refugiados

            Son quienes se ven obligados a abandonar su país para ponerse a salvo de persecuciones políticas, religiosas, culturales o étnicas o para librarse de guerras, plagas, miserias u otras calamidades en sus países de residencia.

            El refugiado político es siempre un emigrante que se ve forzado por las circunstancias a abandonar su país y a buscar protección en otro.

            Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, refugiado es toda persona que, “debido a fundados temores a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

            El refugiado se diferencia del exiliado en que éste es un expatriado por motivos políticos, a quien el gobierno pone fuera de las fronteras nacionales. La suya es una expulsión del territorio del Estado del que es nacional. El extrañamiento se hace sin su voluntad o contra su voluntad. En cambio, en el caso de los refugiados, éstos abandonan su país voluntariamente aunque forzados por la persecución política, religiosa, cultural o étnica de la que son víctimas o por otras calamidades públicas.

            El fenómeno de los refugiados tiene una larguísima trayectoria. Desde los más remotos tiempos hay noticias de desplazados por motivos políticos o religiosos. Casi todos los grandes vuelcos de la historia generaron oleadas de perseguidos. En el siglo XX las tensiones en los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa de 1917, el ascenso del fascismo en Europa, la guerra civil española, la segunda conflagración mundial, el desmembramiento de India y Pakistán, la revolución china, la guerra de Corea, los conflictos en Vietnam, Laos y Camboya, la revolución cubana, el conflicto armado de Somalia a comienzos de los años 90, la lucha tribal en Ruanda en 1994, la guerra civil en Bosnia, las convulsiones interiores de Liberia fueron episodios que produjeron enormes cantidades de desplazados que deambularon por el mundo en busca de un asentamiento.

            Para afrontar el problema de su tiempo, la Sociedad de las Naciones nombró al ciudadano noruego Fridtjob Nansen en 1921 como su Alto Comisionado para los Refugiados, trató de organizar asistencia internacional en beneficio de ellos y les otorgó un pasaporte especial  —el pasaporte Nansen—  como documento de identidad y de viaje.

            En 1938 se fundó en Evian, Francia, una Comisión Intergubernamental para Refugiados destinada a prestar ayuda a quienes habían escapado de la persecución nazi en Alemania. Poco tiempo después, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito de la Comisión se amplió para abarcar a todos los refugiados europeos que habían sido forzados a dejar sus países de residencia.

            La cuestión de la protección de refugiados ha sido un tema al que las Naciones Unidas han dado mucha importancia. El 15 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU aceptó la Carta Orgánica de la Organización Internacional de Refugiados, cuya antecesora fue la Administración de Socorro y Rehabilitación creada en 1943. El 3 de diciembre de 1949 la Asamblea General creó la institución del Alto Comisionado para los Refugiados mediante la resolución 319 (IV), que empezó a trabajar el primero de enero de 1951. Su misión es ofrecer protección jurídica y asistencia material a los desplazados por causas políticas en el mundo. El Alto Comisionado es elegido por la Asamblea General a propuesta del Secretario General de la ONU. Después la Asamblea adoptó dos instrumentos trascendentales: la Convención relativa al estatuto sobre refugiados, aprobada 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados de 31 de enero de 1967.

            El mandato del Alto Comisionado es el de proteger a los refugiados y buscar soluciones duraderas a sus problemas. Tratar de aliviar las dolorosas heridas del desarraigo, del choque cultural, de la soledad afectiva, de la inserción en un mundo de signos, costumbres, sentidos y valores diferentes. Se considera refugiados a quienes han cruzado fronteras internacionales. Los desplazados internos no tienen esta calidad pero pueden recibir ayuda en casos excepcionales a petición del Secretario General de las Nacionales Unidas, del Consejo de Seguridad o del Consejo Económico y Social y previo el consentimiento del Estado interesado.

            En los últimos años los conflictos armados en muchos lugares del planeta han desplazado a millones de personas de su lugar de origen y las han forzaron a deambular por el mundo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se ha visto rebasada por las demandas de una masa tan grande de refugiados. Esto no había ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el último cambio de siglo hubo más de 28 millones de refugiados en el mundo y una cifra igual de desplazados en sus propios países. Y la organización humanitaria mundial, cuyo presupuesto se alimenta con las aportaciones voluntarias de los Estados, no tiene la menor posibilidad real de atender a un volumen tan grande de refugiados. Su presupuesto es absolutamente insuficiente. Y sus recursos humanos también. Los conflictos armados han producido oleadas gigantescas de perseguidos. Centenares de miles de afganos, angoleños, kurdos, bosnios, sudaneses, somalíes, ruandeses, burundeses, chechenes, albanokosovares, pobladores de Azerbaiján, Cachemira, Daguestán, libios, egipcios, sirios y de tantos otros lugares se han visto forzados a emigrar masivamente. 

