paramilitares

                    Palabra formada por el prefijo "para", que significa semejante, y el vocablo "militar", del latín militaris, que designa a la persona que profesa la milicia. En la nomenclatura política, paramilitar es una organización civil dotada de estructura y disciplina castrenses, que interviene irregularmente en la vida pública con medios y acciones violentos al margen de la ley.

 

                              1. Colombia.    En lo que a América Latina concierne, el movimiento paramilitar irrumpió en Colombia a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán y del <“bogotazo” de 1948, con los “pájaros” y “chulavitas” al servicio de los gobiernos conservadores para eliminar al Partido Liberal y a los liberales. Se formaron escuadrones de la muerte, órganos de administración de justicia privada, bandas de sicarios y otros grupos de “limpieza política”. La violencia causó centenares de miles de asesinatos políticos. La guerra civil entre liberales y conservadores derivó más tarde en movimientos guerrilleros de izquierda, que empezaron a operar a comienzos de los años 60. Y, como respuesta a ellos, surgieron en los 80 las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fundadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño  —el denominado "clan Castaño"—,  quienes iniciaron la lucha antiguerrillera a raíz del secuestro y asesinato de su padre en 1981 por el movimiento marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

                   Hay, pues, una vieja tradición de violencia y paramilitarismo en Colombia.

                   Las AUC eran un grupo paramilitar clandestino de ultraderecha integrado en aquellos años por cerca de 30.000 efectivos armados que combatían a la guerrilla izquierdista y que presumiblemente contaban, como todos los movimientos paramilitares, con el apoyo de algunos miembros de las fuerzas armadas regulares. Estaban financiadas con el aporte voluntario o forzado de terratenientes, ganaderos y comerciantes de sus zonas de operación y, por supuesto, con importantes subvenciones del narcotráfico. Cometieron masacres de campesinos bajo la acusación de ayudar a la guerrilla y destruyeron sus viviendas. Esto provocó masivos éxodos de los trabajadores del campo en busca de seguridad. Durante los días de las conversaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con los líderes de las FARC a comienzos de 1999, los miembros de las AUC dieron muerte a cerca de 150 campesinos de la zona norte del país  —Urabá, Toluviejo, El Piñón, Magdalena, César, Toledo—  como represalia por el ataque perpetrado días antes por las FARC contra el cuartel central del líder paramilitar, en que murieron 24 personas.

                  A finales del siglo pasado, los efectivos de las AUC, bajo el mando del Estado Mayor Central, estaban organizados en seis bloques y divididos en cuarenta grupos emplazados en el norte y centro del territorio colombiano. 

                  Fidel Castaño, fundador y líder máximo de esta fuerza paramilitar, desapareció sin dejar rastro a mediados del 94 junto a cinco compañeros suyos mientras se desplazaban por la selva colombiana hacia Panamá. Se dijo que se perdió en la selva. Su hermano Carlos, al referirse a la desaparición, expresó: “Pienso que a nosotros nos sucedió con Fidel lo mismo que le pasó a Arturo Cova, el protagonista de 'La Vorágine', la novela de José Eustasio Rivera: lo devoró la selva”. Y asumió el liderato de la organización con implacable ferocidad. “Nosotros nos caracterizamos por respetar al gobierno que se mantenga en el poder”, dijo en una entrevista a la revista “Semana” de julio 9-16 de 1996, con ocasión de los 15 años de lucha contra la <guerrilla. Pero el 30 de mayo del 2001 se vio forzado a dimitir por causa de conflictos internos, fue reemplazado por Salvatore Mancuso y un Estado Mayor de nueve miembros y murió asesinado en abril del 2004 por orden de su hermano mayor Vicente Castaño. Sus restos fueron encontrados el 1 de septiembre del 2006 en una fosa de Córdoba  —cuya ubicación fue dada por un paramilitar desmovilizado—  y fueron verificados por medio de una prueba de ADN efectuada por la Fiscalía de Colombia.

                  Dueño de una caudalosa fortuna  —puesto que se dedicó también al narcotráfico—,  Fidel Castaño fue un hombre extremadamente cruel: el más cruel y sanguinario del "clan Castaño". Autor de varias masacres  —Segovia, Mejor Esquina, El Tomate, entre otras—,  en su casa operaba un centro de torturas por donde pasaban sus enemigos. 

                  Nueve años más tarde, el 27 de septiembre del 2013, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía encontraron el cadáver de Fidel Castaño  —el mayor de los hermanos Castaño—  en una fosa común de una finca de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, junto con otros siete cadáveres. Diferentes versiones apuntaban a que Carlos Castaño fue quien ordenó asesinar a su hermano, mientras que años más tarde Vicente Castaño mandó matar a Carlos.

                  Los más de veinte años de enfrentamiento con las FARC dejaron un saldo superior a los 40.000 muertos. Las AUC se autodenominaban “organización nacional contrainsurgente”, de la que dijo Castaño que no es legal pero sí legítima porque representaba el ejercicio del derecho a la defensa. Al comparecer ante la justicia como consecuencia del proceso de desmovilización, a mediados de enero del 2007, Mancuso admitió haber ordenado el asesinato de 336 personas y la ejecución de atentados contra alcaldes, lideres sindicales, fiscales y miembros de las organizaciones colombianas de derechos humanos, bajo la acusación de haber ayudado a los grupos izquierdistas alzados en armas. Reconoció también que el grupo contrainsurgente que comandaba había infiltrado elementos en las fuerzas armadas, policía e, incluso, el aparato judicial.

                   El pueblo colombiano salió multitudinariamente a las calles el 24 de octubre de 1999, en la más grande movilización de masas de los anales de la historia política de Colombia, para clamar por la paz ante los actores del conflicto armado. Alrededor de once millones de personas salieron a manifestar su opinión en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y las demás ciudades y poblados del país.

