política de Estado

            Es una expresión que se puso de moda en los años 90 del siglo pasado para denotar una política permanente y a largo plazo en contraste con la “política de gobierno”, entendida como la acción gubernativa de coyuntura. La expresión es poco feliz puesto que es un error conceptual pretender contraponer la política de Estado a la política de gobierno. Todas las políticas de gobierno son necesariamente políticas de Estado, dado que el gobierno representa al Estado. Los actos que aquél ejecuta son tenidos como actos estatales. Lo que se puede plantear es: políticas permanentes versus políticas transitorias o coyunturales.

            Las acciones políticas y administrativas del gobierno pueden ser de largo o de corto plazo. Las primeras tienen continuidad: son instrumentadas sucesivamente por varios gobiernos, cada uno de los cuales impulsa un tramo del proceso. Son políticas de un horizonte temporal que está más allá de la gestión de un gobierno. Las políticas de corto plazo, en cambio, miran más hacia la coyuntura y son implementadas hasta su conclusión por un gobierno. Esto ha dado base a que surja la incorrecta distinción entre políticas de Estado, que en realidad son políticas de largo plazo, que por tanto cobran continuidad en el tiempo y que suelen ir más allá de los períodos gubernativos; y políticas de gobierno, que son de corto plazo y que generalmente no exceden de los límites temporales de un mandato presidencial.

            Las Constituciones señalan en cada Estado la duración del ejercicio presidencial en períodos que van de cuatro a siete años. Las gestiones administrativas, económicas, sociales e internacionales que se cumplen dentro de uno de esos períodos  —y que por lo general son medidas pocos ambiciosas—  suelen denominarse “políticas de gobierno”, según la nomenclatura de moda, mientras que las gestiones de larga duración, que exceden los períodos presidenciales y que, por tanto, demandan una continuidad a través del tiempo, reciben el nombre de “políticas de Estado”.

            Las grandes obras de infraestructura económica o social se realizan diacrónicamente en el curso de varios gobiernos. Ellas entrañan una continuidad en el tiempo. Son obras de una cierta permanencia. Su ejecución demanda plazos mayores que los períodos presidenciales. Son ellas, por consiguiente, objeto de políticas “transgubernativas” y de largo aliento.

            La distinción adolece de vicios conceptuales. No puede haber una “política de gobierno” que no sea “política de Estado” ni puede haber una “política de Estado” al margen del gobierno, ya que éste ejerce la representación estatal. El Presidente es el representante legal del Estado. Es su personero. Sus actos, dentro de la ley, ligan al Estado como si éste los hubiera ejecutado directamente. Por consiguiente, las obligaciones que contrae obligan al Estado y los derechos que asume le benefician. Pretender que la “política de gobierno” no es “política de Estado” es un absurdo. La >representación es una de las características fundamentales de la forma de gobierno republicana. El Presidente vincula con sus actos a la totalidad de la sociedad política. Por tanto, sus acciones son siempre políticas de Estado aunque unas persigan objetivos de plazos cortos y otras de largos plazos.

 
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