plebiscito

            Es una de las formas de participación popular en los regímenes democráticos. Consiste en la consulta directa a los votantes sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva  —la decisión de independencia, anexión o cesión de territorios, secesión, unión real con otro Estado o cualquier otra cuestión trascendental—  que, por comprometer el destino nacional, requiera el expreso consentimiento de los ciudadanos.

            Lo mismo que el >referéndum, el plebiscito tuvo su origen en la antigua Roma. Era el método que se utilizaba, en tiempos de la república, para aprobar ciertas leyes que obligaban solamente a los plebeyos. Los ciudadanos comunes, separados de los patricios y senadores, votaban por una ley a petición del magistrado popular al que llamaban tribuno.

            La antigua práctica de los romanos ha pasado al Derecho Público moderno en las formas de plebiscito y de referéndum. En la usanza romana la decisión plebiscitaria comprendía no sólo materias políticas sino también legislativas. Hoy, en cambio, el plebiscito es la consulta al pueblo referida exclusivamente a problemas de índole política mientras que el referéndum comprende materias jurídicas solamente. Formalmente son iguales, pero difieren por su objeto, ya que en el un caso la decisión popular recae sobre diversas cuestiones de interés general y en el otro, sobre estatutos jurídicos exclusivamente.

            A mediados de los años 90 del siglo anterior se realizaron plebiscitos en varios países de Europa occidental para que sus pueblos decidieran si ingresaban o no a la Unión Europea o si ratificaban o no el Tratado de Maastricht que la creó. En Austria se realizó la consulta el 12 de junio de 1994 y triunfó la tesis afirmativa por el 66,4% de los votos. En Finlandia ganó el “sí” por el 57% en el plebiscito celebrado el 16 de octubre de 1994. Igual cosa ocurrió en Suecia, con el 52,2%, en la consulta del 13 de noviembre del mismo año. Todos estos países se incorporaron, por tanto, al Tratado de la Unión Europea. Pero en el plebiscito noruego celebrado el 28 de noviembre de 1994 triunfó el “no” por el 52,5% contra el 47,5% de los 3,2 millones de votantes y Noruega se mantiene al margen de la Unión Europea, junto con Suiza e Islandia.

            El 30 de octubre de 1995 la provincia francófona canadiense de Quebec celebró un plebiscito con el propósito de que el pueblo decidiera si ella debía seguir formando parte del Canadá o, por lo contrario, dada su identidad histórica, cultural y lingüística, debía constituirse en un nuevo Estado. Este no ha sido, por cierto, el único plebiscito en ese país. Ya en 1980 se convocó uno con el mismo propósito y el separatismo fue rechazado entonces por el 59,5% de los votos. La nueva consulta popular fue promovida por los líderes separatistas Lucien Bouchard, jefe del Bloque Quebequés; Jacques Parizeau, jefe del Partido Quebequés; y el líder del pequeño grupo de Acción Democrática, Mario Dumond. La pregunta, un poco alambicada, que se planteó a los votantes fue: “¿Acepta usted que Quebec se haga soberano después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política?” En esta oportunidad triunfó el “no” por una estrecha diferencia: obtuvo el 50,6% de los votos contra el 49,4% que se dio por el “sí”. En consecuencia, no hubo cambio y Canadá continuó como Estado federal con todos sus actuales territorios. De sus 27,4 millones de habitantes 6,9 millones (o sea el 25,1%) integran la provincia de Quebec, cuya superficie de 1’541.000 kilómetros cuadrados representa el 15,4% del territorio canadiense. Dentro de ella el 83% habla francés, el 11,2% inglés y el 5,8% otros idiomas. Aporta con el 22,3% de la totalidad del producto interno bruto de Canadá. Todo esto según cifras de 1995.

            A mediados de abril del 2003, el triunfo electoral del Partido Liberal de Quebec sobre el Partido Quebequés, que llevaba 9 años al frente del gobierno de la provincia francófona, significó una victoria de los federalistas sobre los independentistas, que ha permitido pensar que el nacionalismo quebecois y su tesis secesionista se debilitan en el Canadá.

