integración económica

 

           Es  un  instrumento  de  desarrollo  a  disposición  de  los  países  de  mercado  insuficiente  —y aun de los países grandes que desean ampliar su ámbito económico—  que consiste en la articulación productiva, comercial y aduanera de varios de ellos para formar un espacio económico más amplio que les posibilite el desenvolvimiento económico y social. El tamaño de su mercado interno es siempre un factor condicionante del desarrollo de un país. Este no puede ir más allá de las posibilidades que le ofrece la dimensión de su mercado. Para superar esa limitación se ha acudido a la integración económica a fin de vencer las barreras de los mercados insuficientes, producir en escala, bajar los costes de producción e incorporar moderna tecnología.
               La integración tiene varias etapas. Comienza con la formación de una >zona de libre comercio entre dos o más países, sigue con la implantación de la >unión aduanera y termina con el establecimiento del >mercado común. Incluso puede ir más lejos, como lo ha hecho la Unión Europea, con la adopción de una moneda común y la creación de un aparato institucional comunitario para el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia de todos los países miembros; pero ésta es ya una integración política y no meramente económica.
               En todo caso, el proceso de integración puede tener varios grados de intensidad.
               La zona de libre comercio se forma por el abatimiento de las barreras arancelarias y la apertura recíproca de mercados entre los países que la conforman. El territorio de ellos forma un solo y gran mercado para los productos de los países integrados, pero cada uno de ellos mantiene sus aranceles aduaneros con respecto a los países de fuera de la región.
               La unión aduanera adviene cuando a la zona de libre comercio se le añade un arancel externo común, destinado a gravar los bienes procedentes de “terceros países”, o sea de países de fuera del área.
               Si además se armonizan las legislaciones y las políticas macroeconómicas, se avanza hacia el mercado común, que implica el libre tránsito de todos los factores productivos, esto es, personas, bienes, servicios, capitales y tecnologías.
               Este es el proceso de integración económica.
               Se puede ir más allá, como pretende la Unión Europea, pero ésta es ya una dimensión política y no solamente económica de la integración porque además de haber adoptado el 1º de enero de 1999 una moneda común  —el <euro—,  de haber creado un aparato institucional encargado de manejar la política monetaria compartida y de establecer parámetros dentro de los cuales han de moverse las >variables de la deuda pública, la inflación, el déficit fiscal, las tasas de interés y los tipos de cambio de todos los países miembros, establece como condición de pertenencia la implantación en ellos de las garantías del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la observación de los derechos humanos y el respeto a las minorías étnicas y culturales.
               La integración económica no es una panacea para todos los males de un país. Considerarlo así es un error que se comete con frecuencia. No se puede pedir a la integración más de lo que ella está llamada a dar. La integración es sólo un instrumento para impulsar el <desarrollo de los países integrados, especialmente el desarrollo industrial que, por la vía de creación de demandas, reactiva las otras áreas de la economía: la agricultura, la agroindustria, los servicios y el comercio.
               Al comienzo, ella fue un instrumento de los países pequeños, cuya estrechez del mercado, bajo poder adquisitivo de la población y altos índices de >marginación social produjeron un estrangulamiento económico que resultaba imposible de superar dentro de los marcos nacionales. La integración fue, para ellos, una solución a su estancamiento económico. Habían agotado las posibilidades de su desarrollo y no tenían otra manera de superar sus limitaciones internas que por medio de la formación de ámbitos económicos mayores en los que pudieran circular libremente los factores de la producción en el más amplio sentido: personas, fuerza laboral, bienes, servicios, capitales, conocimiento científico, tecnología e información.
               Sin embargo, más tarde los países grandes han visto también en ella un instrumento para acelerar su desarrollo. El MERCOSUR, que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, así como el Tratado de Libre Comercio (TLC), que integra a las tres principales economías hemisféricas que, en conjunto, representan el 81% de la población, el 72% de la superficie territorial, el 97% del producto bruto y el 93% de las exportaciones de la región, demuestran que la integración puede ser útil también para los países grandes que buscan mejorar su competitividad en la economía mundial y colocar sus excedentes de producción en mercados ampliados.
               La integración supone la creación de autoridades comunitarias con poder para legislar, imponer el cumplimiento de los acuerdos entre los países, dirimir los conflictos que surjan entre ellos y, en general, conducir el proceso integrador. En otras palabras, implica erigir un poder vinculante sobre los países miembros. Hacia el año 2000 la Unión Europea, por ejemplo, había formulado el 75% de la legislación económica vinculante de sus Estados miembros. Y eso, por supuesto, suscitó un problema de soberanía. ¿Hasta qué punto la creación de organismos supranacionales, dotados de normas y autoridad cuyas disposiciones son de obligatoria observación para los Estados, significa una merma del concepto de soberanía? ¿La formación de un organismo comunitario, con facultades para tomar decisiones erga omnes sobre los Estados, es compatible con ella?
               Este tema empezó a discutirse hace mucho tiempo, en los albores mismos de los proyectos de integración. Recuerdo haber asistido en febrero de 1967 en Bogotá a una mesa redonda organizada por el Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales y patrocinada por la Universidad Nacional de Colombia, que enfrentó a constitucionalistas e internacionalistas en la discusión de este asunto. La conclusión fue que, en materia de principios, no hay incompatibilidad entre integración y soberanía. La formación de órganos comunitarios, bajo un sistema jurídico específico  —el Derecho de Integración o Derecho Comunitario—,  no menoscaba sino que reafirma el concepto de soberanía puesto que cada uno de los Estados que participa en el proceso lo hace voluntariamente y limita los alcances de su propio poder a cambio de las ventajas económicas que la supeditación a un orden comunitario le puede ofrecer. Se trata, en realidad, de una autolimitación. Y esta es una potestad propia de los entes soberanos. La >soberanía es, por definición, la facultad de los Estados para autoobligarse y autodeterminarse.


                              1. Las primeras iniciativas de integración.     A finales de la década de los 40, con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux) y con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), de la Unión Europea de Pagos y de la Autoridad Internacional del Ruhr, se dieron en Europa las primeras iniciativas de integración. Esta primera fase del proceso culminó con la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE).
               El >plan Marshall de los Estados Unidos, que se implantó en 1948 para la rehabilitación económica de los países europeos afectados por la >segunda guerra mundial, creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que fue probablemente el primer escalón del proceso de integración de Europa occidental. La OECE con el pasar del tiempo se transformó, en 1960, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene los siguientes miembros plenos: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía, Israel, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia y Chile.
               Como respuesta al plan Marshall y a la OECE, los países de la órbita marxista formaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), conocido también como el COMECON. Esto ocurrió en enero de 1949. Sus fundadores fueron la Unión Soviética, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Después ingresó Albania pero abandonó la organización en 1968, a raíz de las desavenencias sino-soviéticas. En 1962 entró Mongolia y Cuba en 1973. Si bien el COMECON nació con objetivos de cooperación solamente, en 1974 amplió sus horizontes hacia la integración entre los países marxistas al incorporar a sus fines los Principios Fundamentales de la División Internacional Socialista del Trabajo y el Programa Completo de profundización y perfeccionamiento de la cooperación y el desarrollo de la integración económica socialista.
               Sus resultados, sin embargo, fueron muy pobres. Desde su fundación hasta la muerte de Stalin en 1953, su acción se limitó casi por completo a registrar los acuerdos de pagos bilaterales concluidos entre los países miembros. A partir de 1954 el COMECON dinamizó algo su operación. Propició la celebración de los llamados acuerdos de especialización, con el énfasis puesto en la industria pesada, en virtud de los cuales cada país miembro tomó para sí la construcción de determinados tipos de máquinas a fin de aprovechar la economía de escala. Pero los países tuvieron que afrontar serios problemas de costes, de calidad y de precios en su producción industrial, así como de convertibilidad en la moneda que utilizaban en sus transacciones, puesto que ni aun los rublos convertibles llegaron a ser eficaces medios de pago internacionales. La organización hizo crisis en 1990, en la reunión celebrada en Sofía, en que se produjeron las más virulentas críticas al sistema. Los delegados, al evaluar sus rendimientos en cuarenta años, condenaron el “despilfarro energético”, el “sobredimensionamiento de la industria pesada”, la “subordinación a los intereses soviéticos” y muchas otras anomalías. Las dificultades fueron tan grandes que el 27 de junio de 1991 se firmó el acuerdo de disolución del COMECON.


