referéndum

            Procedente del latín referendum, es en el Derecho Público contemporáneo la consulta popular vinculada con una Constitución, una ley, una reforma constitucional o una reforma legal. En todo caso, es la consulta sobre un asunto de naturaleza jurídica. Y aquí está su diferencia con el <plebiscito, que se refiere a otros temas.

            El referéndum es una forma de sufragio que consiste en el acto por el cual los ciudadanos con derecho a voto aprueban o desaprueban una disposición constitucional o legal.

            Hay dos clases de referéndum: obligatorio, si es impuesto constitucionalmente como condición de validez para determinadas normas jurídicas, de modo que ellas carecen de eficacia jurídica si antes no han sido sometidas a la aprobación popular; y facultativo, si la atribución de instrumentarlo depende de la voluntad discrecional del Presidente de la República o del Parlamento, de modo que aquél no es un requisito para la validez de las normas jurídicas.

            En otras palabras, el referéndum es obligatorio cuando la expresión afirmativa de los ciudadanos se ha previsto como condición necesaria para la vigencia de la ley; y es facultativo cuando de la consulta popular no depende la entrada en vigencia de la norma jurídica.

             En la Confederación Suiza, que es donde funciona esta institución en forma más eficiente y regular, se ha reservado el referéndum obligatorio para las reformas constitucionales, de manera que éstas no tienen validez a menos que hayan sido aprobadas por el voto de los ciudadanos, mientras que se ha establecido el referéndum facultativo para la aprobación de las leyes federales, los tratados de duración indefinida o mayor a quince años y los decretos de alcance general. Estos actos jurídicos normalmente no se someten a referéndum pero pueden serlo si lo solicitaren treinta mil ciudadanos u ocho cantones. Lo cual significa que en Suiza el referéndum no es un requisito formal de validez de todas las leyes sino sólo de las reformas a la Constitución y de aquellas que la autoridad competente, o un número determinado de votantes, deciden someter a la aprobación popular.

            Los ciudadanos suizos fueron convocados a un referéndum el 4 de marzo del 2001 para decidir la adhesión o no de su país a la Unión Europea. Esa decisión conllevaba una reforma a la Constitución. La controversia se entabló entre los “eurófilos”, que anhelaban la inmediata incorporación de Suiza al proceso de integración económica y política de Europa, y los “eurófobos”, que consideraban que entrar a la UE significaría la pérdida de la identidad helvética. Los partidos socialista, radical y demócrata-cristiano se alinearon por el voto favorable a la integración mientras que las fuerzas de la derecha, lideradas por la Unión Democrática del Centro, votaron por el “no”. El resultado arrojó un triunfo arrollador de estos últimos por el 76,7% de los votos, de modo que Suiza siguió al margen del proceso de integración europea.

            En una nueva convocación a las urnas en junio del 2002, los ciudadanos suizos decidieron, con el 72% de los votos, la despenalización del aborto.

            En un referéndum de gran significación histórica celebrado en ese mismo año, los ciudadanos suizos decidieron por la estrecha mayoría del 54,6% de los votos, que la Confederación Helvética, tradicionalmente aislada y neutral respecto de los conflictos internacionales del mundo, se convirtiese en el miembro número 190 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

            En una jornada de referendos celebrada el 30 de noviembre del 2008 tanto a nivel federal como cantonal los ciudadanos suizos decidieron: a) rechazar por el 63,2% de los votos la iniciativa propuesta por los partidos de la izquierda  —con la militante oposición de los partidos de la derecha—  para despenalizar el consumo y posesión del cannabis bajo el control estatal de la producción y venta de los productos derivados de esta planta; b) endurecer la ley de estupefacientes  —considerada demasiado permisiva y blanda—  por el 68% de los votos; c) rechazar por el 58,6% la propuesta de flexibilizar la edad de la jubilación para acceder a la pensión de retiro a partir de los 62 años de edad; y d) oponerse por el 51,9% a que prescribieran los crímenes de los pederastas.