            En Suiza, donde la institución plebiscitaria tiene una larga tradición, se han realizado numerosas consultas a los ciudadanos acerca de temas cruciales del destino nacional. Entre ellos, dos para consultar acerca de la incorporación de su país a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el primero en 1986, en que el 75% de los votantes se opuso bajo el argumento de que la tradicional neutralidad suiza se vería comprometida; y el segundo el 3 de marzo del 2002, en que los ciudadanos suizos aprobaron la incorporación a la Organización Mundial. La decisión fue tomada por el 54,6% de los votos y por 12 de sus 23 cantones, ya que la Constitución de la Federación Helvética requiere que una decisión como esta tenga la doble aprobación plebiscitaria: de los ciudadanos y de los cantones. En consecuencia, Suiza se convirtió en Estado miembro de las Naciones Unidas en el año 2002.

            Los 35.000 habitantes de Gibraltar  —que es el <enclave inglés en el territorio austral de España—  recharazon la tesis de la “soberanía compartida” sobre el peñón que habían acordado preliminarmente los gobiernos de Londres y Madrid para zanjar la disputa de más de tres siglos sobre la permanencia de este dominio británico. El 98,97% de los 21.000 electores de Gibraltar rechazaron la pretendida “soberanía compartida” anglo-hispánica en el plebiscito celebrado el 7 de noviembre del 2002. Apenas 187 ciudadanos  —o sea el 1,03 por ciento—  votaron por el “sí”. Aunque la consulta popular no fue vinculante, su resultado frustró el acuerdo preliminar al que habían llegado los gobiernos británico y español para resolver el viejo conflicto de soberanía.

            En marzo del 2003 los ciudadanos de la pequeña isla de Malta  —que tiene 400 mil habitantes—  votaron mayoritariamente a favor del “sí” en el referéndum sobre la incorporación a la Unión Europea. El 53,5% de los votos válidos se expresaron en este sentido contra el 45% por el “no”.

            También Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Polonia, la República Checa, Estonia, Letonia, Croacia y otros Estados aprobaron en sendos plebiscitos su incorporación a la Unión Europea.

            Por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el 24 de abril del 2004 se realizó en Chipre un plebiscito con miras a la reunificación de la isla dividida desde la invasión militar turca en 1974 entre greco-chipriotas y turco-chipriotas. El resultado fue contrario a la reunificación, pues aunque la mayoría de los turco-chipriotas votó a favor de ella, el 75,83 por ciento de los greco-chipriotas votó en contra, de modo que fracasó la idea de construir un Estado integrado por las dos comunidades nacionales y poner fin a más de tres décadas de división de la pequeña isla mediterránea, situada a 113 kilómetros al sur de Turquía. 479.551 ciudadanos greco-chipriotas y 141.000 turco-chipriotas fueron convocados a participar en la consulta.

            Lo que sí ocurrió tres años más tarde fue el derrocamiento del denominado muro de Nicosia, que con paredes, vallas y alambradas dividía físicamente la capital de Chipre en dos: la parte norte bajo el dominio turco-chipriota y la parte sur bajo el dominio greco-chipriota. El Presidente de Chipre, Tassos Papadopoulos, bajo la presión de la comunidad internacional, tomó la decisión de derribar el muro en marzo del 2007 y los grecochipriotas cumplieron la orden y lo abatieron. Después de la caída del <muro de Berlín a fines de 1989, el de Nicosia era el único que dividía una ciudad europea. Separaba a las comunidades griega y turca que habitaban en la pequeña isla. Fue levantado en 1974 sobre la calle Ledra, en el centro de Nicosia, a partir de la invasión y ocupación de 40 mil soldados turcos a la zona norte de la isla del Mediterráneo.

            La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expedida en 1999, disponía en su Art. 72 que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción, podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley”.

