justicia social

            Es la justicia referida específicamente a las relaciones económicas dentro del grupo humano. Postula la necesidad de organizar la sociedad con arreglo a criterios equitativos en la distribución de los bienes y de lo que éstos producen, de modo que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a ellos. Parte del principio de que los bienes y servicios se producen con el trabajo de todos y de que, por tanto, no deben ir a parar a las manos de unos pocos.

            La justicia social se refiere a una multitud de bienes y servicios, tangibles unos, intangibles otros. La remuneración por el trabajo, el acceso a la educación y la cultura, la seguridad social, la distribución de la renta, la participación en el usufructo de los bienes y servicios que se producen con el esfuerzo colectivo, la participación en el desarrollo social, son todos ellos elementos de la justicia social.

            El criterio de justicia social nació en el curso de la primera revolución industrial ante la inmisericorde explotación de que fueron víctimas los obreros y sus familias en las nacientes instalaciones industriales. Sus ominosas condiciones de trabajo y de vida pusieron de manifiesto, para quienes tuvieron la sensibilidad, no muy usual en ese tiempo, de conmoverse con el fenómeno, la necesidad de establecer relaciones de justicia en las tareas de la producción y en la organización social. Nació así el concepto de la justicia social, que estuvo destinado a remplazar a la vieja noción cristiana de la caridad, una de las tres virtudes teologales. Ya no era por piedad sino por derecho que debían satisfacerse las necesidades de los trabajadores. Este fue un cambio cualitativo en la consideración del problema social.

            El concepto de justicia social involucra, en cierto modo, a las nociones de equidad y de igualdad. De una equidad entendida como uno de los objetivos de la política económica entre los que deben optar los planificadores de la economía. Y de la igualdad concebida más que como uniformidad de oportunidades para todas las personas como asistencia compensatoria a favor de las que más la necesitan para colocarse en el mismo punto de partida. La justicia social es una corrección de la igualdad abstracta bajo el criterio de que la libertad entre desiguales conduce a la injusticia.

            Como es lógico suponer, la justicia social no surge espontáneamente de la trama de las relaciones de producción. No obedece a género de filantropía ni de paternalismo alguno. Los hombres, por naturaleza, tienden hacia el egoísmo económico y deben ser las leyes y la autoridad pública las que les fuercen a considerar el interés de los demás. La justicia social, por consiguiente, es un valor forjado por la ley y respaldado por la autoridad política.

            Por eso es que la bonanza económica, medida por el crecimiento del producto interno bruto, no se refleja automáticamente en los índices de justicia social. Una cosa es la operación “productivista” y otra diferente la operación “distribucionista”. Hay países que tienen altos niveles de crecimiento y bajos índices de desarrollo humano y de justicia social, y, a la inversa, otros que registran bajos niveles de crecimiento y que, sin embargo, han conquistado apreciables grados de equidad social.

            En vista de que el >producto interno bruto (PIB) ni el >producto nacional bruto (PNB) sirven para medir los índices de justicia social, porque no reflejan las realidades profundas de las sociedades, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha incorporado desde 1990 una nueva fórmula para establecer el grado de desarrollo humano de los países. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora nuevos elementos a la medición y que combina indicadores cuantitativos y cualitativos, es la nueva fórmula para medir el bienestar de un pueblo, sus condiciones integrales de vida, su índice de felicidad y su grado de justicia social. Ella contiene un summum de elementos diversos que forman la calidad de vida humana, que comprende tres elementos básicos: longevidad, conocimientos e ingreso. La longevidad se mide por la esperanza de vida al nacer de cada persona; los conocimientos se calculan por el nivel educacional, la alfabetización de adultos y la tasa combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria; y el ingreso, por el caudal dinerario que percibe periódicamente cada familia, aunque no garantiza por sí solo una mejor calidad de vida. El ingreso alto indica, por supuesto, condiciones materiales para vivir mejor pero él es siempre una mera posibilidad que depende del uso que las personas den al dinero.