            En Francia, por convocación del presidente Jacques Chirac, se realizó un referéndum el 24 de septiembre del 2000 para decidir sobre la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado, que redujo de siete a cinco años el período presidencial. Este fue un tema que se debatió largamente en Francia desde 1973, en que el presidente Georges Pompidou lo propuso por primera vez. Durante los gobiernos de Valery Giscard y de François Mitterrand continuó la discusión en los medios políticos pero no se tomó una decisión. En el referéndum convocado por Chirac, después de una campaña muy intensa, el voto “sí”  —patrocinado por los partidos de la <cohabitación: los de centro-derecha del presidente Chirac y el socialista del primer ministro Lionel Jospin—  obtuvo una amplia mayoría sobre los grupos de ultraderecha de Jean-Marie Le Pen y de Charles Pasqua que impulsaron el voto “no”. Este fue el noveno referéndum en la historia de la V República. Anteriormente los franceses ratificaron por este medio la nueva Constitución propugnada por el general Charles De Gaulle en 1958. En 1961 votaron a favor de la autodeterminación y la independencia de Argelia. En 1962 aprobaron la elección del presidente por sufragio universal. El rechazo de los electores a sus reformas constitucionales en el referéndum de 1969 produjo la renuncia del presidente De Gaulle a sus funciones. Hubo referendos en 1972, 1988 y 1992 para resolver, entre otros asuntos, la adhesión de Francia al Tratado de Maastricht.

           El tratado internacional por el que se instituyó el proyecto de Constitución de Europa  —para dar al viejo continente un código de normas supraestatales llamadas a organizar la comunidad regional, regir su gobierno y garantizar los derechos de las personas en el territorio europeo—,  después de haber sido suscrito el 29 de octubre del 2004 por los representantes de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea, fue sometido al proceso de ratificación en cada uno de ellos por la vía del referéndum o por la aprobación parlamentaria, según sus disposiciones constitucionales internas.

            El 20 de febrero del 2005 los españoles acudieron a las urnas para considerar la Constitución Europea y se pronunciaron mayoritariamente por su ratificación  —76,73% contra el 17,24%—  en el referendo no vinculante. Apoyaron el “sí” el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y la Coalición Canaria. Se opusieron la Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.

            Francia, en cambio, rechazó la ratificación de la Constitución Europea por el voto del 54,87% contra el 45,23% por el “sí” en el referéndum celebrado el domingo 29 de mayo del 2005. En torno al voto negativo se produjo una curiosa amalgama de radicales de izquierda con radicales de derecha  —entre éstos, los partidarios del líder ultraconservador Jean-Marie le Pen—,  unidos todos por el común temor de que Francia perdiera identidad bajo un “super-Estado” europeo y de que aumentara el índice de desempleo por la nueva inmigración y, las izquierdas, por el recelo de que la Constitución Europea condujera hacia políticas económicas de corte neoliberal que amenazaran las conquistas sociales alcanzadas y, además, por el afán político de dar un voto-castigo contra el presidente conservador Jacques Chirac, que había abanderado el “oui”.

            Algo parecido ocurrió en Holanda tres días después: el voto de rechazo a la Constitución Europea alcanzó el 61,6% mientras que el “sí” apenas logró el 38,4% en el referéndum consultivo, que contó con la amplia participación ciudadana del 62,8% del cuerpo electoral. Allí estuvieron presentes los mismos factores distorsionantes que en Francia: rechazo al gobierno demócrata-cristiano presidido por el primer ministro Jan-Peter Balkenende, temor al incremento de la inmigración desde los países del este europeo, repudio a las políticas ultraliberales, aprensión de que Holanda se convirtiera en una “provincia” del “superestado” europeo, sentimientos xenófobos en algunos sectores de la población, oposición a que la Unión Europea se ampliara demasiado, desilusión con el <euro que había subido el nivel general de precios, un extendido “euroescepticismo” y desconfianza en la dirigencia política local.

            En ambos casos operó también la incertidumbre respecto del futuro de la región con la incorporación a la Unión Europea de los diez países del este: República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.

            Hasta el tropiezo de Francia y Holanda, la Constitución había sido ratificada por Austria, Hungría, Italia, Alemania, Grecia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y España. Pero sólo España lo hizo por medio de una consulta popular: los otros a través de una decisión parlamentaria.

