poder político

            La antiquísima prerrogativa de mandar, imponer los designios de la propia voluntad, dar órdenes y exigir su cumplimiento, en el seno de la sociedad políticamente organizada, ha conservado a través de los siglos su prestigio y atracción.

            En todas las culturas fue igual: en torno al poder se arremolinaron las multitudes. En los diversos idiomas la palabra poder  —potestas, pouvoir, power—  conservó su vieja y fascinante significación. Desde las remotas épocas en que el caudillo de la horda, el clan o la tribu reunió en sí todos los poderes de dominación social y fue, al propio tiempo, el líder político, el legislador, el jefe militar, el juez y el sacerdote o hechicero, hasta nuestros tiempos en que se ha dado un alto grado de descentralización de la autoridad pública y se la ha rescatado del puro influjo personal que antes la envolvía, para someterla a cánones institucionales, el poder ha sido y es el gran objetivo de la lucha de los hombres y de los pueblos.

            A lo largo de los siglos se han eclipsado los caudillismos por obra del progreso político de las sociedades, que tienden cada vez con mayor definición a regir sus destinos bajo el influjo impersonal de las leyes, pero los fulgores del poder no se han opacado.

            Diversas explicaciones se han dado a través del tiempo para el fenómeno del poder. Se lo atribuyó a la voluntad de los dioses en las comunidades primitivas. Después vinieron las explicaciones metafísicas. Más tarde el <contractualismo, en sus ramas autoritaria y democrática, formuló una interpretación humana y no divina del poder. Los seguidores de la escuela estructuralista, por su parte, sostuvieron que el poder no se dirige por las voluntades de agentes individuales sino que responde a sistemas socioeconómicos consolidados en los cuales los individuos figuran sólo como oficiantes de roles, por lo que son intercambiables y remplazables, sin que ello afecte la esencia, la naturaleza y el origen del poder.

            Se han propuesto muchas explicaciones acerca de él, sin embargo de lo cual la disputa conceptual ha sido y será inacabable.

 

                              1. Las diferentes formas del poder.   El hombre está movido por la incesante búsqueda de poder, en cualquiera de sus modalidades: mando político, prestigio, fama, riqueza, conocimientos, fuerza física. Ellas no son más que diferentes expresiones del poder que anhela. Naturalmente que la más eficaz de todas es el poder político, que tiene una proyección totalizadora y que está asistido de la capacidad de emplear la fuerza para respaldar sus decisiones y para imponer la obediencia a sus designios.

            Siempre resultó muy atractiva para el hombre la facultad de influir, mandar, implantar su voluntad, dar órdenes y exigir su cumplimiento sobre la sociedad políticamente organizada.

            El afán por el poder ha sido una característica permanente del ser humano a lo largo de los tiempos. Todo se resume y explica en función de su anhelo de dominio, desde el sacerdocio de las antiguas y modernas religiones, cuyos miembros asumieron en nombre de los dioses autoridad sobre los hombres, hasta el poder por antonomasia que es el poder político, pasando por la acumulación de riqueza o el acopio de conocimientos que son otras formas de poder.

            El filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), cuyo pensamiento ha sido considerado como uno de los más ricos y sugerentes del siglo XX, creó la teoría del superhombre, encarnada en un individuo independiente, seguro de sí mismo, fuertemente impulsado por la “voluntad de poder” y capaz de desgarrar las tradiciones y de crear nuevos valores. El filósofo alemán sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la “voluntad de poder”, que no es solamente el poder sobre otros sino también el poder sobre sí mismo. Y en contraste con el superhombre están las masas  —a las que Nietzsche denominaba “rebaño”, “manada” o “muchedumbre”—  sempiternamente sometidas a la tradición y a la rutina.

            El pensador alemán consideraba que, centrándose en el mundo real antes que en las recompensas futuras prometidas por las religiones, el superhombre afirma la vida y asume el sufrimiento, los riesgos y el dolor que conlleva la existencia. Emancipado de las ataduras de lo humano, “envilecido” por la docilidad cristiana, es un creador de valores y un dechado de “eticidad maestra”. Tiene la fuerza y la independencia de criterio para conducirse y hacer las cosas a su manera.

            El superhombre de Nietzsche es un ser lleno de creatividad, de individualismo, de voluntad autónoma y de valentía. El filósofo alemán citó a algunos personajes históricos que podrían servir como modelos: Sócrates, Jesucristo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Julio César y Napoleón. Ellos, sin duda, representaron diversas formas del poder: desde el poder del conocimiento y de la sensibilidad hasta el poder político y el militar.

            Muchas cosas han girado alrededor de ese ímpetu o impulso humano que Nietzsche llamaba la “voluntad de poder”. Para algunos hombres esa “voluntad de poder” ha tenido rasgos patológicos: ha sido una expresión compensatoria de sus propias debilidades o la revancha ante la vida por pasadas humillaciones o carencias. La lujuria de poder, en muchos casos, tiene esta explicación. Hay una gran diferencia entre el uso que da al poder el hombre equilibrado y el que da el inseguro, el apocado o el neurótico. La historia muestra muchos ejemplos de ello. Pero éste es un tema que dejo a la psiquiatría.

            Lo que me interesa establecer es que, desde épocas inmemoriales, la organización humana se hizo en torno al poder. Los que la promovieron, en cualquier época y bajo cualquier sistema, buscaron siempre la regimentación de voluntades bajo la invocación de una idea motivadora  —sea religiosa, política, étnica, bélica o de cualquier orden—  lo suficientemente fuerte para movilizar a la gente en torno a un propósito común.