            El organismo internacional añadió después  —en su Informe de 1996—  otros elementos a la medición para perfeccionar el método: la participación comunitaria, la potenciación de la capacidad de la gente, la cooperación y la interacción de las personas dentro de la comunidad, la promoción de la equidad y la sostenibilidad del desarrollo.

            La injusticia social tiene un dilatado itinerario histórico. Acompañó al hombre desde los remotos tiempos en que, por el avance de los medios de producción, las faenas laborales empezaron a dejar excedentes cada vez mayores que fueron apropiados por unos pocos individuos dentro del grupo. Fue entonces cuando nacieron los conceptos de “lo mío” y “lo tuyo”, se estratificó la sociedad y empezó a desvanecerse el colectivismo primitivo en que las cosas pertenecieron a quienes las necesitaban. A partir de esa etapa el proceso de acumulación de la riqueza en pocas manos resultó indetenible y no fue necesariamente el fruto del trabajo, los méritos o los esfuerzos de las personas sino principalmente de la defectuosa organización social.

           El filósofo, economista y político escocés John Stuart Mill (1806-1873), uno de los tres grandes pensadores de la escuela clásica, observó con gran agudeza que la organización de la sociedad es de tal manera injusta que el producto del trabajo se suele distribuir en razón inversa al esfuerzo laboral de los individuos: la parte mayor va a parar a los que nunca han trabajado, la siguiente a aquellos cuyo trabajo es casi puramente nominal y, así, descendiendo en la escala, la recompensa va haciéndose menor a medida que el trabajo se hace más duro y desagradable, hasta llegar al trabajo físico más fatigoso y agotador, que a veces no rinde ni siquiera lo estrictamente necesario para vivir. Aunque parezca increíble a primera vista  —a primera vista, porque quienes han estudiado a Marx saben que se inspiró en muchos conceptos y categorías clásicas para desarrollar sus tesis—,  estas palabras están citadas en una de las páginas del “El Capital”, junto con el comentario de Marx de que sería injusto lanzar a J. S. Mill “al mismo montón que a toda la cohorte de economistas vulgares y apologéticos”.

            En la economía globalizada y en la >sociedad del conocimiento del siglo XXI la disparidad en las oportunidades y en el ingreso tenderá a profundizarse. El sociólogo y periodista ecuatoriano Gonzalo Ortiz Crespo afirma en su obra “En el Alba del Milenio. Globalización y Medios de Comunicación en América Latina” (1999), que el proceso de concentración de la riqueza es uno de los fenómenos intrínsecos de la economía mundializada. Dice que “en un estudio de las mil empresas más grandes del mundo se lo puede comprobar: en 1950 el ejecutivo máximo de una de esas empresas ganaba 20 veces más que un trabajador promedio; para 1960 ya ganaba 40 veces más. ¿Saben cuánto gana ahora? Según la revista Time, marzo de 1996, un gerente general medio de esas empresas gana 187 veces más que un trabajador común. Algunos de esos ejecutivos alcanzan cifras verdaderamente obscenas: el máximo ejecutivo de la Walt Disney Co. se llevó entre sueldos y beneficios en 1995 más de 200 millones de dólares”.

            Por su lado, la novelista francesa Viviane Forrester, en su libro “Una extraña dictadura” (2000), para poner de relieve las incoherencias de la globalización y del ultraliberalismo, afirma que la empresa ATT, gigante norteamericana de las telecomunicaciones, al mismo tiempo que anunciaba el despido de 40.000 trabajadores en 1996 informaba a la prensa que el sueldo de su presidente, Robert Allen, era de 16,2 millones de dólares, casi el triple que el año anterior.