            Se habían previsto referendos ratificatorios en Luxemburgo, el 10 de julio; Dinamarca el 27 de septiembre; Irlanda y Portugal a finales de 2005; el Reino Unido entre abril y junio de 2006; la República Checa en junio de 2006; y Polonia, sin fecha fijada; pero ellos se cancelaron o fueron indefinidamente suspendidos a raíz de los contrastes de Francia y Holanda.

            En el referéndum celebrado el 23 de junio del 2016 se preguntó a los electores ingleses: "¿Debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea?"  —Should the United Kingdom remain a member of European Union or leave the European Union?—  y, con la participación del 72% del electorado, la respuesta popular fue: por la salida de la Unión Europea 17'410.742 votos y por la permanencia 16'577.342 votos.

            En el Derecho Público de varios países de América Latina existe también la institución del referéndum. Pueden citarse algunos casos de su ejercicio. Ecuador rechazó reformas legales y produjo enmiendas constitucionales por este medio.

            La Constitución uruguaya prevé el referéndum tanto para aprobar una ley como para interponer un recurso contra ella, dentro del año de su promulgación, con base en la petición del 25% del cuerpo electoral. Los ciudadanos uruguayos concurrieron a un referéndum el primero de diciembre de 1996 para reformar su sistema electoral que, en virtud de la llamada Ley de Lemas, permitía a los partidos políticos presentar varios candidatos a la presidencia de la República y sumar los votos de todos ellos para declarar triunfante al que hubiera obtenido el mayor número dentro de sus filas. Este sistema rigió desde principios del siglo XX sobre el tradicional bipartidismo uruguayo  —de los blancos y los colorados—  pero fue impugnado en los últimos años por los grupos emergentes de la izquierda. Los partidarios de la reforma ganaron el referéndum por una mínima diferencia, de modo que cada partido no puede lanzar más que un candidato presidencial.

            El teniente coronel Hugo Chávez, presidente de Venezuela, convocó un referéndum  —que se celebró el 15 de diciembre de 1999—  para que los ciudadanos ratificasen la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, en la que se extendió el mandato presidencial de 6 a 10 años y se reforzó el poder presidencial. Las fuerzas oficialistas impulsaron el “sí” con vehemencia y los partidos de oposición, las cámaras de la producción, parte de la Iglesia Católica (aunque Chávez afirmaba que “dios está con nosotros” y pedía exorcismos para los obispos) y otros grupos defendieron el “no”. Con una abstención del 54,2%, el resultado fue una amplia victoria del “sí” con alrededor del 71,9% de los votos. Sin duda, Chávez tenía intereses creados en la aprobación de la nueva Constitución porque la ampliación del período presidencial a diez años, más la reelección inmediata, le permitían quedarse largo tiempo en el ejercicio de poderes presidenciales reforzados.

            Fidel Castro convocó al pueblo cubano a un referéndum muy peculiar el 14 de junio del 2002, en el que pidió a los ciudadanos (o sea a los cubanos mayores de 16 años de edad) que expresaran por medio de sus firmas el apoyo a la reforma constitucional planteada por el gobierno que declaraba que “el régimen económico, político y social, consagrado en la Constitución, es intocable”.

            Se colocaron 129.523 puestos de recepción de firmas en todo el país, que operaron desde el 15 hasta el 18 de junio. Durante esos cuatro días se recogieron 8’135.620 adhesiones al proyecto de reforma constitucional. Castro afirmó que ese referéndum era una respuesta al discurso que pocos días antes había pronunciado en Miami el presidente norteamericano George W. Bush, quien exigió elecciones libres en la isla como requisito para levantar el bloqueo comercial, aunque muchos pensaron que la maniobra fue principalmente una reacción ante el “proyecto Varela” impulsado un mes antes por los líderes de la disidencia interna con el propósito de que la Asamblea Nacional convocara a un referéndum para consultar al pueblo sobre reformas democráticas, entre ellas la libertad de expresión, la amnistía para los presos políticos y el derecho de los cubanos a poseer un negocio propio.

