opinión pública

            Hay dos métodos de participación popular en la vida del Estado democrático: la acción política directa y la acción política indirecta. La primera se realiza principalmente por medio de las diferentes formas del >sufragio y, la segunda, a través de la opinión pública, los >partidos políticos, los <grupos de presión, los <grupos de tensión y los <nuevos movimientos sociales.

           La distinción entre la una y la otra forma de participación obedece a que, en la primera, la resolución final sobre ciertas cuestiones públicas depende directamente del querer de los gobernados, cuya expresión volitiva se condensa inmediatamente en un resultado concreto  —como en el acto de elegir un gobernante o de aprobar o rechazar una ley por referéndum—  mientras que, en la segunda, el pueblo simplemente influye sobre quienes tienen a su cargo la resolución de los asuntos públicos.

            No es fácil dar una definición de opinión pública. Y no he encontrado una que me satisfaga plenamente. A pesar de que de ella se han ocupado los filósofos políticos, los sociólogos, los psicólogos, los científicos políticos, no han podido llegar a una definición aceptable y de validez general. Lo que sí está claro es que se trata de un fenómeno muy antiguo aun cuando la expresión que lo designa es moderna. La vox populi de los viejos romano, el consensus de que se hablaba en el medievo o la pubblica voce de Maquiavelo en el Renacimiento fueron, en cierta forma, antecedentes de la moderna opinión pública.

            Para Platón y otros filósofos griegos la opinión era un conocimiento intermedio entre la “ignorancia” y la “ciencia”. Este conocimiento capacitaba al hombre para “juzgar sobre las apariencias”. De lo cual se sigue que una opinión es, en la teoría del conocimiento, un juicio tenido como verdadero pero fundado en razones que se reconocen como insuficientes para asegurar su certeza. En este sentido, opinión es sinónimo de “parecer”. De modo que ella refleja lo que a alguien “le parece” verdadero aunque no lo sea realmente.

            Con estos antecedentes conceptuales, a título de noción provisional puedo decir que se denomina opinión pública al cúmulo de pensamientos y de sentimientos  —en toda volición humana hay la concurrencia de lo reflexivo y lo emocional—  que en un momento dado tienen los gobernados respecto a las cuestiones del Estado, en general, y a la conducta de los gobernantes, en particular. En ella se condensan y bullen las ideas, inclinaciones, simpatías, repugnancias en relación con los problemas de un lugar y de un tiempo determinados.

            La opinión pública es el resultado de un proceso de intercomunicación personal y de comunicación social que produce un acondicionamiento entre criterios que pugnan por imponerse y que en esa pugna se modifican mutuamente hasta formar una corriente de pensamiento más o menos homogénea, en cuya integración operan varios factores de sociabilidad: la comunicación, el intercambio de ideas, la sugestión, la imitación, el contagio y otros.

            Como toda opinión, ella es variable e inestable. Dicho mejor: tiene diversos grados de estabilidad y firmeza. El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies  (1855-1936) sostiene que hay una opinión pública gaseosa, una líquida y una sólida, refiriéndose a su consistencia. Por eso los políticos tratan de modificarla en su beneficio a través de la >propaganda y de la información manipulada. Las campañas electorales son precisamente para eso: para lograr una definición de la opinión pública a favor de una candidatura o de una tesis política.

           Pero la opinión pública no es una verdad terminada: es simplemente un criterio, un parecer, una apreciación, aunque se los sostengan firme y apasionadamente. No hay una sola opinión pública: hay varias opiniones discrepantes e incluso contrarias. Cada <clase social, cada >partido político, cada grupo tiene la suya. Hay un >pluralismo de opiniones. Y ellas dependen mucho de la clase social que las sutenta, que asume una forma peculiar de pensar y de valorar los hechos. Quiero decir que un mismo acontecimiento puede ser visto e interpretado desde los diversos ángulos de las clases sociales, esto es, con sensibilidades distintas, valores éticos y estéticos diferentes, intereses diversos, niveles culturales y de información dispares y disímiles concepciones ideológicas.

