paraíso fiscal

            Se denomina así al país donde se garantiza a los depositantes de dinero la seguridad, reserva, sigilo bancario, exoneraciones tributarias y sofisticada tecnología para los giros y movimientos financieros de sus depósitos.

            Son generalmente pequeños Estados o territorios cuyos sistemas y legislaciones no solamente que establecen regímenes fiscales privilegiados, que resultan muy atractivos para quienes desean evadir la presión tributaria de sus países de origen, sino que además protegen inflexiblemente el secreto bancario de modo que ninguna institución financiera se interesa ni por saber quiénes son sus clientes ni de dónde viene su dinero. Alguien dijo con ironía que los funcionarios bancarios de esos países “se interesan menos que los dueños de un casino por averiguar quiénes son sus clientes”.

            Hay muchos paraísos fiscales alrededor del mundo pero los más conocidos son Suiza, Mónaco, Luxemburgo, las Bahamas, la isla de Man, Gran Caimán, las islas Turcos y Caicos, Licheinstein, Panamá, Andorra, Malta, las Islas Vírgenes, las Bermudas, Anguila, Caimán, el archipiélago de St. Vincent & las Granadines, las islas Seychelles, la isla Anguilla, las islas Cook, las islas Marshall, Dominica, la República de Vanuatu, Líbano, Nauru, Niue, Filipinas, Rusia, St. Kitts y Nevis, donde acostumbran depositar su dinero —no siempre bien habido— los grandes ahorristas y suelen domiciliarse los <holdings con fines de evasión fiscal. Las Islas Vírgenes, sin embargo, dejaron de ser paraíso fiscal a partir de marzo del 2002 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retiró su nombre de la lista de paraísos fiscales cuando ellas se comprometieron a luchar contra las prácticas tributarias desleales y a mejorar la transparencia de su sistema fiscal.

            La OCDE elaboró en diciembre del 2003 una lista incompleta de los paraísos fiscales, en la que constaron: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bahréin, Bermudas, Belice, Chipre, Dominica, Gibraltar, Granada, Guernesey, Isla de Jersey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Turcas y Caicos, Isla de Margarita, Liechtenstein, Malta, Mauricio, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles y Vanuatu.

            La ONU tiene registrados 74 paraísos fiscales, aunque otros estudios  —por ejemplo, el “Índice de secreto financiero” elaborado por la organización no gubernamental británica Tax Justice Network (TJN), que promueve la transparencia financiera—  señalan alrededor de 80.

            En un informe presentado el 2 de septiembre del 2013, TJN mencionaba que el país con mayores depósitos de dinero en paraísos fiscales era China, con 1.100 billones de dólares (billón entendido a la manera norteamericana: millar de millones), seguida de Rusia y Corea del Sur. Y, en cuanto al mundo latinoamericano, cuatro de sus países estaban entre los veinte que, a escala mundial, tenían los mayores depósitos en paraísos fiscales: Brasil con 520.000 millones de dólares, México 417.000 millones, Venezuela 406.000 millones y Argentina 399.000 millones.  John Christensen,  director  del  TJN,  manifestó  públicamente  que  las  elites  económicas,  estimuladas  por  los  bancos  del  mundo  industrializado  —Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, City Bank y otros—, habían colocado buena parte de sus recursos en el exterior. 

            Allá van a parar, en cuentas cifradas, los dineros de la droga, de la mafia, de los negocios turbios o de los peculados de gobierno. O el llamado “hot money” compuesto por los capitales errantes de carácter especulativo que ingresan o salen de los países de acuerdo con el grado de estabilidad de la moneda local y sus perspectivas de futuro.

            Los Estados miembros de la OCDE y otros Estados han tomado precauciones frente a la evasión o elusión tributaria que ofrecen los paraísos fiscales y han adoptado leyes que impiden a sus residentes poseer en ellos empresas y compañías que no paguen impuestos en alguno de los países.

            El Comité Ruding formado por la Unión Europea distingue tres zonas de baja tributación fiscal: los paraísos fiscales clásicos, los territorios que ofrecen a los inversionistas del exterior ventajas tributarias y los territorios que disponen de centros de servicios financieros muy desarrollados.

            Los paraísos fiscales  —tax havens countries—  no tienen tributos directos y los indirectos son muy bajos. No hay impuesto a la renta, ni a las ganancias de capital, ni a las ventas, ni a las transferencias de dinero, ni al valor agregado, ni a las herencias y donaciones. Ellos son refugios seguros para los capitales provenientes de cualquier parte del mundo. Los secretos financieros, comerciales y empresariales están absolutamente garantizados por las leyes. La entrega o la divulgación de ellos constituye delito. Ofrecen a los inversionistas y a los depositantes una serie de “offshore services”, como la fundación rápida de compañías, contactos de comercio exterior, manejo de inversiones, apertura de cuentas bancarias secretas, libre repatriación de utilidades, establecimiento de fideicomisos, otorgamiento de segundos pasaportes o reconocimiento de segundas residencias.

