multilateralismo

            Multilateral es lo que tiene muchos lados. Al menos más de dos. Es un término típico del Derecho Internacional. Se refiere a la negociación, trato, contratación, conversación, comercio u otra relación entre varios países considerados partes en el asunto de que se trata.

            Las organizaciones mundiales, regionales y subregionales de Estados son multilaterales. Ciertas entidades internacionales de crédito  —el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y varias otras—  lo son también.

            Lo multilateral contrasta con lo unilateral y con lo bilateral. Se dice que una decisión, una voluntad o un acto es unilateral cuando ha sido tomado por un Estado sin concertación con ningún otro. A veces este término tiene connotaciones negativas cuando con él se quiere dar a entender que se trata de una acción o una posición adoptada sin consulta con los Estados con los que debía habérselo hecho.

            El término estuvo en boga al comienzo de la crisis de la deuda, en los tempranos años 80, cuando se discutió mucho si los países deudores, para enfrentar a sus acreedores, debían hacerlo en forma multilateral, esto es, en una suerte de frente único de países deudores, o de manera bilateral, como en efecto lo hicieron, con resultados muy negativos para sus intereses.

            El mundo internacional de hoy, caracterizado por la interdependencia y la globalidad, ha obligado a crear una forma nueva de diplomacia: la llamada diplomacia multilateral, que es la encargada de manejar las relaciones simultáneas entre varios Estados sobre asuntos específicos, las relaciones de un Estado con los organismos internacionales y la representación de los Estados en los cada vez más frecuentes foros y conferencias internacionales.

            Las exigencias de la diplomacia multilateral, a su vez, han vuelto necesario crear una nueva modalidad diplomática: la llamada diplomacia parlamentaria, según la expresión acuñada en 1955 por Dean Rusk, Secretario de Estado de los Estados Unidos, que consiste en la técnica de la representación de los Estados en los foros internacionales permanentes, que abren debates públicos sobre los temas fijados en sus agendas de trabajo. Estos foros adoptan normas de tipo parlamentario para sus deliberaciones. Lo cual exige que los delegados se conduzcan con arreglo a ellas y asuman las técnicas de la nueva diplomacia parlamentaria.

            El multilateralismo tiene su historia. Concluida la Segunda Guerra Mundial soplaron vientos multilaterales en las victoriosas potencias aliadas. Ya porque algunos de sus dirigentes tenían vocación sincera hacia los consensos, ya porque en aquel momento éstos eran la única respuesta posible a la imperiosa necesidad de precautelar la paz y la seguridad internacionales, lo cierto es que los líderes aliados se inclinaron por la búsqueda de acuerdos. El “equilibrio del terror” que imperó durante la <guerra fría llevó a las dos superpotencias a adoptar una conducta multilateral para que, en lo posible, las decisiones claves de la política internacional no fueran fruto de una sola voluntad sino de responsabilidades compartidas. Las dos grandes potencias se vieron obligadas a actuar de consuno frente a los cruciales problemas geopolíticos, geoeconómicos y geomilitares, puesto que el no hacerlo podía haber significado la conflagración nuclear.

            Hay que reconocer que el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt tuvo por entonces una fuerte vocación multilateralista. Rompió con las presiones aislacionistas sustentadas por amplios sectores de la opinión pública estadounidense desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y en plena conflagración se reunió el 14 de agosto de 1941 con el primer ministro inglés Winston Churchill, en algún lugar del océano, para firmar la Carta del Atlántico, cuyos principios estuvieron destinados a sustentar el orden internacional del futuro, “después de la destrucción total de la tiranía nazi”, y fueron el germen de la nueva comunidad internacional.

            En octubre de 1943 se reunieron en Moscú los ministros de relaciones exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y China, y reconocieron públicamente la necesidad de establecer, lo antes posible, “una organización internacional general, basada sobre el principio de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz, abierta a todos ellos, ya fuesen grandes o pequeños, para el mantenimiento de la paz y seguridad”.

            El proyecto de creación del organismo internacional avanzó rápidamente. Un año más tarde, la conferencia de las tres potencias, celebrada en Dumbarton Oaks, Washington, insistió en el establecimiento de una organización mundial de Estados.