            Indudablemente que la legitimidad democrática de esta consulta no estuvo muy clara  —aunque el presidente Castro siempre ha sostenido que la revolución es fuente de legitimidad y de Derecho—  dado que no hubo en ella más que una opción para los ciudadanos: respaldar la reforma propuesta; y dado que, además, la contabilización de las firmas estuvo a cargo del propio gobierno. El voto negativo no fue siquiera previsto. El ciudadano podía abstenerse de concurrir al acto pero no manifestar su opinión adversa o votar en contra de la reforma. Los opositores internos al régimen fidelista manifestaron públicamente a la cadena televisiva CNN que solamente un gobierno “reaccionario y despótico” podía pretender declarar “intocable” un sistema político. Según las informaciones oficiales, el resultado de la consulta fue que 8’135.620 ciudadanos  —o sea el 99% de las personas mayores de 16 años—  consignaron su firma a favor de la tesis de la intangibilidad del socialismo. Pero el resultado fue impugnado por los disidentes internos, quienes afirmaron que ella no fue más que una maniobra para neutralizar el proyecto Varela que pidió a la Asamblea Nacional la convocación a un referéndum para impulsar cambios políticos en el régimen cubano.

             En función de los resultados de la consulta, la Asamblea Nacional del Poder Popular  —compuesta de 601 diputados, entre ellos Fidel Castro—,  reunida durante los días 24, 25 y 26 de junio del 2002, aprobó por unanimidad la reforma constitucional que declaró que el régimen político de Cuba era “irrevocable”.

            En un nuevo referéndum celebrado en Venezuela el 2 de diciembre del 2007, con una inusual alta abstención electoral, fueron rechazadas por el 50,7% de los votantes las 69 reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Chávez.

            Pero dos años más tarde, el 15 de febrero del 2009, en un país políticamente fraccionado en dos mitades, triunfó en la nueva consulta popular venezolana la enmienda constitucional propuesta por el gobierno, que permitía la reelección inmediata e ilimitada del presidente y demás funcionarios electivos, por el 54,3% de los votos contra el 45,6% del “no”, con una muy alta abstención del cuerpo electoral.

            Los gobiernos de Ecuador y Bolivia, en medio de polarizadas y ardientes campañas por el “sí” o por el “no” y de convulsiones y dificultades internas, sometieron a referéndum sendos textos constitucionales.

            En Ecuador la Constitución  —elaborada por una asamblea constituyente—  fue aprobada en el referéndum celebrado el 28 de septiembre del 2008. Cuatro fueron las opciones que se ofrecieron al ciudadano: votar “sí”, votar “no”, votar en blanco o anular el voto. El 63,93% votó a favor, el 28,10% en contra, el 7,23% anuló el voto y el 0,75 votó en blanco. Como el estatuto del referéndum mandaba que los votos nulos y los votos en blanco se sumaran a los votos por el “no”, la desaprobación a la Constitución alcanzó el 36,08%.

            En Bolivia, el gobierno presidido por Evo Morales promovió un referéndum el 25 de enero del 2009, en el que se aprobó el proyecto de Constitución  —elaborado por una asamblea constituyente—  por el 61,4 % de los votos contra el 38,5% por el “no”. En las áreas rurales se impuso el “sí” y en la mayoría de las ciudades, el “no”. El documento constitucional fue aprobado en los departamentos de La Paz (78%), Oruro (74%), Potosí (80%), Cochabamba (65%) y Chuquisaca (51,5%); pero fue mayoritariamente rechazado en las regiones autonomistas de Santa Cruz (65%), Beni (67%), Tarija (56,6%) y Pando (59%).

            Por iniciativa de su gobierno autónomo y bajo presión de los partidos independentistas, Escocia  —5’300.000 habitantes, 78.772 kilómetros cuadrados de territorio—  promovió un referéndum el 18 de septiembre del 2014  —que en realidad fue un plebiscito, dada la materia de la consulta—  para preguntar a su pueblo si estaría de acuerdo con la secesión del Reino Unido  —del que forma parte desde hace tres siglos—  y la formación de un nuevo Estado. La pregunta fue: ¿Debería Escocia ser un Estado independiente? Y el resultado arrojó: 55,3% por el "no" y 44,7 por el "sí". La tesis independentista fue derrotada tras un intenso y apasionado debate entre los dos bandos contendientes. La participación de los 4,3 millones de electores llamados a votar fue extraordinariamente alta: 86% de ellos concurrió a las urnas. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  —que es el nombre oficial del Estado inglés—  está integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Su capital es Londres.