            Por eso el poder ha merecido consideraciones psicoanalíticas y sociológicas. Desde el punto de vista de la psicología muchas de las neurosis se explican por la frustración del apetito de poder. El complejo de inferioridad encuentra en el poder su compensación. El ansia de poder dirige muchos de los procesos psicológicos de la personalidad. La psicología tiene mucho que ver con el poder, hasta el punto de que algunos de los acontecimientos de la <historia se explican por la deformación de la personalidad de quienes lo han ejercido. Por eso pienso que uno de los errores de la Ciencia Política, al afrontar el tema, ha sido prescindir de las teorías psicológicas del poder.

            Resulta interesante atender la opinión de quien, como Fidel Castro, ostentó el poder político indisputado por casi medio siglo en Cuba, con grandes resonancias en el exterior. Dijo el líder cubano: “quizá la lucha más importante que tiene que librar alguien que tenga poder es la lucha contra sí mismo, la lucha por autocontrolarse” (Ignacio Ramonet, “Cien horas con Fidel”, 2006).

 

                              2. La lucha por el poder.   Desde el punto de vista sociológico, el ansia de poder ha sido en el curso de la historia la fuerza impulsora más importante de las acciones humanas. La lucha por el poder ha sido permanentemente la razón de ser de la >política. En la vida social el poder fue siempre visto como la posibilidad de imponer la voluntad propia a los demás por algún medio: el conocimiento, la inteligencia, la fuerza, la riqueza, el dogma religioso o cualquier otro factor que sirva para impulsar o constreñir a los demás a hacer lo que, en otras circunstancias, no lo harían.

            La obediencia, por eso, tiene matices que van desde la persuasión al forzado acatamiento.

            Bajo este orden de cosas, lo mismo el sacerdote que el dirigente deportivo, el líder político que el jefe sindical, el presidente de un club social que el conductor de una entidad de beneficencia buscan poder. Lo hacen consciente o inconscientemente. La búsqueda de poder es una de las grandes constantes de la historia. A veces cuesta trabajo descubrir sus móviles, que en ocasiones están ocultos en la compleja trama de las motivaciones profundas de la conducta humana. Pero al penetrar en ella siempre se ubicará la arcana motivación de dominio que alienta los actos de los hombres, aun aquellos que menos visos de dominación tienen, como lo ha descubierto François de la Rochefoucauld (1613-1680), para quien las virtudes humanas no son sino diversas formas del amor propio y del egoísmo.

            Detrás de cada sistema de ideas siempre estuvieron agazapadas ambiciones de poder. Detrás del <confesionalismo tradicional están hombres de carne y hueso que, con la instrumentación de la idea religiosa, logran preeminencia social y mando; detrás del proceso de estatificación de los instrumentos de producción se parapetaron personas que, obrando a nombre del Estado, aspiraron a sustituir a las plutocracias tradicionales en el manejo de la riqueza y en el ejercicio de la dominación social que ella conlleva; detrás de la >privatización tan de moda en nuestros días, están quienes anhelan recuperar ese poder perdido o incrementar el que ya tienen.

            Todas estas, y muchas otras, no son en el fondo más que diversas formas de la lucha por el poder.

 

                             3. El mando social.   En medio de la discusión resulta bastante claro que no puede admitirse la existencia de una sociedad humana, por sencilla y rudimentaria que sea, que no tenga dispositivos de gobierno. Un grupo humano cualquiera, encerrando en su seno tantas voluntades particulares como miembros, no podría desenvolverse sin adoptar un sistema de conducción capaz de condensar el querer general y convertirlo en actos concretos de gobierno y administración. Las acciones aisladas y dispersas de sus miembros lo llevarían al desbande general. La función de gobierno satisface una necesidad social y no puede prescindirse de ella.

            El poder cumple la función muy importante, yo diría que vital, de dar coherencia al grupo social, de mantenerlo unido, de hacer de él una comunidad. Sin el poder  —y el sistema de interrelaciones que él implica—  la sociedad se disgregaría.

            En este sentido, el poder político es uno de los elementos esenciales del Estado juntamente con el >pueblo, el >territorio y la >soberanía.

            Con excepción de los anarquistas, los teóricos de todas las ideologías están de acuerdo en que el Estado requiere una voluntad dominante e investida de autoridad para dirigir la actividad social y coordinar los esfuerzos individuales. Discrepan en la forma de hacerlo, en los alcances del poder, en la amplitud de los derechos de las personas, en el grado de concentración de la autoridad y en otros factores, pero no en que las funciones de mando social son ineludibles.

            A esa voluntad dominante dentro del Estado, capaz de hacerse obedecer compulsivamente, se llama poder político o poder público y al conjunto de los órganos que la ejercen se denomina <gobierno.

 

                                4. El origen del poder.   Platón, en el diálogo de los dos primeros libros de la República, afronta la cuestión del origen de la polis y, por ende, del poder político. Allí suscita varias teorías. El filósofo griego hace decir a los sofistas Trasímaco y Clitofón que el orden social y la justicia no son otra cosa que la voluntad de quien tiene la fuerza para hacerse obedecer. Este es el germen de la teoría de la fuerza como origen del poder. En cambio, Glaucón y Adimanto, para complacer a Sócrates, sostienen la tesis contractualista del poder y afirman que los hombres, venciendo y sufriendo derrotas, se ponen de acuerdo en un momento dado a fin de instaurar la paz, para lo cual establecen las leyes y consensos sociales que consideran útiles. Este es el antecedente de la teoría del consenso como origen de la autoridad pública, en el marco de una sociedad que se presenta como un hecho natural, según lo que escribe Aristóteles en el primer libro de su "Política".