            La mayoría de los refugiados está compuesta por niños desarraigados de sus hogares por la persecución a sus padres. Los niños refugiados y sus madres son los más vulnerables entre los vulnerables. Inocentes víctimas de la brutalidad humana, si acaso no han muerto antes en el camino de éxodo, enfrentan el trágico e incierto itinerario de los refugiados: huida, refugio, retorno. Durante este ciclo infernal sufren toda clase de vejámenes y pobrezas. Carecen de la seguridad más elemental. En los campos de refugiados son objeto de abusos sexuales y violaciones. Se enferman psicológicamente.

            Cuando los nazis invadieron Praga en 1939, una niña de dos años  —hija del diplomático checo Josef Korbel, perseguido por la GESTAPO—  quedó encargada en casa de unos amigos mientras sus padres se refugiaron en Inglaterra. La familia se reencontró años más tarde cuando terminó la guerra, pero tuvo que volver a huir a causa de una nueva persecución política: la de los comunistas soviéticos y checos. Con el paso de los años esa pequeña refugiada fue la Secretaria de Estado norteamericana durante el gobierno de Bill Clinton. Se llama Madeleine Albright  —antes Madeleine Korbel—  y recuerda que “cuando era niña, mi familia tuvo que abandonar su hogar dos veces, primero por culpa de Hitler y luego de Stalin”. Por eso, “siempre que miro a los ojos de un niño refugiado veo algo de mí misma”.

            En las últimas décadas el trabajo del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha sido muy intenso debido a la ola de guerras civiles y de cruentas persecuciones políticas, étnicas, culturales o religiosas que se han dado en diversos puntos del planeta. En 1971 la violencia al este de Pakistán obligó a diez millones de refugiados a huir hacia la India. La guerra civil del Sudán en 1972 produjo 180.000 refugiados y medio millón de desplazados. La invasión de Chipre en 1974 desplazó a 225.000 de sus habitantes. En el mismo año el Alto Comisionado para los Refugiados actuó en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique para repatriar a los perseguidos de estas excolonias portuguesas. En 1975 la violencia en Laos desplazó a 33.000 personas. En Etiopía tuvieron que abandonar sus hogares 750.000 desplazados en 1979, de los cuales los 150.000 más necesitados recibieron ayuda del funcionario internacional.

            En Simbabwe, 1980, se aplicó un programa de rehabilitación para 660.000 personas, entre retornadas y desplazadas. En Chad se hizo lo mismo con 50.000 refugiados en 1981. Un año después la invasión de Israel obligó a 100.000 familias a abandonar sus hogares en Líbano. En 1970, después de las elecciones, 70.000 refugiados nicaragüenses retornaron a su país al amparo de un programa combinado de repatriación y reintegración. En Sri Lanka el conflicto entre separatistas tamiles y el gobierno de Colombo causó la expulsión de más de 600.000 personas durante el año 1990. A raíz de la guerra del Golfo Pérsico en 1991, la población kurda asentada en el norte de Irak fue expulsada de sus hogares por la brutal represión de Saddam Hussein. La <“limpieza étnica” emprendida por el gobierno serbio contra Croacia y Bosnia en 1991 produjo 1,3 millones de víctimas. El mismo año en Liberia se produjo el desplazamiento de 1,2 millones de personas y en Camboya, después de 21 años de guerras civiles, se repatriaron a los 360.000 refugiados en Tailandia y se reinsertaron en la sociedad más de 200.000 combatientes. En 1992 los sangrientos combates en la capital de Afganistán expulsaron de su lugar a 15.000 personas y en 1994, al reanudarse los combates en Kabul, el Alto Comisionado se vio obligado a establecer un campo de socorro en Jalalabad para 80.000 afganos. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en 1992 produjo 700.000 fugitivos. En el mismo año, en Sierra Leona, el ACNUR entregó asistencia a 500.000 retornados. Al año siguiente en Angola se produjo la repatriación de decenas de miles de refugiados que habían huido de la guerra. De Abjazia y Osetia del Sur huyeron 140.000 refugiados en 1993. En este mismo año el conflicto armado en Tayikistán obligó al éxodo de 60.000 tayikos hacia Afganistán. Los feroces choques armados en Chechenia en 1995 produjeron el desplazamiento de 220.000 personas.

            La nueva “limpieza étnica” del gobierno serbio sobre Kosovo en 1999 obligó a cerca de un millón de albanokosovares a dejar sus aldeas y refugiarse en el norte de Albania. Cuando el conflicto acalló sus cañones y los refugiados retornaron bajo la protección de la fuerza de paz de las Naciones Unidas, la persecución racial y cultural cambió de dirección: los perseguidos se convirtieron en persecutores y obligaron a los habitantes serbios a emigrar de Kosovo. 

