planificación

            Es, en el ámbito de lo político, el esfuerzo consciente, deliberado y sistemático de la autoridad pública para señalar los objetivos nacionales y seleccionar los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo determinado. Entraña un enfoque prospectivo de la realidad de un país. Si bien la planificación se refiere a toda la vida del Estado, el término tiene especiales connotaciones económicas. Planificar es, por antonomasia, ordenar las cosas en el campo de la economía de un país. En este sentido, es un elemento que se incorporó en época relativamente reciente. Durante el siglo XIX la planificación era aún desconocida puesto que, bajo el imperio de la ideas liberales, a las fuerzas del mercado  —que se veían como un mecanismo perfecto que se ponía en marcha, se impulsaba, se frenaba y se lubricaba a sí mismo, automáticamente—  se atribuía la capacidad de disponer las cosas del mejor modo posible. Se consideraba que en el libre juego de las fuerzas económicas, al chocar entre sí intereses individuales opuestos, se generaba en el proceso de la producción, circulación y distribución de bienes un efecto estabilizador que favorecía la consecución del bienestar general, considerado como la suma de los bienestares individuales. Cualquier intromisión de la autoridad estatal en el juego de las leyes “naturales” de la economía no haría sino dañar su funcionamiento.

            El concepto de planificación es uno de los tantos elementos claves para diferenciar a las <ideologías políticas. Su aceptación o rechazo es una de las diferencias específicas entre el liberalismo y las ideas socialistas, por ejemplo, y el grado y alcances de su aplicación distinguen entre sí también a las diversas corrientes del socialismo.

 

 

                        1. El origen de la planificación.   El concepto de planificación económica estatal nació en 1917 con la revolución soviética cuando se expropiaron los medios de producción y se colocaron bajo la gestión directa de la autoridad pública. Fue allí que surgió la noción de la planificación centralizada y autoritaria de la economía estatal. El VII Congreso Panruso de los Soviets la acogió en 1919 al lanzar la iniciativa de la electrificación del país. La idea se institucionalizó dos años después cuando Lenin formó la Comisión del Plan de Estado (GOSPLAN) pero no se ejecutó en toda su profundidad hasta 1927 en que se implantó el primer plan quinquenal de Stalin, con su prioridad dirigida hacia el desarrollo de la industria pesada. Después vinieron los siguientes y sucesivos planes quinquenales, que privilegiaron consecutivamente la siderurgia, las industrias mecánicas, la reconstrucción postbélica, la fabricación de medios de producción y la producción de bienes de consumo.

            Simultáneamente, la crisis de 1929 obligó a revisar en Occidente una serie de conceptos tradicionales. Ella significó el eclipse del <laissez-faire y de los demás planteamientos liberales cuya aplicación había conducido al mundo, en medio del comportamiento anárquico de la producción, a la más espantosa depresión económica. El sistema de inhibiciones estatales y el automatismo de las fuerzas del mercado, llamados a suplantar a la planificación, habían fracasado. Poco tiempo después estalló la segunda conflagración mundial y la economía de guerra impuesta por la emergencia obligó a planificar la producción de armamento, a reordenar las tareas de la producción y, en Europa, a distribuir los escasos abastecimientos a la población. Todo lo cual exigió un poder político fuerte.

            Después de la guerra vino la necesidad de planificar la reconstrucción. El programa de ayuda del gobierno de Estados Unidos a Europa  —denominado plan Marshall—,  que se extendió desde 1948 a 1952 y que se articuló con el Plan Monnet en Francia y con los planes locales de los otros países, fue una iniciativa gubernamental que hablaba por sí sola de las virtudes de la planificación. En esas condiciones de penuria y de emergencia los hombres y las cosas clamaban por el fortalecimiento de la autoridad política. El pensamiento keynesiano había postulado desde mucho antes la necesidad de la planificación, aunque naturalmente sin los rigores bolcheviques. A partir de estas experiencias, tan cargadas y ricas en enseñanzas, la planificación económica se extendió por el mundo como un instrumento de ordenación productiva, de fijación de metas sociales, de asignación de recursos, de aliento o desaliento a determinadas áreas de la producción, de convocación al trabajo general y de racionalización del uso de los factores económicos.

            Sin embargo, con el paso del tiempo y la dinamia de los acontecimientos económicos, a lo largo de la >postguerra fría el <librecambismo recuperó el terreno perdido en el mundo industrializado. Se mediatizaron las facultades planificadoras y la intervención del Estado en el sector privado de la economía y renació la fe ciega de los gobernantes, políticos, académicos y empresarios capitalistas en las bondades del mercado, al que le volvieron a atribuir la virtud de generar efectos estabilizadores y equilibrios automáticos en el proceso de la producción, circulación y distribución de bienes y servicios.