            El estudio del origen del poder es uno de los capítulos más interesantes de la Ciencia Política. El hecho de considerar a la sociedad y al Estado como un problema de conciencia condujo siempre a los hombres a indagar la cuestión del origen del poder político. ¿De dónde viene el poder? ¿Cuál es la fuente de la autoridad pública? ¿Por qué unos hombres tienen el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer?

            Vamos a verlo.

            No se trata, sin embargo, de averiguar el hecho del poder, pues eso no satisface nuestra inquietud ética, sino el derecho que asiste a unos hombres para obligar a otros a la obediencia. Siendo todos iguales, ninguno tiene una facultad originaria para mandar a los demás. Entonces, ¿cómo se justifica, moralmente, el derecho de unos a mandar y la obligación de otros a obedecer?

            Varias teorías se han propuesto a lo largo de los siglos para explicar esta cuestión. La primera fue la teocrática.

 

          a) El pensamiento teocrático.  Las sociedades más antiguas explicaron por la vía supersticiosa la facultad de mando. El sistema totémico de los grupos primitivos partió de la creencia de que el poder venía de la divinidad. Las cosas no cambiaron sustancialmente en los tiempos posteriores aun cuando los dioses se sofisticaron con el avance de los conocimientos humanos. De los dioses rústicos esculpidos en piedra o en madera se pasó a dioses mejor presentados. Pero la idea de fondo fue la misma. El faraón egipcio fue considerado como un dios, el rey de Babilonia como el descendiente de la divinidad, los gobernantes de los hebreos eran los señores “ungidos” que derivaban su autoridad del cielo. Fueron los tiempos en que la religión y la política eran la misma cosa.

            Las raíces prehistóricas del pensamiento teocrático se remontan a los albores de la vida humana y se pierden en la oscura maraña de la magia y la hechicería. Su elaboración razonada sólo se presentó más tarde con el advenimiento del monoteísmo judeo-cristiano. Fue entonces cuando se empezó a elaborar una teoría mejor articulada del origen divino del poder. En la vertiente católica, su explicación se inspiró originariamente en las palabras de san Pablo, contenidas en su Epístola a los Romanos, de que “no hay potestad que no provenga de Dios”. Esta afirmación fue después desarrollada y completada, especialmente en la alta Edad Media, por los padres y doctores de la Iglesia, y más tarde por muchos otros pensadores y teólogos católicos.

            En la doctrina teocrática convergen la idea del origen divino del poder, que deriva la autoridad pública de la “gracia de Dios” o de cualquier otra representación metafísica, y la idea de que el Estado es un medio para el cumplimiento de los fines religiosos.

            Las ambiciones de poder de la Iglesia Católica perturbaron durante dilatado tiempo la vida política europea. Largamente prevaleció la vieja teoría de “las dos espadas”, expuesta por el papa Gelasio I en el año 494 y confirmada más tarde por Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam de principios del siglo XIV, en el sentido de que “en esta Iglesia y en su poder existen dos espadas: una espiritual y otra temporal”, y que ambas están “en poder de la Iglesia; una debe ser empuñada por la Iglesia, la otra desde la Iglesia; la primera por el clero, la segunda por la mano de reyes y caballeros, pero según la dirección y condescendencia del clero, porque es necesario que una espada dependa de la otra y que la autoridad temporal se someta a la espiritual”.

            La mencionada bula de Bonifacio VIII, expedida el 18 de noviembre de 1302 bajo la influencia del teólogo Egidio Romano (1243-1316) y de su obra "De ecclesiastica sive de Summi Pontificis potestate", fue uno de los documentos vaticanos más discutidos y discutibles de la Edad Media. El papa se propuso subordinar el poder temporal de la sociedad política bajo la férula de la Iglesia Católica y reivindicar para la autoridad religiosa la facultad de instituir la autoridad política y juzgar sus actos. En el documento se afirmaba “la sumisión de toda criatura humana al Romano Pontífice” y se sometía la autoridad temporal de los gobernantes a los mandatos del papado. Esto se produjo dentro del conflicto de poderes surgido entre el pontífice romano y el rey Felipe IV de Francia a raíz de la detención del obispo Pamiers Bernard Saisset ordenada en el año 1301 por el monarca francés bajo la acusación de traición a la patria, detención que el papado consideró violatoria de los privilegios eclesiásticos.

 

          b) La teoría de la fuerza.   Otra explicación que se dio históricamente fue la de la fuerza, que afirmó que el fuerte debe gobernar al débil porque esa es la ley natural. Explicó el hecho y el derecho del mando social con la tesis de que siempre los poderosos dominaron a los débiles y les colocaron bajo su autoridad, en acatamiento de una especie de dictado de la naturaleza.

            Para esta teoría la propia sociedad política está fundada en la coerción y en la amenaza de sanciones. La ciencia política alemana, con sus exponentes Carl Schmitt (1888-1985) y Ralf Dahrendorf (1929-2009), llegó a la conclusión de que la política es esencialmente una cuestión de lucha, hostilidad y conflicto entre grupos y personas. Dentro de este marco, “el soberano” es quien, por ser más fuerte, puede imponer su voluntad al grupo, dictar el derecho, ejercer el control sobre las sanciones y ostentar la autoridad.

            Esta teoría fundamentó la autoridad en la superioridad natural de unas personas respecto de otras. Avaló su afirmación con la experiencia histórica de que casi siempre el poder fue fruto de la imposición violenta y con el hecho de que, aún hoy, con frecuencia se alinea al Derecho con los más fuertes batallones.

            Derivaciones de esta teoría fueron los planteamientos de la “predestinación” de los mejores o de las “minorías selectas” que formularon los fascistas como justificación de su autoritarismo.

