ronda Uruguay

            Una ronda es, en términos del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un ciclo de negociaciones mercantiles multilaterales.

            La que se inició en Punta del Este y tomó casi 8 años  —desde 1986 hasta 1994—  se denominó ronda Uruguay  —con una imprecisa traducción del inglés Uruguay round—  en razón del lugar donde se iniciaron las deliberaciones.

            Si bien la ronda Uruguay comenzó formalmente en septiembre de 1986, estuvo precedida de cuatro o cinco años de intensas maniobras, cabildeos, discusiones y negociaciones dentro del GATT.

            Son nueve las rondas que se han realizado en el marco de ese organismo desde su fundación hasta el año 2004: la de Ginebra en 1947, la de Annecy en 1949, la de Turquía de 1950 a 1951, la de Ginebra de 1955 a 1956, la denominada ronda Dillon en Ginebra de 1960 a 1961, la ronda Kennedy en Ginebra de 1964 a 1967, la ronda Tokio de 1973 a 1979, la ronda Uruguay que comenzó en 1986 en Punta del Este y concluyó más de siete años después en Marrakech y la ronda de Doha (Catar) del 2001 al 2012, que terminó en un estruendoso fracaso por la falta de acuerdo entre los países desarrollados y los subdesarrollados en torno a los subsidios agrícolas impuestos por los primeros y las diferencias entre Estados Unidos y China sobre la protección solicitada por el país asiático al arroz, azúcar, algodón y otros de sus productos.

            Sin duda, las dos últimas han sido las más importantes de todas, aunque la ronda Uruguay tuvo mayor amplitud y alcance. Duró siete años y medio, casi el doble del plazo previsto, y en ella participaron 125 países, representados por los respectivos ministros de comercio exterior. Sus negociaciones abarcaron la gama casi total del intercambio internacional: desde los genes del arroz hasta los yates de recreo, desde las telecomunicaciones hasta los servicios bancarios y los medicamentos contra el SIDA. Sus discusiones se celebraron a puerta cerrada, como se estila en las instituciones de Bretton Woods, en las que el secreto y la manipulación son una práctica inveterada.

            Los principales temas de la ronda Uruguay fueron: aranceles, trabas técnicas al comercio, obstáculos no arancelarios, valoración de aduana, licencias de importación, subvenciones y salvaguardias, comercio de servicios, explotación de recursos naturales, textiles y vestido, agricultura, productos tropicales, el sistema del GATT, códigos de la ronda de Tokio, antidumping, propiedad intelectual, comercio de mercancías falsificadas, inversiones relacionadas con el comercio, solución de diferencias, normas de origen y coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial. Entre ellos hubo temas nuevos, como el comercio de servicios y la propiedad intelectual, y algunos temas conflictivos y sensibles, como los del intercambio de productos agropecuarios y textiles.

            Los objetivos estratégicos de la ronda Uruguay fueron los de impulsar una mayor <liberalización del comercio mundial mediante la reducción de aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias, fortalecer las funciones de la OMC para mejorar la supervisión de las políticas comerciales, mejorar el sistema multilateral de comercio por la vía de revisar las restricciones bilaterales sobre exportaciones, fortalecer las reglas del trato de la “nación más favorecida” y perfeccionar el sistema de resolución de disputas internacionales para generar un ambiente de seguridad.

            Durante los primeros dos años de negociación los participantes acordaron una serie de reducciones de los derechos de importación sobre los productos tropicales, revisaron las normas para la solución de las diferencias y exigieron la presentación de informes periódicos sobre políticas comerciales de los países miembros del GATT (hoy OMC).

            Por la presión de los intereses nacionales, en varios momentos de la discusión las conversaciones se estancaron, se fijaron plazos que no se cumplieron y pareció que la ronda fracasaría. El tema agrícola  —al igual que el acceso a los mercados y las normas antidumping—  fue sin duda el más conflictivo. Las contradicciones tuvieron una doble dirección: de los países desarrollados entre sí y de éstos con los países del sur.

            En noviembre de 1992 Estados Unidos y la Unión Europea resolvieron la mayoría de sus diferencias en materia de agricultura mediante un documento denominado informalmente el Acuerdo de Blair House. En la reunión de Montreal los ministros aprobaron algunas concesiones en materia de acceso a los mercados para los productos tropicales procedentes de los países subdesarrollados pero surgieron nuevamente discrepancias en la reunión de Bruselas en 1990 y hubo que prorrogar las negociaciones. Así la ronda avanzó en medio de dificultades y acechanzas. El “acta final” fue compilada por el entonces Director General del GATT, Arthur Dunkel, y se presentó en Ginebra en diciembre de 1991 como base de un eventual acuerdo definitivo. En los dos años siguientes las negociaciones oscilaron entre el fracaso y la esperanza.