            Varios de los países de la Unión Europea (UE) soportan tensiones secesionistas internas: el Reino Unido, España, Bélgica, Italia, Rumania, Eslovaquia y Chipre.

            La independencia nacional ha sido a lo largo del tiempo un tema conflictivo al interior de varios países, cuya vida estatal se inició en muchos casos a partir de sendas consultas plebiscitarias: Liberia (1846), Noruega (1905), Islandia (1944), Eslovenia (1990), Georgia, Uzbekistán, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Macedonia (1991), Bosnia-Herzegovina (1992), Eritrea (1993), Timor Oriental (1999), Montenegro (2006), Sudán del Sur (2011), aparte de los países en los que los resultados plebiscitarios fueron negativos para la independencia nacional: Polinesia Francesa (1958), Mayotte (1974 y 1976), Quebec (1980 y 1995), Nevis (1998), Puerto Rico (1952, 1967, 1993, 1998 y 2012).

            Irlanda  —el país más católico de Europa—  admitió en su legislación el matrimonio homosexual mediante referéndum celebrado el 22 de mayo del 2015. Consultó a los ciudadanos sobre la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo y, pese a la beligerante oposición de la Iglesia irlandesa, el voto "sí'" alcanzó una amplia mayoría: el 62,1% (1'201.607 votos) frente al 37,9% en contra (734.300 votos). La asistencia a las urnas  —el 60,52% de los ciudadanos con derecho a voto—  fue la más alta desde el referéndum de 1995 sobre la legalización del divorcio.

            Lo que ocurrió en Grecia el año 2015 fue dramático. Lo llamaron referéndum pero, en realidad, fue un plebiscito porque la consulta popular versó sobre la relación política, económica y financiera de ese país con la Unión Europea (UE). El <referéndum es la consulta acerca de una ley o reforma legal mientras que el plebiscito indaga temas acuciantes de la vida comunitaria. Se realizó el 5 de julio del 2015. El gobierno griego ejercido por la Coalición de Izquierda Radical, mejor conocida en Grecia por su acrónimo SYRIZA  —formada por una amplia fusión de socialistas democráticos, marxistas, maoístas, trotkistas, eurocomunistas, ecologistas de izquierda y militantes de otros grupos contestatarios—  y presidido por el joven primer ministro Alexis Tsipras que asumió el poder en marzo de ese año, preguntó a su pueblo si aceptaba el programa de salvamento y rescate económico, fiscal y financiero propuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para superar el estado crítico por el que atravesaba la economía del país helénico en ese momento.

            Tsipras y los líderes de los partidos de izquierda  —con una cierta antipatía hacia el europeísmo y la imposición de la moneda única—, más los dirigentes del partido ultraderechista Amanecer Dorado  —de tendencia neonazi—,  pidieron al pueblo votar en contra de las propuestas europeas. 

            La respuesta popular fue un frontal, rotundo y mayoritario rechazo a los planteamientos de Europa. Hubo una reacción masiva, especialmente de la gente joven, contra el plan europeo pero también contra la política tradicional, la vulneración de la soberanía nacional, la enajenación de la autonomía fiscal y económica, la supeditación a las normas internacionales de la eurozona, la austeridad y las demás exigencias europeas en el marco de la Unión.

            El voto "no" fue apoyado desde el exterior por Paul R. Krugman y Joseph E. Stiglitz, premios Nobel norteamericanos de economía. El criterio de Krugman era conocido de antemano. Recordemos que frente a la crisis económica global del 2008 él sostuvo que "la prudencia es una locura" y que mal podía cederse "ante las nociones convencionales de prudencia".

            Grecia, el pequeño país de algo más de 11'125.000 habitantes  —según datos del 2015—  asentados en un territorio de 131.990 kilómetros cuadrados, sufría un monstruoso desorden fiscal y tributario, terrible caos financiero, cesación de pagos, sobre-endeudamiento público, descapitalización de sus entidades financieras, depresión productiva, masivo desempleo  —el índice general de desocupación era del 26% y, entre los jóvenes, superaba el 60%—  y empobrecimiento social, que la abocaban a la quiebra total.