            En medio de la terrible crisis financiera y económica de Wall Street, que estalló en Nueva York en septiembre del 2008, se descubrió que el dispendio en las remuneraciones de los altos funcionarios ejecutivos de las corporaciones financieras privadas norteamericanas y europeas era escandaloso. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns y otras empresas bancarias y financieras norteamericanas pagaban sueldos y remuneraciones desproporcionados. Stanley O’Neal, ejecutivo de Merrill Lynch, ganó cerca de cien millones de dólares en ese año y, al separarse de la institución en octubre del 2007, percibió la gratificación de 161 millones de dólares. Richard Fuld, consejero de Lehman Brothers  —el primer banco en quebrar al inicio de esa crisis—,  recibió salarios por alrededor de 40 millones de dólares en aquel año y desde 1993 hasta el 2007 obtuvo “compensaciones” por valor de 490 millones de dólares. En el mismo año, el banco Bear Stearns pagó 13 millones de dólares a su consejero-delegado James Cayne al abandonar la entidad y el Wachovia desembolsó 42 millones de dólares, por el mismo motivo, a favor de su consejero Kenneth Thompson. Robert Willumstad, consejero de la empresa aseguradora AIG, recibió 7 millones de dólares por tres meses de trabajo. La caja de ahorros y préstamos Washington Mutual entregó 14 millones de dólares a Kerry Killinger y 19 millones a Alan Fishman por tres semanas de servicios. Algo parecido, aunque en menor escala, ocurrió en Europa. Al dimitir su función de director ejecutivo, el banco belga-holandés Fortis reconoció a Herman Verwilstfines en septiembre del 2008 cinco millones de dólares por tres meses de trabajo.

            Era la orgía de los millones en los círculos bancarios y financieros del mundo desarrollado.

            Es tan dramática la injusta distribución del ingreso, que el periodista Nicholas D. Kristof del "The New York Times" afirmó, con base en los datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2005 emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que los quinientos individuos más ricos del planeta tienen, en conjunto, el mismo ingreso que los 416 millones más pobres.

            En el mundo de la globalización las empresas, para poder competir, lanzan a la calle miles de trabajadores. Y lo terrible es que cuando lo hacen la cotización de sus acciones en la bolsa aumenta. De modo que los anuncios de despidos de personal han llegado a ser buenas noticias para los accionistas. Casi tan buenas como el anuncio de ganancias.

            La aplicación de la globalización en una población mundial heterogénea y mayoritariamente pobre no puede dejar de producir efectos injustos. Si para fines de análisis redujéramos esa población a una “aldea” de 100 personas, como lo sugirió Peter Sutherland de la Comisión Trilateral, tendríamos lo siguiente: 57 de sus miembros serían asiáticos, 21 europeos, 14 americanos y 8 africanos, de los cuales 70 serían no blancos y 30 blancos, 70 serían no cristianos y 30 cristianos. El 50% del bienestar mundial estaría focalizado en sólo 6 personas y todas ellas serían norteamericanas. 70 no sabrían leer, 80 habitarían en viviendas precarias, 50 sufrirían malnutrición. Solamente una tendría educación superior y solamente una poseería un computador. En esas condiciones, la globalización no puede más que profundizar la injusticia social a despecho del avance científico y tecnológico y del incremento cuantitativo de la producción.

            El ideólogo fascista italiano Corrado Gini formuló a finales de los años 20 del siglo anterior el denominado <coeficiente de Gini para medir la desigualdad de ingresos entre los miembros de una sociedad. La fórmula consistía en un número entre “0”, que señalaba la igualdad absoluta en la distribución de los ingresos, y “1”, que denotaba la total concentración de ingresos en una sola persona, o sea la desigualdad absoluta.

            Todos los números situados entre estos dos dígitos señalaban mayores o menores aproximaciones a los extremos de igualdad o desigualdad económica.

            No deja de sorprender que este indicador socioeconómico provenga de un ideólogo del fascismo, dada la falta de sensibilidad social que caracterizó a esa doctrina política.