            En julio de 1993 “la cuadrilateral”  —fomada por Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y el Japón—  anunció que había alcanzado progresos significativos en las negociaciones sobre aranceles y acceso a los mercados y el 15 de abril de 1994 los ministros de la mayoría de los 125 gobiernos participantes firmaron el Acta Final del Acuerdo de Marrakech, en la que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), que empezó a funcionar en enero de 1995 como órgano de aplicación de los acuerdos a los que habían llegado los países, de solución de las diferencias comerciales entre ellos, de supervisión de las políticas mercantiles nacionales, de cooperación con las otras organizaciones internacionales y de asistencia técnica a los funcionarios de los países subdesarrollados.

            Ella representó, sin duda, la mayor reforma del sistema comercial mundial desde la creación del GATT después de la Segunda Guerra Mundial.

            La OMC se rige por la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años y por el Consejo General que tiene la misión de vigilar permanentemente el cumplimiento del Acuerdo, de aplicar las resoluciones ministeriales, de examinar las políticas comerciales de los países miembros y de actuar como instancia de solución de las diferencias entre ellos. El Consejo General está asistido por órganos auxiliares, que son el Consejo de Mercancías, el Consejo de Servicios y el Consejo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

            Durante la dilatada negociación de la ronda Uruguay los países pobres lucharon denodadamente para defender sus intereses, pero finalmente fueron derrotados y tuvieron que someterse a un orden comercial internacional adverso. Ellos fueron presionados políticamente para aceptar el nuevo orden bajo la amenaza de aislamiento internacional. En ese contexto se forzó a los parlamentos a aprobar, a veces sin saber bien lo que aprobaban, las normas de liberalización y flexibilización del comercio mundial que favorecían a las grandes empresas del primer mundo, habilitadas para operar en escala planetaria, y que constreñían el radio de acción de millones de pequeñas y medianas empresas, negocios informales y toda la gama de microempresarios de la ciudad y del campo en los países atrasados. Como resultado de esto, según estimaciones hechas en el primer lustro de operación de la OMC y último lustro del siglo XX, del aumento de los ingresos globales debido a la ronda Uruguay  —entre 212 mil y 510 mil millones de dólares de 1995 al 2001—  los países industrializados se llevaron el 70% a pesar de que sólo representaban el 20% de los miembros de la Organización.

            El poder de las <corporaciones transnacionales se incrementó al amparo de ella, dotada de eficaces poderes para obligar a los países pequeños a respetar las normas sobre comercio e intercambio internacional, derechos de propiedad industrial, empleo de subsidios a la producción y exportación de bienes agrícolas, eliminación de cuotas unilaterales de importación, compensación a favor de los países exportadores por la imposición de nuevas tarifas arancelarias o aumento de las existentes en los países importadores y otras medidas de apertura del comercio internacional.

            Lo cual motivó que partidos políticos progresistas, sindicatos de trabajadores, movimientos sociales, organizaciones ecologistas y otros grupos de izquierda de los países periféricos denunciaran la ronda Uruguay como un instrumento de explotación al servicio de los países poderosos.

            La pertenencia a la OMC entraña para sus miembros la aceptación de los resultados de la ronda Uruguay, sin excepción alguna. Pero no todos los Estados son miembros de la OMC. Lo son fundamentalmente los industrializados y la admisión de nuevos socios depende del criterio de sus más influyentes miembros. China demoró más de 15 años en ingresar y fue admitida recién el 11 de diciembre de 2001. Y Rusia ingresó el 22 de agosto del 2012 después de 18 años de difíciles negociaciones.

            La ronda Uruguay sometió las políticas agrícolas nacionales a un severo control internacional. El Acuerdo sobre la Agricultura, aprobado con el objetivo de largo plazo de establecer “un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado mediante reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la protección a la agricultura”, estableció compromisos vinculantes para mejorar el acceso a los mercados y reducir la ayuda interna y las subvenciones a las exportaciones de los productos de la tierra. El propósito declarado fue evitar, mediante la fijación de bajos niveles de protección, que se repitieran los excedentes de producción de algunos países desarrollados durante las décadas de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo anterior, que llevaron a “guerras de subvenciones” entre ellos y a competencias desleales que presionaron hacia abajo los precios internacionales de algunos productos agrícolas.