            A veces es perceptible una forma de pensar mayoritaria en la sociedad sobre un tema, otras veces hay un mosaico de opiniones que solamente podrían ser medidas por medio de una <encuesta de opinión o expresarse a través de alguna de las modalidades del >sufragio:  elecciones, referéndum, plebiscito, consulta revocatoria.

            Uno de los mitos sustentados por el “democratismo” romántico y candoroso es el de la supuesta infalibilidad de la opinión pública. Añejo mito que parte del vox populi vox dei. En realidad toda opinión  —sea colectiva, sea individual—  es eminentemene falible. La falibilidad, como hemos visto, es de la esencia de la opinión. Las multitudes, como los individuos, pueden equivocarse en sus criterios. Pueden tener percepciones falsas o engañosas. Una cosa es que deba respetarse la opinión mayoritaria  —y también la minoritaria—  bajo los cánones democráticos y otra es suponer que ella sea siempre verdadera. Aceptar la autoridad política de la opinión publica no es creer en su sabiduría ilimitada. El “hombre de la calle”, que es su protagonista, también se equivoca. Las <elites generalmente yerran por egoísmo, las multitudes por falta de información.

            El filósofo liberal austriaco Karl Popper, en su libro “En busca de un mundo mejor” (1984), cuestiona con dureza lo que él denomina la “mitología” de la opinión pública. Escribe que, “gracias a su anonimato, la opinión publica es una forma irresponsable de poder y, por ello, particularmente peligrosa desde el punto de vista liberal”. Y agrega: “Somos demócratas no porque la mayoría siempre tenga razón, sino porque las tradiciones democráticas son las menos malas que conocemos”.

            Los líderes políticos, algunos de los cuales han desarrollado un certero “instinto” perceptivo de lo que piensa y siente la comunidad, nunca renuncian a modificar los estados de opinión de los pueblos. Para ello acuden a los discursos, la persuasión, la movilización de masas y la >propaganda a fin de difundir sus ideas y modificar los estados de conciencia de la gente.

            Pero, como lo ha hecho notar el catedrático norteamericano Lawrence Lowell (1856-1943), la opinión pública ha de ser pública y opinión, es decir, ha de estar sustentada por un amplio sector popular y ha de consistir en una elaboración mental debidamente razonada acerca de algún asunto de interés público. La opinión de pequeños grupos o sectores sociales no es opinión pública, sino opinión particular de ellos, como tampoco es opinión pública una simple consigna o una idea vaga y difusa sobre alguna cuestión política.

            Lo cual no significa, sin embargo, que se ha de exigir a la opinión pública un análisis científico y profundo de la realidad social de un país, exigencia que en cierto modo resultaría incompatible con la naturaleza del propio sujeto de la opinión pública, que es la <masa social. Precisamente la extensión que tiene esa opinión conspira contra su profundidad, pues la lógica nos enseña que lo que los conceptos ganan en extensión pierden en hondura. Y es cosa generalmente reconocida que las opiniones de las masas tienden hacia la simplicidad y hacia la supresión de los matices. Suelen ser, como lo enseña  el psicólogo social francés Gustavo Le Bon (1841-1931), opiniones “simples” y “exageradas”. Lo dicho, sin embargo, no significa que la opinión pública carezca de un razonamiento básico, sin el cual no hay opinión pública posible. Por eso he afirmado que la opinión pública debe ser “pública” y “opinión”, es decir, una forma de pensar generalizada sobre asuntos de la vida social que resulte de un proceso colectivo reflexivo y consciente.

            Entre los acontecimientos y la sociedad hay ciertos intermediarios  —intermediarios informativos—  que son los medios de comunicación, en su más amplio sentido: escritos, auditivos y audiovisuales, a través de los cuales la sociedad se entera de los acontecimientos, se forma una opinión sobre ellos y asume los elementos de juicio necesarios para tomar las decisiones que los sistemas democráticos le confían.