            Por aquellos años de la segunda postguerra se reunieron conferencias internacionales de diversa naturaleza que buscaban el multilateralismo. La de Hot Springs, Virginia, en mayo de 1943, se comprometió a crear una  entidad internacional permanente para combatir el hambre en el mundo  —que fue la Organización  de  las  Naciones Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura (FAO)—,  fundada en 1945 como organismo especializado de las Naciones Unidas en la agricultura y la alimentación; la conferencia de Bretton Woods en julio de 1944 tuvo el propósito de afrontar los temas monetarios y financieros y creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, siglas en inglés); la de Chicago en 1944 se propuso resolver los problemas fundamentales de la aeronavegación comercial en las nuevas situaciones de la posguerra; y así, por este orden, se crearon entidades supranacionales encargadas de afrontar diversos problemas que afectaban a la humanidad.

            A comienzos de febrero de 1945 vino la Conferencia de Yalta, conocida como la “conferencia de los tres grandes”, a la que asistieron Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill. Entre otras decisiones, ellos acordaron convocar para el 25 de abril de 1945, en San Francisco de California, una conferencia internacional con el propósito de sentar las bases de la futura Organización de las Naciones Unidas. La conferencia de San Francisco, a la que asistieron las cuatro potencias invitadoras  —Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y China—  y 46 Estados invitados, aprobó el 26 de junio de 1946 la Carta de las Naciones Unidas y creó un organismo de dimensiones mundiales para regir las relaciones entre los Estados y formular, codificar y aplicar las normas del nuevo <Derecho Internacional.

            Desde ese momento, no obstantes sus limitaciones y deficiencias, las Naciones Unidas han sido la entidad multilateral por antonomasia. En ella se han dado cita los Estados del planeta para deliberar, discutir, compartir experiencias, buscar consensos y asumir responsabilidades conjuntas. Los órganos de las Naciones Unidas  —especialmente el Consejo de Seguridad, responsable del mantenimiento de la paz en el mundo—  han hablado formalmente en nombre de la humanidad y en nombre de ella han tomado decisiones.

            En los años 70 del siglo pasado surgió el denominado >trilateralismo  —formado en torno a la Comisión Trilateral, que reunió a empresarios, políticos, diplomáticos y economistas influyentes de Estados Unidos, Europa y Japón—  como una forma disminuida de multilateralismo. El trilateralismo se hizo en torno al afán de la tríada de países industrializados de buscar una mayor cohesión entre las grandes <corporaciones transnacionales a fin de fortalecer el poder del <capitalismo occidental y resistir la presión de los entonces países comunistas tanto como la de los países del >tercer mundo. En aquel momento esas potencias económicas manejaban el 70% del comercio mundial, controlaban el 65% de las inversiones extranjeras directas y absorbían el 72% de la renta global.

            El 15 de abril de 1994 se levantó, sobre las ruinas del GATT, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que empezó a funcionar en enero de 1995, con el propósito de alcanzar “un sistema multilateral de comercio más justo y más abierto”. Sus objetivos fundamentales fueron los de solucionar las diferencias comerciales entre los Estados miembros, supervisar las políticas mercantiles nacionales para que se ajustaran a los principios de la Organización, administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones mercantiles entre los países, resolver sus litigios en el comercio internacional, dar asistencia técnica a los países subdesarrollados y conseguir la reducción sustancial de los aranceles aduaneros, el abatimiento de los obstáculos al comercio internacional y la eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales.

            El mundo bipolar de la guerra fría, con su “equilibrio del terror”, forzó el multilateralismo como parte de la balanza de fuerzas internacionales instaurada en el curso de la confrontación Este-Oeste. Pero cuando ese equilibrio se rompió por el colapso de la Unión Soviética y el desmoronamiento de su bloque, el multilateralismo empezó a hacer agua por babor y estribor. Desapareció el “equlibrio del terror”, emergió una sola gran potencia rectora de los destinos del planeta, ya sin contrapesos militares ni económicos, y advino un orden político internacional unipolar.

            Todo el andamiaje multilateral se vino abajo.

            El punto de inflexión fue el sangriento atentado contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington por terroristas islámicos el 11 de septiembre de 2001, que marcó el inicio de una profunda transición histórica: la transición hacia un mundo internacional de amenazas asimétricas y de conflictos de nuevo tipo, en el que operan “actores no estatales”. Las invasiones militares a Afganistán e Irak, como respuesta norteamericana al atentado de los fundamentalistas musulmanes, fueron la expresión emblemática de lo que sería la nueva era. Con un poder militar y económico sin precedentes, los Estados Unidos intervinieron en estos países por su cuenta y riesgo  —al margen de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era la única autoridad que podía autorizar el uso de la fuerza—  para prevenir la repetición de las acciones terroristas.