            Con arreglo a ese precepto constitucional, los partidos y grupos de oposición al gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, reunidos en la denominada Coordinadora Democrática, plantearon la realización de un “referéndum revocatorio” del mandato presidencial, que se realizó el 15 de agosto del 2004, después de innumerables choques y violentos incidentes entre los grupos gobiernistas y los opositores. El frente de oposición estaba integrado por los partidos Acción Democrática, Copei, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Movimiento al Socialismo (MAS), Solidaridad y Unión y Causa R, juntos a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que habían denunciado el proceso de “cubanización” que se adelantaba en Venezuela con la presencia de doce mil médicos, profesores e instructores deportivos cubanos en reciprocidad por la provisión subsidiada de más de cincuenta mil barriles diarios de petróleo crudo por parte del gobierno venezolano.

            Aunque se la denominó “referéndum revocatorio”  —porque esa es la denominación que se usa en la Constitución—,  la consulta popular fue en realidad un plebiscito, ya que no estuvo en juego la aprobación o desaprobación de normas constitucionales o legales sino la permanencia del presidente Chávez en su cargo. El 59,25% de los votos válidos fue por el “no” y el 40,75% por el “sí”. No obstante, los líderes de la Coordinadora Democrática impugnaron la legitimidad de la consulta en razón, según dijeron, de un “fraude electrónico masivo” efectuado mediante la manipulación del software de los aparatos de votación para favorecer la tesis gobiernista y se negaron a obedecer sus resultados. La situación venezolana se tornó muy tensa. Tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como el Centro Carter, presidido por el expresidente norteamericano Jimmy Carter, observadores del proceso, pidieron al Consejo Nacional Electoral que hiciera una auditoría. Se revisaron 150 de las 12.358 mesas electorales y los resultados señalaron que el proceso fue correcto, pero los opositores lo desconocieron porque la revisión no incluyó el software de las máquinas utilizadas para la votación y denunciaron, además, que a través de las finger print machines que se usaron en el proceso de votación el gobierno registró con suma precisión las identidades de todos quienes votaron por el “sí”, presumiblemente para tomar represalias futuras, lo cual intimidó a muchos votantes; y que además las smartmatic voting machines, secuestradas y manipuladas por agentes del gobierno, alteraron los resultados electorales. En respaldo de sus afirmaciones, presentaron las cifras de los sondeos a boca de urna (exit polls) de las empresas SUMATE y Penn, Schoen & Berland, que arrojaron: 59,4% por el “sí” y 40,6% por el “no” y 59% y 41%, respectivamente.

            Los líderes de la oposición incluso pidieron al Congreso de Estados Unidos, invocando los preceptos de la Foreign Corrupt Practices Act, una investigación a la Smartmatic Company, empresa que fabricó los equipos.

            Los ciudadanos de Montenegro, en la región de los Balcanes, fueron convocados a un plebiscito el 21 de mayo del 2006 para que, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidieran la continuación de su unidad con Serbia o la independencia nacional. El plebiscito enfrentó a “unionistas”, encabezados por Predag Bulatovic, contra “independentistas”, liderados por su primer ministro Milo Djukanovic. Los primeros querían mantener la unidad federal con Serbia, en los términos de la Constitución del 4 de febrero del 2003, que consagró el pequeño Estado federal Serbia y Montenegro  —sucesor de la República Federal de Yugoeslavia después de que sus miembros: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia optaron por la >secesión—  y los segundos pugnaban por la formación de un Estado separado de Serbia, con plena soberanía nacional.

            En el plebiscito triunfaron los independentistas con el 55,5% de los votos y, en consecuencia, decidieron separarse de Serbia y convertir a Montenegro en un nuevo Estado, con sus 616.000 habitantes, que fue inmediatamente aceptado como miembro de las Naciones Unidas.

            Dos años más tarde, aunque sin mediar un plebiscito, se emanciparon de Serbia también los kosovares, con lo cual culminó el largo proceso de descomposición de la República Federal Socialista de Yugoeslavia que se inició después de la muerte del mariscal Josip Broz Tito en 1980. En esa trama se entrecruzaron intereses territoriales, fanatismos religiosos, odios étnicos, incomprensiones culturales, diferencias de lenguaje, fricciones políticas, pugnas militares y viejas cuentas pendientes.