            Los medios de comunicación han cobrado fuerza creciente en razón del proceso de democratización que se desarrolla en el mundo, que determina que los gobiernos sean cada vez con mayor definición regímenes de opinión pública, y del avance de la tecnología moderna que ha puesto al servicio de la información los microprocesadores y los satélites capaces de llevar las noticias por el planeta y fuera de él a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.

            El impulsivo desarrollo que ha experimentado la comunicación social obedece a diversos factores históricos y científicos. Fueron las revoluciones norteamericana y francesa de fines del siglo XVIII las que, al transferir la facultad soberana de los monarcas absolutos a los pueblos y al fundar la legitimidad del poder en el consenso general, convirtieron a éstos en los hacedores supremos de sus propios destinos y les reconocieron, por consiguiente, entre otros muchos derechos, el “derecho a opinar“ sobre las cuestiones del Estado. Tal fue el origen histórico de la opinión pública, que habría de convertirse con el correr del tiempo en uno de los elementos fundamentales de los regímenes democráticos, llamados por antonomasia regímenes de opinión porque en ellos gravitan con fuerza decisoria el criterio y las ideas de la masa social.

            Y la ciencia y la tecnología dieron eficacia al ejercicio de este derecho con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, de la radio y el cinematógrafo más tarde, de la televisión luego, del transistor que independizó a los medios portátiles de las redes de energía eléctrica después y de la microcomputación y los satélites con sus terminales móviles recientemente, con lo cual la ciencia y la tecnología pusieron al servicio de la información y de la expresión de las ideas, en las distintas épocas, estos sorprendentes instrumentos tecnológicos.

            El arte de imprimir, o sea de transferir al papel textos y figuras grabados en moldes especiales, fue conocido por los chinos y japoneses desde los remotos tiempos del siglo V de nuestra era. Elaboraron para ello moldes de madera con el dibujo en altorrelieve de lo que querían imprimir y, después de entintarlos, los aplicaron contra el papel con ayuda de rudimentarias prensas. El trabajo fue muy largo y fatigoso porque para cada impresión debía grabarse a mano una horma especial.

            Así se empezaron a producir los primeros libros e impresos.

            Muchos siglos más tarde,  un orfebre alemán que vivía en Maguncia llamado Johannes Gutenberg (1397-1468)  —pero cuyo verdadero nombre era Johann Gensfleisch zur Laden—  inventó a mediados del siglo XV un sistema que revolucionó el arte de la impresión: fue la imprenta, con tipos móviles de metal  —cada uno de los cuales contenía una letra—  para componer palabras, líneas y páginas y armarlas en una plancha impresora.

            Estos tipos, después de usados, se desarmaban y se almacenaban por orden alfabético en unos cajetines, para emplearlos más tarde en la composición de nuevas páginas. De aquellos tiempos nos viene el nombre de cajistas con que se designaba en los viejos talleres de imprenta, hasta la invención de la linotipia, a quienes realizaban el trabajo de extraer de los cajetines las letras y articular con ellas los textos de las planchas impresoras.

            La linotipia era una máquina  —que entró en desuso por el advenimiento de los composers electrónicos—  que fundía el plomo y con él moldeaba líneas de texto  —llamadas lingotes—  para formar la plancha impresora, dentro del método denominado de composición caliente.

            La máquina fundidora de tipos  —que devino en la linotipia—  fue inventada en Nueva York por el industrial norteamericano David Bruce en 1838 y sustituyó al sistema de tipos móviles, pero hace no mucho tiempo los composers sustituyeron a la linotipia y los ordenadores han reemplazado a los composers, de modo que los textos se levantan en computadora  —mediante el procedimiento llamado composición en frío—  y por medios fotomecánicos se trasladan a una placa trimetálica que, por el sistema denominado offset, imprime sobre el papel a extraordinaria velocidad mediante prensas planas o rotativas.