            Este orden de cosas fue causado, a lo largo de varios años, por la incompetencia y falta de disciplina gubernativa, el dispendio de fondos públicos, despilfarro oficial, crecimiento explosivo de la burocracia estatal, corrupción administrativa, excesivos gastos militares, evasión fiscal, vagancia burocrática, ingreso turístico en crisis y un cierto aislamiento internacional.

            Grecia había pasado a partir de los años 70 del siglo XX por muy graves problemas políticos y económicos bajo gobiernos de diversas tendencias ideológicas. Designados por el parlamento, desfilaron por el poder presidencial durante la denominada Tercera República: Michail Stasinopulos, Konstantinos Tsatsos, Konstantinos Karamanlis, Ioannis Alevras, Christos Sartzetakis, Konstantinos Stephanopoulos, Karolos Papoulias y Prokopis Pavlopulos. Otros tantos desempeñaron las funciones ejecutivas de primer ministro. Bajo esa serie de gobiernos se agravó cada vez más la penuria económica, financiera, política y social, que condujo a la quiebra total en el 2015.

            La deuda pública de Grecia en ese momento representaba el 177% de su producto interno bruto: aproximadamente 320.000 millones de euros. Grecia estaba endeudada con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, los países de la eurozona e inversionistas privados. Sus principales acreedores eran Alemania con 69.500 millones de euros, Francia 52.800 millones, Italia 46.300 millones, España 31.400, Holanda 14.800 y Bélgica 9.100. 

            Grecia estaba apremiada. Para hacer frente a sus deudas inmediatas necesitaba 7.000 millones de euros en ese instante y 5.000 millones adicionales en los siguientes treinta días. Y las entidades financieras helenas requerían entre 10.000 y 25.000 millones de euros para recapitalizarse.

            Fue en tales circunstancias que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le propusieron un programa de rescate económico y financiero  —que contenía un paquete completo de medidas muy duras—  a cambio de profundas reformas en las áreas fiscal, financiera, tributaria, burocrática y de desarrollo, para que el régimen helénico pudiera superar la crisis y honrar los compromisos con sus acreedores.

            La respuesta del gobierno de Tsipras  —que heredó esa gravísima situación—  fue convocar para el 5 de julio del 2015 una consulta popular directa sobre la propuesta de los acreedores europeos. Tsipras los acusaba de tratar de humillar a Grecia. Habló de la "responsabilidad criminal del Fondo Monetario Internacional". Y pidió a su pueblo que votara en contra. 

            Con el voto de los partidos del gobierno izquierdista de coalición y del ultraderechista partido neonazi Amanecer Dorado, el rechazo a los planteamientos y exigencias de los gobiernos de la eurozona alcanzó el 61,31%, mientras que el "sí" obtuvo el 38,69%. 

            La propuesta europea fue repudiada rotunda y frontalmente.

            Pero la profunda y tormentosa crisis seguía su curso. Y el gobierno griego se vio forzado a cerrar los bancos y los ciudadanos hacían largas filas ante los cajeros automáticos para obtener un máximo de 60 euros por día para la subsistencia. Habían fugado de Grecia unos 400 millones de euros en esos días. La situación económica era dramática. Y la situación política no lo era menos. 

            Finalmente, como la oferta europea de rescate caducaba en pocos días más, no le quedó a Atenas otra alternativa que abrir diálogo urgente con las potencias europeas, a pesar de que estaban rotas las negociaciones, y pedir a la odiada troika un nuevo plan de rescate financiero consistente en un préstamo a tres años plazo, a cambio de un paquete completo de reformas y medidas en las áreas fiscal, financiera, tributaria, burocrática y laboral, todas las cuales apuntaban hacia la liberalización de la economía griega. 

            La petición de Atenas la llevó el primer ministro Tsipras a la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 8 de julio de ese año, donde afirmó que, "por el bien de Grecia, de la zona euro y del interés económico y geopolítico de Europa", debe ser aceptada. Expresó que estaba listo para corregir años de malos gobiernos en su país y para revertir las desigualdades económicas y sociales causadas por las medidas de austeridad impuestas por los acreedores. 