                              2. La Comunidad Económica Europea.      La formación de la Comunidad Económica Europea, a partir de la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por parte de los seis países iniciadores  —Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda—,  fue la culminación de los esfuerzos emprendidos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial para unificar Europa occidental y formar su mercado común. En 1973 ingresaron tres nuevos países a la Comunidad: Dinamarca, Irlanda e Inglaterra; en 1981 se incorporó Grecia; en 1986 España y Portugal; en 1995 Austria, Finlandia y Suecia; en el 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, Polonia y República Checa; en el 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania y en el 2013 se sumó Croacia. De modo que la Unión Europea está compuesta  —sin que ésta sea una cifra final—  por 28 países, cuyos territorios y economías forman un solo mercado común, y es el proyecto más avanzado del mundo en materia de integración. En el año 2013 tenía una población total de 530'200.000 habitantes distribuidos en los territorios de sus países miembros.
               Todos aquellos países cumplieron con los denominados "criterios de Copenhague" para poder ingresar, lo cual significaba que, en lo político, eran considerados Estados  —según el concepto geopolítico europeo—  en los que imperaban instituciones garantizadoras de la democracia, la vigencia del Derecho, la protección de las minorías y el respeto a los derechos humanos; y, en lo económico, tenían sistemas de mercado con niveles de competitividad para desenvolverse en el ámbito mercantil de Europa y respetaban el Acuerdo Europeo de las "cuatro libertades básicas", que se resumían en la libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios. En tales condiciones, cada uno de ellos asumió las obligaciones inherentes a su membresía de la Unión, especialmente en lo relativo a la política exterior y de seguridad común.
               El proceso avanzó a pesar de los temores de que la integración traería altos índices de inmigración y la afluencia de mano de obra barata que perjudicaría a los trabajadores europeos, y del choque cultural y el impacto de los bajos estándares medioambientales de los países del este europeo que ingresaban a la Unión.
               El Tratado de la Unión Europea  —conocido también como Tratado de Maastricht—  firmado el 7 de febrero de 1992, dio una nueva estructura y alcances al proceso de integración de Europa, entre otras razones, porque produjo el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), creó el <euro como moneda común europea y estableció las autoridades supranacionales para administrarla.
               Para afrontar el reto de una Unión Europea con veintiocho miembros, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en Niza a principios de diciembre del 2000 reformó las instituciones europeas de la integración. El parlamento comunitario de 626 diputados pasó a ser de 728, la comisión europea tuvo un comisario por país  —o sea 27 en aquel tiempo—  y el consejo de ministros adoptó un nuevo método de cómputo para la votación. En la cumbre de Gotemburgo, Suecia, celebrada a mediados de junio del 2001, los líderes de la UE ratificaron su decisión de admitir nuevos socios a condición de que ellos afirmaran su respeto a los derechos humanos y aproximaran sus indicadores económicos y sociales a los de los países miembros.
               Su ampliación hacia el este no sólo que modificó el mapa europeo  —porque Alemania y Austria, que fueron el lindero oriental de la Europa occidental, se han convertido en su centro geográfico—  sino que además tiene incidencia en el orden político y económico internacional del siglo XXI. Una Europa con alrededor de 500 millones de habitantes, un área agropecuaria de 200 millones de hectáreas (según cifras del 2009) y una potencia económica incrementada tiene un peso específico mayor en la toma de las decisiones mundiales. La admisión de los nuevos socios significó un aumento del 29% en la población total de la UE, del 33% en la superficie territorial y del 44% en el área cultivable. Pero la incorporación de los países del este europeo implicó también profundas transformaciones en el interior de ellos, puesto que debieron hacer grandes esfuerzos de preparación para ingresar a la comunidad. Esfuerzos dirigidos hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la garantía plena de los derechos humanos, el respeto a las minorías étnicas y culturales y la apertura económica. La incorporación a la UE significó para ellos el abandono de ciertos patrones culturales tradicionales, la armonización de políticas económicas con Occidente y la apertura de sus mercados a la competencia interregional. Todo lo cual supuso importantes cambios en las instituciones políticas y económicas de países sometidos antes a la planificación, gobierno y administración centralistas.
               Este proceso de “absorción” de los nuevos socios en el seno de la UE no estuvo exento de dificultades causadas, entre otros factores, por el inferior grado de desarrollo económico, la menor renta nacional, las bajas prestaciones sociales y los elevados índices de desempleo laboral que imperaban en los países del este europeo. Uno de los problemas que ello planteó fue que los fondos estructurales, los fondos de cohesión, el fondo social europeo y el fondo europeo de orientación y garantía, contemplados en los presupuestos de la UE para financiar obras viales, aeropuertos, ferrocarriles y desarrollo turístico y potenciar sectores productivos, fomentar el empleo, capacitar mano de obra calificada, impulsar la agricultura y la ganadería y ayudar a las regiones más deprimidas de Irlanda, España, Portugal y Grecia, tuvieron que redistribuirse para atender las necesidades de los nuevos socios de inferior grado de desarrollo relativo, cuyas economías eran esencialmente agrarias, en perjuicio de los países anteriormente beneficiados con esos recursos financieros. 
               El tan controvertido Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, ratificado en fechas distintas por los Estados suscriptores y en vigencia desde fines de 1993, entrañó un viraje en el proceso de integración europea y pretendió sentar las bases de la futura integración política. Después de haber acogido la propuesta del canciller Helmud Kohl de Alemania y del presidente de Francia François Mitterrand y de haberla completado con la sugerencia de Felipe González, a la sazón presidente del gobierno español, en ese tratado por primera vez se plantearon los objetivos políticos de la Unión Europea (UE), entre ellos los de instituir la ciudadanía común, crear la moneda única, institucionalizar el Banco Central Europeo (BCE), implantar una política exterior y de seguridad compartida, establecer la cooperación aduanera y formular normas comunes en materia de asilo, inmigración, delincuencia, drogas, terrorismo y asuntos fronterizos.
               El tratado buscó la Unión Económica y Monetaria (UEM) de los países europeos y estableció el programa de convergencia que cada uno de ellos debe seguir en su manejo macroeconómico para alcanzar este objetivo. Señaló que su inflación no puede ser superior en el 1,5% anual a la media de los tres países miembros de menor inflación. El déficit fiscal no debe ser mayor al 3% del PIB del propio país. La deuda pública no puede pasar del 60% de su producto interno. El >tipo de interés no debe exceder del 2% de la media de los tres países miembros con tipos oficiales de interés más bajos. Y en cuanto al >tipo de cambio, las monedas que aspiren a pasar a la unión monetaria deben haber permanecido por lo menos durante los dos últimos años dentro de la banda estrecha del sistema monetario europeo.
               En cumplimiento de estos propósitos y metas, el primero de enero de 1999 se inició la tercera fase del proceso de implantación de la moneda común europea, denominada <euro, y de la creación del aparato institucional encargado de manejar la política monetaria de los países integrantes de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
               A partir del primer día de 1999 se abrió un período de transición durante el cual las monedas nacionales dejaron de ser independientes, puesto que se vincularon irrevocablemente al euro, aunque mantuvieron su condición de medios de pago de curso legal hasta que fueron remplazadas por los billetes y monedas <euro desde el 1 de enero del 2002.
               En el curso de los últimos seis meses del período de transición  —o sea de enero a junio del 2002—  se desarrolló un proceso de conversión entre las monedas nacionales y la moneda común de acuerdo con las tasas de cambio fijadas irrevocablemente, no obstante lo cual los pagos pudieron hacerse todavía en cualquiera de esas monedas. Durante este lapso nadie estuvo obligado a utilizar el euro pero tampoco impedido de hacerlo, según el principio de no obligación, no prohibición. Este proceso concluyó el 30 de junio del 2002, ya que al día siguiente entraron en circulación los billetes y monedas euro que empezaron a regir como signos monetarios únicos. De allí en adelante las monedas nacionales pudieron ser canjeadas por euros pero no usadas como medios de pago.
               En cuanto a la distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, el tratado en su artículo 3.B adoptó el principio de la subsidiaridad en virtud del cual “la Comunidad actúa en los límites de competencia que le son concedidos y de los objetivos que le asigna el presente tratado. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad no interviene, conforme al principio de subsidiaridad, más que en la medida en que los objetivos de la acción prevista no pueden ser satisfechos de manera suficiente por los Estados miembros y pueden, por tanto, realizarse mejor a escala comunitaria”.
               Esto significa que se atribuyeron a la autoridad comunitaria sólo las funciones que no eran ejercidas a escala nacional por los gobiernos, sin menoscabo de la cohesión de la unión económica y monetaria de la Unión Europea.
               El proceso comunitario europeo es, sin duda, el más avanzado que está en marcha en el mundo. Después de la integración económica se propone llegar a la integración política. Sin embargo, a cada paso se suscitan confrontaciones entre “la Europa de las diversidades” y la “Europa de la unión”, ya que a pesar de todo siguen pesando las disparidades históricas, culturales, políticas y económicas que crean obstáculos en el camino de la integración.