            La tecnología de la impresión cambia día a día. Y esto da una dinámica sin precedentes a los medios de comunicación escritos.

            La radiodifusión es el sistema de comunicación de señales sonoras por medio de las ondas hertzianas desde una estación transmisora  —que transforma las señales en impulsos eléctricos—  hacia aparatos receptores que descifran esos impulsos y los reconvierten en el mensaje original. Las ondas hertzianas fueron descubiertas por Enrique Hertz en 1888 y su utilización fue perfeccionada más tarde por el científico italiano Guillermo Marconi, quien solicitó en 1897 la primera patente británica para un aparato transmisor sin hilos. Sin embargo, la transmisión de la voz humana por medio de la modulación de estas ondas recién comenzó a ser experimentada en 1900 por el científico canadiense Reginald Aubrey Fesseden (1866-1932).

            La radiodifusión comercial se inició en los Estados Unidos de América en 1920. La emisora KDKA de Pittsburg entregó a millares de oyentes el 2 de noviembre de ese año los resultados de las elecciones presidenciales norteamericanas. En 1921 había ya en ese país alrededor de 50.000 radiorreceptores, que ascendieron a más de 600.000 el año siguiente. Hacia 1930 los Estados Unidos tenían 13 millones de aparatos y Europa 8 millones.

            Había nacido un nuevo y más amplio medio de comunicación social.

            Sin embargo, es menester puntualizar que en este proceso científico hizo un trabajo de primera importancia el brillante y visionario matemático, físico, ingeniero eléctrico e inventor Nikola Tesla (1856-1943)  —nacido en el imperio Austro-húngaro pero afincado en los Estados Unidos de América y nacionalizado allí desde 1891—,  a pesar del aislamiento y marginación a que fue sometido por los círculos empresariales y científicos estadounidenses a raíz de su enemistad con el inventor Thomas Edison, ídolo científico norteamericano en aquellos años, y de su desobediencia a las normas del capitalismo mercantil que allí regían. Tesla revolucionó la teoría eléctrica con su invención y desarrollo de la corriente alterna, su descubrimiento de los principios del campo magnético rotatorio, la construcción del primer motor eléctrico de corriente alterna trifásica, su predicción de la posibilidad de las comunicaciones inalámbricas  —que se adelantó a los estudios de Guillermo Marconi (1874-1937)—,  su invento de la bobina que lleva su nombre con la cual creó un campo de alta tensión y alta frecuencia, su descubrimiento del fenómeno ondulatorio en las corrientes alternas de alta tensión, sus experimentos con ondas electromagnéticas para detectar aviones y submarinos a larga distancia  —sobre cuya base los británicos desarrollaron años más tarde los sistemas de radar—  y, en resumen, las más de setecientas patentes de invención que Tesla reunió en torno a su trabajo científico.

           En 1943, en el curso del proceso judicial que Tesla entabló contra Marconi, quien reclamaba como suya la invención de la radio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó post mortem que la patente de esa invención era de legítima propiedad de Nikola Tesla, quien en el año 1893 se había adelantado en transmitir energía electromagnética sin cables mediante el primer radiotransmisor.

            La radiodifusión evolucionó rápidamente. En 1945 se inventó el magnetófono, capaz de registrar en un hilo o cinta magnéticos el sonido y de reproducirlo después, que hizo posible a las radiodifusoras grabar y almacenar informaciones y reproducirlas a voluntad. El disco microsurco le proporcionó programas musicales. El invento del transistor, que se debió al físico norteamericano William Schockley (1910-1989), revolucionó las comunicaciones radiales porque dio lugar al radiorreceptor portátil de baterías, que fue más allá del alcance de las redes de energía eléctrica. Y vinieron después el disco long play y recientemente el compact disk que funciona con rayos láser. Todo esto determinó un gran avance en la radiodifusión.