            Pero la fuerza no constituye Derecho ni es fuente de legítima autoridad. La imposición de la fuerza puede tener, bajo determinadas circunstancias, resultados efectivos mas no una justificación ética. Por eso el gobierno del más fuerte ha cedido progresivamente su lugar al gobierno del Derecho y el poder político ha cobrado un valor eminentemente jurídico, capaz de obligar moralmente la voluntad de los gobernados.

 

          c) La escuela contractualista.   Como consecuencia de la actitud mental del hombre del Renacimiento, que deseaba buscar y descubrir nuevas verdades, el <contractualismo surgió como explicación racional del origen del poder. Desechó todas las teorías anteriores. Rehusó la idea teocrática, descartó que la naturaleza diera a los hombres autoridad alguna sobre sus semejantes y rechazó la tesis de que la fuerza pudiese ser el origen del mando político. Afirmó, por tanto, que el poder legítimo sólo puede surgir de la voluntad libremente expresada de los miembros de la comunidad.

            El razonamiento capital de la teoría contractualista es el siguiente: puesto que las lucubraciones metafísicas acerca del origen del poder no tienen asidero racional y dado que la naturaleza no da a los hombres mando sobre la sociedad ni es la fuerza la que lo consagra, la autoridad política sólo puede provenir legítimamente del consenso mediante el cual los individuos erigen un poder social y se someten a él bajo ciertos límites y condiciones.

            Sólo si se concibe así el origen del poder puede éste justificarse moralmente y reclamar de los ciudadanos obediencia, atento el hecho de que ellos están moralmente obligados a prestar acatamiento a un poder que concurrieron a formar para la garantía de su intereses.

            Para desarrollar esta tesis, quienes sostienen la teoría contractual partieron de tres nociones fundamentales: el estado de naturaleza, el estado de sociedad y el contrato social.

            Dicen los creadores de esta teoría que los hombres estuvieron sometidos originalmente al <estado de naturaleza, en el cual no existían organización social, ni autoridad legítima, ni leyes, ni justicia, ni derechos humanos y la vida estaba condenada a la extinción por los obstáculos que la naturaleza le oponía y cuya remoción no podía lograrse sino con el concurso ordenado y dirigido de todas las fuerzas individuales. En estas circunstancias la lucha era de todos contra todos, puesto que, como dijo Hobbes, el hombre era el lobo del hombre. Al ser humano no le quedó, entonces, más que un solo camino para su conservación: formar por agregación un cúmulo de fuerzas capaz de vencer la resistencia opuesta por la naturaleza y ponerlas en movimiento bajo una voluntad de mando surgida del consenso general. En esta forma, mediante una especie de convención o <contrato social, los hombres abandonaron el estado de naturaleza e ingresaron al estado de sociedad, en el que, “dándose cada cual a todos, no se da a nadie en particular; y como no hay socio alguno sobre quien no se adquiera el mismo derecho que uno le cede sobre sí, se gana en este cambio el equivalente a todo lo que uno pierde y una fuerza mayor para conservar lo que uno tiene”, según la sabias palabras de Rousseau.

            Pero la “convención” o el “contrato social” que ellos mencionaron no fueron un instrumento jurídico al estilo de los que utilizan los juristas sino un postulado de la razón, un principio normativo, que indica a los hombres cómo deben entender el Estado y su gobierno para que los derechos de las personas no naufraguen en la vida social. Solamente suponiendo al Estado y al gobierno como formados por un acto de voluntad general es posible establecer obligaciones y derechos recíprocos en la vida comunitaria.

            El paso del estado de naturaleza al estado de sociedad, esto es, de la <anarquía al orden, se produjo por la renuncia de los individuos a la facultad natural e irrestricta de usar su propia fuerza para defender sus intereses y por la erección de un poder dirimente capaz de poner orden en el grupo y de respaldar sus decisiones mediante el uso de la fuerza.

 

          d) La concepción estructuralista.   El marxismo sostiene que el modo de producción de los bienes económicos determina la manera de ser de una sociedad y que a cada modo de producción de las cosas que el hombre necesita para vivir  —alimentos, vestido, herramientas, vivienda, etc.—  corresponde una específica forma de organización social y cada cambio de aquél produce en ésta un cambio correlativo. De esta manera, afirma Carlos Marx, "el molino movido a brazo engendra la sociedad de los señores feudales; el molino de vapor, la sociedad de los capitalistas industriales".

            Los marxistas llaman estructura al modo de producción y superestructura a la organización social  —con sus leyes, gobierno, tribunales, conceptos políticos y morales, ideologías políticas y convicciones religiosas—  y sostienen que a todo cambio estructural corresponde un cambio superestructural.

            Esta es la tesis fundamental de la interpretación materialista de la historia.

            Según ella, está probado por la secular experiencia histórica que la forma como en cada época los hombres produjeron los bienes y servicios necesarios para su pervivencia  —estructura—  determinó siempre el modelo de organización social  —superestructura—,  que fue primero colectivista, luego esclavista, más tarde feudal y finalmente capitalista.

            En esta línea de pensamiento, el estructuralismo de corte marxista sostiene que los procesos políticos y culturales de un país están determinados por sus estructuras económicas. Afirma, en consecuencia, que el poder no nace de las voluntades de agentes individuales ni se ejerce por ellas sino que responde a los sistemas socioeconómicos establecidos en una comunidad, en los cuales los individuos figuran sólo como oficiantes de roles, por lo que pueden ser sustituidos e intercambiados sin que por ello se afecte a la esencia o a la naturaleza del poder.