               La Unión Europea de los 28 supone la existencia de alrededor de 1.300 regiones, comunidades autónomas, distritos, departamentos, länder y grupos de municipios. Tiene un territorio común de 4'689.000 kilómetros cuadrados y agrupa a 505'864.900 personas  —cifras del 2012—  que tienen diferentes culturas y que hablan más de setenta lenguas nacionales o regionales, de las cuales veinte son las oficiales de la Unión. Forman parte de ella: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Es éste, por tanto, un proceso muy complejo de integración que avanza trabajosamente. Hay miedo a la inmigración, a la pérdida de identidad nacional, a los choques culturales, a las disparidades políticas, a las diferencias religiosas, a la diversidad idiosincrásica, a la pérdida de cohesión social, al incremento de la delincuencia y al terrorismo. Todo esto a pesar de que la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece que "la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística".
               Ya en el pasado el Tratado de Maastricht levantó encendidas polémicas en Europa a la hora de ratificarlo. La beligerancia se planteó entre los “europeístas”, que sostenían la conveniencia de la moneda común y de sus instituciones, y los opositores que afirmaban que ellas crearían una instancia monetaria supranacional que afectaría a la soberanía de los Estados y que excluiría la posibilidad de instrumentar políticas monetarias nacionales e independientes. Algunos fueron más lejos: sostuvieron que la moneda única sería perjudicial para el desarrollo de las economías nacionales. Lo cierto es que la ratificación del tratado tuvo tropiezos. La mayoría de los Estados lo hizo por la vía de decisiones parlamentarias en tanto que otros acudieron al expediente del >plebiscito, en el que obtuvieron generalmente estrechos resultados en favor de la ratificación. Dinamarca, sin embargo, votó en contra y Noruega se excluyó del proceso comunitario.
               En septiembre de 1994 los gobiernos de Francia y  Alemania, impacientes ante la lenta marcha de la integración, adoptaron la idea de la “Europa a varias velocidades” y plantearon la división de los países miembros de la Unión Europea en tres grupos concéntricos, según su nivel de adaptación a la legislación comunitaria: los países más integrados formaban el núcleo central (presumiblemente Francia y Alemania), luego vino el grupo de los Estados que aún no estaban preparados económica o políticamente para la plena integración y, finalmente, el tercer círculo de países menos comprometidos con la unión total.
               La tesis de la “Europa a varias velocidades” aseguraría que los Estados deseosos de ingresar a la U. E. no detuvieran el avance del proceso integrador.
               La construcción de la Unión Europea representa un fenómeno nuevo en la Ciencia Política, en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional. La suya no es una vinculación federal ni conferederal de Estados. Es algo diferente. Pretende la creación de un espacio político en el que deben coexistir los Estados miembros con la Unión y somete a la soberanía a un desdoblamiento funcional entre la esfera de autoridad de los Estados y una suerte de “soberanía comunitaria” o “soberanía compartida” en áreas definidas como de interés común. El Tratado de Maastricht no sólo que dio nacimiento a la Unión Económica y Monetaria (UEM), o sea a la moneda única y a las autoridades supranacionales para administrarla, sino que además sometió a la jurisdicción comunitaria ciertos elementos de la política exterior, de la seguridad común, de la justicia y de la policía de los Estados europeos, que tienen que ver con lo que clásicamente se ha considerado el “núcleo duro” de la soberanía.
               En el curso de la formación de la unión política de Europa y como parte de este proceso, los líderes europeos reunidos durante los días 15 y 16 de octubre de 1999 en la cumbre de Tampere, al sur de Finlandia, esbozaron los primeros trazos de la integración judicial de sus Estados que implica el reconocimiento recíproco de la validez de las sentencias y autos judiciales, de modo que las órdenes emanadas de los jueces y tribunales de un país pueden y deben cumplirse en otro. A fin de combatir la delincuencia internacionalmente organizada, la cumbre de Tampere aprobó el programa de formación de la eurojust, o sea del sistema de justicia comunitaria europeo.
               Europa se anticipó en descubrir que la integración económica, con la ampliación de los ámbitos productivos y comerciales, puede ser un eficaz instrumento de desarrollo de los países integrados. Como vimos antes, las primeras iniciativas de complementación económica se dieron a finales de la década de los 40 del siglo XX con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo  —el Benelux—  y luego con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), la Unión Europea de Pagos y la Autoridad Internacional del Ruhr. Esta primera fase del proceso integracionista culminó con la suscripción del tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE). Después el Tratado de Maastricht en 1992 creó el euro como moneda regional única e institucionalizó el Banco Central Europeo.
               Para avanzar hacia la integración política y la implantación de una Constitución europea con órganos supranacionales de gobierno en ciertas áreas de la gestión pública comunitaria, los presidentes y jefes de gobierno de los entonces veinticinco Estados de la Unión Europea suscribieron solemnemente en Roma el 29 de octubre del 2004 el tratado por el que se aprobó el proyecto de Constitución destinada a establecer un gobierno transnacional sobre los Estados de la Unión Europea tan pronto como éstos lo ratificaran de acuerdo con sus normas de Derecho internas.
               La Constitución europea persigue, entre otros, los siguientes objetivos en materia económica: "a) los Estados miembros de la Unión Europea aplicarán a sus intercambios comerciales con los países y territorios el régimen que se otorguen entre sí en virtud de la Constitución; b) cada país o territorio aplicará a sus intercambios comerciales con los Estados miembros y con los demás países y territorios el régimen que aplique al Estado europeo con el que mantenga relaciones especiales; c) los Estados miembros contribuirán a las inversiones que requiera el desarrollo progresivo de estos países y territorios; d) para las inversiones financiadas por la Unión, la participación en adjudicaciones y suministros estará abierta, en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de los Estados miembros o de los países y territorios; e) en las relaciones entre los Estados miembros y los países y territorios, el derecho de establecimiento de los nacionales y sociedades se regulará (...) de forma no discriminatoria".
               Manda esa Constitución que "las importaciones originarias de los países y territorios se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la prohibición de los derechos de aduana entre Estados miembros establecida en la Constitución" y por tanto "quedan prohibidos (...) los derechos de aduana que graven, a su entrada en cada país y territorio, las importaciones procedentes de los Estados miembros y de los demás países y territorios. No obstante, los países y territorios podrán percibir derechos de aduana que correspondan a las exigencias de su desarrollo y a las necesidades de su industrialización, o derechos de carácter fiscal destinados a nutrir su presupuesto".
               La Unión Europea persigue el desarrollo armonioso del conjunto de sus países, para lo cual "desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. En particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas". En esta dirección, "el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive". Además, "un Fondo de Cohesión, creado mediante ley europea, proporcionará una contribución financiera a la realización de proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte".
               La Constitución garantiza, en el ámbito europeo que rige, "la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y la libertad de establecimiento", bajo el principio de que "todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros".
               El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros que han adoptado el euro forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales, bajo cuya responsabilidad está la definición de la política monetaria de la Unión, mientras que los Estados que no han adoptado la moneda europea mantienen la plenitud de sus competencias en el ámbito monetario.
               El proyecto de Constitución para Europa, después de haber sido suscrito el 29 de octubre del 2004 por los representantes de los entonces veinticinco Estados miembros de la Unión Europea, debió ser sometido al proceso de ratificación por cada uno de ellos, de acuerdo con sus normas internas, es decir, por la vía del referéndum, en unos casos, o por la aprobación parlamentaria, en otros.
               Sin embargo, el resultado no fue uniforme. Hasta mediados del 2006, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Luxemburgo ratificaron el tratado por vía parlamentaria. España y Luxemburgo lo hicieron también por esta vía pero con previos referendos no vinculantes, cuyos resultados fueron favorables a la ratificación. Dinamarca lo ratificó mediante referéndum vinculante. Pero Francia y Holanda dijeron "no" a la Constitución europea en sus respectivas consultas populares y paralizaron con ello el proceso. Cosa que ocurrió, en el caso de Francia, a pesar de la vocación integradora de su gobierno, que en octubre del 2002 propuso la elección por el Consejo de Europa de un Presidente Europeo para un período de cinco años.
               No obstante, a finales del 2009 los líderes de la Unión Europea, al completar el número de ratificaciones, pusieron en vigencia el Tratado de Lisboa, que "organiza el funcionamiento de la Unión y determina los ámbitos, la delimitación y las condiciones de ejercicio de sus competencias".  
               Este instrumento internacional, que entró a los predios de la integración política, confiere a la Unión Europa atribuciones exclusivas y atribuciones compartidas. Las primeras le dan la potestad de legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes para todos Estados miembros; y, en virtud de las segundas, ella y los Estados que la integran pueden legislar y adoptar determinados actos con sus voluntades concurrentes.
               Son competencias exclusivas de la Unión Europea expedir y ejecutar las normas jurídicas en las siguientes áreas:

                              a) la unión aduanera,
                              b) el mercado interior (mercado común),
                              c) la política monetaria en el área del euro,
                              d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera compartida, y
                              e) la política comercial común.
              Las decisiones en los siguientes ámbitos de acción se toman por voluntades concurrentes:
                              a) el mercado interior,
                              b) la política social definida por el Tratado,
                              c) la cohesión económica, social y territorial,
                              d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;
                              e) la regulación del medio ambiente,
                               f) la protección del consumidor,
                              g) los transportes,
                              h) las redes transeuropeas,
                               i) la energía,
                               j) la libertad, seguridad y justicia; y
                              k) los asuntos comunes de seguridad en la salud pública.

               El Tratado de Lisboa, en cierta manera, sustituyó a la frustrada Constitución europea y su propósito central fue forjar una Europa unida más eficiente, democrática, solidaria, respetuosa de los derechos y valores ético-sociales, que pudiera ser una actora importante en la escena global.
               De acuerdo con él, la Unión Europea es competente "para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa". Sus Estados miembros "coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión" y el Consejo dará las orientaciones generales de las políticas económicas, sociales y de empleo.
               La Unión  —"que constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros"—  luchará "contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual".
               Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de "circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros", de ejercer el "sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado"; de acogerse, en el territorio de un tercer país, "a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado"; de "formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua".
               La Unión "garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras nacionales que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países". Reforzará su lucha contra "la delincuencia, el racismo y la xenofobia". Ejercerá "los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores". Establecerá una "política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración". Y aplicará "una política común de inmigración" destinada a garantizar "una gestión eficaz de los flujos migratorios", así como la "prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos".
               El Tratado contiene normas relativas a la institucionalidad, finanzas, educación, formación profesional, juventud y deporte; salud pública; protección de los consumidores; investigación y desarrollo tecnológico; medio ambiente y cambio climático; energía; turismo; protección civil; cooperación administrativa; acción exterior; y a otras materias cuyo manejo y jurisdicción pertenecen a la Unión.
               Los órganos institucionales de la Unión Europea son: el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Secretaría General, la Comisión, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el Comité Económico y Financiero, el Comité de Conciliación, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Europol y el Diario Oficial de la Unión Europea.


                              3. La CEPAL.    En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948 por las Naciones Unidas, empezó a hablar en aquellos años del proyecto de unión aduanera y de la unidad de cuenta entre los países latinoamericanos y posteriormente, en 1956, defendió la idea de constituir un “mercado regional” sudamericano como instrumento para acelerar el proceso de industrialización en que estaban empeñados los gobiernos de la región en aquel tiempo.
               El mercado común centroamericano fue el primero de los proyectos de integración subregional de América Latina. Tomó forma mediante el Tratado de Tegucigalpa, celebrado el 10 de junio de 1958, entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Posteriormente estos países suscribieron otro instrumento para establecer las nuevas bases y proyecciones de su proceso integrador: fue el Tratado General de Integración Económica Centroamericana celebrado en Managua el 13 de diciembre de 1960. Pero los problemas políticos y militares que se suscitaron en la zona detuvieron el proceso integrador por largo tiempo y, pacificada la subregión, comenzó nuevamente a marchar.
               Bajo los auspicios de la CEPAL se produjo en Santiago de Chile, 1958, la Primera Reunión de Consulta sobre Política Comercial en el sur del continente, con la asistencia de representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, una de cuyas conclusiones fue que, sin perjuicio de los estudios relativos al mercado común latinoamericano, los cuatro países debieran adoptar, en el plazo más corto, una "política de liberación progresiva de su comercio recíproco".
               En 1960, como culminación de esta primera etapa de lucubraciones integracionistas, se firmó en Montevideo el tratado que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para la conformación de una >zona de libre comercio como paso previo a la implantación de un >mercado común regional en el plazo de doce años.


