y el otro, Harold Olson, que aseguró haber sido encontrado en una barca abandonada y haber sido educado por una familia del norte de Michigan. Ambos pretendían recobrar la herencia del aviador norteamericano, muerto en 1974, pero sus aspiraciones no tuvieron éxito.

                La verdad fue que el gobernador de Nueva Jersey, Harold G. Hoffman, que abrigó en su tiempo serias dudas sobre la culpabilidad de Hauptmann, no pudo convencer a los miembros del jurado que reexaminasen el caso. Y, entonces, el acusado fue ejecutado el 3 de abril de 1936 en la silla eléctrica de la prisión estatal de Nueva Jersey. Pero las dudas quedaron. Los compañeros de trabajo de Hauptmann declararon que éste había estado laborando el día del secuestro. Y las sospechas de haber condenado a un inocente han persistido a lo largo del tiempo.

                El 15 de julio de 1973 fue secuestrado en Roma Paul Getty III, nieto del millonario petrolero Jean Paul Getty, considerado en ese tiempo como uno de los hombres más ricos del mundo. Sus captores pedían 10 millones de libras esterlinas por su libertad pero fue liberado cinco meses después a cambio del pago de un millón de dólares. Sus captores le cortaron antes una de sus orejas y la enviaron a los padres de la víctima para certificar sus intenciones.

                Otro caso que llamó la atención mundial fue el secuestro de Aldo Moro, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Italia, que cayó en manos de las Brigadas Rojas el 16 de marzo de 1978, después de que sus cinco guardaespaldas fueron abatidos a tiros en la operación. La exigencia fue la liberación de 13 miembros del grupo terrorista. Todas las gestiones para su liberación, incluida la intervención del papa Pablo VI, resultaron inútiles y el líder político italiano fue asesinado.

                El 29 de mayo de 1970 la noticia del secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu en Buenos Aires estremeció a la opinión pública latinoamericana. Aramburu fue uno de los líderes militares de la “revolución libertadora” que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955 y ejerció el poder dictatorial en Argentina desde esa fecha hasta 1958, en que entregó el mando al doctor Arturo Frondizi, elegido presidente en los comicios del 23 de febrero de aquel año. La acción fue reivindicada por la naciente Organización Revolucionaria Peronista Montoneros, que en esa ocasión apareció a la luz pública por primera vez. En la mañana de ese día Fernando Abal Medina y Emilio Maza, militantes del grupo insurgente, vestidos con uniformes de oficiales del ejército, ingresaron al departamento de Aramburu ubicado en el octavo piso del edificio Nª 1053 de la calle Montevideo en Buenos Aires con el pretexto de darle seguridad. En la calle esperaban en tres vehículos Mario Firmenich, disfrazado de policía, Norma Arrostito, Capuano Martínez, un militante de apellido Ramus y otro individuo vestido de sacerdote. La mujer del general atendió a los dos visitantes y les ofreció café hasta que su marido saliera de la ducha. En eso “el general apareció sonriente, impecablemente vestido”, relataron cuatro años después, en una entrevista concedida a "La Causa Peronista" Nº 9, los líderes montoneros Mario Firmenich y Norma Arrostito, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Pistola en mano los secuestradores conminaron entonces al general a que les siguiera y se lo llevaron a una alejada y vetusta casa en la localidad de Timote, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Sometido al tribunal revolucionario, bajo la acusación de haber encabezado la represión contra el peronismo, ordenado robar el cadáver de Eva Perón y dispuesto la matanza de 27 argentinos sin fórmula de juicio, fue condenado a muerte y ejecutado en el propio lugar de su prisión temprano en la mañana del 2 de junio con un tiro en el pecho, los ojos vendados y las manos atadas en la espalda. Según el relato de Mario Firmenich, el ajusticiamiento fue precedido por un dramático diálogo: “General, vamos a proceder”, le dijo Fernando Abal Medina. “Proceda”, contestó el general.