            Después  de  una  tormentosa sesión  —en  que  se  enfrentaron  los  eurodiputados  de  la  minoritaria  izquierda  y  los  verdes  contra  los  conservadores,  liberales y socialdemócratas—  los líderes europeos, en lo que fue realmente un ultimátum, concedieron a Tsipras tres días de plazo para que presentara sus propuestas concretas de reformas institucionales y recorte de gastos públicos como condición previa para que la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea tomara una decisión.

            El parlamento de Grecia, en sesión celebrada dos días después, aprobó las reformas planteadas y autorizó al primer ministro seguir adelante con sus gestiones ante Europa. Lo hizo con el voto favorable de 229 diputados contra 64 votos contrarios, entre los que estaban los 32 votos indisciplinados y 6 abstenciones del fracturado partido SYRIZA.

            Europa formuló y envió entonces a Grecia un segundo paquete de reformas exigidas por los países europeos para dar paso al tercer rescate. El 23 y 24 de julio, rodeado por una multitud protestante de varios miles de ciudadanos, el congreso griego aceptó por 230 votos favorables, 63 votos contrarios  —entre los que estaban 31 votos de SYRIZA—  y 5 abstenciones las nuevas condiciones impuestas por Europa. Votaron a favor el partido de gobierno SYRIZA  —aunque con la deserción de 31 de sus legisladores y 5 abstenciones—  y los grupos opositores de la derecha: el Partido Pasok, el Partido Liberal y el Partido Conservador Nueva Democracia.

            Y pesar de que las opiniones de los 28 miembros de la Unión Europea estuvieron polarizadas entre quienes favorecían el rescate del pequeño país bajo condiciones no muy duras  —Francia, Italia, España—  y quienes  —con Alemania, Finlandia, Suecia y Dinamarca a la cabeza—  se negaban a inyectar nuevos millones de euros a la economía griega, se llegó finalmente a un forzado acuerdo de rescate a Grecia después de dieciocho horas de negociación  —el tercer acuerdo de rescate desde el 2010—  pero a cambio de muy duras medidas económicas y sociales que debía tomar inmediatamente el pequeño país: aumento del sistema impositivo, ampliación de la base imponible, elevación del impuesto al valor agregado (IVA), recorte de sueldos y salarios públicos, privatización de ciertos activos estatales, apertura a la libre competencia, revisión del sistema social de jubilación, no más endeudamiento, castigo a la evasión fiscal y austeridad en el gasto público. 

            Medidas éstas más duras que aquellas que fueron rechazadas en el plebiscito.

            Así lograron, además, que Atenas no resquebrajara la Unión Europea ni abandonara la moneda común y protegieron la estabilidad de la zona euro.

            La Unión Europea dio a Atenas tres días de plazo para aprobar las reformas. El parlamento griego cumplió su compromiso de aprobarlas. Y los países europeos iniciaron el rescate con la entrega al gobierno griego de la financiación de emergencia  —el denominado crédito-puente—  por 7.160 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), como parte del tercer rescate, con los cuales Grecia pudo pagar el 20 de julio su deuda vencida de 1.500 millones (más intereses) al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de 3.500 millones (más 700 millones de intereses) al Banco Central Europeo.

            El Fondo Monetario Internacional  —que había sido denunciado por Tsipras como el "peor enemigo" de su país pero que se convirtió en su mejor aliado—  dudaba de la sostenibilidad del acuerdo con Grecia y propugnaba un período de gracia de hasta 30 años para que pudiera tener éxito el salvamento del pequeño país, pero el sector duro europeo  —con Ángela Merkel a la cabeza—  se opuso tenazmente a esa iniciativa para no chocar contra la opinión pública mayoritaria de sus propios países. Algunos observadores creyeron ver la presión de Washington detrás de la posición del FMI.

            Sin embargo, tanto la canciller alemana Angela Merkel, que lideraba el grupo europeo, como el líder griego Alexis Tsipras pusieron en grave riesgo su popularidad en sus respectivos países. Ella porque desoyó la presión de buena parte de la sociedad alemana de no dar nuevos millones de euros a Grecia; y él por aceptar condiciones que contradecían la decisión plebiscitaria del 5 de julio.