            La  televisión  —que es el método para transmitir a distancia imágenes en movimiento y sonidos por medio de ondas hertzianas de alta frecuencia desde un equipo transmisor, que convierte los rayos de luz en impulsos eléctricos, hacia aparatos receptores que reconvierten las señales eléctricas en rayos de luz visibles—  es el resultado de un largo proceso de investigación científica y aplicación tecnológica que arranca desde el siglo XIX. En la década de los años 30 del siglo pasado se hicieron ya transmisiones televisivas experimentales en Estados Unidos y en Europa. El proceso de experimentación se interrumpió por la guerra mundial y se reanudó a mediados de los años 40. En 1950 comenzó con gran fuerza la televisión comercial, que rápidamente se extendió por el mundo. Vino más tarde la televisión a colores como resultado de los trabajos hechos en los años anteriores por la Columbia Broadcasting System.

            Para vencer las limitaciones propias de las ondas de alta frecuencia que utiliza la televisión  —que no van más allá del horizonte puesto que describen una trayectoria casi recta y no pueden seguir la curvatura de la Tierra—  se montaron cadenas de estaciones retransmisoras. Así se amplió su radio de acción. Posteriormente vinieron los satélites artificiales, como estaciones de retransmisión de las ondas televisivas, que dieron a la televisión una escala planetaria.

            Se ha llegado a tal avance tecnológico en esta materia, que el sistema de comunicación por satélites, con terminales transportables, hizo posible a la cadena televisiva norteamericana CNN transmitir desde Bagdad al mundo entero las imágenes de la guerra del Golfo Pérsico hace pocos años. Se produjo lo insólito: la trasmisión en vivo y en directo de una guerra, como si se tratara de un partido de fútbol.

            En los últimos años se han incorporado a los sistemas de comunicación de masas los prodigios de la revolución informática: <internet, grid software, telemática, ciber-espacio, tecnología fotónica, CD-ROM, DVD, HD DVD, Blu Ray, flash memory, prensa digital y los nuevos software al servicio de la difusión de las ideas, que han multiplicado las posibilidades de la opinión pública.

            Este progreso tecnológico entraña, sin embargo, riesgos y peligros con relación a los medios de comunicación. La gestión informativa en la >sociedad de masas contemporánea ha llegado a constituir un gran poder fáctico. En realidad siempre lo fue, pero hoy se ha fortalecido. Recordemos que los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX  —de signo fascista y comunista—  montaron gigantescos aparatos de información y propaganda para sojuzgar la mente y el cuerpo de sus pueblos. Hoy ese poder se ha multiplicado por la enorme penetración que los medios  —especialmente la televisión—  han alcanzado sobre la masa social, más allá de las fronteras nacionales. Y hay riesgos y peligros en torno al manejo de la información. Uno de ellos es la concentración de la propiedad de los medios y además la centralización de la información en algunos de ellos. La función de informar, que se ha vuelto una de las más importantes responsabilidades de la vida social, en muchos lugares está radicada en pocas empresas, algunas de las cuales son propietarias de amplias redes informativas escritas, radiales y televisivas.

            En tales condiciones, los riesgos de manipulación de la información, de las ideas y de los sentimientos de las masas son inminentes. Los medios  —en violación de la ética periodística—  están en posibilidad de forjar, a través de la desinformación y la subinformación, corrientes de opinión pública, inclinarlas en determinada dirección, desviar la atención popular, desfigurar la verdad, publicar amplificadamente las mil caras de la violencia, realizar toda suerte de maniobras con la opinión de la gente e incurrir en otras tantas anomalías a que está sometida la información en el mundo moderno.

             Y, obviamente, la supresión de la libertad de prensa y el monopolio de la información por parte de gobiernos autoritarios son también graves peligros que acechan permanentemente la libre expresión de las ideas.