                  Hasta mediados del 2006, tras muchos meses de negociaciones, el presidente Álvaro Uribe logró la desmovilización y desarme de unos 24.000 paramilitares de la ultraderechista organización. El acuerdo, sin embargo, no incluyó a los bloques Metro y Elmer Cárdenas, que agrupaban a 3.000 efectivos, que se negaron a negociar. Como parte de este proceso de paz, el presidente Uribe promulgó en el 2005 la denominada Ley de Justicia y Paz, destinada a regular la desmovilización de los escuadrones paramilitares y su incorporación a la vida civil de Colombia. La ley creaba penas alternativas menos rigurosas que las previstas en el Código Penal  —entre cinco y ocho años de privación de la libertad—  para los autores de secuestros y asesinatos que abandonasen la lucha clandestina, se incorporasen a la vida civil y reparasen los daños causados a sus víctimas. Preveía, incluso, la sustitución de las penas impuestas por sentencia como recompensa por la contribución a la paz de los alzados en armas. La ley, en el fondo, aceptaba la tesis de los paramilitares de no someterse a las sanciones penales establecidas. En medio de encendidas discusiones en el seno de la sociedad colombiana que giraron alrededor del tema de si los actos de los paramilitares podían ser considerados como <delitos políticos, la ley fue aprobada por el parlamento de Colombia en junio del 2005. Los opositores, con el Partido Liberal a la cabeza, argumentaron que ella favorecía con la impunidad a los autores de atroces crímenes de lesa humanidad.

                  En su discurso del 24 de septiembre del 2008 ante la Asamblea General de la ONU el presidente Uribe informó con referencia a los grupos paramilitares, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que "de un número aproximado de 60.000 terroristas que afectaban al país al inicio del gobierno, 48.000 han abandonado sus organizaciones criminales y han hecho parte del programa de reinserción que es un gran reto de Colombia".

                  Según el informe de la Fiscalía General de Colombia, presentado a fines de septiembre del 2012, los grupos paramilitares desmovilizados confesaron ante la justicia la comisión de 25 mil asesinatos y homicidios, 3.459 desapariciones forzadas, 10.925 desplazamientos de personas y otros delitos. Se encontraron 4.792 cadáveres en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander, pero Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, indicó que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de las AUC permanecían enterrados en fosas comunes.

 

 

                              2. Guatemala.     También en otros países latinoamericanos han operado fuerzas paramilitares. En Guatemala se abrió en 1962 un proceso de indescriptible violencia política que se extendió por más de tres décadas,  con  el  saldo  de   42.275  muertos  —entre hombres, mujeres y niños—  y un número no bien determinado de desplazados que va de quinientos mil hasta un millón y medio, según cifras presentadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en su informe de 1998.

                  Fue el período más ominoso y devastador de la historia guatemalteca, en que desfiló por la jefatura del Estado una sucesión de gobernantes militares que tomaron el poder por la vía de golpes de Estado  —general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), general Kjell Lauguerud García (1974-1978), general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), general Efraín Ríos Montt (1982-1983), general Oscar Humberto Mejía Victores (1983-1986)—  que auspiciaron, impulsaron y recompensaron a las bandas paramilitares en sus tareas de combatir el comunismo

                  Y es que una combinación de factores políticos antidemocráticos, viejas injusticias en la distribución del ingreso, militarismo abusivo, violencia contestataria y sesgos culturales racistas llevaron a la lucha armada. Tras las jornadas de movilización estudiantil de marzo y abril de 1962, el grupo insurgente de izquierda MR-13 se levantó en armas contra el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes  —1958-1963—  y poco después, con base en la unión de tres pequeñas agrupaciones guerrilleras de orientación marxista con el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)  —que era el nombre del partido comunista—,  se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que, bajo la comandancia de Marco Antonio Yon Sosa, prendieron en diciembre de 1962 los primeros focos guerrilleros en las montañas de Mico, Izabal, Granadilla, Zacapa y Sierra de las Minas.

                  Eran los tiempos en que la revolución cubana irradiaba ilusiones de transformación revolucionaria por toda América Latina y alentaba a los grupos insurgentes. Lo cual empujó a muchos jóvenes a empuñar las armas para la toma del poder por la única vía que ellos consideraban posible en las circunstancias guatemaltecas: el alzamiento armado revolucionario.

                  La respuesta del gobierno y de las fuerzas militares guatemaltecas fue la dura represión armada, las detenciones y ejecuciones a cargo de tribunales castrenses, la formación de una fuerza militar contrainsurgente denominada kaibiles  —en cuyo decálogo se leía: “el kaibil es una máquina de matar”—  y los escuadrones de la muerte, que fueron grupos paramilitares que contaron con el estímulo y el encubrimiento de las autoridades del Estado. Más aún: muchas de sus acciones de represión, guerra psicológica, propaganda e intimidación obedecieron a instrucciones de los mandos gubernativos, para cuya ejecución recibieron financiamiento, instrucción operacional, armas, equipos y vehículos. Fueron, en definitiva, unidades militares clandestinas para realizar operaciones encubiertas contra los subversivos, cuyas listas les eran proporcionadas por los servicios de inteligencia militar.

                  La Comisión para el Esclarecimiento Histórico describe la extremada vesania con que llevaron su acción contrainsurgente los paramilitares y los escuadrones de la muerte en el país centroamericano. Afirma en su documentado y prolijo Informe que “en la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces constituyeron no sólo actos de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, el desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones”.

                  Pero la Comisión señala también que “las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos de extremada crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron en ella secuelas importantes. Fueron las ejecuciones arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e indefensión ya generalizado en la población”.

                  En la vorágine de violencia entre los grupos contendientes perdieron la vida miles y miles de guatemaltecos y muchos más fueron obligados a abandonar sus tierras o sus ciudades y a desplazarse internamente o buscar refugio en el exterior.