            No obstante, fue especialmente injusto el tratamiento que la ronda Uruguay dio al sector agropecuario de los países subdesarrollados, cuyos agricultores y ganaderos no subvencionados  —que representaban el 70% de los agricultores y ganaderos del mundo—,  con muy bajos índices de productividad  —entregaban el 21% de la producción agrícola del planeta—,  se vieron obligados a competir en desventaja en los mercados de exportación y en sus propios mercados con los agricultores de los paÌses ricos que gozaban de subsidios estatales a la producción y exportación de sus productos y de protección de sus mercados nacionales.

            La ronda Uruguay mantuvo esos subsidios aunque estableció topes máximos menores a los anteriores. Pero los efectos distorsionantes en los países del tercer mundo persistieron porque la ayuda interna representaba anualmente centenares de miles de millones de dólares. De modo que la situación fue insostenible y desestabilizadora, aunque sus defensores alegaban que con ella se beneficiaban los consumidores de los países pobres que podían tener suministros más baratos. Cosa parecida aconteció con los subsidios a las exportaciones de esos productos: se bajaron sus niveles tanto en valor como en volumen pero siguieron siendo altos y distorsionantes de los precios.

            Las exportaciones subsidiadas de los países industriales perjudicaron gravemente a los productores agrícolas de los países subdesarrollados, de manera que los cambios normativos de la ronda Uruguay, que afectaron los precios de los productos básicos en el comercio internacional, dejaron ganadores y perdedores entre los países. Y aunque la decisión de Marrakech dispuso la aplicación de cuatro mecanismos de intervención en favor de los países atrasados  —ayuda alimentaria, financiación a corto plazo de importaciones, créditos de condiciones favorables a la exportación de productos agropecuarios y asistencia técnica y financiera para mejorar la productividad agrícola—  ellos no fueron aplicados ni siquiera durante el aumento pronunciado de los precios de los alimentos registrado en 1995 y 1996. Aparte de esto, los países del tercer mundo han tenido dificultades en cumplir con los requisitos sanitarios, fitosanitarios y técnicos impuestos por los paÌses importadores del primer mundo.

            Todo lo cual produjo un proceso recesivo en las inversiones productivas del campo en los países atrasados, afectó su oferta de alimentos así en el mercado interno como en el externo y perjudicó su <competitividad.

            El acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio agrícola brindó protección jurídica y comercial, por medio de patentes y licencias, a variedades antiguas y nuevas de plantas pero desatendió los derechos adquiridos de las poblaciones autóctonas sobre sus conocimientos y prácticas tradicionales. A diferencia de las empresas transnacionales, ellas carecen del desarrollo científico y tecnológico necesario para aprovechar el sistema de derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.

            En la continuación del debate sobre el comercio global se inició la ronda de Doha en noviembre del 2001. Esta reunión  —que fue la primera en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)—  afrontó una serie de temas importantes: la liberalización comercial de productos agrícolas y servicios, la ampliación del acceso a los mercados de los productos no agrícolas, derechos de propiedad intelectual asociados con el comercio (ADPIC), medidas antidumping y subvenciones, solución de las diferencias en el marco de la OMC, relaciones entre comercio y medio ambiente, apertura del comercio electrónico, subsidios agrícolas y muchos otros. Junto a estos asuntos, los países desarrollados impulsaron el tratamiento de los denominados “temas Singapur”  —llamados así porque su discusión se inició en la primera conferencia ministerial de la OMC celebrada en dicho país—,  entre los que estaban la interacción comercio-inversiones, la relación entre comercio y políticas de competencia, la transparencia en la contratación pública y los mecanismos de facilitación de las transacciones mercantiles.

            Mientras tanto, los países subdesarrollados, golpeados por las decisiones de la ronda Uruguay, identificaron un conjunto de temas de negociación destinados a propiciar su desenvolvimiento, tales como la vulnerabilidad de las pequeñas economías, el trato especial y diferenciado que ellas deben recibir, las interacciones entre comercio, deuda y finanzas, la transferencia de tecnología y la generación de capacidad institucional. Con la experiencia de la ronda anterior, los países pequeños pugnaron para que el sistema multilateral de comercio sea solidario, contribuya a superar las asimetrías económicas y promueva una equitativa inserción de ellos en los flujos de comercio e inversión. El propósito fue que el comercio internacional adoptara medidas compensatorias y sustituyera el tratamiento igualitario y generalizado  —tan típicamente neoliberal—  de la ronda Uruguay por un tratamiento capaz de ver las disparidades y asimetrías en que, de hecho, están colocados los países en las relaciones del intercambio mundial. En este campo, como en otros, la “igualdad ante la ley” no sirve a los fines de la equidad. Sin esta rectificación los países pobres no podrán tener un acceso real a los mercados internacionales.