            Hay una creciente preocupación en el mundo por los efectos negativos que pueden tener los sistemas computarizados de comunicación de masas si ellos caen bajo el control de pequeños círculos de poder económico. Y hay quienes ven como inevitable que la nueva tecnología de comunicaciones, dado su alto costo financiero, sea dominada y controlada por elites económicas  —combinadas o no con elites políticas—  que tendrían en sus manos la posibilidad de manipular la información, las opiniones y las conductas de los pueblos. Estas cosas preocupan a los analistas políticos. La comunicacion de masas está pasando del formato impreso, que sufre muchas limitaciones de difusión, al videocasete que, por la vía de los satélites, puede alcanzar un enorme radio de acción sobre el planeta. Lo cual plantea nuevas e inéditas relaciones entre los sistemas políticos democráticos y las modernas tecnologías de la información.

            No hay duda de que, en buena medida, la sociedad contemporánea está modelada por los medios de comunicación, dada la sencilla razón de que las personas actúan de acuerdo con las informaciones que tienen y esas informaciones las reciben de los medios de comunicación. La televisión tiene especial importancia por la onda expansiva de su acción. Sus mensajes informativos, de opinión y comerciales dejan una profunda huella social. En buena medida la >sociedad de consumo es obra de la televisión comercial que impulsa hacia la compra  —desde cigarrillos y hojas de afeitar hasta automóviles—,  con ayuda de los más sugestivos testimonios e imágenes publicitarias.

            Todo esto dentro del refinamiento de la publicidad convertida en una de las bellas artes del capitalismo.

            En la TV prevalece la imagen  —como un conjunto audiovisual—  y su testimonio es, por tanto, mucho más eficaz puesto que compromete los sentidos de la vista y el oído. Tiene, además, mayor alcance espacial.

            Dentro del campo de la opinión pública hay algo que debe merecer especial atención. En el empequeñecido planeta de las comunicaciones satelitales  —en el que las noticias se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz—  se produce un bombardeo permanente de ominosas informaciones. Tragedias, violencia, calamidades son el menú diario de los espacios noticiosos, por aquello de que bad news are good news, que dice el difundido lema informativo norteamericano. Si un funcionario público cumple con su deber, no hace noticia; pero si desfalca fondos públicos hay un gran despliegue informativo. Cuando los países viven en paz nada se publica, pero si disparan cohetes a través de las fronteras hay grandes titulares. Esto ha producido una forma de angustia vital en el hombre contemporáneo, que hace propias las desgracias ajenas y distantes. A veces pienso que nuestros abuelos vivían más tranquilos. Sólo se enteraban de las malas noticias de su gente. Hoy, en cambio, compartimos diariamente las tristezas de los lugares más remotos, gracias a la magia de las comunicaciones, y eso ha producido un especial estado de ánimo en el hombre contemporáneo, lleno de estrés y pesimismo.

            Desde el punto de vista del ciudadano, entre sus derechos fundamentales está el de ser informado veraz y oportunamente, el derecho a formarse una opinión y a expresarla libremente y el de contar con los elementos de juicio necesarios para participar en la vida política del Estado y para tomar sus decisiones democráticas.

            La opinión pública actual, mejor informada que la de antaño, se ha vuelto mucho más exigente.

            Las consultas de opinión pública forman parte de la técnica política moderna. A través de ellas se puede establecer, con notable aproximación, el estado de opinión de una colectividad sobre diversos temas y situaciones sociales. Se han desarrollado metodologías y técnicas muy sofisticadas para indagar las inclinaciones, pensamientos, deseos o repulsiones de la opinión pública. Y los resultados de esas encuestas de opinión son muy útiles para orientar las acciones de gobierno, la selección de candidatos, las campañas electorales y el manejo de ciertos temas en la vida política de un país.

            En todo caso, la información es el presupuesto básico de la opinión pública. Por eso, en los países que han ido más lejos en materia de acceso a la información hay la preocupación de garantizar el policentrismo de los medios de comunicación masivos, a fin de evitar que ellos hablen con una única voz: la de los intereses económicos de las empresas que los sustentan, y que distorsionen los procesos de formación de la opinión pública.