            La comunidad internacional tiene hoy una estructura endeble y precarios equilibrios. La Organización de las Naciones Unidas, que durante medio siglo fue el instrumento de solución consensuada y pacífica de los conflictos globales, ha quedado gravemente disminuída por el unilateralismo norteamericano. La crisis de Irak en los años 2003 y 2004 contribuyó a deteriorar aun más la autoridad del Consejo de Seguridad como instancia de decisión política y de uso legítimo de la fuerza.

            El Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2004  —actualizando y dando un nuevo giro a la expresión “diplomacia preventiva” acuñada a fines de los años 90 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para anticiparse a los posibles golpes de Estado en América Latina—,  sostuvo que, en el marco del diálogo entre las civilizaciones, la diplomacia preventiva debía ser la solución contra el unilateralismo y la guerra preventiva propugnados por Estados Unidos en concordancia con la <doctrina Bush.

            Estados Unidos, bajo la orientación de la doctrina Bush, emprendieron en una serie de acciones unilaterales. Desde el comienzo de su administracción el presidente George W. Bush impulsó un proceso de desvinculación de los compromisos multilaterales asumidos por su país.

            En abril del 2001 abandonó las obligaciones impuestas por el Tratado AB firmado en 1972 con la Unión Soviética y se propuso construir un escudo láser antimisiles, como parte de su política de seguridad y defensa, con proyecciones fuera del territorio norteamericano, para hacer frente a eventuales amenazas provenientes de Irak, Irán, Libia y Corea del Norte, países con capacidad de desarrollar misiles intercontinentales.

            El 9 de octubre del 2012 la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte afirmó que el territorio continental de Estados Unidos estaba dentro del rango de alcance de sus misiles intercontinentales y que Pyongyang se mantenía lista para afrontar a cualquier enemigo “capacidad nuclear contra capacidad nuclear, misil contra misil”. Esta advertencia se produjo dos días después de que Corea del Sur anunciara un acuerdo con Estados Unidos para triplicar el alcance de sus misiles con el objetivo de llegar a la totalidad del territorio norcoreano. Frente a la amenaza de Pyongyang, los líderes coreanos del sur respondieron que Corea del Norte había ido de fracaso en fracaso en sus esfuerzos por desarrollar misiles intercontinentales y que no existía prueba alguna de que hubiera ensayado con éxito un misil de largo alcance. El último de sus fracasos, hasta ese momento, fue en abril del 2012 en que un misil balístico intercontinental estalló en vuelo y cayó al mar a los pocos minutos de su lanzamiento.

            En el curso de la VII Conferencia de las Partes  —prevista en el artículo 7 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—  se aprobó en Marrakech el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual los países suscriptores se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el período comprendido entre el año 2008 y el 2012. Los quince países de la Unión Europea asumieron la obligación de disminuirlas en el 8% con relación a los niveles de 1990, Suiza y otros países de Europa en el 8%, Estados Unidos y Canadá en el 7%, Japón en el 6%. Rusia, Nueva Zelandia y Ucrania quedaron obligadas a estabilizar sus emisiones en el mismo plazo. Pero otros países, cuyos índices de emisión eran bajos, fueron autorizados a subirlos: Islandia hasta el 10%, Australia hasta el 8%, Noruega hasta el 5%. El acuerdo se refirió a seis gases de <efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

            Pero a finales de marzo del 2001 el gobierno norteamericano, en una nueva decisión unilateral, se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto y evadió el compromiso de bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero en no menos del 5% del volumen de 1990, para contribuir a la reversión de la tendencia ascendente de ellas. La decisión del presidente Bush, presumiblemente tomada bajo la presión de las compañías del petróleo y del carbón, causó gran malestar en Europa y en el mundo.

            De todas maneras, el Protocolo de Kyoto entró en vigor para sus 128 países suscriptores el 16 de febrero del 2005, cuando se habían cumplido noventa días desde que Rusia depositó sus instrumentos de ratificación y, con ello, hizo posible que se cumpliera la condición estipulada en el acuerdo: la adhesión de no menos de 55 países que representaran al menos el 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono de los países miembros, en cifras de 1990.