                  Recuerdo que dos amigos personales: Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, opositores al gobierno del general Romeo Lucas García, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte en 1979. Ninguno de ellos "marxista", ninguno “subversivo”. Se declaraban socialdemócratas y tuvieron profundos compromisos con la causa de la libertad y de la justicia social.

                  Semanas antes de su muerte los vi en un encuentro internacional en Vancouver. Quedé consternado con la noticia del asesinato de Fuentes Mohr en una calle céntrica de Ciudad de Guatemala el 25 de enero de 1979, por obra de sicarios de los escuadrones de la muerte, y dos meses después mataron a Colom Argueta, con guardaespaldas y todo. Eran dos ilustres ciudadanos guatemaltecos. El primero de ellos había sido Canciller de Guatemala 1969-1970 y, el segundo, Alcalde de la capital 1970-1974. 

                  Fueron muchas las víctimas del genocidio, terrorismo, asesinatos, torturas, detenciones ilegales y desapariciones a cargo de las bandas paramilitares y los escuadrones de la muerte en aquellos años tormentosos de Guatemala.

                  Pero ante al manto de olvido e impunidad que encubrió esos delitos, la guatemalteca Rigoberta Menchú  —de ascendencia maya-quiché—,  premio Nobel de la Paz 1992, acudiendo a la jurisdicción universal presentó en diciembre de 1999 una demanda ante los órganos de justicia españoles contra los exdictadores de su país por los actos de genocidio, tortura y desapariciones forzosas entre 1978 y 1986. El Juez Guillermo Ruiz Polanco de la Audiencia Nacional de España declaró el 27 de marzo del 2000 su competencia para conocer los casos  —con independencia de la nacionalidad de sus autores y del lugar de la comisión de los delitos—  y se abrió en Guatemala una dura e interminable discusión sobre la competencia del Estado español para tramitarlos. Pero finalmente en ese mismo año la Función Judicial española se declaró incompetente para asumirlos, con lo cual se extendió el proceso de impunidad.

                  Seis años después cambiaron las cosas. En respuesta a la denuncia interpuesta por Menchú el 2 de diciembre de 1999, la Audiencia Nacional de España dictó el 7 de julio del 2006 un Auto de Prisión contra todos los imputados en los delitos de genocidio, tortura y desapariciones ocurridos en Guatemala, en el que es decía:

                  "La presente causa, Diligencias Previas Nº 331/99, se sigue en virtud de denuncia y querellas contra el General Efraín Ríos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1.982 al 8 de agosto de 1.983; General Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 de agosto de 1.983 al 14 de enero de 1.986; General Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemala de 1.978 a marzo de 1.982 (al parecer fallecido); General Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; Coronel Germán Chupina Barahona, Director de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García; Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el Gobierno del General Lucas García; y General Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Lucas García. A todos ellos se les imputa la comisión del delito de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales contra civiles y miembros de la etnia maya  -—encontrándose entre las víctimas ciudadanos españoles—.  Todos estos hechos fueron llevados a cabo en los periodos en los que ejercieron su mandato los mencionados".

                  En esta providencia se autorizó el desplazamiento de la "comisión judicial a Guatemala a fin de recibir declaración a los imputados y determinados testigos desde el día 26 de junio al 4 de julio de 2006".

                  Pero el mandato judicial no se cumplió porque, al interponer los acusados varios recursos en su país, la comisión judicial española quedó aislada y tuvo que abadonar Guatemala.

                  En el art. 4 del mencionado Auto de Prisión se invocaba que "el Ministerio Fiscal en escrito presentado en el día de hoy, con la fundamentación oportuna,  ha solicitado se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza de los arriba mencionados, a los efectos de su detención y extradición a nuestro país, librándose la oportuna orden europea de detención y entrega, con efectos de orden internacional de detención, a través de INTERPOL-ESPAÑA". Y además se decretaba el embargo de todos los bienes de seis de los acusados.

                  En la providencia judicial española se relataban los hechos criminales imputados a los acusados y, entre tales hechos, se dejaba constancia de que "en la mañana del día 31 de enero de 1.980 un grupo de campesinos del departamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala con el fin de que dicha representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones consecuencia del acoso gubernamental a que estaban siendo sometidos. No consta que la mencionada ocupación no fuera pacífica. No obstante esas circunstancias, los imputados ya filiados, acordaron que la Policía y otras Fuerzas de Seguridad entraran en la delegación diplomática sin consentimiento, y que abatieran mortalmente al conjunto de sus ocupantes. En las escasas horas que duró el incidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el Excmo. Sr. Embajador del Reino de España, entre ellas al Ministro de la Gobernación (Donaldo Álvarez Ruiz); consecuencia del acuerdo inicial de abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes. Como consecuencia de lo anterior murieron 36 personas. Entre ellas los ciudadanos españoles D. Jaime Ruiz del Árbol (Secretario de la Embajada), D. Luis Felipe Sanz Martínez y Doña María Teresa Vázquez de Villa. Igualmente el Excmo. Sr. Embajador, D. Máximo Cajal sufrió lesiones de consideración. Con fecha 22 de septiembre de 1.984 los gobiernos guatemalteco y español emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobierno de Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los arts. 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por tanto aceptando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudiera derivarse. El hecho de no filiarse a las personas de nacionalidad de Guatemala obedece exclusivamente a cómo nuestro Tribunal Supremo, sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ha limitado la jurisdicción española a los asesinatos de los nacionales españoles".

                  En este documeno se narraban detalladamente las numerosas matanzas y actos criminales ejecutados por elementos de las fuerzas armadas y por miembros de los escuadrones de la muerte bajo las órdenes del Alto Mando Militar. Se incluía en la información, como se ha visto, el asalto de los paramilitares a la Embajada de España en Ciudad de Guatemala la mañana del 31 de mayo de 1980, el incendio de su edificio y la muerte bajo las llamas de los funcionarios y empleados diplomáticos junto con el grupo de campesinos y estudiantes que había ocupado la sede diplomática en forma pacífica. Murieron allí quemadas 36 personas. Se salvó milagrosamente el Embajador Máximo Cajal y López, quien logró saltar hacia la calle con sus ropas incendiadas.