                Esa fue una acción repudiable, entre otras razones porque se consumó como un simple acto publicitario. Aramburu (1903-1970) era un militar de temperamento apacible y sobrio, ideológicamente ubicado en la derecha liberal. Su gobierno de facto provisional, si bien reprimió con dureza el intento de rebelión peronista de junio de 1956 y fusiló tras juicios sumarísimos a sus corifeos, levantó las restricciones impuestas por el peronismo a la libertad de prensa  —aplicadas mediante los manejos de las cuotas de papel para los periódicos—,  reconoció la libre expresión cinematográfica, restituyó la autonomía universitaria, impulsó las artes y convocó a elecciones para transferir el poder a los civiles y retornar a la senda constitucional. Aramburu afirmó que entregará el mando “ni un minuto antes ni un minuto después” a quien resultare elegido en los comicios de febrero de 1958 y cumplió su palabra al entregarlo el 1º de mayo a su opositor Arturo Frondizi, triunfador en las elecciones. En 1962 Aramburu organizó un partido político  —la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA)—  con el propósito de retornar a la presidencia por la vía electoral y generar un proyecto alternativo a la hegemonía que el radicalismo y el peronismo mantenían en Argentina. En las elecciones triunfó Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y Aramburu quedó en tercer lugar con 720.000 votos.

                A partir de los años 70 del siglo anterior empezó a generalizarse la práctica del secuestro, primero con móviles e intenciones políticos y luego con ánimo de lucro. En algunos países de América Latina  —particularmente Colombia, México, Brasil y Venezuela—  se ha convertido en una próspera y bien organizada “industria” para el enriquecimiento de bandas y pandillas de malhechores.

                En Colombia las cifras eran aterradoras: en la década que culminó en 2007 fueron secuestradas alrededor de 22.200 personas por los grupos guerrilleros o por los delincuentes comunes, de quienes 2.700 fueron niños. 1.269 secuestrados murieron en el cautiverio. El más antiguo de los plagiados era el sargento del ejército Pablo Emilio Moncayo, quien a mediados del 2007 llevaba nueve años y medio en la selva. De aquella cifra global, 6.772 secuestros correspondieron a las FARC, 5.389 al ELN, 3.775 a la delincuencia común y 1.163 a las AUC. En 5.105 casos no se pudo establecer la autoría. Fueron rescatadas por las autoridades colombianas 4.422 personas. Según cifras del 2007, se calcula que los secuestradores obtuvieron en los últimos veinte años más de dos mil millones de dólares a cambio de la liberación de sus víctimas.

                Según un informe publicado por la Fundación País Libre, durante los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Pastrana en Colombia, desde 1998 hasta 2002, se batieron todas las marcas de secuestros con la cifra histórica de 12.948, que significa la media de 8,5 personas retenidas por día a cargo de los grupos guerrilleros, los paramilitares y las bandas de delincuentes comunes. De este total de víctimas, 3.958 permanecieron en cautiverio durante ese período  —entre ellas una candidata presidencial, cinco congresistas, un exministro de defensa, varios alcaldes, el gobernador de Antioquia, 46 oficiales y suboficiales militares y policiales, más de mil de niños—,  552 murieron en poder de los secuestradores, 5.530 recuperaron su libertad por la vía del pago, 183 lograron fugar, 2.335 fueron rescatados y se desconoce el destino de 377. Aunque es muy difícil señalar los linderos entre lo político y lo delictivo  —ya que incluso bandas de forajidos vendían sus víctimas a la guerrilla—  de esas cifras solamente 971 plagios tuvieron motivaciones puramente políticas.

                Sin embargo, las estadísticas de estos actos de terror no resultan muy confiables porque en un buen número de casos los secuestros no se notifican a las autoridades para no poner en peligro la vida de los cautivos.