            Antes el gobierno norteamericano habíase negado a integrar el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas, creado en la Conferencia de Roma en 1998 con la presencia de representantes de ciento veinte países. El Tribunal es un órgano jurisdiccional de carácter permanente que empezó a funcionar en el 2001, con sede en La Haya, para procesar penalmente a quienes hubiesen cometido o cometieren “los más graves crímenes contra la comunidad internacional”, como <genocidio, crímenes de guerra, delitos contra la humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y otros actos execrables.

            Pero los Estados Unidos no han sido los únicos contraventores de los compromisos multilaterales. Se han dado también decisiones y acciones unilaterales de otros Estados.

            El sátrapa Iraquí Saddam Hussein, desconociendo todas las convenciones internacionales, produjo armas bacterianas y químicas  —anthrax, botulinum toxin, aflatoxin, gas grangrene, VX nerve gas, sarin, mustard gas—  con las cuales realizó en 1988 y en 1991 sus operaciones de “limpieza étnica” sobre la minoría kurda en su territorio y combatió contra Irán durante la guerra de 1980 a 1988. Los gases letales lanzados por la aviación de Hussein aniquilaron a los cinco mil habitantes de Halahja que se habían sublevado contra el gobierno. En 1991 hubo una nueva sublevación que volvió a ser implacablemente reprimida, hasta el punto de que, después de la guerra del golfo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una acción multilateral de injerencia humanitaria, estableció una zona de exclusión de actividades militares iraquíes para proteger a la población kurda de la política de exterminio de Hussein.

            Francia y China, en actos unilaterales condenados por la opinión pública del mundo, realizaron ensayos nucleares en 1995 y 1996, con graves consecuencias contra la salud humana y el medio ambiente.

            Las seis pruebas francesas se efectuaron entre septiembre de 1995 y principios de 1996 en el Atolón de Muroroa y en el Atolón de Fangataufa, situados en la Polinesia francesa del Pacífico sur, anexada políticamente a Francia en 1946.

            Los ensayos nucleares chinos fueron igualmente condenables. El que se realizó el 29 de julio de 1996 en el polígono de Lop Nor, situado en una región desértica de la provincia nororiental de Xinjiang, fue el ensayo número 45 en su historia nuclear, que va desde 1964 a 1996.

            Sin duda, los ensayos nucleares franceses tuvieron objetivos primordialmente técnicos: modernizar sus armas de destrucción masiva y verificar su seguridad; y los ensayos chinos persiguieron objetivos político-militares de disuasión por la vía de mostrar las propias capacidades tecnológicas a un adversario.

            Hasta el año 1996 se habían registrado 2.040 ensayos de armas y explosivos nucleares  —incluidas las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945—,  realizados principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética en el curso de la guerra fría.

           Como represalia a la decisión del presidente norteamericano George W. Bush de suspender el abastecimiento de combustibles a su país, el gobierno comunista de la República Popular Democrática de Corea  —Corea del Norte—,  presidido por el “tirano caprichoso” Kim Jong-il  —quien en noviembre de 1987, bajo el gobierno dictatorial de su padre, ordenó la voladura de un avión comercial de la compañía surcoreana KAL con 115 pasajeros a bordo—,  anunció el 12 de diciembre del 2002 la reanudación de su programa nuclear y el reinicio de la actividad de sus instalaciones y centros de procesamiento de uranio enriquecido y de extracción de plutonio, paralizados desde 1994 en virtud del acuerdo suscrito en ese año con Estados Unidos para proveer al gobierno de Pyongyang de petróleo a cambio del congelamiento de los programas nucleares norcoreanos. Corea del Norte tenía antes de 1994, según las informaciones de inteligencia norteamericana, dos bombas atómicas construidas con plutonio, cuatro reactores atómicos y tres fábricas de combustibles nucleares diseminados en su territorio, todos los cuales habían quedado desactivados en virtud del mencionado tratado. La decisión del gobierno norcoreano implicó el retiro de las cámaras, los precintos y los monitores instalados por las Naciones Unidas en sus instalaciones nucleares, la desconexión de todos los mecanismos de supervisión internacional y la expulsión de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas. Lo cual puso a Corea del Norte muy cerca de la posibilidad de producir nuevas armas atómicas y generó una crisis internacional, al estilo de la guerra fría, puesto que “nadie quiere que Corea del Norte fabrique bombas y las venda al mejor postor porque no tiene qué comer durante el próximo invierno”, sostuvo Bush.