            El joven líder y primer ministro Alexis Tsipras tuvo que responder de sus dramáticas decisiones ante el parlamento, la opinión pública de su país, los partidos políticos y, adicionalmente, el ala más radical de su propio partido SYRIZA, cuyo comité central rechazó el acuerdo por 109 votos de sus 201 miembros, acusó a los países europeos de "atentar directamente contra cualquier noción de democracia" y propuso la salida de Grecia del euro como única alternativa.

            Tsipras admitió que no había más opciones que ese "mal acuerdo". Pero su situación fue terriblemente incómoda puesto que lo que le llevó al poder meses antes fue precisamente el haber recogido el descontento general del pueblo griego por las medidas de austeridad. Se vio forzado a expulsar del gobierno a tres de sus ministros y a viceministros y funcionarios que se opusieron a las reformas exigidas y al acuerdo con Europa y criticó a los 32 legisladores de su partido que votaron en contra del paquete del rescate financiero impuesto a Grecia.

            También en la opinión pública europea y en el seno de los partidos políticos del viejo continente hubo discrepancias y contrariedades con sus gobiernos por las nuevas ayudas financieras a Grecia.

            El 17 de agosto de ese año Alexis Tsipras renunció a su función de primer ministro. "Me siento en la obligación de llevar esta decisión al pueblo", explicó. La renuncia se produjo en pleno desarrollo de las negociaciones con Europa, dentro del programa de austeridad planteado por los acreedores y aceptado por los deudores, para alcanzar el tercer programa de rescate financiero, al que se oponían varios grupos de izquierda, incluido un sector del partido de Tsipras. La renuncia se produjo el mismo día en que Grecia recibió una ayuda de 26.000 millones de euros de sus acreedores europeos como parte del paquete de 86.000 millones negociado y convenido,  con cargo al cual Atenas hizo un pago de 3.200 millones al Banco Central Europeo por cuenta de su deuda para evitar el default. 

            La dimisión de Tsipras condujo a elecciones legislativas anticipadas el 20 de septiembre, en las que participaron los principales partidos políticos griegos: el dividido partido Syriza, Unidad Popular  —grupo escindido de Syriza—,  el partido conservador Nueva Democracia, el movimiento derechista Topotami, el partido neonazi Amanecer Dorado, el movimiento socialista PASOK, la Unión de los Centristas, el Partido Comunista de Grecia (KKE) y otros grupos menores.

            En su intento de reelección triunfó Tsipras con el 35,5% de los votos, seguido por Nueva Democracia con el 28,1% y Amanecer Dorado 7%. Pero el proceso electoral reflejó un alto grado de descontento popular ya que más de cuatro de cada diez griegos se abstuvieron de concurrir a las urnas.

            En esas circunstancias, con oposición de izquierda y derecha, Tsipras retornó a la jefatura del gobierno para proseguir en el manejo del tercer programa de rescate financiero. Pero desde que reasumió el poder se produjeron huelgas y movilizaciones populares masivas —con bloqueo de carreteras, puertos, aeropuertos e instalaciones estatales— en protesta por las medidas tributarias y fiscales tomadas por el gobierno para dar cumplimiento a los acuerdos celebrados con los acreedores de la Unión Europea.    

            Es importante señalar que en 1974 hubo en Grecia una consulta plebiscitaria que cambió el rumbo de la historia griega porque abolió la monarquía y estableció la república como forma de gobierno. El régimen de Constantinos Caramanlis  —quien había ganado un mes antes las primeras elecciones generales celebradas en Grecia desde 1964—  convocó una consulta popular sobre la monarquía, cuyos resultados fueron: 69,2% de los votos a favor de una "democracia no coronada"  —así fueron los términos de la pregunta—  y el 30,8% por una "democracia coronada". Cuando se conocieron los resultados, grandes manifestaciones se movilizaron por el centro de Atenas y las efigies del rey Constantino II  —perteneciente a la Casa Real de Glücksburg—,  quien en ese momento estaba exiliado en Inglaterra, fueron incineradas en la Plaza de la Constitución. 

 
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