            Desde 1930 se ha discutido la iniciativa de modernizar y ampliar el <Canal de Panamá. En la década de los 70 se formó una comisión integrada por Estados Unidos, Japón y Panamá para estudiar los diversos proyectos alternativos, dado que se preveía la futura congestión de la vía interoceánica. El proyecto se concretó en el año 2006 bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos, quien convocó el 22 de octubre un plebiscito para resolver la ampliación del canal con un tercer juego de esclusas  —cada una de ellas con tres cámaras y tres tinas de reutilización del agua—  y con dos líneas de navegación adicionales más anchas y profundas: una en la entrada del Atlántico y la otra en la del Pacífico, que permitan el curso de naves más grandes. En ese momento cruzaban por él trece mil barcos, que representaban cerca del 5% del comercio mundial, pero con estas obras, las mayores desde la construcción del canal, se doblará su capacidad de tráfico. Sin embargo, hubo líderes y sectores políticos minoritarios que se opusieron a la obra e hicieron campaña por el “no” bajo el argumento de que con los 5.250 millones de dólares que ella costaba se habría podido dar agua potable a todo Panamá, financiar obras de educación y salud y atender proyectos de campesinos y pequeños empresarios. Triunfó en el plebiscito la tesis de la ampliación del canal por el 76,83% de los votos contra el 21,76% que se opuso a ella.

            El 9 de enero del 2011 se efectuó en Sudán un plebiscito para decidir si Sudán del Sur  —con sus nueve millones de habitantes, principalmente negros y cristianos—  se independizaba de Sudán del Norte  —treinta y dos millones de árabes musulmanes—  y formaba un nuevo Estado. La consulta popular fue parte del acuerdo general de paz del 2005 que puso fin a 40 años de violencia, disputas tribales y guerras civiles entre el norte musulmán y el sur cristiano, acaudilladas por los señores de la guerra, que dejaron más de trescientos mil muertos y cuatro millones de desplazados. Fue la guerra civil más prolongada de África, en la que se produjeron atroces violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Las milicias árabes trataron de exterminar a la población negra del oeste y del sur de Sudán como parte de la “limpieza étnica” que propugnaban los líderes islámicos del norte. Aldeas enteras de población negra fueron saqueadas y quemadas por las bandas armadas de janjawid. Sus habitantes fueron masacrados o tuvieron que fugar. Los campesinos se vieron forzados a abandonar sus pequeñas y pobres fincas. Sufrieron el saqueo de sus ganaderías. Fueron décadas de crímenes inenarrables. Y, como consecuencia de esos acontecimientos, amplios sectores de su población quedaron sumidos en la miseria.

            En el plebiscito triunfó la tesis de la independencia por la abrumadora mayoría del 98,83% de los votos. Los sudaneses del sur eligieron así la formación del nuevo Estado, con sus 619.745 kilómetros cuadrados de territorio.

            Los pobladores de las islas Malvinas  —malvinenses o malvineros—  fueron convocados a un plebiscito el 10 y 11 de marzo del 2013 para que expresaran su opinión respecto al estatus político de las islas. La pregunta fue: "¿Quiere que las islas Falkland mantengan su estatus político actual como territorio del Reino Unido de ultramar?" El resultado fue el que se suponía: con la asistencia del 92% de los ciudadanos, 1.513 votaron por el "sí" y tres se inclinaron por el "no". Hubo un voto nulo.

            Por iniciativa de su gobierno autónomo y bajo presión de los partidos independentistas, Escocia  —5’300.000 habitantes, 78.772 kilómetros cuadrados de territorio—  promovió un plebiscito el 18 de septiembre del 2014 para consultar a su pueblo la secesión del Reino Unido  —del que forma parte desde hace tres siglos—  y la creación de un nuevo Estado. La pregunta fue: ¿Debería Escocia ser un Estado independiente? Y el resultado arrojó: 55,3% por el "no" y 4 4,7 por el "sí".

            La tesis independentista fue derrotada tras un intenso y apasionado debate entre los dos bandos contendientes. La participación de los 4,3 millones de electores llamados a votar fue extraordinariamente alta: 86% de ellos concurrió a las urnas. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  —que es el nombre oficial del Estado inglés—  está integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Su capital es Londres.