            Los paraísos fiscales, en su propaganda por internet, ofrecen a los capitalistas medios legales para pagar cero impuestos. Pero hay quienes consideran que la propia internet es un inmenso paraíso fiscal en el que cualquier persona puede hacer todo tipo de transacciones en la penumbra, libres de impuestos y de controles.

            Hay preocupación en el mundo por el aumento de las actividades de narcotráfico y de narcolavado de dinero y por la creciente corrupción de gobernantes, ministros, jueces y funcionarios públicos cuyas fortunas van a parar en los paraísos fiscales. Como parte de la lucha contra el lavado de dinero y contra la corrupción, el Senado de Estados Unidos, a través del subcomité de investigaciones, inició el 1º de marzo del 2001 una serie de audiencias e indagaciones para establecer la existencia y la eficacia de los sistemas de control de la banca en materia de depósitos dentro y fuera del territorio norteamericano. Con el mismo propósito la organización multinacional denominada Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero emitió en ese año una amplia lista de los países convertidos en refugio del dinero malhabido. Hay una creciente presión internacional para que los paraísos fiscales establezcan controles elementales al flujo de dinero que circula por sus bancos.

            En sus reflexiones en torno al episodio terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, el economista norteamericano Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001, sostenía en un artículo de prensa publicado un año después la conveniencia de controlar la operación de los paraísos fiscales que, consciente o inconscientemente, benefician los intereses de los grupos terroristas. Y, a la luz de lo acontecido, hablaba de la “torpeza” del entonces presidente George W. Bush de Estados Unidos de haberse opuesto a la iniciativa que, en este sentido, plantearon los países de la OCDE, antes del 11 de septiembre, de limitar la operación de los paraísos fiscales para que no sirvieran, consciente o inconscientemente, los propósitos del terrorismo global. “Si se han colocado miles de millones de dólares en esos paraísos bancarios secretos —escribía Stiglitz—   no es porque brinden mejores servicios que la banca de Nueva York o Londres, sino porque el secreto sirve a varios fines perversos, entre ellos la evasión fiscal y el lavado de dinero”.

            El problema de los paraísos fiscales  —como uno de los elementos o efectos degradantes y degenerativos de los sistemas capitalistas—  no es nuevo. Las legislaciones de los países desarrollados no han considerado ilegal colocar el dinero fuera de sus fronteras. Y, al amparo del secreto bancario  —tan defendido por varios países de Europa occidental—,  han crecido enormemente los paraísos fiscales. En medio de la penumbra que les rodea  —en que resulta difícil obtener cifras fiables del dinero que circula por esos territorios de baja fiscalidad y alta opacidad financiera—,  la antes mencionada organización no gubernamental Tax Justice Network, en documento presentado en julio del 2013, estableció que los flujos de dinero hacia los paraísos fiscales en el año 2010 alcanzaron entre 21 billones y 32 billones de dólares. Y el Banco Internacional de Pagos  —Bank for International Settlements (BIS)—  sostuvo que los depósitos extranjeros en los paraísos fiscales crecieron en más del 2% en el año 2011.

            Esas colosales cuentas en los paraísos fiscales significan que la injusticia social y las diferencias entre ricos y pobres son mucho mayores de lo que aparecen porque las enormes fortunas, escondidas tras la opacidad de los paraísos fiscales, encuentran allí la coartada para burlar la ley y evadir el pago de impuestos a sus respectivos países, con lo cual conspiran contra la solución de los problemas de la gente.

            Los paraísos fiscales, además, han contribuido a profundizar la crisis financiera, económica y social que ha afectado a los países desarrollados  —y también, por supuesto, a los subdesarrollados—  a partir de septiembre del 2008, cuando ella estalló en Wall Street  tricción del crédito, inestabilidad de los mercados, desconfianza de los inversionistas, disminución de los niveles de consumo y recesión en las economías del mundo.

            La cumbre de jefes de Estado y de gobierno reunida en Londres el 1 y 2 de abril del 2009 para tratar de la crisis financiera y económica global de ese momento, rompiendo con la política internacional de tolerancia que prevalecía en el mundo, aprobó el control de los paraísos fiscales y la imposición de sanciones a los que rehusaran entregar información sobre presuntos evasores tributarios. China se opuso a esta decisión en función de sus territorios de Hong Kong y Macao, donde operaban paradisíacos centros de operación financiera.

 
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