            El origen del poder político, por consiguiente, debe buscarse en los intereses económicos a los que éste obedece y de cuya custodia está llamado a encargarse. Para los seguidores de esta teoría todas la demás explicaciones del origen del poder resultan puramente “metafísicas”. Carecen de contacto con la realidad. Son obra de la imaginación humana cuando no de los intereses creados. En todo caso, no tienen vinculación con los hechos reales. La verdad, que no siempre se afronta con valentía, es  —según ellos—  que el origen del poder está dado por la trama de intereses económicos concretos situados en la base de la “superestructura” política de un Estado. El poder  —y quienes lo ejercen—  no son más que una suerte de “comité de vigilancia” de esos intereses. En cada caso concreto que se examine, dicen, se encontrará que las leyes y el poder son manejados por los sectores dominantes de la sociedad, en su propio beneficio.

            Según esta teoría, las diversas formas del poder político  —del mismo modo que las ideas religiosas, la cultura, las ideologías, la organización social y los demás elementos de la vida comunitaria—  obedecen, en último término, a factores estructurales de orden económico.

            Su tesis central es, por tanto, que las deformaciones y desajustes sociales —tales como el subdesarrollo, la pobreza, la injusticia económica, la marginación, las desigualdades y privilegios—  se originan en las estructuras productivas que imperan en un país. Y establece una suerte de determinismo económico entre esas estructuras y las deficiencias sociales, de modo que para corregirlas hay que acudir a las causas que las originan, es decir, a las estructuras económicas e introducir en ellas las modificaciones que se reflejen en la superación de las taras superestructurales de la sociedad y del gobierno.

            Ello tuvo en mente el <marxismo al propugnar la expropiación de los instrumentos de producción y transferirlos a manos del Estado. Quiso eliminar el poder económico privado, tan abusivo y pernicioso. Pero no obstantes sus buenas intenciones, la fórmula no le salió bien porque al amparo de la estatificación se formó una nueva clase social dominante de altos funcionarios, encumbrados dirigentes políticos, tecnócratas y militares que acumuló la suma del poder político más la totalidad del poder económico. En esas condiciones el remedio resultó peor que la enfermedad. Y todo desembocó en una monocracia de poderes ilimitados, que terminó por hundirse en la última década del siglo XX bajo el peso de sus ineficiencias.

 

                                 5. El poder político.   Dentro de la constelación de poderes brilla con luz propia el poder político, que es la facultad de mando sobre el Estado. El escritor y dramaturgo búlgaro Elías Canetti, en su interesante e imaginativo libro “Masas y Poder” (2000), apunta que no hay imagen más representativa ni más vívida del poder político que la del director de orquesta. Solo, erguido, de pie en medio de gente sentada, impone el ritmo e imparte órdenes con la mano o con la batuta. Le basta un pequeño pero enérgico movimiento para despertar voces apagadas. Lo que él quiere que enmudezca, enmudece. Tiene poder de vida y de muerte sobre los instrumentos. Desde su posición hegemónica mira a todos, coordina sus movimientos y hace de la orquesta una unidad colectiva, en la cual cada uno de sus miembros contribuye al éxito del conjunto. Todos los integrantes de la orquesta le miran y le obedecen. Él sabe lo que cada cual tiene que hacer y vigila que lo haga.

            Las características principales del poder político son dos: la primera, que es un poder de carácter territorial, es decir, que está referido a un territorio determinado; y la segunda, que es el único que puede ejercer la coacción física legítima para hacerse obedecer. Todos los demás poderes  —sociales, ideológicos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole—,  aparte de ser poderes de carácter personal, que por tanto no mandan sino a las personas que se han sometido voluntariamente a ellos, están impedidos de utilizar la fuerza para lograr obediencia.

            La fuerza, ya como amenaza de su uso, ya como empleo actual de ella, es un elemento específico y diferencial del poder político. Allí reside su distinción fundamental con todos los demás órdenes de poder que existen en una sociedad.

            El otro elemento del poder político es también muy importante. Al tener un carácter territorial, él manda sobre todas las personas y corporaciones que habitan el territorio estatal. Por el solo hecho de pisar su suelo ellas quedan sometidas a su obediencia. Esto lo distingue del poder ejercido por las demás sociedades menores insertas en el territorio del Estado. Ellas no pueden exigir obediencia sino a quienes, por un acto de adhesión personal, han querido someterse a su autoridad. Y esa obediencia no es más que un acto moral. No es exigible coactivamente. Los clubes, las iglesias, las corporaciones, las asociaciones de diversa clase no tienen otra fuerza coercitiva que la que el poder del Estado quiere darles.

            Con la revolución electrónica ha emergido una nueva forma de poder: el poder de la tecnología de la información, en sus diversas ramas. Es, por supuesto, un poder fáctico porque no está reglado ni autorizado por las leyes, no obstante lo cual su fuerza es determinante en la toma de las decisiones de orden público. internet se ha convertido en el “ágora virtual” de la democracia de nuestros días, donde los ciudadanos discuten pública y libremente los asuntos de interés general. Los gobiernos, a su vez, la utilizan como tribuna de información, de rendición de cuentas y de contacto con los gobernados. La prensa se vale de la red para informar y manipular. Los empresarios privados organizan a través de ella sus intercambios. Todo gira en torno de la gigantesca interconexión de ordenadores a escala global. Hasta el crimen organizado y el narcotráfico se valen de sus bits para sus operaciones. En la sociedad surgida de la revolución digital, que el profesor Doménico Fisichella de la Universidad de Roma denominó tecnitrónica, definida por Zbigniew Brzezinski como una “sociedad cultural, psicológica, social y económicamente plasmada en el fuerte influjo de la tecnología y de la electrónica”, los técnicos se han convertido en actores políticos de primera línea, ya que, anteponiendo las categorías tecnológicas a las ideologías políticas, señalan los fines sociales y definen los medios y estrategias para alcanzarlos.