            Varios de los países de la Unión Europea (UE) soportan tensiones secesionistas internas: el Reino Unido, España, Bélgica, Italia, Rumania, Eslovaquia y Chipre.

            La independencia nacional ha sido a lo largo del tiempo un tema conflictivo al interior de varios países, cuya vida estatal se inició en muchos casos a partir de sendas consultas plebiscitarias: Liberia (1846), Noruega (1905), Islandia (1944), Eslovenia (1990), Georgia, Uzbekistán, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Macedonia (1991), Bosnia-Herzegovina (1992), Eritrea (1993), Timor Oriental (1999), Montenegro (2006), Sudán del Sur (2011), aparte de los países en los que los resultados plebiscitarios fueron negativos para la independencia nacional: Polinesia Francesa (1958), Mayotte (1974 y 1976), Quebec (1980 y 1995), Nevis (1998), Puerto Rico (1952, 1967, 1993, 1998 y 2012).

            El presidente de Colombia Juan Manuel Santos sometió a plebiscito el Acuerdo de Paz celebrado y suscrito en La Habana el 26 de septiembre del 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habían mantenido activa la lucha guerrillera por 52 años. La consulta plebiscitaria se efectuó el domingo 2 de octubre del mismo año y en ella el voto “no” obtuvo el 50,2% contra el 49,7% del “sí”. El presidente Santos, sin embargo, siguió adelante en sus empeños pacifistas, que le valieron el Premio Nobel de la Paz 2016.  Y el 24 de noviembre de ese mismo año firmó con Rodrigo Londoño  —Timochenko—  un nuevo acuerdo, que lo envió al Congreso Nacional y que, tras acalorados debates, fue sometido a votación y aprobado, con el abandono de la sala por los legisladores de oposición.
                Para avanzar en el proceso de paz el Congreso colombiano aprobó el 28 de diciembre del 2016 la ley de amnistía que favoreció a los militantes de las FARC que durante la lucha guerrillera habían incurrido en delitos políticos pero que excluyó de sus beneficios a los responsables de infracciones de lesa humanidad, genocidio, tortura, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves. La ley favoreció también a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que habían sido procesados y condenados por la comisión de delitos punibles con ocasión del conflicto armado.
                El proceso de búsqueda de la paz siguió adelante. El 27 de junio del 2017, en un acto solemne realizado en Mesetas  —zona situada en el departamento del Meta, que fue el bastión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—,  los líderes guerrilleros entregaron a las Naciones Unidas 7.132 unidades de armamento: fusiles FAL, metralletas AK-47, ametralladoras, carabinas Ruger, pistolas, cohetes antitanques, bazucas, morteros, lanzagranadas, misiles tierra-aire, explosivos y otros artefactos y proyectiles de guerra. En el acto participaron, junto con los representantes del gobierno y de la guerrilla, Jean Arnault, en nombre de la misión de las Naciones Unidas, y personeros de los gobiernos de Cuba y Noruega, como garantes del acuerdo de paz. El presidente Juan Manuel Santos expresó en su discurso: "Los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible (...) Es el fin de esta guerra absurda". Y Timochenko dijo enfáticamente: "No le fallamos a Colombia, hoy dejamos las armas". Y agregó: "Este día no termina la existencia de las FARC, en realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente".
                 El 15 de agosto del 2017 las FARC completaron la entrega de las armas a las Naciones Unidas. En total fueron transferidos y luego incinerados  —bajo el control del jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y con la presencia del presidente Santos—  8.112 armas y 1'300.000 cartuchos.
                 El pacto de paz incluyó además el desminado de tierras y su entrega a los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico y la inversión estatal en educación, salud y carreteras para los campesinos pobres de las respectivas regiones en el curso de una década.
                 Concluyó así el proceso de paz.
Y las mayores ciudades colombianas  —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena—  debieron asumir la difícil responsabilidad de acoger a los excombatientes en su retorno a la vida civil. Cosa nada fácil en tratándose de personas que estuvieron tan largo tiempo al margen de la ley. Muchos de ellos, incluso, al buscar trabajo, tuvieron dificultades en su inserción en la sociedad pues les tocó convivir con sus antiguos enemigos y con las víctimas de su violencia. Y a la desconfiada sociedad colombiana  —con cerca de 50 millones de habitantes en ese momento—  le tomó un buen tiempo ambientarse en el nuevo clima del proceso de paz.
                 Los excombatientes de las FARC, en el congreso fundacional de su reciente partido político celebrado del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2017 en Bogotá, adoptaron al cabo de seis días de deliberaciones el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) para el nuevo partido por 628 votos de aprobación de los 1.200 excombatientes elegidos por las asambleas guerrilleras en todo el país que participaron en la jornada. Y resolvieron mantener inalteradas sus siglas clásicas puesto que, como dijo Iván Márquez, no quisieron "romper los vínculos con su pasado".
                Allí se aprobaron los estatutos del naciente partido, la declaración de principios y el código de ética para sus afiliados y simpatizantes.
                El Art. 5 de sus estatutos determinaba que el partido recogía los principios "derivados del pensamiento crítico y libertario, así como las experiencias que a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como en nuestro continente americano y, en especial, formuladas por las FARC-EP desde su momento fundacional, en 1964”.
                El nuevo partido fue inscrito el 9 de octubre de ese año ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le otorgó la personería jurídica con todos sus derechos y obligaciones. Dijo Márquez en aquella oportunidad: "Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto, hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad". Y, según el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, al nuevo partido le fueron asignadas cinco curules en cada una de las dos cámaras legislativas de Colombia.
                El 13 de noviembre del 2017 la Unión Europea (UE) borró a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.