            En febrero del 2005 el gobierno norcoreano reconoció por primera vez que contaba con armas nucleares para “autodefensa”, confirmó su retiro “por un período de tiempo indefinido” del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, al que se había adherido en 1994, y anunció la reiniciación de los ensayos de sus misiles Scud-C. En ese momento el gobierno norteamericano presidido por George W. Bush respondió que iba a tratar de arreglar ese conflicto “por la vía pacífica y diplomática” mientras que la Unión Europea y Rusia condenaron firmemente el anuncio del gobierno coreano. Antes, a comienzos de mayo del 2003, éste había denunciado y abandonado el tratado que suscribió con el gobierno de Corea del Sur en 1992 para mantener la península coreana libre de armas nucleares.

            Lo incomprensible de todo esto es que Corea del Norte  —cuyo pueblo en ese momento se moría de hambre y estaba asolado por las sequías y las penurias económicas—  era, sin duda, el Estado proporcionalmente más militarizado del planeta, con un ejército de un millón de soldados en una población de 22 millones de habitantes y un presupuesto de defensa superior a los 5.000 millones de dólares anuales, que equivalían a más del 30 por ciento de su producto interno bruto, según datos del 2004.

            A comienzos del siglo XXI, en otro lugar del planeta, Irán trabajaba secretamente en la producción de armas de destrucción masiva, aunque sin abandonar el tratado antinuclear. Su ministro de asuntos exteriores Kamal Kharrazi declaró en febrero del 2005, durante su visita a Malasia, que “Irán tiene todo el derecho de poseer armamento nuclear para fines pacifistas” y el ministro de defensa Ali Shamkhani, en respuesta a las declaraciones del presidente George W. Bush de que Estados Unidos no descartaban una solución militar para el problema iraní, expresó que “su país tiene capacidad para hacer frente a cualquier ataque”.

            La posibilidad de que un Estado musulmán hostil fabricara o adquiriera la bomba atómica ha sido durante largo tiempo una pesadilla para Occidente. Por eso, el segundo gobierno de Bush (2004-2008) se propuso frenar la diseminación de armas nucleares dondequiera que ellas se produjeren y con mayor razón en un país como Irán, alineado en el más fanático de los fundamentalismos islámicos, cuyo emplazamiento geopolítico era estratégico para el equilibrio del Oriente Medio. Por esos días el "Washington Post" afirmaba que el gobierno norteamericano había intensificado el espionaje aéreo con aviones no tripulados sobre la geografía iraní para descubrir sus actividades nucleares. Y aunque resultaba muy difícil establecer si los programas de enriquecimiento de uranio tenían destino electro-industrial o militar, ese país islámico había trabajado febrilmente durante más de dos décadas en programas nucleares.

            Israel ha asumido también posiciones unilaterales. Desde 1968 empezó a fabricar armas nucleares en desacato de las convenciones internacionales y, aunque el inventario de sus armas de destrucción masiva es el secreto mejor guardado, se supone que hasta comienzos del 2005 había producido y acumulado entre cien y doscientas ojivas nucleares en sus fábricas y arsenales secretos de Soreq, Dimona, Yodefat y Kfar Zajariya y que poseía diversos tipos de misiles a los que podía equipar con cabezas nucleares. Las cifras, sin embargo, no han podido ser confirmadas puesto que un espeso manto de silencio rodea a las actividades nucleares de Israel.

            A partir del 16 de junio del 2002 el gobierno conducido por el primer ministro Ariel Sharon empezó a levantar la llamada “valla de seguridad” para separar Cisjordania e Israel e impedir los ataques terroristas palestinos. La valla tiene 705 kilómetros de largo y se compone, en el 3% de su longitud, de muro de hormigón de más de ocho metros de alto y, en el tramo restante, de alambrada electrificada. Ella sigue en la mayor parte de su trazo la denominada “línea verde”  —pactada en el armisticio de Rodas firmado en 1949 tras la guerra que dio paso a la creación del Estado de Israel—,  que desde ese momento fue considerada por las Naciones Unidas como la frontera entre ambos países aunque ella en realidad no era más que una línea de armisticio. En tres tramos la valla se adentró una milla hacia el este  —para incorporar a los asentamientos judíos de Henanit, Shaked, Rehan, Dalit y Zofim—  e implicó la toma de tierras. Hubo también una desviación de casi cuatro millas alrededor de las ciudades de Alfei Menashe y Elkanah y otra de seis millas en la zona del aeropuerto internacional “Ben-Gurion” para asegurar el tráfico aéreo. Hubo otros tramos, en cambio, en que la barrera se desvió hacia el interior de la línea verde, en territorio israelí. Veintidós y medio kilómetros de la barrera corresponden al área oriental de Jerusalén.