            La fórmula de Gini  —creada originalmente para medir la desigualdad de ingresos—  ha sido utilizada por organismos y entidades internacionales para cuantificar cualesquiera otras formas de inequidad social o de injusta distribución de bienes y servicios.

            En el año 2005 el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, usando la fórmula de Gini, señaló que Namibia tenía en ese año el coeficiente de 0,707, que representaba una situación de grande desigualdad, mientras que en el otro extremo estaba Dinamarca con el coeficiente del 0,247, que indicaba una situación altamente equitativa en la distribución del ingreso.

            A la luz del coeficiente de Gini, América Latina es la región de mayores disparidades sociales y económicas del mundo. A comienzos de este siglo la fórmula de Gini marcaba para el conjunto de la región valores entre el 0,5 y el 0,6, que significaban que el 10% más rico de la población tenía alrededor de 84 veces más recursos que el 10% más pobre y que, en cifras globales, el 20% más pobre de la población recibía apenas el 3,3% del ingreso nacional mientras que el 20% más rico se llevaba el 57,9%.

            Lo cual indica que se han profundizado en los países latinoamericanos las asimetrías en los ámbitos del trabajo, la educación, la vivienda, los servicios básicos, la distribución de la tierra, la disponibilidad de crédito y, sobre todo, el acceso de la población a las modernas tecnologías de la información.

            A mediados de los años 50 del siglo XX el economista norteamericano Simon Kuznets (1901-1985) formuló una hipótesis  —conocida como la curva de Kuznets—  según la cual el crecimiento económico, en sus etapas avanzadas, conduce en los países industrializados a generar empleos, mejorar los salarios, incrementar la productividad y establecer una mejor distribución del ingreso, factores que determinan la disminución de las diferencias socio-económicas en la población, es decir, el aumento de los índices de equidad en los términos del coeficiente de Gini.

            Sin embargo, la hipótesis de Kuznets ha sido desmentida por la realidad puesto que avanza en el mundo un proceso de concentración del ingreso. 

            Otro de los métodos desarrollados para la medición de la pobreza y de la injusta distribución del ingreso es el Atkinson Index  —llamado también Atkinson Inequality Measure—,  que es un sistema de evaluación de la inequidad del ingreso creado por el economista inglés Anthony Barnes Atkinson en 1970, que clasifica y ordena a los países del mundo en función de los ingresos que perciben sus respectivas poblaciones.

            El profesor inglés Anthony Giddens, en su libro “La Tercera Vía” (2000), afirma que bajo el neoliberalismo y la globalización “la acumulación de privilegios en la cúspide es imparable” y que “la brecha entre los trabajadores mejor pagados y peor pagados es mayor de lo que ha sido durante al menos cincuenta años”.

            Según el Informe Towers Perrin sobre remuneración total a escala mundial, en el año 2001 el ejecutivo máximo de una compañía industrial con ventas anuales por 500 millones de dólares ganaba un promedio de 1,9 millones de dólares por año en Estados Unidos, que equivalían a 24 salarios de un obrero medio y eran casi tres veces más que la remuneración de los funcionarios empresariales británicos,  alemanes  o  franceses  del  mismo  rango.  Y  el  Instituto para Estudio de Políticas,  con sede en Estados Unidos,  reveló que en el año 2004 los presidentes y directores ejecutivos de las grandes corporaciones  —la Chevron, la ExxonMobil, la Pfizer, la Home Depot, la UnitedHealth y muchas otras—  ganaron 431 veces más que el ingreso promedio de un trabajador.

            Esta ingente injusticia social es parte de la esquizofrenia de la globalización, que integra económicamente a los países pero que fracciona internamente las sociedades. Y es presumible que esas diferencias en el ingreso se agranden en la >sociedad del conocimiento de los próximos años, a menos que se tomen medidas enérgicas para impedirlo y se democratice el acceso a los conocimientos digitales.

 
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