            En principio, el plebiscito es una genuina manifestación democrática puesto que es una forma de consulta popular. Pero se lo ha utilizado también para legitimar poderes usurpados. Se ha suplantado así a las elecciones. De este procedimiento se han servido ciertos dictadores para cohonestar sus <gobiernos de facto, a pesar de que la forzada unanimidad que de estos “plebiscitos” ha resultado no ha engañado más que a quienes han querido dejarse engañar. Ellos no sólo suponen un poder que preexiste al asentimiento popular sino que tienen la iniciativa para buscar ese asentimiento por todos los medios con que cuenta la moderna técnica política. De manera que la consulta plebiscitaria, lejos de dar origen a un poder hasta entonces inexistente, se ha propuesto confirmar el que ha venido ejerciéndose al margen de la ley. De esto resulta que el consenso popular no subordina el poder a la masa de gobernados sino que lo eleva más aun sobre ella.

            El mal uso del plebiscito lo ha convertido a veces en instrumento para cohonestar regímenes surgidos al margen del Derecho. Antiguos y modernos dictadores, cuando han querido dar apariencia de legalidad a su ejercicio fáctico del poder, han acudido a plebiscitos amañados. Esto ha suscitado una justificada sospecha contra la institución plebiscitaria. Luis Napoleón la utilizó el 20 y 21 de diciembre de 1851 para “legitimar” su poder pocos días después de su <golpe de Estado, que disolvió la Asamblea Nacional. Por medio de este sistema dio a Francia una nueva Constitución, restableció el Imperio hereditario y se proclamó emperador de los franceses con el nombre de Napoleón III. Se instauró así el <bonapartismo. Igual cosa hicieron ciertos dictadores europeos del siglo pasado y algunos de América Latina.

            Marcos Pérez Jiménez, dictador de Venezuela, pretendió perpetuarse en el poder por medio de un plebiscito promovido en diciembre de 1957.