            Nacida de la aplicación de la información científica global a los procesos sociales, la sociedad del conocimiento  —que algunos pensadores denominan sociedad digital, sociedad cibernética, sociedad tecnitrónica o sociedad de la información—  tiene una extremada racionalización de la organización social, de su gobierno, del proceso de la producción y del trabajo colectivo para obtener los mejores rendimientos.

 

                             6. El poder: expresión de fuerza y juridicidad.   En concordancia con las diferentes tendencias doctrinales, unas veces se ha entendido el poder político como simple factor de dominación, con el énfasis puesto en su elemento “fuerza”, y otras se ha conferido mayor importancia al elemento “Derecho” y se lo ha visto como un poder jurídico. Es cuestión de óptica. Depende de los puntos de vista doctrinales de cada persona. Para los demócratas la autoridad se funda en el Derecho, no obstante que eventualmente debe acudir a la fuerza para lograr obediencia. La esencia del poder político es para ellos la autoridad que dimana de la ley y que se ejerce dentro de ella. Es la sustancia jurídica la que le da el verdadero sentido institucional, en virtud del cual se genera para unos el “derecho” de mandar y para otros el “deber” de obedecer.

            Lo cual no significa que el poder quede inerme. Una cosa es el ejercicio democrático de la autoridad y otra es la <anarquía. Sin duda que el poder político está formado por dos elementos: juridicidad y fuerza. En ese orden y no a la inversa. Gracias a ellos el poder puede obtener una serie de grados de obediencia, que van desde el consentimiento espontáneo de los gobernados hasta la forzada observancia de sus disposiciones, impuesta compulsivamente. Esto significa que si los mandamientos expedidos por el poder público, dentro de la ley, resultan ineficaces para obligar moralmente la voluntad de los gobernados, tiene el recurso de la fuerza como última instancia para imponer su cumplimiento. Siempre estará la coacción física en respaldo de la juridicidad. Juridicidad y fuerza, de este modo, se conjugan en la operación del gobierno democrático.

            Hay sociólogos que distinguen tres modalidades del poder: el persuasive power que, como afirma A. Etzioni, acude a la manipulación de emblemas, banderas, símbolos y otros elementos de la semiología política para ejercer el control social; el coercive power (correspondiente a las relaciones de fuerza en la tipología de Bachrach-Baratz), que impone su dominio mediante el uso o la amenaza de la violencia; y el utilitarian power, que utiliza las recompensas con bienes y servicios para hacerse obedecer. Pero nada impide, en concepto de estos sociólogos, que en el ejercicio concreto del poder, esos elementos se combinen en proporciones diferentes o vayan separados.

            Pero los teóricos y prácticos del >totalitarismo tienen otros puntos de vista. Para ellos, menos preocupados de que la autoridad tenga una fuerza moral para mandar, lo principal es la eficacia que posea para hacerlo. Y esa eficacia no es independiente de la fuerza con que de hecho cuente para imponer acatamiento. Para ellos la coerción no es la última instancia de la obediencia política sino la primera. En este orden de valores, para ellos es la fuerza la sustancia del poder político. La cuestión jurídica no cuenta, como no sea para cohonestar las decisiones arbitrarias de los gobernantes.

 

                                  7. Las distorsiones del poder.    El poder político embriaga, droga, dopa o enferma a algunos de quienes que lo ejercen, pero también, según afirma el político laborista, neurólogo y escritor inglés David Owen en su libro "In Sickness and in Power" (2009), las enfermedades físicas o mentales de los gobernantes distorsionan, limitan o deterioran su rendimiento y acciones en el ejercicio del mando político.

            Owen se refiere a las enfermedades padecidas pública o secretamente por algunos gobernantes  —jefes de Estado o jefes de gobierno—  de varios países del mundo en el curso del siglo XX  —entre el año 1901 y el 2007, para ser precisos—,  enfermedades físicas o mentales que distorsionan, limitan o deterioran el rendimiento y las acciones de quienes las sufren en el ejercicio del poder, cuyos síntomas se manifiestan y agudizan bajo la presión de acontecimientos dramáticos que les sobrevienen.

            Tales fueron los casos, entre muchos otros, del primer ministro británico Anthony Eden y del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser durante la crisis de Suez en 1956  —gravísima confrontación internacional que puso en peligro la paz del mundo—,  desencadenada con el discurso pronunciado el 26 de julio de ese año por el presidente egipcio, en el que, presionado por graves acontecimientos, anunció la nacionalización del Canal de Suez y la expulsión de las tropas británicas de su territorio como respuesta a la decisión del presidente norteamericano  Dwight  Eisenhower   —apoyada por el gobierno británico del primer ministro Anthony Eden—  de dejar sin efecto la ofrecida asistencia financiera para la construcción de la nueva presa de Aswán en Egipto. Aquella fue una de las graves confrontaciones de la guerra fría y desencadenó la invasión militar anglo-francesa a la zona del canal en coordinación con las fuerzas armadas de Israel, que ocuparon la península del Sinaí el 29 de octubre de 1956.

            Sin ocultar su animadversión al poder político, que según él genera frecuentemente "estupidez, obstinación o irreflexión" en los actos de gobierno, Owen sostiene que los gobernantes, con demasiada frecuencia, sufren la "incapacidad para cambiar de dirección porque ello supondría admitir que se ha cometido un error". Por lo cual "las sociedades democráticas, en especial las que han evolucionado a partir de las monarquías absolutas, han desarrollado sistemas de controles y equilibrios para tratar de protegerse contra esos dirigentes". Y lo dice quien en los años 70 del siglo anterior formó parte como ministro de Estado de los gobiernos presididos por Harold Wilson y James Callaghan en Inglaterra y además fue fundador y líder del Social Democratic Party.