                              4. El Pacto Andino.    Nueve años más tarde  —dentro del marco del tratado de Montevideo—  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Integración Subregional —llamado también Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino— que dio inicio al proceso de integración de la subregión andina, al que se adhirió Venezuela en 1973 y del que se desprendió Chile bajo la dictadura de Pinochet en 1976.
               Sus dos principales instrumentos fueron el programa de liberalización comercial automático e irreversible, en el que Colombia y Chile tenían ventajas evidentes, y el sistema de programación industrial que se propuso distribuir equitativamente las oportunidades de los sectores más dinámicos de la industria, que requieren amplias escalas de producción y suponen importantes saltos tecnológicos  —como la industria automotriz, la petroquímica, la siderúrgica, la farmacéutica—  entre los países miembros, a fin de lograr en lo posible un desarrollo equilibrado de todos ellos. El programa de la industria metalmecánica se aprobó en agosto de 1972 y el de la industria petroquímica fue suscrito en agosto de 1975. Sin embargo, ambos programas fracasaron poco después porque resultaron inaplicables en la práctica.
               En 1970 se aprobó el Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera y sobre Marcas y Patentes  —mejor conocido como la Decisión 24—  que contuvo una serie de normas muy severas para la recepción de capitales del exterior, la operación de las empresas extranjeras, la transferencia de sus acciones a inversionistas nacionales, la expatriación de capitales, la remisión de utilidades y, en general, el manejo de la inversión extranjera directa e indirecta en los países andinos.
               Fue precisamente la discrepancia de opiniones respecto de este documento el principal motivo del retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena en 1976, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
               Para su operación, el Pacto Andino creó una secretaría técnica, que fue la Junta  —representante del interés comunitario y con iniciativa para desplegar acciones integradoras—  y la Comisión que fue el órgano colegiado compuesto por los representantes de los países, con capacidad política para aprobar decisiones colectivas y recomendar medidas a la Junta. El originario esquema operativo del Pacto Andino demandó también un fuerte aparato institucional en cada uno de los países. Unos crearon ministerios de la integración, otros unidades administrativas especiales, pero todos asistieron al proceso con poderosos instrumentos gubernativos.
               Pueden establecerse tres etapas en el desarrollo de la integración andina: la primera, muy dinámica, que se extendió hasta 1975 en que se crearon los órganos metanacionales para la conducción del proceso, se establecieron programas de desgravación arancelaria, se adoptó un régimen común de tratamiento a la inversión extranjera y sobre marcas y patentes y se implantaron programas sectoriales de desarrollo industrial; después la etapa de estancamiento, en que el proceso perdió dinamismo a causa de las dificultades financieras de los países integrados, que bajaron los niveles de su comercio recíproco, y de los incumplimientos de los compromisos contraídos; y la tercera etapa, de recuperación y reactivación del Pacto Andino, que se inició en 1989 gracias a la decisión tomada en Caracas por los presidentes Virgilio Barco de Colombia, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García de Perú y Carlos Andrés Pérez de Venezuela de vigilar directamente la marcha del proceso de integración y  de  reunirse  dos  veces  por  año  en  el  marco  del  Consejo  Presidencial  Andino  —que fue la nueva y superior instancia política que ellos crearon—  para pasar revista a las acciones cumplidas en el semestre. Esto dio un gran dinamismo al proceso. En esta etapa se estableció la zona de libre comercio y, con la adopción del arancel externo común, se formó sobre ella la unión aduanera a partir del 1 de febrero de 1995, en preparación del mercado común andino.
               En el período comprendido entre 1990 y 1995, según informaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el grupo andino incrementó su comercio intrasubregional a un ritmo del 27% anual, aunque no fue un crecimiento simétrico puesto que Ecuador alzó sus ventas de 188,5 millones de dólares a 364, Bolivia de 59,9 a 199 y Perú de 214 a 412, mientras que Colombia las aumentó de 327,7 a 1.805 y Venezuela de 493,6 a 1.847 millones de dólares. Lo cual demuestra que, con mucho, estos dos países fueron los beneficiarios principales de la integración puesto que quintuplicaron y cuadruplicaron respectivamente sus colocaciones en el mercado andino.
               No obstantes sus tropiezos y limitaciones, el proceso de integración andina fue, sin duda, desde el punto de vista técnico e institucional, el mejor logrado de los que se habían puesto en marcha en América Latina hasta ese momento y era el único que tenía una instancia judicial comunitaria  —el Tribunal Andino de Justicia—  para solucionar las controversias entre los países miembros con ocasión o por consecuencia de los acuerdos de integración.
               Sobre la base de la zona de libre comercio formada por los países andinos, se implantó a partir del primero de febrero de 1995 la unión aduanera entre tres de ellos: Venezuela, Colombia y Ecuador, que desde esa fecha aplicaron un arancel externo común a su comercio con los restantes países del mundo. Este arancel tenía tres niveles: 5% de gravamen para materias primas, entre el 10% y el 15% para productos semielaborados y el 20% para productos terminados. Sin embargo, el AEC adoptado por los tres países andinos comprendía el 90% del universo arancelario. El 10% restante, contenido en el anexo de excepciones, fue incorporado paulatinamente en el arancel.
               En abril de 1996 los presidentes de los países andinos, reunidos en la ciudad de Trujillo, Perú, tomaron dos resoluciones de carácter formal: sustituir la denominación de “Pacto Andino” con que se conocía desde su nacimiento a este sistema de integración por la de "Comunidad Andina de Naciones (CAN"), obedeciendo probablemente a la influencia europea, y crear una instancia intermedia de conducción del proceso: el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
               En consecuencia, los órganos de conducción y de administración de la integración subregional fueron:
                                a) el Consejo Presidencial Andino, constituido por los jefes de Estado de los países integrados, que ejerce la máxima autoridad en el proceso integrador y cuya misión principal es definir políticas, emitir normas directrices, evaluar el proceso de integración y supervisar la conducta de los órganos inferiores;
                                b) el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que formula la política exterior de los países miembros en los asuntos de interés subregional;
                                c) la Comisión de la Comunidad Andina, compuesta por los ministros encargados del comercio exterior, que conduce el intercambio de productos en el mercado ampliado, evita las distorsiones en la competencia y adopta las decisiones necesarias para la marcha del proceso;
                                d) la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo que aplica las resoluciones de los órganos anteriores y ejerce las funciones administrativas;
                                e) el Parlamento Andino, compuesto de cinco legisladores de cada uno de los países miembros, que es un foro de discusión y apoyo político al proceso de integración. A partir del año 2005 los parlamentarios andinos son elegidos directamente por los ciudadanos de cada Estado, en forma semejante a la del Parlamento Europeo;
                                f) el Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano jurisdiccional de la Comunidad encargado de declarar a quién asiste el Derecho en los casos de litigio entre los países por causa de violación de las normas de la integración o de incumplimiento de los compromisos contraídos; y
                                g) los consejos consultivos empresarial y laboral que, integrados por dirigentes de las cámaras de la producción y de los sindicatos de trabajadores, respectivamente, participan en las deliberaciones de la integración andina.
               La Comunidad Andina cuenta con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) como entidades financieras y crediticias encargadas de costear los proyectos de importancia de sus países en el ámbito de la integración o fuera de él.
               Además existen tres convenios relacionados con su política social: el Convenio Andrés Bello, que es un instrumento de integración cultural y educativa, con sede en Bogotá; el Convenio Hipólito Unanue referente a la salud humana, con sede en Lima; y el Convenio Simón Rodríguez, localizado en Quito, que versa sobre la integración laboral y la seguridad social.
               Forman también parte de la estructura operativa de la Comunidad: el Consejo Consultivo Laboral Andino y el Instituto Laboral Andino, con sede en Caracas, encargados de desarrollar programas de capacitación laboral; la Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones (ASETA), cuya misión es impulsar el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones para servir a la integración andina; y los consejos de planificación monetaria y cambiaria, de financiamiento, de política fiscal, de  comercio exterior, de turismo, de cuestiones sociales, de salud, de integración física, de asuntos agropecuarios, de materias aduaneras, de política industrial y de ciencia y tecnología, que operan como entes consultivos de los órganos comunitarios.
               Algunos observadores han mirado como inciertas las posibilidades de la Comunidad Andina, ya por su estancamiento, ya por las persistentes contradicciones internas entre los países que a ella pertenecen.
               En abril de 1997 el gobierno de Perú anunció la decisión de separarse definitivamente de la Comunidad Andina, con la que había suspendido sus compromisos a partir de 1992 a causa de su crisis económica interna, aunque más tarde revisó esta decisión. El gobierno peruano estuvo en desacuerdo con el arancel externo común, que de todas maneras significa cierto grado de protección industrial. El presidente Alberto Fujimori explicó en aquella oportunidad que su país "ha abierto su economía al mundo aplicando una política económica basada en el principio de la libre competencia, que debe ser el sustento de su relacionamiento con las demás naciones del mundo" e insistió en que deben eliminarse los subsidios y otras medidas que afectan en la subregión el comercio libre, dinámico, transparente y leal.
               El 19 de abril del 2006, reunidos en Asunción para tratar el proyecto de construcción de un gasoducto para abastecer de gas boliviano a Paraguay y Uruguay, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela declararon "muerta" a la Comunidad Andina a causa de los tratados de libre comercio celebrados por Colombia y Perú con Estados Unidos. Chávez afirmó que la CAN "sólo sirve a las elites y a las transnacionales". Y pocos días después el gobierno venezolano comunicó fomalmente la separación de su país de la Comunidad Andina. Esa separación se concretó el 22 de abril del 2011.