                El 20 de junio del 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica divulgó nuevas cifras de secuestros en Colombia durante las últimas cuatro décadas. Entre 1970 y 2010 se produjeron 39.058 secuestros de personas  —o sea una media de 976 secuestros por año—,  de los cuales el 37% fueron imputados a las FARC, el 30% al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 20% a bandas criminales y a los paramilitares el 4%. Para los dos primeros grupos alzados en armas los secuestros fueron método de financiación de sus actividades y también medio de presión política sobre el gobierno. El 78% de los secuestrados fueron hombres y el 22% mujeres.

                Los grupos alzados en armas en Colombia efectuaban dos tipos de secuestros: el de personalidades políticas, militares o policiales  —alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, oficiales de las fuerzas armadas—,  cuyo propósito era ejercer presión sobre el gobierno y la opinión pública para lograr “acuerdos humanitarios” de canje de los secuestrados por guerrilleros presos; y secuestros extorsivos destinados a obtener dinero a cambio de la liberación de los rehenes, como una de las fuentes de financiamiento de sus actividades.

                Cualesquiera que sean sus móviles, el secuestro tiene una secuencia bien conocida: la selección de la víctima, el estudio de sus horarios, lugar de trabajo, itinerarios y costumbres, la elaboración del plan de secuestro, la aprehensión de la víctima en el sitio y hora adecuados, su traslado a un paraje seguro (que generalmente es un lugar apartado y silencioso), la retención de ella en condiciones de absoluta seguridad, la logística para su mantenimiento por plazos que a veces son largos, la presentación de las condiciones del rescate (que puede ser por escrito, por medio de un teléfono público o mediante emisario), el proceso de negociación, el pago del rescate en la forma y lugar convenidos y finalmente la liberación de la persona secuestrada. Todo lo cual obedece a un plan muy prolijamente diseñado. Sin embargo pueden darse desenlaces diferentes: la fuga del secuestrado, su liberación por la fuerza pública o su asesinato a manos de sus captores.

                Si el secuestro culmina con la libertad del secuestrado, lo más seguro es que éste quede temporal o permanentemente aquejado de secuelas psíquicas y emocionales. Una de ellas se conoce con el nombre de >sindrome de Estocolmo, que es un extraño sentimiento de gratitud para con sus captores que abriga la víctima por haberle permitido salir con vida de un trance tan dramático.

                En los secuestros políticos la personalidad de los secuestradores  puede impresionar y a veces hasta seducir a los secuestrados. Las largas pláticas en el aislamiento y la soledad terminan por generar lazos de afecto entre ellos. Por ejemplo, en 1974 ocurrió en Berkeley, Califonia, que Patty Hearst, nieta del magnate norteamericano de la prensa William Randolph Hearst, secuestrada durante 58 días por el Ejército Simbiótico de Liberación, terminó por unirse a sus captores para luchar junto a ellos en la consecución de sus objetivos de reivindicación social y adoptó como nombre de combate el de Tania, en homenaje a la guerrillera que acompañó al Che Guevara en su lucha por los montes de Bolivia.

                Hay secuestros más simples y de menor dimensión como los car-jackings en Estados Unidos, en que pandilleros o adictos a las drogas secuestran a los ocupantes de un vehículo y les obligan a dirigirse a un cajero automático para retirar sus depósitos bancarios. Sin embargo, a veces estos secuestros terminan trágicamente como en el caso de James Jordan, el padre del célebre jugador de baloncesto Michael Jordan de los Bulls de Chicago, quien fue secuestrado y asesinado por unos pandilleros al borde de una autopista de Carolina del Norte.

                Otra modalidad del secuestro es la toma de edificios y la aprehensión de sus ocupantes como rehenes con el propósito de negociar su libertad con las autoridades públicas a cambio de dinero o de determinadas acciones. En estos casos los cautivos no permanecen en lugares clandestinos. Fue dramático el asalto de los miembros de la organización terrorista árabe Septiembre Negro el 5 de septiembre de 1972 a los departamentos ocupados por los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich y la toma de nueve de ellos como rehenes para exigir la liberación de 250 palestinos detenidos en las cárceles de Israel. El gobierno judío no cedió ante el chantaje y en la acción de rescate efectuada por la policía alemana murieron cinco terroristas y todos los secuestrados.