            En la encarnizada y sangrienta guerra civil que estalló en Siria en marzo del 2011 entre el gobierno del déspota Bashar al-Assad  —que llevaba once años en el poder heredado de su padre, Hafez al-Assad, quien gobernó por 29 años—  y las fuerzas de oposición levantadas en armas, hubo 200 mil muertos por los bombardeos, lanzamiento de misiles y uso de armas químicas en los primeros cuarenta y tres meses de confrontación, más de seis millones de desplazados, dos millones de refugiados en Líbano, Jordania, Turquía, Irak, Egipto y otros países y alrededor de siete mil presidiarios políticos. Según Antonio Guterres, en ese momento Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Siria se había convertido en la gran tragedia de este siglo, una desafortunada calamidad humanitaria con sufrimiento y desplazamientos sin parangón en la historia reciente”, ante las cuales el único consuelo de los desplazados fue “la humanidad mostrada por los países vecinos al dar la bienvenida y salvar las vidas a tantos refugiados". 

            Hasta mediados del 2015 los refugiados sirios sobrepasaban los cuatro millones.

             Pero la guerra civil de Siria siguió adelante. Este fue uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea. Aunque no es fácil establecer las cifras con exactitud, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados  —ACNUR—  los muertos sumaban más de 250.000 hasta finales del 2016 y los desplazados  —en lo que fue la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial—  eran alrededor de 4,7 millones, cuyos destinos fueron principalmente Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak. 
                 El país estaba devastado. Su infraestructura destruida  —incluidos colegios, escuelas, instituciones sociales y 177 hospitales—  y no se salvaron los sótanos ni los refugios subterráneos porque las bombas antibúnker penetraban también allí. El 80% de la población siria estaba en la pobreza. En la ciudad de Alepo colapsó su sistema sanitario.
                 La Misión de Médicos sin Fronteras (MSF)  —que atendió a la población de Alepo desde el 2012 hasta el 2014—  afirmó que las mujeres y los niños constituían entre el 30% y el 40% de las víctimas económicas y sociales de la violencia, especialmente de los bombardeos aéreos indiscriminados sobre las ciudades y del uso de armas químicas y gases tóxicos.
                 Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) hasta marzo del 2016 la cifra de muertos civiles y militares alcanzaba a 271.138, entre los que se incluían 13.500 niños. La United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)  —Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia—  calculaba que los niños afectados por la guerra hasta esa fecha eran 8,4 millones, que representaban más del 80% de la población infantil siria. 

             De acuerdo con informaciones de las Naciones Unidas, hasta el año 2014 los refugiados en el mundo sumaron 59,5 millones como consecuencia de los nuevos conflictos políticos y religiosos en África (Costa de Marfil, República Centroafricana, Libia, Malí, Nigeria, Congo, Sudán del Sur y Burundi), en el Oriente Medio (Siria, Irak y Yemen), en Asia (Kirguistán, Birmania y Paquistán) y uno en Europa oriental: Ucrania.

            La historia de la brutalidad humana no tiene fin. Se apaga un conflicto y empieza otro. Las guerras entre Estados por diferencias políticas o económicas han sido sustituidas por guerras dentro de los Estados originadas en motivos étnicos, culturales o religiosos que se creían superados. Las violaciones de los derechos humanos han sido horribles y frecuentes los casos de genocidio en varios lugares del planeta.

            En algunos casos, ante la dificultad real de proteger a las poblaciones agredidas, las Naciones Unidas se han visto precisadas a establecer zonas de seguridad, o sea áreas territoriales neutrales en los lugares de conflicto custodiadas por sus cascos azules, libres de actividades bélicas, para asegurar el acceso de la asistencia humanitaria. Por lo general estas zonas no se establecen por el consentimiento de las partes en disputa sino por una disposición impuesta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tales fueron los casos de Srebrenica y Zepa en la antigua Yugoeslavia para proteger a la población bosnia de la agresión de los serbios, o la zona de seguridad en torno a los kurdos del norte de Irak para defenderlos de Saddam Hussein.

            En sentido metafórico se habla hoy de los “refugiados ambientales” para referirse a los 118 millones de personas que, según apreciaciones de las Naciones Unidas, se verán forzadas a abandonar sus islas, costas y deltas de ríos por el aumento del nivel de los océanos y los mares a causa del calentamiento de la Tierra y del deshielo de los glaciares. Estos fenómenos se originan en el llamado <efecto invernadero. La hipótesis ha sido formulada por la Organización Mundial en términos de que el aumento de un grado centígrado en la temperatura del planeta produciría 15 centímetros de ascenso del nivel de las aguas, el de dos grados ocasionaría la subida de 50 centímetros y el de 3,5 grados elevaría el nivel en 95 centímetros. Estos ascensos inundarían las tierras bajas de muchos lugares del planeta  —el atolón de Majuro en las islas Marshall, buena parte del territorio de Bangladesh, las tierras bajas de Holanda y de Uruguay, las costas italianas del Adriático, el golfo de Nápoles—  y obligaría a sus pobladores a emigrar y a constituirse en “refugiados ambientales”.

 
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