                              5. The Caribbean Community & Common Market (CARICOM).     Fue establecido el 4 de julio de 1973 para propender a la integración económica de los pequeños países del Caribe, coordinar su política exterior y fortalecer la cooperación económica, cultural, científica y tecnológica entre ellos.
               El acuerdo prevía varias instancias administrativas, la principal de las cuales era la conferencia semestral de jefes de Estado. La reunión periódica de los ministros era también otro de sus mecanismos de operación. La Secretaría Permanente funcionaba en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago.
               Formaban parte de este organismo de integración subregional: Belice, Jamaica, Trinidad & Tobago, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guayana, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Antigua & Barbuda, Anguilla, Bermuda, Caicos Islands, Turks Islands, Montserrat, Virgin Islands, Saint Thomas y otras islas caribeñas.
               El CARICOM ha tenido más éxito en la coordinación de las políticas exteriores de sus miembros que en la integración económica subregional del Caribe.


                              6. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).     Ante la frustración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que no pudo constituir la prometida zona de apertura comercial, los países de la región crearon, por medio del Tratado de Montevideo suscrito en 1980, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para alcanzar a través de renovadas estrategias los objetivos de la integración latinoamericana. Este fue otro de los frustrados intentos integracionistas de la región.


                              7. North American Free Trade Agreement (NAFTA).     Sobre la base del acuerdo de libre comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá el 2 de enero de 1988, que entró en vigencia el primero de enero de 1989, y bajo la inspiración de la <Iniciativa para las Américas que propuso en junio de 1990 el presidente George Bush, con el planteamiento de nuevas formas de vinculación entre América Latina y Estados Unidos basadas en la intensificación del comercio, en nuevas inversiones y en la solución del problema de la deuda, se suscribió el 12 de agosto de 1992 el Tratado de Libre Comercio (TLC)  —llamado en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA)—  entre Estados Unidos, Canadá y México, y al que se adhirió después Chile.
               Con ser muy importante por el tamaño de los Estados comprometidos  —370 millones de habitantes y 6.5 billones de dólares de producción conjunta—,  este no fue sin embargo un proyecto de gran envergadura en materia de integración. Se propuso solamente establecer una zona de libre comercio  —como, en efecto, empezó a establecerla a partir del 1 de enero de 1994—  y no fue más allá en el proceso integrador. Estados Unidos y Canadá tenían interés en producir más barato en México para mejorar su competitividad internacional. La integración ofrece esta ventaja: se puede producir donde es más barato hacerlo, independientemente de las fronteras nacionales. México, por su parte, buscaba asegurarse el mercado norteamericano y recibir caudalosas inversiones para dinamizar su economía y ampliar las posibilidades de empleo. Y todos ellos buscaban, en conjunto, adquirir nuevos mercados fuera de su región.
 

                              8. Grupo de los Tres (G-3).     Por medio de la Declaración de Nueva York, a fines de septiembre de 1990 se constituyó, como un mecanismo informal de consulta y concertación políticas, el llamado Grupo de los Tres (G-3), compuesto por México, Colombia y Venezuela. El grupo no se fundó en un tratado internacional ni contó con una estructura institucional. Mantuvo por ello su informalidad. Fueron varias coincidencias políticas, geopolíticas y económicas el factor de su unidad. El grupo instrumentó un programa común de desgravación arancelaria y la formación de una zona de libre comercio para la eventual implantación ulterior de un mercado común entre sus miembros. Ha desarrollado programas de cooperación sectorial en los campos de la energía, el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, la ciencia y la tecnología y, además, programas de complementación en las áreas de las industrias petrolera, química y siderúrgica.
               El 13 de junio de 1994 el grupo firmó en Cartagena los documentos para establecer la zona de libre comercio entre los tres países, que en conjunto tenían una población de 150 millones de habitantes y cuyo producto interno bruto era de alrededor de 400 mil millones de dólares.
              El próximo paso era la formación de su mercado común, que originalmente estuvo previsto para el 1 de enero de 1995 pero que sufrió postergaciones.


