nacionalizar

            Esta palabra posee diversos significados, según los campos en los que se la use. En el ámbito político tiene tres acepciones distintas:

            1) convertir en nacional lo extranjero;

            2) transferir, en virtud de una ley o disposición administrativa, el dominio de bienes o empresas privados a favor del Estado en cuyo territorio se encuentran; y

            3) optar por la <nacionalidad de un país personas que ostentan la de otro, a través del acto jurídico denominado >naturalización o nacionalización.

            En el campo específicamente económico, la nacionalización  —que es la acción y efecto de nacionalizar—  consiste en la expropiación de bienes, patrimonios, activos o empresas que pertenecen al sector privado de la economía para transferirlos al sector público mediante procedimientos que tienen carácter imperativo. La expropiación puede hacerse a cambio del pago de un precio o de una indemnización o puede consumarse a título gratuito, en cuyo caso el Estado incauta o confisca tales bienes y asume la propiedad y la administración de ellos.

            Esta operación es, en realidad una estatificación antes que una nacionalización puesto que la transferencia de dominio de los bienes no se produce en favor de la <nación, que es una realidad antropológica, sino del <Estado, que es una entidad jurídica y política.

            Generalmente los procesos de nacionalización han resultado de movimientos revolucionarios victoriosos que han reivindicado el derecho soberano de la sociedad, representada por el Estado, para ejercer la propiedad y la administración de ciertas actividades económicas de naturaleza estratégica. Lo estratégico en economía es lo que da poder político. En la >revolución bolchevique se abrió el camino de la nacionalización de todas las áreas de la economía. Fue transferida al Estado la propiedad de los instrumentos de producción, expropiándolos de las manos particulares. El sistema se extendió hacia los países de Europa oriental que adoptaron regímenes marxistas, al igual que a China y a Cuba después del triunfo de sus respectivas revoluciones en 1949 y 1959. Fue precisamente la expropiación sin pago de todos los bienes de propiedad de ciudadanos y empresas norteamericanos en la isla la que produjo el rompimiento definitivo de Estados Unidos con el régimen cubano.

            Sin llegar a los extremos de los regímenes marxistas, que expropiaron todos los medios de producción para convertirlos en monopolios estatales, los países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, produjeron procesos de nacionalización sobre algunas de las empresas productivas de propiedad privada. Con la llegada al poder del Partido Laborista se inició en Inglaterra un plan de nacionalizaciones para promover el bienestar general y asegurar a los trabajadores una distribución equitativa del fruto de su trabajo. Lo mismo ocurrió en Francia e Italia. El presidente socialista francés François Mitterrand (1916-1996) nacionalizó buena parte del sistema bancario y algunas de las grandes empresas de los sectores claves de la economía.

            En el Oriente Medio, Mustafá Kemal (1880-1938), el gran transformador de Turquía, nacionalizó algunas empresas extranjeras en su gobierno desde 1923 hasta 1938. Muhammad Hidayat Mossadegh (1880-1967), el líder del Frente Nacional, decretó desde el gobierno en los años 50 la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company en Irán. El líder egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó en 1956 el Canal de Suez, que hasta ese momento estaba en manos de la empresa anglofrancesa La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, y expulsó a las tropas británicas de su territorio.

            En América Latina, durante la segunda postguerra, la política de nacionalizaciones alcanzó amplio desarrollo bajo el ejemplo socialista y socialdemócrata de Europa. El general Lázaro Cárdenas (1895-1970), Presidente de México, nacionalizó en 1938 las propiedades de las compañías petroleras extranjeras para crear con ellas la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX), en medio de grandes tensiones internacionales. El presidente José Figueres (1906-1990) nacionalizó la banca costarricense en 1948 después del triunfo de su movimiento armado. La Revolución Cubana nacionalizó a partir de 1960 todos los bienes productivos que estaban en manos privadas nacionales o extranjeras. Más tarde el presidente Salvador Allende (1908-1973) nacionalizó en Chile algunos bienes privados. En Ecuador, durante mi gobierno de 1988 a 1992, “ecuatorianicé” todas las fases de la industria petrolera, algunas de las cuales estaban en manos privadas extranjeras; transferí a la propiedad del Estado dos refinerías privadas de petróleo situadas en la península de Santa Elena; entregué a los técnicos nacionales la operación del oleoducto transecuatoriano de 506 kilómetros de largo  —que lleva el petróleo crudo desde los pozos en la región amazónica hasta el puerto de Esmeraldas en el océano Pacífico—,  que hasta ese momento estaba en manos de la empresa Texaco de Estados Unidos; y dispuse que el consorcio Texaco-Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana pasase a ser manejado por el Estado ecuatoriano, que era el socio mayoritario.

            Detrás de las nacionalizaciones siempre hay la invocación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Los países del tercer mundo incluso lograron en los años 70 del siglo anterior que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara resoluciones ratificatorias del dominio nacional sobre aquellos recursos.

            Como es lógico, los países exportadores de capital y las empresas transnacionales expresaron su protesta por las nacionalizaciones. Respondieron con reclamaciones diplomáticas y con la adopción de sanciones económicas contra los gobiernos nacionalizadores.

            Uno de los grandes temas fue la compensación de los bienes expropiados, es decir, el pago de su precio por el Estado a los anteriores propietarios. En algunos casos  —como el de las revoluciones marxistas—  no hubo pago alguno y, en otros, se pagaron ciertas cantidades de dinero, aunque los antiguos dueños de los bienes nacionalizados las consideraron insuficientes. Lo cual produjo tensiones diplomáticas y comerciales entre los Estados.

            Esto llevó a las empresas internacionales a actuar con mayor cautela en sus inversiones de ultramar. A través de contratos de administración, asociaciones de diversa clase y <joint ventures, los inversionistas nacionales o extranjeros disminuyeron los riesgos de expropiación. Dirigieron además sus inversiones hacia sectores económicos menos vulnerables y de menor significación estratégica.

            Tras la caída del muro de Berlín en 1989  —que desató el boom neoliberal y que marcó el fin de las economías centralizadas y el regreso hacia el sector privado como motor principal de la economía—  las nacionalizaciones salieron de la agenda de los gobiernos del tercer mundo. En el nuevo orden político y económico internacional perdió fuerza la tesis de la propiedad estatal de las áreas claves de la economía. Y en la última década del siglo XX, con la <globalización y con el proceso de >privatización de los bienes estatales, se revirtieron totalmente las tendencias nacionalizadoras y se promovió con fuerza la inversión privada en todas las áreas productivas de los países periféricos, incluidos los recursos naturales y energéticos más importantes.

 
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