miniarquismo

            Se designa con esta palabra, de reciente acuñación en los círculos políticos, a la tendencia a establecer un “Estado mínimo” cuyas funciones deben ser exclusivamente la protección policial, la vigilancia del cumplimiento de los contratos entre las personas y la defensa nacional. Para la ejecución de las dos primeras funciones, el Estado debe establecer tribunales civiles y penales, a fin de administrar justicia en estas áreas.

            Se llaman miniarquistas los partidarios de esta teoría.

            Discípulo y seguidor del economista austriaco Ludwig von Mises, el inspirador principal de esta posición es el abogado y economista norteamericano Murray N. Rothbard, quien combina en su teoría las ideas económicas del laissez faire de su profesor con los planteamientos extremistas que, sobre los derechos individuales y el rechazo al Estado, formularon los anarquistas individualistas norteamericanos Lysander Spooner y Benjamín Tucker, en el siglo XIX.

            En 1974 apareció el libro “Anarchy, State, and Utopia” del profesor de Harvard Robert Nozick que contiene abundante argumentación en defensa de estos puntos de vista sobre la sociedad y el Estado. Afirma Nozick que el Estado carece de poderes legítimos fuera de la esfera de la protección de los individuos, de la administración de justicia y de la defensa nacional.

            Sin duda que el miniarquismo es una posición extravagante. Es la agudización del >neoliberalismo. Es el <laissez faire llevado a tan extremada concepción que llega a lindar con el <anarquismo individualista. Y aunque los miniarquistas postulan que todas las funciones tradicionales del Estado deben ser desempeñadas por entidades privadas, en el marco de una sociedad en la cual rija la más absoluta autonomía de la voluntad individual, resulta verdaderamente absurdo sostener las ideas de un “Estado mínimo” cuando la población crece, la desigualdad se acentúa, los grupos económicos tratan de imponer su voluntad y los problemas sociales se multiplican.

            Son las fuerzas económicas privadas las que, postulando la “reforma del Estado” para evadir todo control gubernativo que les obligue a realizar concesiones distributivas, pretenden implantar el “Estado mínimo”. Para ello argumentan la ineficiencia estatal. Lo que realmente anhelan es recortar hasta donde sea posible la autoridad del Estado y ampliar consecuentemente el radio de acción de los empresarios privados. Es por tanto, en el fondo, una lucha de poder. El abstencionismo estatal  —al igual que la desregulación, la privatización del patrimonio público, la imposición de las fuerzas del mercado—  acrecienta realmente la autonomía de la empresa privada en el proceso económico de la sociedad. Por eso el presidente norteamericano Ronald Reagan solía decir en los años 80 del siglo anterior, en expresión que se convirtió en aquel tiempo en emblema del boom neoliberal, que “el gobierno no es la solución sino el problema”.

 
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