           En Estados Unidos se han expedido leyes para fortalecer los derechos y las acciones de los ciudadanos frente al poder político con miras de asegurar la democratic accountability  —tales como la Freedom Information Act y la Electronic Freedom of Information Act—  y se han establecido organizaciones encargadas de denunciar públicamente los errores, ineficiencias o corrupción de los funcionarios públicos, entre ellas The Government Accountability Projects (CAP), que es una entidad de interés público sin fines de lucro creada con el propósito enunciado de promover la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder y manejan la administración pública, con el fin de dar a la comunidad la oportuna voz de alarma de sus errores. La Electronic Freedom of Information Act obliga al gobierno federal a poner a disposición de los ciudadanos, por medio de internet, todas las informaciones que éstos tienen derecho a recibir.

            En ese país los denominados whistleblowers son un mecanismo adicional de control democrático sobre los funcionarios públicos de todo nivel y cumplen la tarea de auditar y fiscalizar sus actos. Ellos son quienes alertan, advierten o denuncian el secretismo de los manejos gubernativos, la corrupción administrativa, la mala gestión de los asuntos del Estado, la falta de claridad en los negocios públicos o la ineficacia o lentitud burocráticas, que son otros tantos peligros que se ciernen sobre la sociedad, y promueven el derecho de los ciudadanos a exigir que los administradores públicos rindan cuentas de sus actos y omisiones a la comunidad.

            Los whistleblowers cuentan con una ley federal  —la Whistleblower Protection Act—  y con entidades que les defienden de posibles represalias o exclusiones promovidas por quienes se sientan afectados por sus denuncias, tales como el Integrity International y el National Whistleblower Center, con sede en Washington. Este último jugó un rol de primera importancia en la defensa de quienes denunciaron las debilidades y carencias de los organismos de seguridad del Estado, de la industria nuclear, del FBI y de otras áreas sensibles con relación al atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington. Esta protección, naturalmente, está condicionada a que la alerta o la denuncia sea verdadera y bien fundada.

            No obstante, la Freedom of Information Act  —ley federal que entró en vigencia el 5 de julio de 1967 y que rige en todo el territorio norteamericano—  contiene varias excepciones a la publicidad de documentos estatales: 1) los que han sido formalmente declarados secretos en interés de la defensa nacional o de la política exterior; 2) los que alguna ley declara expresamente que no pueden ser públicos; 3) los que contienen información comercial o financiera privilegiada; 4) aquellos cuya revelación significaría una invasión a la intimidad de las personas; y 5) los documentos que contienen información geofísica y geológica sobre yacimientos petroleros.

            En todo caso, los ciudadanos reciben la suficiente información para poder juzgar a los gobernantes y a los altos funcionarios de la administración y tienen abiertos adecuados canales para hacerlo. Esa posibilidad se vio ampliada en 1996, en el marco de la revolución digital, con la Electronic Freedom of Information Act que obliga al gobierno federal a poner a disposición de los ciudadanos, por medio de internet, todas las informaciones que éstos tienen derecho a recibir.

            Los sitios oficiales de internet dan un amplísimo acceso a los ciudadanos en la información del gobierno y se han convertido en centros de datos, incluidos los que se refieren a “hot topics”, y en “habitaciones virtuales de lectura”  virtual reading rooms—  de los documentos gubernativos.

            En el fondo de todo esto está el criterio, sostenido por muchos teóricos norteamericanos, de que el verdadero lindero que separa a los regímenes democráticos de los autoritarios es su política de información. Según Alan Westin (1929-2013), profesor emérito de la Universidad de Columbia, los gobiernos autoritarios se caracterizan por un amplio y fácil acceso a la información de las actividades de los ciudadanos al tiempo que restringen hasta el absurdo las posibilidades de que los ciudadanos obtengan información de las actividades del gobierno. En cambio, los regímenes democráticos mantienen la política contraria: limitan severamente la irrupción del gobierno en la vida de los ciudadanos y ofrecen a los gobernados libre acceso al conocimiento de los actos gubernativos.

 
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