                  En esos años se cometieron en Guatemala decenas masacres. Las cifras sumaban unos 200.000 muertos junto con un enorme número de desaparecidos y torturados, y más de 400 aldeas aniquiladas.

                  Esa trágica etapa de la historia guatemalteca empezó a amainar con la llegada al poder de gobernantes elegidos, el primero de los cuales fue Marco Vinicio Cerezo en 1986. Y el proceso de seguridad, tras largas negociaciones que dieron lugar a doce acuerdos parciales a lo largo de varios años, se reafirmó con la celebración del acuerdo de desmovilización y de paz firme y duradera entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (URNG) el 29 de diciembre de 1996.

                  Sin embargo, los rezagos del pasado violento no dejaron de gravitar en el país y especialmente de obstruir las tareas de la justicia. La sentencia a ochenta años de reclusión que se expidió el 10 de mayo del 2013 contra el octogenario tirano Ríos Montt por genocidio cometido durante su gobierno contra el pueblo ixil, en la franja transversal del norte de Guatemala  —sentencia que consideró probados el asesinato de 1771 ixiles, la violación masiva de mujeres y niñas y la comisión de toda suerte de atrocidades por las fuerzas militares bajo su gobierno—  fue anulada diez días después por la Corte Constitucional.

 

 

                              3. Nicaragua.     A lo largo de su turbulenta vida política, en las últimas décadas han pasado por el poder, mediante golpes de Estado o elecciones  —fraudulentas muchas de ellas—,  los siguientes gobernantes, algunos de los cuales patrocinaron bandas paramilitares y escuadrones de la muerte:

 

                 1) El general Anastasio Somoza García  —político y militar, hijo del acaudalado terrateniente y senador Anastasio Somoza Reyes—,  quien ejerció la dictadura desde 1937 hasta 1947 y desde 1950 a 1956. Perteneció al Partido Liberal Nacionalista (PLN). Implantó la dinastía cleptocrática de los Somoza que se extendió por 43 años con el respaldo político y económico norteamericano, en la época en que Estados Unidos buscaba aliados entre los dictadores latinoamericanos para su lucha contra el comunismo. Somoza mandó asesinar a Augusto César Sandino en 1934. Murió el 21 de septiembre de 1956  —el mismo día en que el Partido Liberal Nacionalista (PLN) había proclamado su candidatura para el siguiente período—  en un hospital del Canal de Panamá tras haber sido baleado en una fiesta por el joven poeta opositor Rigoberto López Pérez.

 

                 2) Leonardo Argüello, del mismo partido de Somoza y uno de los títeres somocistas, quien llegó al poder mediante elecciones fraudulentas manipuladas por el oficialismo. Permaneció en el gobierno muy pocos días: del 1 al 27 de mayo de 1947, porque fue derrocado por quien lo puso allí: Anastasio Somoza García.

 

                 3) Benjamín Lacayo Sacasa (PLN), nombrado Presidente por la Asamblea en 1947 para sustituir a su antecesor, pero no pudo permanecer en el poder porque no fue reconocido por el gobierno norteamericano ni los gobiernos centroamericanos.

 

                 4) Víctor Román y Reyes, también del Partido Liberal Nacionalista (PLN), designado Presidente por la Asamblea en 1947 y fallecido en ejercicio de sus funciones el 7 de mayo de 1951.

 

                  5) Anastasio Somoza García  —senador vitalicio—,  quien retornó al poder por nombramiento de la Asamblea para sustituir a su antecesor. Murió al final de su segundo período 1950-1956.

 

                 6) Luis Somoza Debayle (PLN), hijo de su antecesor en el poder y miembro de la camarilla somocista, quien gobernó desde 1956 a 1963 bajo los conocidos cánones familiares.

 

                 7) René Schik Gutiérrez (del PLN somocista), quien asumió el poder en mayo de 1963 y falleció durante su mandato en agosto del 66. En el curso de su administración fue creado por los gobiernos de la región el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) con el propósito de promover la coordinación de los ejércitos de Centroamérica en la lucha anticomunista.

 

                 8) Lorenzo Guerrero Gutiérrez de las filas del somocismo (PLN), quien en su condición de Vicepresidente ocupó, por decisión del Congreso, el lugar dejado por el gobernante fallecido hasta terminar su mandato. Gobernó del 3 de agosto de 1966 al 1 de mayo de 1967. Bajo su gobierno se produjo en Managua la masacre del 22 de enero en la que la Guardia Nacional, pretendiendo detener la multitud de militantes de la Unión Nacional Opositora (UNO) que se dirigía hacia la Casa Presidencial, abrió fuego y mató entre 1.000 y 1.500 de los manifestantes. Y sus dirigentes  —entre ellos el doctor Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico “La Prensa”—  fueron detenidos. Catorce días después, en las típicas elecciones somocistas, triunfó Anastasio Somoza Debayle del Partido Liberal Nacionalista (PLN) sobre el candidato de la Unión Nacional Opositora (UNO).

 

                 9) Anastasio Somoza Debayle (PLN)  —militar, empresario, hijo de Anastasio Somoza García, hermano de Luis Somoza Debayle—  ejerció el poder en su primera etapa dictatorial desde 1967 a 1972 y, en su segunda etapa, de 1974 a 1979. Pero en el período intermedio mantuvo su poder autoritario como Jefe Director de la Guardia Nacional.