            Y, así, en numerosos capítulos de su libro, el autor analiza los casos de enfermedades padecidas por jefes de Estado y de gobierno de diversos países en circunstancias cruciales, como el de John F. Kennedy ante el fracaso de sus tropas en Bahía de Cochinos en 1961 o el episodio de los cohetes soviéticos en proceso de instalación en la isla caribeña un año después; o el desquiciamiento del Sha de Irán durante sus tormentosos últimos años en el poder; o la conducta del presidente George W. Bush y del primer ministro inglés Tony Blair en sus candentes relaciones con Irak; y muchos otros casos de patologías sufridas por gobernantes alrededor del mundo bajo presión de los acontecimientos.

             Analiza Owen la depresión, megalomanía, narcisismo, mesianismo, hipomanía, trastornos bipolares I y II, esquizofrenia, euforia, irritabilidad, agresividad, distracción y falta de concentración, alcoholismo, abuso de fármacos, falta de contacto con la realidad, aislamiento y otros desarreglos sufridos por ciertos gobernantes. Y menciona a Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Dwigh Eisenhower, Nikita Khruschov, John Kennedy, Charles de Gaulle, Gamal Abdel Nasser, Lyndon Johnson, Mao Tse Tung, Richard Nixon, Muhammad Reza Pahlevi, Margaret Thatcher, Boris Yeltsin, Ariel Sharon, George W. Bush, Tony Blair, entre otros muchos gobernantes con distintos desajustes de conducta en diversos lugares, épocas y circunstancias.

            Y en el capítulo 8 de su libro, según afirma, entra a "considerar algunas de las maneras en que la sociedad puede protegerse de las consecuencias de las enfermedades padecidas por Jefes de Estado y de Gobierno".

 

                             8. Poder político y soberanía.   El pueblo, no obstante ser “el soberano”, no puede en la práctica efectuar actos concretos de gobierno y administración. Su propia estructura se lo impide. Ente multitudinario y heterogéneo, por lo mismo inhábil para las acciones técnicas y particularizadas en que consiste el gobierno de un Estado, se ve precisado a delegar el ejercicio del poder a personas que obran en su nombre. Se reserva, a lo sumo, la toma de las grandes decisiones de orden general, por la vía plebiscitaria, electoral o de referéndum. En ningún caso le es dado ejecutar por sí mismo actos de gobierno o de administración. Esta labor especializada y técnica está a cargo de sus representantes, a quienes el pueblo inviste de la autoridad pública bastante para que sus decisiones posean valor obligatorio y puedan se cumplidas eventualmente por medios coactivos.

            Esa autoridad, como hemos visto, lleva el nombre de poder político y al conjunto de los órganos que la ejercen se denomina <gobierno.

            Pero el poder que el grupo confiere a sus gobernantes no implica transferencia ni menos enajenación de soberanía. Esta es inalienable y permanece invariablemente localizada en el pueblo.

            Bien dice Rousseau, en su “Contrato Social”, que “no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, nunca se puede enajenar, y el soberano que es un ente colectivo, sólo puede estar representado por sí mismo: el poder bien puede transmitirse, pero la voluntad no”.

            En otros términos, dentro del sistema democrático el pueblo otorga a sus gobernantes una mera autorización temporal y limitada para que puedan gestionar los negocios públicos, pero no les entrega la soberanía que es un atributo originario e inalienable de la sociedad.

            De aquí la diferencia básica  —que algunos autores no reconocen—  entre soberanía y poder político. La primera es la facultad inmanente del pueblo para organizar el Estado, crear su orden jurídico, instituir el gobierno y designar las personas que deben ejercerlo. En cambio, el segundo es la mera autoridad o facultad de mando otorgada periódicamente por el pueblo a un grupo de personas para que, en nombre suyo, ejecuten actos concretos y particularizados de gobierno y administración de “la cosa pública”.

            De esto se sigue que, mientras la soberanía es una energía originaria e ilimitada, el poder político es derivado y limitado.

            Me interesa destacar el hecho de que la >soberanía es atributo irrenunciable del pueblo y que, por consiguiente, los gobernantes no ejercen facultades soberanas sino sólo atribuciones de mando limitadas y temporales. Afirmar que los gobernantes ostentan la soberanía estatal es retrotraer las cosas a la etapa histórica absolutista. De ahí que conviene a los intereses de la libertad civil y política atribuir exclusivamente al pueblo la potestad soberana, de modo tal que los gobernantes, considerados sólo como representantes de aquél, dispongan de facultades de mando controladas por la sociedad.

 

                                9. El poder del Estado y el poder de otras sociedades.   El poder político, que pertenece exclusivamente al Estado, y los poderes de otras sociedades menores que existen dentro de su territorio, tienen una característica común: haber surgido como respuesta a la necesidad de ordenar, unificar y dirigir las acciones de los miembros del grupo con fines de utilidad general.

            Tanto en el Estado como en las sociedades menores, que algunos autores llaman “imperfectas”, el poder es el elemento que pone orden en el grupo y contrarresta la tendencia a la dispersión que se marca porque cada individuo busca su propias metas hasta el extremo de que el grupo pueda llegar a tener tantas metas como individuos que lo integran.

            Pero el poder del Estado, a diferencia de los que existen en las agrupaciones subalternas, está dotado de una fuerza dominante, irresistible, que tiene el monopolio de la coacción física legítima. Ejercer ese poder es estar en posición de coaccionar la ejecución de las órdenes dadas.