            Saddam Hussein, el sátrapa que entonces mandaba en Irak, promovió un plebiscito amañado el 15 de octubre de 1995 para “legitimar” el ejercicio de su poder. Como era de esperar, obtuvo el 99,96% de los votos de los 8’375.560 electores. Según las cifras oficiales, sólo 3.052 ciudadanos se pronunciaron en contra. “La oposición es menos que insignificante”, expresó un portavoz del tribunal electoral llamado a mantener imparcialidad. Izzat Ibrahim declaró que el plebiscito constituyó una demostración “del alto espíritu democrático que reina en Irak”. Para completar el cuadro de cinismo y avilantez, Hussein creó ese mismo día la condecoración de la “Gran Orden de los dos Ríos” para “el vencedor del plebiscito presidencial”, presea que naturalmente se autoimpuso en medio de grandes festejos por su arrollador “triunfo democrático”. Y cuando venció el plazo, Hussein organizó y promovió un nuevo plebiscito  —el 16 de octubre del 2002—  para perennizarse en el mando político. Según los datos oficiales, el capitoste iraquí obtuvo en aquella ocasión el 100% de los votos para un nuevo período de siete años. Hasta ese momento había permanecido ya 23 años en el poder, a la cabeza del partido Baath. El mismo mentiroso oficial de la vez anterior, Izzat Ibrahim, que a la sazón fungía de Vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario, declaró en una conferencia de prensa, al anunciar los resultados: “Nuestro líder, el presidente Saddam Hussein, que Dios lo preserve y lo proteja, ha obtenido el 100 por ciento de los votos de los electores”.

             Sin autorización de la función ejecutiva ni del parlamento españoles, los líderes independentistas catalanes convocaron una consulta plebiscitaria y la realizaron el domingo 1 de octubre del 2017 con la participación de alrededor del 42% de los 5'313.000 ciudadanos con derecho a voto. El 90,09% de los votantes se pronunció por la independencia de Cataluña respecto de España, contra el 7,87% que votó "no" y el 0,89% de votos nulos. Cataluña posee 31.900 Km2 de territorio. En ese momento tenía 7,5 millones de habitantes y representaba el 19% del producto interno bruto (PIB) español. El gobierno de España, presidido por el conservador Mariano Rajoy del Partido Popular (PP)  —con el respaldo de otros sectores políticos y sociales—,  se opuso tenazmente a la jornada plebiscitaria catalana y envió alrededor de 12.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para impedirla. La represión y los choques callejeros causaron más de ochocientos heridos y lesionados entre los militantes independentistas. Al día siguiente el gobierno catalán decretó un paro regional en protesta por la acción represiva. Trescientas mil personas salieron a las calles.  Los líderes políticos catalanes recordaron las dictaduras de José Antonio Primo de Rivera (1923-1930) y de Francisco Franco (1939-1975) que aplastaron sus tendencias autonómicas, prohibieron el uso del idioma catalán, "españolizaron" la educación catalana y sometieron a sangre y fuego a Cataluña "Con esta jornada de esperanza y también de sufrimiento  —expresó Carles Puigdemont, jefe del gobierno catalán, al finalizar ese turbulento episodio—,  los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república". Pero el Tribunal Constitucional y los órganos centrales del gobierno español, con sede en Madrid, desconocieron la validez del plebiscito, al que calificaron de anticonstitucional. Y el siguiente domingo se tomaron las calles de Barcelona un millón de personas, según los convocantes, o 350.000 según la Guardia Urbana, portando banderas de España, Cataluña y la Unión Europea, para reclamar la unidad española frente a las proclamas secesionistas que se escucharon en la región.

            Es menester insistir en que el plebiscito, dentro de un régimen democrático, no debe ser un medio de designación de gobernantes  —que para eso existe la función electoral—  ni menos un arbitrio para legitimar poderes fácticos, sino un instrumento de expresión de la voluntad popular sobre problemas políticos de excepcional importancia en la vida de la comunidad. Utilizado en esta forma, el plesbiscito reivindica su originaria condición democrática. En cambio, usado con designios electorales, esto es, no como complemento de las elecciones sino como elemento sucedáneo de ellas, se convierte en una impostura porque no existe en él la intención de elegir   —es decir,  de escoger una entre varias opciones—  que es lo que da al voto su significación moral y jurídica.

            En el plebiscito usado con fines electorales se produce una abusiva restricción de la libertad de los ciudadanos, ya que éstos no pueden optar más que por una posibilidad: la del candidato oficial, que es al mismo tiempo el gobernante. No se da, por tanto, una clara e inequívoca manifestación de voluntad capaz de conferir al designado un título legítimo para gobernar.

            En tales condiciones, quien pretendiera derivar de un plebiscito su facultad de mando obraría como un usurpador, aun cuando estuviera en posesión de los medios materiales para poderlo hacer con eficacia.

 
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