                Con la asunción del poder por el ayatolá Ruhollah Jomeini en Irán, tras el derrocamiento del shah Muhammad Reza Pahlevi a causa de la rebelión islámica del 16 de enero de 1979, se estropearon las relaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, que llegaron a su punto más crítico el 4 de noviembre de ese año cuando, en represalia por la admisión del gobernante derrocado en territorio norteamericano con propósitos médicos, 500 exaltados estudiantes iraníes asaltaron el edificio de la embajada estadounidense en Teherán y tomaron a sus 90 funcionarios como rehenes. El número bajó después a 52 porque los secuestradores permitieron la salida de los negros y de las mujeres. En medio de la enorme conmoción que esto causó en la opinión pública norteamericana, profundamente humillada por el atropello a su embajada, el presidente Jimmy Carter, agotadas las gestiones diplomáticas y las presiones económicas, ordenó la operación secreta de rescate a los rehenes que comenzó el 24 de abril de 1980; pero ella fracasó ruidosamente porque, de la flotilla de 8 helicópteros que volaba rumbo a Teherán, tres se desplomaron en el desierto, abatidos por las tormentas de arena, con el saldo de ocho tripulantes muertos. La operación de rescate abortó y tuvo que ser cancelada. La indignación contra Carter fue tan grande que determinó su pérdida electoral en 1980. Solamente cuando él hubo abandonado la Casa Blanca  —el 20 de enero de 1981—  fueron liberados los rehenes por el gobierno iraní, después de 444 días de cautiverio.

                En la noche del 17 de diciembre de 1996 un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú, dirigido por Néstor Cerpa Cartolini y compuesto por 13 militantes, horadando la pared mediante una carga de dinamita, irrumpió en la residencia del embajador japonés en Lima, donde se desarrollaba una fiesta por el onomástico del emperador Akihito, y tomó como rehenes a más de 500 invitados, entre ellos los ministros de relaciones exteriores y de agricultura del gobierno de Alberto Fujimori, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jefes militares, congresistas, altos funcionarios, numerosos diplomáticos extranjeros y empresarios privados. A instancias de la Cruz Roja los captores liberaron a 120 personas entre las que se contaban la madre y la hermana del presidente, que no fueron reconocidas. En los días siguientes soltaron a otras personas no vinculadas con el gobierno y se quedaron finalmente con 72 rehenes. La exigencia del MRTA era el pago de un “impuesto de guerra” y la libertad de 458 de sus miembros detenidos en las cárceles peruanas, algunos de ellos  —como Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas, Miguel Rincón, Alberto Gálvez, Américo Gilvonio Conde, Lucero Cumpa, Lori Berenson, Jaime Castillo y otros—  condenados a penas de reclusión muy severas, cadena perpetua inclusive. Las negociaciones entre el gobierno y los asaltantes no tuvieron éxito. El gobierno impulsó una serie de maniobras de dilación para ganar tiempo: formó una comisión mediadora, abrió negociaciones y conversaciones, pidió la intervención de la Cruz Roja, organizó el viaje del presidente a La Habana, publicó comunicados, escuchó las demandas de los secuestradores y facilitó misiones pastorales de monseñor Juan Luis Cipriani en la residencia japonesa. Entretanto sus equipos especializados se encargaron de abrir un largo túnel hacia la residencia diplomática. El secuestro se prolongó así por 125 días, hasta que el 22 de abril de 1997 un comando combinado de 140 efectivos de las fuerzas armadas, utilizando la vía subterránea, tomó por asalto la residencia diplomática y en una violenta operación que duró 40 minutos mató a los 14 militantes del MRTA y liberó a los rehenes, salvo dos oficiales del ejército peruano que murieron en la balacera y el doctor Carlos Giusti Acuña, magistrado de la Corte Suprema, quien falleció por insuficiencia cardíaca. La toma del edificio se produjo a las 15:23 horas mientras los secuestradores jujaban “fulbito” (fútbol de salón) en la sala principal de la residencia. Con explosiones simultáneas, que abrieron boquetes en los cuatro costados de la casa, ingresaron los comandos militares y abrieron fuego. Los rehenes fueron alertados con diez minutos de anticipación, de modo que pudieron protegerse de las balas. Ciertos círculos internacionales atribuyeron al  prelado de la Iglesia Católica y a los personeros de la Cruz Roja en Lima, quenes sirvieron como mediadores, haber instalado micrófonos a fin de que el ejército pudiera obtener la información necesaria para el asalto e incluso haber provisto de camisas blancas a los rehenes para que los comandos militares estuvieran en capacidad de distinguirlos. En todo caso, la consigna evidente fue liquidar a todos los secuestradores y la operación de rescate terminó en un baño de sangre.