 

                 10) La Junta Nacional de Gobierno formada por el pacto Somoza-Agüero  —celebrado a causa de que la Constitución no permitía la reelección inmediata de Somoza Debayle—  fue un triunvirato formado por Fernando Agüero, jefe del Partido Conservador, y los liberales Roberto Martínez Lacayo y Alfonso Lovo, quienes ejercieron formalmente el poder desde 1 de mayo de 1972 hasta 1 de septiembre del 74, pero cuyas decisiones importantes fueron tomadas realmente por Somoza, interesado en su reelección para el siguiente período. En el curso de este gobierno fue sustituido Fernando Agüero, como miembro de la Junta, a partir de marzo 1/1973 por Edmundo Paguaga Irías, mucho más obediente de Somoza Debayle.

 

                 11) En su segundo período, Anastasio Somoza Debayle (PLN) gobernó desde 1974 hasta 1979, en que fue derrocado y partió al exilio. Murió asesinado en 1980 en Asunción.

 

                 12) Francisco Urcuyo (PLN), Vicepresidente de Anastasio Somoza Debayle, asumió el mando por unas horas el 17 de julio de 1979 a raíz del desplome del régimen somocista y de la fuga del dictador.

                 En ese largo período de más de cuatro décadas, mediante acciones de fuerza o elecciones amañadas, aumieron el poder sucesivamente Anastasio Somoza  —apodado el “Tacho”—,  quien impuso el orden a sangre y fuego en sus 16 años de gobierno, sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle y sus testaferros. Lo cierto fue que el régimen de la familia Somoza y de sus títeres  —Lorenzo Guerrero, René Schick, Leonardo Argüello—  se extendió a lo largo de 43 años.

 

                 13)  Vino  entonces  la  Junta  de  Gobierno de Reconstrucción Nacional   —integrada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo y Arturo Cruz—  que tomó el poder el 20 de julio de 1979 con el triunfo de la revolución sandinista y lo ejerció hasta 1985. Chamorro y Robelo, quienes renunciaron a su membresía de la Junta por su desacuerdo con la inclinación marxista que veían en ella, fueron reemplazados por Moisés Hassán y Rafael Córdova.

 

                 14)  Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), triunfó en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 1984 y ejerció el poder desde el 10 de enero de 1985 hasta el 25 de abril de 1990. Sorprendentemente, durante su gobierno se implantaron medidas neoliberales en el campo económico, como la eliminación de los controles sobre el mercado de divisas  —lo cual determinó la devaluación del córdova con referencia al dólar—,  la supresión de las subvenciones estatales a la producción de artículos básicos de consumo popular y la detención de la socialización de las tierras ociosas o deficientemente explotadas  —iniciada con la reforma agraria de 1981—, con lo que la mitad de las tierras agrícolas siguió en manos privadas. Esto produjo división en las filas del FSLN. Al final del período Ortega pretendió, acogiéndose a un discutido y discutible fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el Art. 147 de la Constitución que prohibía la reelección immediata, permanecer en el poder durante el siguiente período. Pero no pudo lograr su propósito porque fue derrotado electoralmente por Violeta de Chamorro el 25 de febrero de 1990.

 

                 15) Violeta Barrios de Chamorro, quien desde los campos de la oposición aglutinó a la Unión Nacional Opositora (UNO) y a una decena de pequeños partidos y grupos de distinta tendencia ideológica  —desde el somocismo hasta el partido comunista—,  después de imponerse en las elecciones primarias partidistas triunfó en los comicios nacionales del 25 de febrero de 1990 y ejerció el poder durante los siguientes siete años. En medio de la aguda controversia política, que se inició a partir de la amnistía concedida por sus diputados a favor de los exguardias somocistas, tuvo que afrontar la penosa situación económico-social que había heredado.

 

                 16) El empresario y político Arnoldo Alemán Lacayo, exalcalde de Managua, expresidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la derecha nicaragüense  —que formó parte de la conservadora alianza Unión Nacional Opositora—,  subió al poder el 10 de enero de 1997 después de haber derrotado electoralmente al expresidente Daniel Ortega  —con el apoyo económico de la comunidad nicaragüense y del exilio cubano residentes en Miiami—,  pero no pudo concluir su período presidencial porque fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a veinte años de cárcel por lavado de dinero. Abandonó la presidencia y guardó arresto domiciliario invocando razones de salud. Sin embargo, poco tiempo más tarde fue sobreseído por la propia Corte, cuyos miembros mayoritarios estaban bajo el control orteguista, en una decisión intensamente discutida en Nicaragua. Transparencia Internacional calificó a Alemán como uno de los diez jefes de Estado más corruptos en los últimos veinte años a escala mundial por el saqueo de las arcas fiscales. No obstante, pidiendo perdón "por los errores del pasado", Alemán retornó a la vida política y pretendió nuevamente ser candidato presidencial en las elecciones del 2011, pero con malos resultados porque fue eliminado de la plataforma electoral por la Convención del PLC, que optó por la candidatura de Enrique Bolaños.

 

                 17) Enrique José Bolaños, Vicepresidente de Arnoldo Alemán y candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), rompiendo la "argolla mafiosa" del gobierno de Alemán que le hostilizaba, venció ampliamente en las elecciones del 4 de noviembre del 2001 a Daniel Ortega y ejerció la presidencia entre el 10 de enero  del 2002 y enero 10 del 2007. En aquellas elecciones hubo un factor externo que ayudó a Bolaños: el trágico 11 de septiembre de Nueva York con la voladura de las torres gemelas, que reforzó la campaña de miedo que adelantaban las fuerzas conservadoras nicaragüenses contra Ortega y que anuló las teatrales invocaciones de paz a Gandhi y a la madre Teresa de Calcuta que hacían los dirigentes del sandinismo.

 

                 18) En lo que fue su quinta postulación, Daniel Ortega (FSLN) volvió a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre del 2006. Como ocurrió en uno de los períodos anteriores, la Corte Suprema expidió el visto bueno para que Ortega pudiera postularse. Pero las fuerzas de oposición afirmaron que "Nicaragua tendrá un presidente inconstitucional". De todas maneras, el candidato sandinista triunfó con el 37,9% de los votos válidos ante la división del liberalismo en dos facciones: Partido Liberal Constitucionalista y Alianza Liberal Nicaragüense. Y asumió el poder nuevamente el 10 de enero del 2007.