            Todo lo cual desembocó en una nueva crisis económica y financiera global que estalló en Wall Street a mediados de septiembre del 2008 con la declaración en quiebra de importantes instituciones financieras norteamericanas.

            La crisis se propagó rápidamente por el mundo globalizado.

            Fue la primera crisis de la denominada nueva economía y de la “era de internet”, en las que se facilitaron las operaciones financieras, el comercio electrónico y la movilización virtual de billones de dólares alrededor del planeta a través de las comunicaciones instantáneas por la red.

            Esta nueva crisis volvió a demostrar que el abstencionismo estatal ante el proceso económico conduce con demasiada frecuencia a desajustes críticos. Y resultó certera la advertencia del economista Paul Samuelson: “Los sistemas de mercado no regulados acaban destruyéndose a sí mismos”.

            Esa fue una crisis originada en Estados Unidos porque, como expresó Joseph E. Stiglitz en aquellos días, ellos “exportaron su filosofía de desreglamentación de libre mercado”.

            Lo cierto fue que la codicia y la irresponsabilidad descontroladas de unos pocos acabó por afectar a todos. No hubo país ni sector de la economía que se salvaran de la catástrofe.

            Para tratar el tema de la crisis mundial se reunió en Washington el 15 de noviembre del 2008 la cumbre del denominado Grupo de los 20 (G-20), integrado por siete de los países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón) más Rusia, once países de economías emergentes (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía), la Unión Europea y, como invitados especiales, España y Holanda.

            Los jefes de Estado y de gobierno de todos ellos, considerando que la crisis surgió a causa de que “las instancias de supervisión en algunos países desarrollados no evaluaron correctamente los riesgos originados en los mercados financieros”, acordaron definir una nueva política financiera mundial, que incluyera una mayor planificación, intervención y regulación estatal sobre las entidades financieras privadas.

            Dijo el Secretario del Tesoro norteamericano, Henry Paulson, en aquella ocasión: “Nunca he sido partidario del intervencionismo estatal, pero creo que tenemos una situación sin precedentes que requiere medidas sin precedentes”. Y añadió: “No existe ninguna forma de estabilizar los mercados que no sea la intervención estatal”. Las medidas propuestas fueron la supervisión de los instrumentos financieros de la banca privada, la imposición de límites máximos a las remuneraciones de los altos ejecutivos de las grandes empresas financieras, la participación del Estado como accionista de las corporaciones que utilizaron los fondos públicos de rescate y el control estatal sobre una parte del mercado hipotecario.

            Tales políticas gubernativas no se habían visto en Estados Unidos desde la gran depresión de los años 30.

            En esas circunstancias se produjo el renacimiento de las tesis keynesianas, cuya muerte fue decretada por los economistas neoclásicos en los años 70 del siglo XX.

            Para que haya empleo, sostenía Keynes, es necesario que la demanda efectiva  —o sea el nivel de gastos de consumo y de inversión efectuados en una economía—  sea suficiente para comprar todos los bienes y servicios que se producirían en una sociedad si todos los trabajadores tuvieran empleo. Y esto es lo que trataron de hacer, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas del economista de Cambridge, los gobernantes del mundo desarrollado para amainar la crisis. Dejaron atrás sus obsesiones por el abstencionismo estatal y por los equilibrios automáticos y volvieron a las ideas planificadoras de Keynes.

            El regreso hacia el keynesianismo fue sorprendente. Se actualizaron ciertos controles gubernativos en asuntos que los políticos y economistas seguidores de la escuela clásica dejaron por completo en manos de la iniciativa privada. Frente a las dificultades reales de la crisis, los gobernantes no tuvieron más remedio que atender la voz del economista de Cambridge: “El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizás, por otros medios”.

 

 

                        2. Los objetivos nacionales.   El señalamiento de objetivos y prioridades es la parte central de la planificación económica. Simplificando las cosas, los objetivos nacionales pueden ser de dos clases: económicos y sociales. Los primeros se refieren al aumento de la capacidad de producción de la agricultura, la minería, la industria, los servicios, la energía, los transportes, las comunicaciones y los demás elementos de la economía. Los segundos se refieren al <desarrollo humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

            Uno de los problemas más arduos de la planificación, vinculado con el señalamiento de prioridades, es la asignación de recursos. Esta operación depende del juicio político del planificador, quien debe encontrar para los recursos públicos su mejor destino posible. Ha de tomar en cuenta el denominado costo de sustitución, o sea lo que se perdería, en términos de ganancia, al desplazar un recurso de un programa a otro.