            Pero la instancia de Doha, al igual que la ronda Uruguay, sufrió también atascos, interrupciones y conflictos causados por las discrepancias entre los países ricos y los pobres principalmente en torno a los subsidios en favor de los productores y exportadores agrícolas del mundo desarrollado, a la liberalización del comercio de servicios, a los derechos de propiedad intelectual y a otros asuntos respecto de los cuales había intereses contrapuestos. Y esta ronda terminó en el 2012 en un estruendoso fracaso por las controversias entre los países desarrollados y los subdesarrollados en torno a los subsidios agrícolas impuestos por los primeros y las diferencias entre Estados Unidos y China respecto de la protección solicitada por el país asiático para el arroz, azúcar, algodón y otros de sus productos.

            La mayor interrupción en las negociaciones de la ronda de Doha  —interrupción por tiempo indefinido—  se produjo en la reunión en Ginebra de los “seis grandes” de la OMC  —Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Brasil e India—  el 23 y 24 de julio del 2006, que buscaban “relanzar” la ronda después del fracaso de la reunión de los representantes de los 149 países miembros en el mes anterior, que no pudieron superar las dificultades acumuladas en el curso de los cuatro años y medio de negociaciones.

            Pero la cumbre de los ministros y representantes del G-6 en Ginebra se disolvió sin tomar resolución alguna. El detonante fue el tema de los subsidios que entregan los países ricos a sus grandes compañías agrícolas, que suscitó un impasse entre los propios países desarrollados, ya que los europeos acusaron a Estados Unidos de no aceptar recortes drásticos en sus subsidios agrícolas mientras que Washington imputó a Bruselas que sus subvenciones duplicaban a las norteamericanas. Los países pobres  —integrados en el Grupo de los 20, el Grupo de los 33, el Grupo África, Caribe, Pacífico, los Países Menos Adelantados (PMA), el Grupo Africano, las Pequeñas Economías Vulnerables, el Grupo 11, el Grupo 4 del Algodón y la Comunidad del Caribe (CARICOM)—,  atados a un sistema de comercio internacional que aventaja a los países ricos con una mayor penetración en los mercados de los demás países, asumieron una tercera posición frente al conflicto y reiteraron su exigencia de que los Estados Unidos disminuyan los subsidios a la producción y exportación de productos agrícolas y que los países de la Unión Europea reduzcan los aranceles a sus importaciones agrícolas.

            En lo que a Latinoamérica se refiere, conviene hacer algunas diferencias en los procesos de inserción comercial de los países de la región en los mercados internacionales. México y algunos Estados de América Central y del Caribe han podido desarrollar la producción integrada de manufacturas, con un alto componente de materias primas e insumos importados  —principalmente a través de la <maquila—,  para dirigir sus exportaciones especialmente a Estados Unidos. Y han implantado un sistema industrial de transformación de materia prima o bienes intermedios importados en productos parcial o totalmente terminados con destino a la exportación. El sistema surgió en México en los años 60 del siglo anterior y durante las décadas siguientes se extendió hacia el Caribe, Centroamérica, el Oriente Medio y el Sudeste asiático. Las industrias maquiladoras importan materias primas o bienes intermedios, los transforman y exportan los productos procesados. Para ello incorporan tecnología extranjera y utilizan intensivamente mano de obra local, generalmente no calificada y barata, que contribuye a bajar los costes de producción y a mejorar la <competitividad.

            Algunos países sudamericanos, en cambio, se han dedicado principalmente a exportar hacia el norte productos primarios con poco o ningún valor agregado y manufacturas basadas en ellos, sin perjuicio de su intercambio intrarregional a través del MERCOSUR y de la Comunidad Andina.

            Las economías centroamericanas y del Caribe se han convertido en economías de servicios  —bancos, empresas financieras, seguros, turismo y transporte—  y ese es el factor fundamental de su desarrollo.

            Los partidos miembros de la <Internacional Socialista, reunidos en Cancún a comienzos de septiembre del 2003 juntamente con líderes sindicales, asumieron “el compromiso de reformar el sistema internacional de comercio” y recalcaron que “la OMC debe responder a las necesidades y expectativas de la mayoría global que vive en los países en desarrollo”.

            Acordaron pedir a la OMC que modifique sus normas del comercio agrícola, elimine los subsidios y abra los mercados a las exportaciones agrarias provenientes del mundo subdesarrollado con el fin de crear nuevas oportunidades de progreso para millones de personas.

            Señalaron “la necesidad de tener en cuenta en cada país el nivel de desarrollo, el grado de diversificación de la economía y el tiempo requerido para adaptarse a los mercados abiertos”.

            La reunión reafirmó el compromiso de la Internacional Socialista de lograr que la economía global funcione para todos en un mundo más justo.

 
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