 

                 19) En las elecciones presidenciales del 6 de noviembre del 2011 volvió Ortega a ganar y permaneció en el gobierno por un período adicional. Se abrió nuevamente la discusión sobre el Art. 147 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial inmediata y la reelección de "quien la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales". Pero el sandinismo aprobó la reelección presidencial indefinida y, para facilitarla, redujo del 45% al 35% la votación para la elección presidencial y eliminó la segunda vuelta electoral. En el ejercicio del poder produjo una concentración de la autoridad en la función ejecutiva y desapareció la división de poderes.

                 En todo caso, concluyó la era somocista  —que se caracterizó por el <autoritarismo, la <corrupción, el <nepotismo, la represión y el <entreguismo a los designios norteamericanos—  y advino el sandinismo  —nombre tomado por los guerrilleros en homenaje a César Augusto Sandino (1893-1934), político y combatiente liberal nicaragüense que dirigió el movimiento de resistencia armada en 1926 contra el gobierno de su país que había hecho concesiones de soberanía a Estados Unidos.

                 El >sandinismo se formó en la clandestinidad en 1962 por iniciativa de Carlos Fonseca y Tomás Borge para promover la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza. Allí estuvieron también Edén Pastora, Santos López, Germán Pomares Ordóñez, Silvio Mayorga, Faustino Pérez, Humberto y Daniel Ortega y otros dirigentes. En sus orígenes fue un movimiento marxista  —al menos lo fueron sus principales líderes—  que tenía en la >revolución cubana su modelo y en Fidel Castro su héroe y que utilizaba los libros del filósofo francés de origen húngaro Georges Politzer, por su claridad y sencillez, como textos de enseñanza para sus militantes.

                 Eran los tiempos en que la onda de prestigio que rodeaba a los barbudos de la Sierra Maestra, muy fresca su hazaña revolucionaria, cubría toda la América Latina y estimulaba la imaginación de la gente joven.

                 Los líderes sandinistas mantuvieron amistosos vínculos con los revolucionarios cubanos en la década de los 60 y muy malas relaciones con el pequeño Partido Comunista Nicaragüense, que consideraba que la lucha armada era una forma de “aventurerismo” inadecuado para las condiciones de su país.

                 Lo cual no impidió que hicieran alianzas tácticas con personalidades y sectores no marxistas de la sociedad nicaragüense, como Violeta Chamorro, Alfonso Robelo, Arturo Cruz y algunos sacerdotes católicos, en el curso de la lucha contra Somoza. En sus orígenes proponían un programa democrático que incluía elecciones libres, pluralismo político, libertad de expresión, economía mixta y política de no alineamiento en lo internacional.

                 Pero las cosas cambiaron después, cuando fueron gobierno. Reprodujeron entonces algunos rasgos del pasado somocista. Abandonaron el pluralismo político y la alternancia en el poder. Hicieron entendimientos con representantes del gran capital, parte del clero católico y otros sectores ubicados en las alturas capìtalistas, sin perjuicio de entenderse con las bases sociales pobres. Suscitaron fricciones entre sus dirigentes. Una de ellas fue la de Edén Pastora  —mejor conocido como Comandante Cero desde que encabezó la toma del Palacio Nacional en Managua el 22 de agosto de 1978,  en lo que fue el primer acto revolucionario contra el  somocismo—,  quien después de desempeñar por un corto período las funciones de Viceministro del Interior fue marginado del gobierno sandinista, abandonó el país y vivió en el exilio. Desde donde acusó al gobierno de Daniel Ortega de ineficiente, corrupto y supresor de las libertades. "Lo que está en Managua  —dijo alguna vez—  no es revolucionario ni sandinista".      

                Ortega retornó al poder en el año 2007 tras ganar las elecciones presidencias y, a través de reelecciones sucesivas, se mantuvo largamente en el mando político nicaragüense.

                En la que fue su séptima candidatura presidencial, Ortega fue reelegido Presidente de Nicaragua en las elecciones celebradas el 6 de noviembre del 2016 para su tercer período gubernamental consecutivo (2017-2021) y cuarto período general.

                Lo hizo en compañía de su esposa Rosario Murillo  —quien era la que en realidad mandaba en Nicaragua, a pesar de que su forma de pensar ni remotamente respondía a los viejos ideales de la revolución sandinista—  puesto que, en una actitud abiertamente dinástica y típicamente "somocista”, se autodesignó candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua.

                 El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que había llamado a abstenerse de concurrir a esa "farsa electoral", sostuvo que más del 70% de los electores dejaron de ir a las urnas en aquella ocasión. Fue una abstención extraordinariamente alta, que sin embargo no fue registrada por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Y es que, dada la falta de garantías de la autoridad eleccionaria, varios partidos y movimientos políticos se abstuvieron de participar.

                 La exguerrillera Dora María Téllez, disidente sandinista y militante del proscrito Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)  —quien participó junto a Edén Pastora y otros militantes sandinistas en la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978—,  sostuvo en el curso de la campaña electoral que "la abstención es el único camino que hay".

                 Y en aquellos momentos no dejaron de sorprender las declaraciones  de  monseñor  Silvio Báez  —la segunda autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua—,  quien cuestionó en una homilía dominical el proceso electoral como "un sistema viciado, autoritario y antidemocrático”. Y lo dijo a pesar de la tendencia confesional que mantenía el gobierno de Ortega.