                Un secuestro  —o algo muy parecido a un secuestro—  ocurrió en Miami a partir del 25 de noviembre de 1999. Un pequeño náufrago, que flotaba en una cámara neumática de automóvil en la inmensidad del océano, fue salvado providencialmente por dos pescadores. Se trataba de uno de los tres sobrevivientes del naufragio de una pequeña balsa en la que él, junto a su madre y a doce personas más, huían de Cuba hacia las costas de Florida. El niño de seis años de edad, llamado Elián González, vio impotente cómo su madre, después de colocarlo sobre la boya, se ahogaba irremisiblemente. Fue conducido a la casa de un tío abuelo suyo ubicada en la llamada “pequeña Habana” del sur de Miami. Pronto la custodia del “balserito”, como lo llamaba la prensa, se convirtió en asunto político. Su padre había llegado desde Cuba para recuperar a su hijo mientras que la colonia de exiliados cubanos hizo causa común para negarse a entregarlo y, rodeada de una cohorte de abogados, interpuso toda suerte de leguleyadas ante la justicia norteamericana. Llegó hasta a la ridícula posición de plantear el “asilo político” para el niño, sin miramiento alguno a sus derechos ni a la patria potestad de su padre. Convocadas por Fidel Castro, quien no tardó en utilizar el tema como fuerza galvanizante, gigantescas movilizaciones de masas se efectuaron en La Habana. Los exiliados cubanos, por su parte, hicieron ruidosos escándalos en las calles de Miami. El asunto atizó las llamas de la vieja y enconada disputa entre los cubanos en el exilio y el régimen castrista. El presidente Bill Clinton, con admirable sentido de solidaridad humana y de justicia, expresó su opinión de que Elián debía estar con su padre mientras que el vicepresidente Al Gore, con menguado oportunismo electoral  —era, a la sazón, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata—,  se desvinculó del presidente y dijo que el niño debía quedarse en Miami. En tales circunstancias la procuradora general de Estados Unidos, Janet Reno, para quien “la ley es muy clara” y “los vínculos de sangre son sagrados”, después de fracasar en su intento de reunir a Elián y su tío abuelo con su padre, dispuso la intervención de la policía federal para rescatar al pequeño cautivo y entregarlo a su progenitor. Cosa que ocurrió en la madrugada del 22 de abril del 2000 y puso fin a cerca de cinco meses de secuestro del “balserito” cubano. Finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, desechando la apelación de los familiares de Miami, autorizó el retorno del niño a Cuba el 28 de junio del mismo año.

                En los años 70 hubo un auge de secuestros de aviones, bajo inspiración política, alentados por Libia, Siria y Cuba durante los primeros años de su revolución. En esa década se produjeron centenares de secuestros de aeronaves comerciales, que fueron desviadas principalmente hacia la isla antillana. Pero más tarde el gobierno cubano tomó medidas muy drásticas para desalentar la piratería aérea y castigar a sus autores. Con eso bajó el índice de secuestros aéreos, al mismo tiempo que las autoridades de aviación de todos los países tomaron severos arbitrios de seguridad en los aeropuertos.

