legitimidad

            En el campo de la política, la legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública.

            La legitimidad encierra todo un sistema de valores. Se habla de legitimidad monárquica o de legitimidad republicana, por ejemplo, para justificar la toma y el ejercicio del poder real o del poder democráticamente constituido. La legitimidad se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido.      

            Naturalmente que la naturaleza de esa credencial ha cambiado a lo largo del tiempo al ritmo de las mutaciones de la ética social. Hace doscientos años el título para mandar estaba dado por la sucesión hereditaria de la corona. Hoy se dice que es la democracia el sistema legitimador del poder. Y esto es cierto, porque ella envuelve un juicio de valor sobre el origen de la autoridad pública y la aptitud moral para ejercerla de acuerdo con las convicciones prevalecientes en nuestra época. 

            El poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no. Pero ¿qué otorga legitimidad al poder? ¿Qué genera para los ciudadanos la obligación moral de obedecer? Las respuestas están más allá de la ley, puesto que ella puede también ser cuestionada en su legitimidad. La misma pregunta que nos hacemos respecto al poder podemos formulárnosla respecto a la ley. ¿Qué otorga legitimidad a la ley? ¿Qué genera para los ciudadanos la obligación de acatarla? La respuesta está más allá de la ley. Está en los principios trascendentales que inspiran y sustentan a la ley y a la autoridad.

            Esos principios se encuentran en las convicciones ético-políticas de la comunidad. Quienes creen en los fundamentos monárquicos tendrán por legítimo el poder ejercido por el miembro de la dinastía que las normas de sucesión de la corona determinan. Todos los gobiernos que se aparten de estas reglas serán ilegítimos. Esta es la legitimidad monárquica. Por el contrario, para quienes creen en el deber ser republicano las cosas son distintas. Todo gobierno que no provenga de la voluntad popular electoralmente expresada es una impostura. El origen del poder está en la voluntad general. El que de ella nace es el único poder legítimo. Para el hombre republicano el poder monárquico o el poder autoinvestido son suplantaciones de la voluntad popular y, por tanto, no deben generar obligaciones de obediencia en los ciudadanos. En la orilla marxista hay otra concepción de la legitimidad. Sólo tiene esta calidad el poder que surge, por la vía revolucionaria, de la voluntad de una clase social: el proletariado, y es ejercido dictatorialmente por ella para establecer las condiciones que propicien el advenimiento de la sociedad sin clases. Los fascistas, por su lado, legitiman exclusivamente el gobierno de las <elites predestinadas al ejercicio del mando social.

            Esto nos lleva a la conclusión de que cada filosofía política, de conformidad con su peculiar concepción del mundo, tiene su propia y distinta perspectiva sobre la cuestión de la legitimidad. En otras palabras, que la percepción sobre la legitimidad o la legitimación de los gobiernos ha variado en el tiempo y en modo alguno es independiente de las <ideologías políticas.

            La legitimidad es una cuestión de filosofía política que preocupó desde remotos tiempos a los filósofos de la historia y a los pensadores sociales. En todas las épocas se hicieron hondas disquisiciones sobre la facultad de mando y el deber de obediencia y sobre el derecho de resistencia contra el poder ilegítimo. Al socaire de las ideas de la Ilustración los enciclopedistas franceses y otros pensadores europeos del siglo XVIII sostuvieron que tanto la facultad de mando social como la obligación de obediencia están condicionadas a que la autoridad se mueva dentro de la ley y respete los derechos de las personas. Con el nombre del derecho de resistencia a la opresión se consagró en todas las declaraciones de derechos la prerrogativa de los pueblos a desacatar los mandatos de los gobiernos despóticos, puesto que el vínculo de obediencia de los ciudadanos está siempre condicionado a la observación del pacto social por los gobernantes. 

            Los gobiernos pueden ser legítimos en su origen y en su ejercicio. En su origen, cuando se instituyen de acuerdo con los procedimientos jurídico-formales establecidos o bajo imperativos históricos de cambio en sociedades atrasadas o despóticas; y en su ejercicio, según la forma de manejo del poder. Hay factores de ilegitimación de gobiernos que fueron legítimos en su origen: el autoritarismo, el abuso del poder, el egoísmo de los grupos dirigentes que creen que el poder está hecho para su uso particular, la <corrupción de los mandos políticos, la impericia, negligencia o imprudencia en el desempeño del poder.

            Todos estos son factores de “deslegitimación” de la autoridad pública.

            La elección naturalmente que es un factor que legitima al gobernante. Su poder de mando nace de la voluntad del pueblo electoralmente expresada. Es una legitimidad de origen que puede persistir o terminarse en el curso del ejercicio del poder. Un gobierno legítimo por su origen puede tornarse ilegítimo después, en el desempeño del mando, por razones de abuso de autoridad, corrupción, incompetencia o servicio a intereses particulares. A la inversa, un gobierno constituido al margen de la ley  —como suelen ser los gobiernos revolucionarios—  puede legitimar su presencia en el mando del Estado en función de sus actos al servicio del interés general.

            Este planteamiento se explica por la distancia que va de lo legal a lo legítimo. No siempre lo legal es legítimo. Lo legal es lo que concuerda con la ley. Lo correcto es lo que está de acuerdo con la regla. Pero las leyes y las reglas pueden ser cuestionadas en su legitimidad porque  —obras humanas al fin—  pueden obedecer a intereses egoístas y minoritarios. La legitimidad, en cambio, es la concordancia con principios de ética social que están por encima de la ley. Lo ideal es que la ley sea legítima, pero no siempre lo es. En todo caso, es importante advertir que la legalidad y la legitimidad no siempre marchan juntas.

 

 
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