            Tramos de ella están levantados en territorio israelí y tramos en territorio palestino ocupado, teniendo como referencia la “línea verde”. La barrera está compuesta de muros, alambradas, fosas y torres que cubren entre cuarenta y cien metros de ancho y está dotada de sensores automáticos, cámaras de televisión y otros dispositivos electrónicos ultramodernos de control y vigilancia.

            La construcción de la barrera, que empezó y concluyó durante las administraciones de Ariel Sharon a un coste de alrededor de dos mil millones de dólares, fue muy controvertida. Los israelíes la defendieron en nombre de la protección de su población ante los ataques terroristas suicidas procedentes de Cisjordania, que habían dejado un alto número de víctimas inocentes. Los palestinos, en cambio, afirmaron que la cerca electrificada  —a la que llamaron “muro del apartheid”—  implicaba la anexión a Israel de alrededor de 160 kilómetros cuadrados de territorio de Cisjordania. Una declaración del Banco Mundial afirmó que la valla afectaba a cerca de ciento veinte mil personas de diez y seis comunidades palestinas. Las asociaciones de derechos humanos impugnaron la barrera porque restringía la libertad de movimiento de la población palestina. La Corte Suprema de Justicia de Israel dictaminó el 30 de junio del 2004, en el curso de su construcción, que el país tenía derecho a levantar la barrera en guarda de su seguridad pero obligó al gobierno a que modificara su trazo original y regresara treinta kilómetros hacia la línea verde para no dañar a los residentes palestinos de la zona. La Autoridad Nacional Palestina denunció que Israel buscaba anexarse territorios y obstaculizar la fundación del Estado palestino. El mundo árabe manifestó su oposición. Y el jeque Hasan Nasralah, líder del grupo terrorista libanés Hezbolá, expresó que los atentados eran la única respuesta posible a esa iniciativa.

            El 8 de diciembre del 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que exhortaba a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se pronunciara urgentemente, a la luz del Derecho Internacional, acerca de las consecuencias jurídicas de la construcción de la referida barrera sobre los territorios palestinos ocupados por Israel. La Corte de La Haya  —que es el órgano judicial de las Naciones Unidas—  emitió el 9 de julio del 2004 un fallo no vinculante en el que declaró que la barrera de seguridad era contraria al Derecho Internacional y que, por tanto, debía ser destruida. Israel respondió que tal fallo ignoraba “totalmente el terrorismo palestino” y obviamente se negó a cumplirlo. Argumentó que desde que se erigió la barrera el número de atentados terroristas disminuyó en el 82 por ciento, aunque la motivación de los terroristas fue la misma. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó días después una resolución, por 150 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, en la que exhortó a Israel a obedecer el dictamen de la Corte y a pagar indemnizaciones a los palestinos afectados por la barrera.

            En resumen, los atentados contra el multilateralismo han provenido de varios ángulos geográficos y políticos, que han alejado las garantías de paz y seguridad para el mundo.

            No obstante, en el siglo XXI  —dentro de la videopolítica y videodiplomacia contemporáneas—  han proliferado las reuniones internacionales multilaterales para afrontar una alta variedad de temas. Ha advenido una "cumbremanía"  —para utilizar la elocuente expresión del escritor y diplomático uruguayo Adolfo Castells—  cuyas reuniones con frecuencia culminan con pomposas y generales declaraciones que se las lleva el viento. 

            A finales del siglo pasado el gobierno estadounidense pidió una “moratoria” de esas cumbres, ya por el alto costo que demandaban, ya porque su misma utilidad estaba en entredicho.

            Sin embargo, hay que reconocer que, por excepción, ha habido cumbres que han rendido frutos positivos, como aquella que juntó en Moscú a Bill Clinton y Boris Yeltsin, en enero de 1994, en la que acordaron que los misiles nucleares de ambos países dejaran de apuntarse mutuamente. O la que reunió en París en diciembre del 2015 a 195 países en torno a la causa común de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para impedir el catastrófico calentamiento del planeta, que es la amenaza mayor para el futuro de la humanidad.

 

 
Correo
Nombre
Comentario