                No obstante, el 27 de junio de 1976 cuatro terroristas palestinos forzaron a un airbus de la compañía Air France, que volaba en la ruta Atenas-Tel Aviv, a aterrizar en el aeropuerto de Entebbe de la capital de Uganda  —país que a la sazón estaba gobernado por ese ignaro y cruel bufón llamado Idi Amin—,  donde retuvieron como rehenes a 105 pasajeros judíos después de haber liberado a la tripulación francesa y a los pasajeros no israelíes. Los secuestradores demandaban la excarcelación de 53 terroristas convictos que estaban en las prisiones de Israel, pues de lo contrario asesinarían a los rehenes. El gobierno israelí parecía no tener opciones. No obstante, para ganar tiempo anunció negociaciones, mientras volaba hacia el aeropuerto de Entebbe una flotilla compuesta de dos Boeing 707 y cuatro Hércules C-130 de transporte, escoltados en el primer tercio de la ruta por varios Phantoms F-4 de la fuerza aérea israelí. En el primero de los hércules viajaba un grupo de comandos de elite con dos jeeps y un automóvil mercedes benz negro que era la réplica exacta del que usaba el tirano ugandés. Dos traían tropas de refuerzo y comandos para misiones especiales, como la de destruir en tierra los mig ugandeses, y el cuarto estaba destinado a transportar de regreso a los evacuados. Uno de los Boeing actuaba como avión comando y el otro estaba acondicionado como hospital aéreo. Los hércules, después de 7 horas y 40 minutos de viaje y de haber logrado evadir los radares de los Estados árabes, aterrizaron en Entebbe sin problemas a las 23:01 horas del día 4 de julio   —con un minuto de atraso con respecto al plan de vuelo previsto—   e inmediatamente los comandos irrumpieron en el terminal aéreo y en medio de un tiroteo rescataron a los cautivos en una operación relámpago. A las 23:52 horas estaban volando de regreso. Tuvieron que lamentar, eso sí, la muerte de tres rehenes y la del valiente comandante de la misión, coronel Yonatan Netanyahu. Fue una operación militar asombrosa, que parecía imposible. El presidente sólo informó de ella al gabinete cuando los aviones estaban en pleno vuelo. Actuó con arreglo a la política de su país de no negociar con los terroristas, tal como lo hizo en una situación anterior  —mayo de 1972—  cuando fue secuestrado un avión comercial de la compañía Sabena con 90 pasajeros a bordo en el aeropuerto de Lod, que sirve a Tel Aviv, y los secuestradores amenazaron con demoler la nave si el gobierno israelí no liberaba a los terroristas presos en sus cárceles. La respuesta entonces fue que soldados israelíes, al mando de Ehud Barak (quien 28 años más tarde ocupó el cargo de primer ministro), simulando ser personal de mantenimiento del aeropuerto, asaltaron la nave, dieron muerte a dos de los cuatro secuestradores y rescataron sin daño a los pasajeros rehenes.

                La milicia fundamentalista islámica Boko Haram, fundada en Nigeria por Mohammed Yusuf el año 2002, secuestró el 14 de abril del 2014, en un colegio del pequeño poblado Chibok situado al noreste de Nigeria, 223 muchachas de entre 13 y 18 años de edad que estudiaban allí para venderlas como objetos sexuales. El líder de la banda, Abubakar Shekau, declaró en la televisión que las había secuestrado "por orden de Alá" para sentar el precedente de que "la educación occidental debe cesar". Y proclamó en aquella oportunidad: "Hermanos: deben cortar la cabeza a los infieles". Esa acción formó parte de la campaña de terror que lanzó desde 2012 contra las instituciones educativas nigerianas en condenación del "saber occidental", postulando que "la educación occidental es un pecado".

 

 
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