            En cambio, el poder de las sociedades especiales es restringido: está limitado al campo de sus actividades específicas y su eficacia está condicionada por la permisión del poder estatal, que está situado por encima de todas las unidades de mando que existen en el interior de su territorio.

            Pero además de la distinción anotada, existe otra muy importante: el poder del Estado tiene el carácter de dominación territorial a diferencia de la dominación personal que ejercen los poderes de los otros grupos. De modo que el poder estatal se diferencia de cualquier otro no únicamente por la clase de autoridad que aplica sino también por la específica relación de ella con el territorio.

            Las decisiones adoptadas por los órganos estatales poseen obligatoriedad no sólo para los que son jurídicamente miembros del Estado sino, en general, para todos los habitantes de su territorio. El Estado es, por tanto, una unidad territorial de dominación a diferencia de las unidades de carácter personal.

            De suerte que el poder del Estado es cualitativamente distinto de los poderes de las agrupaciones menores, así porque es el único que puede acudir a la coacción física para hacerse obedecer como porque constituye una fuerza de dominación territorial que genera deberes de obediencia sobre todos quienes pisan el territorio estatal, sin consideración alguna a las condiciones personales de ellos.

            Una organización especial cualquiera  —sea la iglesia de algún culto religioso o una academia cultural o bien un club deportivo—  sólo tiene autoridad moral sobre las personas que, por un acto de su voluntad, pertenecen a ella. Esa pertenencia implica una relación de orden personal entre la organización y sus miembros, de la cual surge la autoridad de ella sobre éstos. Nadie más puede sentirse obligado. Lo cual significa que el poder de este tipo de organizaciones no tiene relación alguna con el territorio  —de hecho, las iglesias o ciertos clubes transnacionales mandan por encima de los lindes territoriales de los Estados—  ni puede ser vinculante para quienes no pertenezcan a ellos.

 

                               10. La división de los poderes.   No obstante que el poder político es uno, el movimiento constitucionalista que se inició con la Revolución Francesa lo dividió funcionalmente y por razones de protección de la libertad en tres grandes ramas: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y encargó a personas diferentes e independientes entre sí el ejercicio de las diversas porciones de la autoridad pública: la de hacer leyes, la de administrar el Estado y la de impartir justicia.

            Así se trató de evitar que la concentración del poder pudiese llevar al <cesarismo.

            Esta <división de poderes tiene sus raíces en los principios del <enciclopedismo, tan celoso en la defensa de la libertad humana, se plasmó por primera vez en las Constituciones norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII y de allí se extendió por el mundo civilizado.

            El sistema funciona mediante un complejo mecanismo de equilibrio de poderes y de controles recíprocos  —un dispositivo de frenos y contrafrenos—  que impide que alguno de ellos, extralimitando sus facultades, pueda imponer un despotismo sobre la sociedad.

            La concentración del poder entraña muchos peligros. No solamente es el despotismo sino también la corrupción. Ya Lord Acton (1834-1902), en sus "Essays on Freedom and Power", lo dijo en memorable frase: “Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso en el campo de la teoría política se buscó afanosamente desde hace mucho tiempo la desconcentración y las restricciones del poder.

 

                             11. El poder económico.   Hemos visto el poder político, pero hay también otras formas de poder. Una de ellas es el poder económico, que puede pertenecer a las personas individualmente consideradas o a los grupos organizados. Este poder se funda en la riqueza. Ella, como dije antes, es un instrumento de dominación social. Por eso el hombre se afana tanto en alcanzarla. La propiedad de ciertos bienes, generalmente escasos en la sociedad, otorga un tipo especial de dominación a quienes los poseen e impone a los demás ciertos condicionamientos en su conducta.

            Este es el poder del dinero, especialmente decisorio en el <capitalismo. La hegemonía social que de él nace puede ser, bajo determinadas circunstancias, más eficaz que el propio poder político. Incluso puede imponerse a éste. La fuerza de los <grupos de presión en las democracias de corte occidental es de esta naturaleza. Ello tuvo en mente el <marxismo al expropiar los instrumentos de producción y transferirlos a manos del Estado. Quiso eliminar el poder económico privado, tan abusivo y pernicioso, pero no obstantes sus buenas intenciones, la fórmula no le salió bien porque al amparo de la estatificación se formó una nueva clase social dominante de altos funcionarios, encumbrados dirigentes políticos, tecnócratas y militares que acumuló la suma del poder político más la totalidad del poder económico. El remedio resultó peor que la enfermedad.

            Bajo el signo de la <globalización el ordenamiento del poder ha sufrido cambios sustanciales dentro de los Estados y fuera de ellos. Los verdaderos “dueños del mundo” ya no son los personeros de los poderes tradicionales  —parlamentos, presidencias, partidos políticos, sindicatos—  sino quienes controlan las grandes corporaciones transnacionales, los mercados financieros, los grupos mediáticos de alcance planetario, las autopistas de la información, las industrias de la cibernética. Y, en alianza con ellos, se ha establecido una especie de gobierno mundial en cuyo gabinete toman las decisiones de alcance transnacional el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

            Asistimos a una nueva versión de la >soberanía limitada de Leonid Brezhnev (1906-1982). Sólo que hoy esa limitación nace de las grandes empresas transnacionales que han alcanzado dimensiones colosales por medio de las megafusiones, hasta el punto de que el volumen de sus negocios es superior al producto interno bruto (PIB) de varios países desarrollados. La EXXON supera el PIB de Noruega y la General Motors el de Dinamarca. Las potencias conquistadoras del mundo antes eran los Estados, hoy son los >trusts, los conglomerados y los grandes grupos financieros e industriales transnacionales.

 
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