                 Y es que, por voluntad del presidente Ortega, no se admitió en el proceso eleccionario observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) ni de otros organismos internacionales. Solamente estuvieron presentes, atendiendo la invitación del gobierno sandinista, los exgobernantes Mauricio Funes de El Salvador  —asilado a la sazón en Nicaragua para evadir el juicio por corrupción que la Corte Suprema de Justicia le seguía en su país—,  Manuel Zelaya de Honduras y Fernando Lugo de Paraguay.

                Los resultados oficiales arrojaron las siguientes cifras: el FSLN obtuvo el 72,5% de los votos, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 15%, el Partido Liberal Independiente (PLI) 4,5%, el Partido Conservador (PC) 2,3%, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 4,3% y Alianza por la República (APRE) 1,4%.

                Al desconocer las cifras, Maximino Rodríguez, candidato presidencial del PLC, afirmó que "fue en los Consejos Electorales Municipales (CEM) donde se mutilaron los resultados electorales”.

                Según informaron los medios de comunicación, durante las elecciones los centros de votación lucieron vacíos, pero las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE)  —impugnadas por falsas por los partidos y grupos de oposición—  señalaron que la participación ciudadana había alcanzado el 65,3%.   

 

 

                                  4. República de El Salvador.    Durante el sangriento conflicto salvadoreño, en que se enfrentaron a lo largo de doce años  —1980-1991—  las fuerzas armadas regulares y sus escuadrones de la muerte contra los efectivos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de otras organizaciones revolucionarias, se produjeron alrededor de 75.000 muertos, de los cuales una amplia mayoría eran elementos civiles.
                    Entre ellos estuvo el arzobispo salvadoreño Óscar Romero  —quien había formulado críticas contra la Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-1982) por su irrespeto a los derechos humanos—,  asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital “La Divina Providencia” de San Salvador.
                       El país tenía en ese tiempo alrededor de 6 millones de habitantes sobre sus 21.476 kilómetros cuadrados de territorio. Y durante aquellos años se transformó en un hervidero social por la supresión violenta de los derechos y libertades, la profundización de la pobreza, la abismal brecha  entre ricos y pobres y el imperio de la violencia.
                    Todo esto en el marco de la inflexible tensión internacional  —ideológica, política, económica y militar—  entre las grandes potencias de la <guerra fría, que caldeaba los conflictos internos de los países del tercer mundo y que, en cuanto a El Salvador se refiere, impulsó el surgimiento en 1970 de las Fuerzas Populares de Liberación 'Farabundo Martí' (FPL)  —escisión del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930—  y la creación, como respuesta gubernativa, de los escuadrones de la muerte  —grupos paramilitares de extrema derecha al servicio del gobierno, conformados por militares y policías sin uniforme y por elementos civiles—  que ejecutaron terribles acciones represivas contra los opositores al régimen y al sistema político vigente y contra los sospechosos de ser opositores.
                  Algunos de los escuadrones de la muerte salvadoreños de aquellos años fueron: la Brigada Anti-Comunista Maximiliano Hernández Martínez, el Frente Político Anti-comunista, la Asociación Patriótica Libertad o Esclavitud, las Brigadas Proletarias Salvadoreñas, la Mano Blanca, las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista-Guerra de Eliminación, el Escuadrón de la Muerte (EM), el Frente Anti-comunista para la Liberación de Centroamérica (FALCA), la Brigada Anticomunista de Oriente, la Brigada Anti-comunista Salvadoreña (BACSA), el Grupo de Exterminio Social: Sombra Negra y algún otro.
                  Como ocurrió en muchos lugares del mundo, la guerra civil de El Salvador fue uno de los reflejos de la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos  —a la que el asesor presidencial norteamericano Bernard M. Baruch bautizó en 1947 como “cold war” ("guerra fría")—  puesto que los sucesivos gobiernos salvadoreños se alinearon a lo largo de los años en torno a la potencia occidental, mientras que las fuerzas izquierdistas de oposición mantuvieron clandestinas vinculaciones con los partidos comunistas de la Unión Soviética y de los países de su bloque internacional y fueron abastecidas con fusiles de asalto AK-47, ametralladoras RPK y PKM y bazucas antitanque RPG-7 de fabricación soviética.
                   Desde tiempos anteriores al conflicto bélico, oficiales del ejército salvadoreño recibieron adiestramiento en centros militares estadounidenses  —como la Escuela de las Américas, que operaba en Panamá—   y el gobierno centroamericano, por su parte, estableció con el apoyo técnico y logístico norteamericano los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), el Batallón Atlacatl y otros regimientos armados con helicópteros Huey y Md 500 de procedencia norteamericana, fusiles de asalto M16 de la misma procedencia y fusiles Heckler & Koch alemanes e IMI Galil y Uzi sraelíes.
                  Los escuadrones de la muerte tomaban la información de los organismos militares y, con base en ella, ejecutaban sus acciones de represión, asesinato, tortura, secuestro, extorsión, amenaza, chantaje y todo tipo de delitos contra los alzados en armas y los sospechosos de apoyarlos.