            La planificación es necesaria lo mismo para lograr una mayor producción que para imponer una distribución más justa. De modo que la cuestión de la planificación se discute hoy en su grado mas no en su principio. Conforme aumenta el tamaño de las sociedades y se complican las tareas de gobierno y organización, mayor importancia adquiere la planificación. Muchas de las cuestiones que hasta hace poco eran de incumbencia enteramente privada se han han convertido en materia de preocupación pública porque inciden en la organización social. Este es el proceso de publificación de asuntos que antes estaban sujetos exclusivamente a la voluntad autónoma de los individuos y de las corporaciones privadas. Para citar un ejemplo, la procreación, esto es, el número de hijos que cada pareja desea tener, pertenecía antes al libre albedrío de los padres mientras que hoy es objeto de interés general. Ha dejado de pertenecer exclusivamente al ámbito privado de las personas. El crecimiento de la población se ha convertido en un problema que incumbe a la sociedad. Por tanto, esta ha tomado cartas en el asunto. Y lo mismo puede decirse de la protección de la naturaleza y de otras cuestiones que hasta hace muy poco tiempo sólo concernían a la voluntad particular.

 

 

                        3. El crecimiento o la equidad.   La planificación económica no puede ser políticamente aséptica, puesto que la primera decisión que debe tomar el planificador es la de optar por el crecimiento o la equidad como objetivo básico de la política económica del gobierno. Y ahí está inmersa una definición ideológica. El crecimiento o la equidad son las dos grandes orientaciones de la política económica, que entrañan diversos criterios para establecer las prelaciones de la acción del Estado y de la asignación de los recursos públicos. Las tendencias conservadoras, liberales y neoliberales ponen énfasis en el <crecimiento mientras que las tendencias socialistas lo hacen en la equidad, si bien por este camino, a mediano plazo, pretenden llegar también a la dinamización de la economía y de la producción.

 

 

                        4. La planificación central y la descentralizada.  En los sistemas de <economía mixta, en los que hay sectores planificados y sectores no planificados de la producción, la planificación en términos generales tiene el carácter indicativo para el sector privado e imperativo para el público, lo cual significa que los agentes económicos particulares no están obligados a observarla en el ámbito de la organización y operación de sus empresas pero sí los funcionarios del Estado en la conducción de los organismos y corporaciones públicos. La planificación para aquéllos es una orientación que han de tener en cuenta para la microplanificación de sus negocios. Dado que no siempre son compatibles los intereses individuales de los empresarios con los objetivos sociales y económicos de la comunidad  —como suele ocurrir, por ejemplo, con el manejo de las cuestiones ecológicas, la defensa de los recursos naturales, la promoción de la equidad social, el fomento de la cultura, el desarrollo humano y otros temas de este orden—  resulta indispensable que ciertas áreas de la vida estatal se sometan a los rigores de la planificación pública. El Estado naturalmente tiene también otros mecanismos para inducir la acción de los agentes económicos privados, sea alentando el desarrollo de actividades tenidas como prioritarias, sea desalentando las que considere de menor importancia social o, incluso, perjudiciales para el interés general. Los medios a los que puede acudir son los tributarios, crediticios, cambiarios y monetarios. Hay muchas formas de hacerlo. La exención de gravámenes, la entrega de subsidios, el reconocimiento de abonos tributarios son arbitrios muy eficaces para estos propósitos. En los sistemas estatificados, puesto que no hay sector privado de la economía o el que hay es muy débil, la planificación es siempre compulsiva. Estos son los regímenes “centralmente planificados”, en los que la autoridad pública establece las metas, prioridades y metodologías para el desarrollo, que son de obligatorio acatamiento para todos los agentes económicos.

            La planificación es un instrumento imprescindible para el desarrollo porque fija las prelaciones del gasto público y potencia los recursos sociales. Por eso no he llegado a entender cómo algunos empresarios privados sostienen la incongruencia de aplicar la planificación en sus empresas pero negarla para el Estado.

            La planificación estatal  —planificación macroeconómica—,  que puede ser anual, plurianual o de largo plazo, establece las políticas económicas, los planes, programas, proyectos y medidas a ejecutarse. Las políticas económicas señalan los grandes objetivos a alcanzarse de acuerdo con la<ideología. Los planes se componen de varios programas, los programas se desagregan en proyectos y éstos se ejecutan a través de numerosas medidas económicas. El plan determina las metas así como las estrategias, procedimientos y oportunidad para alcanzarlas. A partir del libro del economista alemán Albert O. Hirschman “The Strategy of Economic Development”, publicado en los años 50 del siglo XX, en el que defiende la utilización de los mecanismos del mercado para lograr el desarrollo, los economistas empezaron a llamar estrategias a las metodologías fundamentales para alcanzar los fines macroeconómicos propuestos.

 
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