                              9. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR).     Fue creado en marzo de 1991 para integrar, en una zona de libre comercio, primero, y después en un mercado común, a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
               Este proceso de integración del cono sur se inició con la celebración del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. Allí se acordó abatir los aranceles entre los cuatro países miembros a partir del 1 de enero de 1995  —como en efecto se lo hizo—,  autorizar el libre tránsito de personas, bienes, capitales y tecnología entre ellos y preparar las condiciones para el mercado común. Después, el 17 de diciembre de 1994, los presidentes de los cuatro países firmaron en Ouro Preto, Brasil, los acuerdos que establecieron las bases de la unión aduanera que, aunque incompleta, empezó a operar a partir del 1 de enero de 1995 bajo la vigencia de un arancel externo común que contempla gravámenes que van del 0 al 20% para 9.000 productos.
              El Tratado de Asunción  —que es el nombre oficial de este instrumento—  invocó como propósito de la integración “la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales” como “condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”, para lo cual acordó la libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción entre los cuatro países, con eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial compartida con relación a terceros países o agrupaciones de países; y la coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización de las legislaciones entre los Estados-partes en las áreas fiscal, monetaria, cambiaria, industrial, del comercio exterior, transportes, agricultura y comunicaciones.
               El MERCOSUR ha tenido una institucionalidad muy incipiente. Según el Protocolo de Ouro Preto  —protocolo adicional al Tratado de Asunción—  sus órganos directivos, de carácter intergubernamental, son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico-social y la Secretaría Administrativa.
               El Consejo del Mercado Común  —integrado por los ministros de relaciones exteriores y de economía, cuya presidencia se ejerce rotativamente por los Estados miembros en períodos semestrales—  es “el órgano superior al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para  alcanzar la constitución final del mercado común”. Se reúne cuando es necesario, pero al menos una vez cada semestre concurren a la reunión los presidentes de los Estados partes. Sus decisiones son vinculantes para ellos. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo de la entidad. Está compuesto por cuatro miembros principales y cuatro suplentes por cada país. Su función principal es cumplir y hacer cumplir las decisiones del órgano superior, aprobar el presupuesto y recibir la rendición de cuentas anual de la Secretaría Administrativa. Sus resoluciones son obligatorias para los Estados. A la Comisión de Comercio, compuesta por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes de cada país, le “compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la unión aduanera”. El Foro Consultivo Económico-social es la instancia representativa de los sectores sociales y económicos privados de los países miembros para formular recomendaciones o plantear sus aspiraciones.
               Las decisiones de los órganos colegiados son tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados miembros.
El estatuto señala que “la Comisión Parlamentaria Conjunta es el órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del MERCOSUR”. Está integrada por igual número de parlamentarios de cada uno de los Estados miembros, designados por los respectivos parlamentos nacionales de acuerdo con sus normas internas. Sus responsabilidades principales son coadyuvar a la incorporación de las normas emanadas de los órganos comunitarios al ordenamiento jurídico de los Estados, trabajar en la armonización de las legislaciones nacionales y formular recomendaciones al Consejo del Mercado Común.
               De acuerdo con el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR, suscrito el 18 de febrero del 2002, los tribunales arbitrales ad hoc, de primera instancia, y el Tribunal Permanente de Revisión se encargan de solucionar los conflictos jurídicos que surjan entre los Estados o entre éstos y las personas naturales o jurídicas como consecuencia del proceso de integración.
               Dice el Protocolo de Ouro Preto que la Secretaría Administrativa, con sede en Montevideo, es un “órgano de apoyo operativo” encabezado por un Director designado por el Consejo del Mercado Común para el período de dos años, bajo cuya responsabilidad está la prestación de servicios a los demás órganos comunitarios, el mantenimiento del archivo oficial, la provisión de apoyo logístico a las reuniones de los órganos colegiados de la integración, la prestación de los servicios de secretaría, la entrega de información a los gobiernos acerca de la marcha del proceso de integración y el desempeño de las tareas que le sean encomendadas por el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio.
               Hay reuniones de ministros de economía, agricultura, industrias, minas y energía, trabajo, salud, desarrollo social, turismo, educación, cultura, medio ambiente. Funcionan numerosos foros, reuniones técnicas, reuniones especializadas, grupos de alto nivel, grupos y subgrupos de trabajo, grupos ad hoc, todos ellos integrados por delegados y representantes de los Estados miembros. 
               Este instrumento de integración contiene, como documentos anexos, el programa de liberación comercial, el régimen general de origen, la normativa de solución de las controversias, las cláusulas de salvaguardia y el esquema de los subgrupos de trabajo del Grupo Mercado Común.
               El 31 de julio del 2012 se incorporó Venezuela al MERCOSUR como su quinto miembro pleno.


                              10. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).     Los gobernantes de los doce Estados sudamericanos, reunidos en la ciudad del Cuzco el 8 de diciembre del 2004, proyectaron crear la Comunidad Sudamericana de Naciones con el fin de desarrollar un espacio "integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura”. Decisión que fue ratificada en las cumbres presidenciales de Brasilia en septiembre del 2005 y de Cochabamba en diciembre del 2006, en las que los presidentes reafirmaron que “la integración sudamericana no sólo es necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han trasformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz”.
               Con estos antecedentes, los gobernantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, reunidos en la isla venezolana de Margarita, resolvieron consensualmente el 16 de abril del 2007 fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)  —cuyo tratado constitutivo fue suscrito en Brasilia el 23 de mayo del 2008—,  señalar a Quito como su sede y elegirme para presidir la Secretaría General de la naciente entidad.
               Según dijeron los presidentes, la sustitución del nombre: de “comunidad” por “unión”, fue un cambio deliberado para expresar su designio de dar una estructura institucional más apretada a la nueva entidad.
               Dada mi vieja y ferviente vocación integracionista, acepté la responsabilidad e inmediatamente puse en manos de los jefes de Estado y de gobierno un proyecto de estatuto fundacional que contenía mis puntos de vista acerca de lo que debía ser y hacer UNASUR. En él manifesté mi opinión de que debían subsumirse en la nueva institución integracionista, de escala regional, todas las entidades subregionales existentes, a fin de avanzar de la dimensión subcontinental  —representada en ese momento por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)—  hacia la integración continental sudamericana, con base en las experiencias, logros y frustraciones de los sistemas subregionales.
               El desafío era  —y sigue siendo—  pasar de la escala subregional a la escala regional en la integración sudamericana, como etapa previa de la integración global de América Latina y el Caribe. Para lograr este objetivo era indispensable concentrar en una sola todas las entidades subregionales de integración y evitar la triplicación de esfuerzos, burocracias y presupuestos.
               Los principales cometidos de UNASUR debieron ser la integración cultural, educativa, energética, financiera, informática, de telecomunicaciones, de transportes y el avance científico y tecnológico de la región  —puesto que en la sociedad del conocimiento el saber y la información son los "insumos" con que funcionan los modernos instrumentos de la producción—;  el desarrollo sustentable, compatible con la defensa de los ecosistermas; la promoción y priorización las numerosas obras de integración física proyectadas en los campos de la energía, vialidad, telecomunicaciones, informática, transportes y muchos otros; la corrección de las asimetrías de la globalización para que ella produzca beneficios globales, es decir, beneficios para todos.
               UNASUR debía responder a la vieja y morosa idea de conectar a través del territorio sudamericano el Atlántico con el Pacífico  —como lo hizo América del Norte en el siglo XIX—  para impulsar el desarrollo regional.
               Podía contar con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (I.I.R.S.A.) que, con "el objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional, procurando la integración física de los doce países suramericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable", nació en la reunión de presidentes sudamericanos celebrada en Brasilia en agosto del 2000. Sobre diez ejes multinacionales de integración física horizontal y vertical, I.I.R.S.A.  ha  desenvuelto  centenares  de  proyectos  —unos concluidos, otros en ejecución y otros en preparación—  para construcción de rutas y carreteras entre los países, puentes internacionales, ferrovías, gasoductos, vías de agua y puertos fluviales.
               Ese era el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo humano, social y económico de los pueblos sudamericanos, potenciar su inserción en el mundo internacional implacablemente competitivo de la postguerra fría, impulsar la cooperación sur-sur  —que ha sido un viejo e incumplido anhelo de los pueblos del tercer mundo—  y alentar la formulación de un régimen jurídico compartido que permitiera a los sudamericanos tener una nacionalidad común, ser considerados en pie de igualdad en todos los Estados de la región, cruzar sus fronteras nacionales sin necesidad de visa ni pasaporte, circular libremente en los territorios de los Estados miembros, fijar su residencia y trabajar lícitamente en cualquiera de ellos, montar empresas y hacer inversiones con arreglo a las leyes de los Estados receptores.  
               Pero la instrumentación del proyecto tuvo tropiezos. El propósito original de los presidentes fue mediatizado por las burocracias de cancillería, en medio de imprecisiones conceptuales. No se formó una institución orgánica capaz de hacer cosas y de dar resultados tangibles y cuantificables, sino un nuevo foro para los presidentes, proclive a inflar la retórica espumosa que por más de medio siglo ha envuelto a los procesos de integración latinoamericanos.
               Decidí entonces declinar la alta responsabilidad de presidir la Secretaría General de UNASUR el 21 de mayo del 2008 y venticuatro meses después fui sustituido por el expresidente Néstor Kirchner de Argentina.
               Al momento de la creación de la nueva entidad, el subcontinente de 17'752.014 kilómetros cuadrados de territorio tenía alrededor de 380 millones de habitantes, un producto interno bruto de 1,9 billones de dólares, abundantes riquezas energéticas renovables y no renovables, grandes reservas minerales, enormes recursos hídricos y riquísima biodiversidad.