                  Para ayudar al financiamiento de sus acciones, los paramilitares solían incluso secuestrar a sus propios simpatizantes  —los empresarios—,  a quienes sacaban dinero a cambio de su liberación.
                  Los escuadrones de la muerte salvadoreños recibían contribuciones directas de personas con poder económico que los miraban como instrumentos de su protección personal. Las contribuciones eran aportes monetarios, facilidades de transporte, creación de infraestructura, coordinación con otros grupos similares y protección e impunidad para sus agentes.
                  En dos oportunidades  —las ofensivas generales de 1981 y de 1989—  el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentó conquistar la capital salvadoreña y las cabeceras departamentales, pero no lo consiguió pues la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) pudo rechazar los ataques de los guerrilleros, que habían bajado de las montañas hacia la capital salvadoreña. En el segundo intento, la lucha llegó hasta las cercanías de la Casa Presidencial. Cuando el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan tomó posesión del poder el 20 de enero de 1981 presentó esa ofensiva guerrillera, iniciada tres semanas antes, como una prueba del avance soviético en Latinoamérica.
                  La situación política de El Salvador era deplorable. En las cinco décadas comprendidas entre 1930 y 1980 pasaron por el poder veintiún gobiernos inestables, la mayoría de ellos militares, que asaltaron el mando por golpes de Estado o elecciones fraudulentas. Ellos fueron: Directorio Cívico en 1931, general Maximiliano Hernández en 1931-1934, general Andrés Ignacio Menéndez 1934-1935, general Maximiliano Hernández 1935-1944, general Andrés Ignacio Menéndez 1944, coronel Osmin Aguirre 1944-1945, general Salvador Castañeda 1945-1948, Consejo de Gobierno Revolucionario 1948-1950, teniente coronel Óscar Osorio (1950-1956), teniente coronel José María Lemus 1956-1960, Junta de Gobierno 1960-1961, Directorio Cívico Militar 1961-1962, Dr. Rodolfo Gordón Cea enero-julio 1962, teniente Coronel Julio A. Rivera 1962-1967, general Fidel Sánchez 1967-1972, coronel Arturo Molina 1972-1977, coronel Carlos Humberto Romero 1977-1979, Primera Junta Revolucionaria de Gobierno 1979-1980, Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno 1980, Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno 1980-1982, Dr. Álvaro Magaña 1982-1984.
                  Hacia 1979 la violencia entre el gobierno derechista del coronel Carlos Humberto Romero y la beligerante oposición izquierdista encendió la guerra civil.
                    Las izquierdas se organizaron principalmente en el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderado por Schafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y por las entidades obreras urbanas. Contó con alrededor de 10 mil militantes y combatientes. Y también con el respaldo directo o indirecto de Cuba y del régimen sandinista de Nicaragua y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
                  Las fuerzas revolucionarias iniciaron su "ofensiva final" el 10 de enero de 1981 contra la dictadura ejercida por la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno con el objetivo declarado de tomar el poder antes de la posesión del presidente electo norteamericano Ronald Reagan, prevista para el 20 de enero de ese año.
                  Con base en un documento de la Central Intelligence Agency (CIA), que se dio a conocer el 23 de febrero de 1981, se atribuyó la ofensiva general de los insurrectos salvadoreños a una conspiración soviético-cubana-nicaragüense, cuyos promotores contaban con armas llegadas a través de Nicaragüa.  
                  En el curso de los acontecimientos, el oficial de inteligencia militar Roberto D'Aubuisson, varios miembros de las fuerzas armadas y dirigentes políticos conservadores fundaron en 1981 el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que, beneficiado con el aporte económico de los empresarios privados salvadoreños, triunfó en las elecciones legislativas de 1988 y llegó al poder en las presidenciales de 1989 con su candidato Alfredo Cristiani, aunque las elecciones fueron muy cuestionadas en cuanto a su limpieza y legitimidad.
                  El nuevo gobernante prosiguió las negociaciones de paz con el FMLN.
Pero el proceso no fue fácil. En noviembre de 1989 sufrió una sangrienta interrupción cuando el movimiento guerrillero ejecutó violentas agresiones en la ciudad de San Salvador, con la muerte de centenares de personas, y recibió la más sangrienta represalia por el ejército salvadoreño.
                  El país quedó convulsionado. Y para pacificar las cosas Cristiani se comprometió entonces a someter a los responsables militares a los tribunales de justicia, compromiso que fue parcialmente cumplido. Fueron arrestados algunos oficiales y soldados, aunque nunca se identificó a los autores intelectuales de aquellos delitos.
                  Pero de todas maneras avanzaron las negociaciones de paz.
                  Y el conflicto armado  —que se extendió por doce años, con un saldo de alrededor de 70.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos—  concluyó con los acuerdos de paz que, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, se suscribieron en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992 entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
                  Entonces los guerrilleros abandonaron las armas y se inicio la desmovilización de las fuerzas armadas estatales  —que de 63.000 efectivos bajaron a 15.000—  y se disolvieron la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, en cuyo lugar fueron creadas la nueva Policia Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública.
                  La Comisión de la Verdad, encargada de investigar lo acontecido y de fijar las respectivas responsabilidades, entregó su informe en 1993.     
                  En el orden legislativo se formó una nueva Función Judicial  —con la Corte Suprema de Justicia integrada por juristas de limpios antecedentes—  y se modernizaron las leyes penales. La Asamblea Legislativa concedió amnistía a los autores de delitos políticos salvo a los culpables de crímenes sangrientos. Alrededor de 35.000 guerrilleros y miembros de las fuerzas militares y policiales que participaron en la contienda recibieron, bajo el convenio de paz, tierras agrícolas y créditos para cultivarlas.
                  Lamentablemente el país no pudo disfrutar plenamente de los beneficios de la paz pues fue asolado por huracanes y terremotos, que dejaron miles de muertos y más de dos millones de personas sin hogar.
                  Además, en el campo económico y social, la fuga de capitales, el desmantelamiento de empresas, la masiva emigración  —especialmente hacia Estados Unidos—,  los tremendos daños materiales dejados por la contienda  —torres de transmisión de electricidad, infraestructuras de servicios públicos, puentes, edificios, carreteras—  y la acusada corrupción gubernativa conspiraron contra el desarrollo salvadoreño.

                    El costo social de la paz fue también muy alto. La guerra civil polarizó a la sociedad salvadoreña y dejó en ella ondas de resentimiento social. Muchas de las armas abandonadas por la desmovilización de los combatientes fueron a parar a manos de pandillas  —las denominadas maras—  que agravaron los índices delincuenciales y el tráfico de drogas e hicieron de El Salvador uno de los países más violentos.

                    En el campo político el país hizo avances democráticos. Las nuevas instituciones creadas como producto de los acuerdos de paz  —la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, entre otras—  aportaron al mejor funcionamiento del sistema político.            
   

 

 
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