                              11. Alianza del Pacífico.     El 28 de abril del 2011, con las firmas de los presidentes Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera y Alan García, se constituyó en Lima el Área de Integración Profunda (AIP) compuesta por México, Colombia, Chile y Perú.
               Este nuevo mecanismo de integración subregional, al que se denominó Alianza del Pacífico, se puso en marcha el 6 de junio del 2012 cuando los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, reunidos en el desierto chileno de Atacama, firmaron su acta constitutiva. La nueva entidad integracionista representaba una población de 215 millones de habitantes, más de un tercio del producto interno bruto de América Latina y más de la mitad de su volumen comercial. Sus fundadores subrayaron que el objetivo era la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnologías y energía, la construcción de obras de infraestructura común entre los países aliados y el libre tránsito de personas entre ellos. Pusieron énfasis en que la nueva entidad integracionista latinoamericana, a diferencia de las otras, no impulsaba ni defendía mecanismos proteccionistas y estaba abierta al amplio comercio internacional con arreglo a las conveniencias de sus países miembros.
               El presidente Santos manifestó que "la Alianza no va contra nadie", no es "excluyente ni incompatible" con los otros procesos de integración, estará abierta a la incorporación de nuevos socios y será el proceso de integración regional más importante de América Latina para su desarrollo económico.
               Pero la formación de la Alianza del Pacífico generó "celos" políticos y comerciales en la UNASUR.
               A la VII cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 22 y 23 de mayo del 2013 en la ciudad de Cali, asistieron los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México, Sebastián Piñera de Chile y Ollanta Humala de Perú, miembros plenos de la entidad, y estuvieron presentes como observadores: el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy; el primer ministro Stephen Harper de Canadá; la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica; el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala; el presidente Ricardo Martinelli de Panamá; el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori; y altos representantes de Australia, Nueva Zelandia y Japón.
               En esa reunión se incorporó Costa Rica como miembro pleno de Alianza del Pacífico y se refrendaron los objetivos fundamentales de la entidad, en torno de los cuales se aprobaron diversos acuerdos para liberar del pago de tributos arancelarios al 90% de su comercio intrarregional, intensificar los flujos de comercio e inversión, fomentar la inversión extranjera, mejorar los estándares de protección de las inversiones nacionales, regionales y extrarregionales, perfeccionar los mecanismos de solución de las controversias internacionales, ampliar la cooperación integracionista hacia terceros países, revisar los avances arancelarios  —reglas de origen, facilitación del comercio, instrumentación aduanera—,  crear sinergias para la competitividad de las medianas y pequeñas empresas de los países miembros, implementar la mayor transparencia fiscal internacional y combatir la evasión y elusión tributarias, impulsar el turismo hacia la región, establecer medidas sanitarias y fitosanitarias en torno al comercio de medicamentos, abrir canales de cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, impulsar la investigación científica de los cambios climáticos, favorecer el comercio transfronterizo, avanzar en las negociaciones multilaterales en telecomunicaciones, servicios financieros y transporte aéreo y marítimo de pasajeros y carga, establecer terceras, cuartas y quintas libertades en vuelos interregionales y abrir embajadas, consulados y oficinas comerciales compartidas por los países miembros en algunos Estados asiáticos y africanos.
               Desde la perspectiva geopolítica, la Alianza del Pacífico obligó a México a mirar hacia el sur en su estrategia de contrarrestar la influencia económica de Brasil. Y se proyecta hacia el Pacífico mientras que el MERCOSUR se proyecta hacia el Atlántico.


                              12. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).      En la reunión cumbre de 33 jefes de Estado o de gobierno celebrada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre del 2011 se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), integrada por 33 Estados de la región, con el objetivo declarado de profundizar la integración regional en el marco de la "solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política" entre los países, bajo la convicción de que "la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región".
              La CELAC es, en realidad, un foro intergubernamental que, según dice su declaración de principios, constiuye un "mecanismo de diálogo y concertación" dentro de la "unidad en la diversidad" de los países que la integran con el fin de "promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes".
               Forman parte de este foro continental: Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
               La población de estos países, a la fecha de constitución de la CELAC, rodeaba los 589 millones de habitantes  —174 millones de pobres y 73 millones en pobreza extrema—  sobre 50,5 millones de kilómetros cadrados de territorio, con un 4,7% de producto interno bruto.


                              13. La integración: instrumento de desarrollo.     En las condiciones surgidas en la postguerra fría, la integración se presenta como un instrumento indispensable para el desarrollo humano, social y económico de los países pobres de Asia, Africa y América Latina. En el nuevo orden económico y político internacional, acaudillado por las potencias vencedoras de la confrontación Este-Oeste, el proceso de megafusiones ha producido una constelación de corporaciones transnacionales privadas de dimensiones colosales, cuyas cifras de ventas anuales superan el producto interno bruto de muchos países y cuyas asignaciones para investigación científica rebasan muchos presupuestos nacionales. Según datos del Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, en el año 2000 de las cien entidades económicamente más poderosas del planeta, 51 eran corporaciones privadas y 49 eran Estados. Las empresas transnacionales se han convertido en grandes imperios globales  —que no han podido ocultar su vocación de sustituir a los Estados en el ejercicio de sus facultades soberanas—,  hasta el punto que los imperialismos del futuro no tendrán a los grandes Estados como sus únicos protagonistas.


                               14. El proceso de integración en Asia y África.     En estos dos continentes también se han dado pasos hacia la integración económica, aunque menos decisivos que los de Europa y América Latina. Varias organizaciones subregionales se establecieron en África en la década de los 60: la Comunidad Económica de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Comité Consultivo Permanente del Maghreb, la Unión Aduanera y Económica de África Central.
               En la región árabe se estableció el Consejo de Cooperación del Golfo.
               La mayor zona de libre comercio del mundo es la integrada por Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunéi, Indonesia, Papúa-Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelandia, China-Hong Kong, Vietnam, Rusia y Singapur. Se trata del proceso de integración de los países de la cuenca del Pacífico en la región de intercambio libre más grande del planeta, que representa más de la mitad del comercio mundial y que tiene enormes potencialidades de desarrollo.  El llamado Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC), al que concurrió la mayoría de los países del área, representados por sus gobernantes, lo decidió en la reunión celebrada en Yakarta, capital de Indonesia, el 14 y 15 de noviembre de 1994. Allí se estableció el plazo de 25 años para alcanzar este objetivo. El plazo tenía dos tramos: uno para la apertura de los mercados en los países industrializados en el año 2010, y otro para los demás, fijado en el 2020.
               El organismo, surgido en 1989 como un grupo informal de diálogo de doce miembros, ha precisado sus metas de comercio abierto, de libre inversión y de cooperación económica y tecnológica en el área Asia-Pacífico y ha previsto sus métodos para alcanzarlas a lo largo de sus reuniones cumbres en Blake Island, Seattle, en noviembre 20 de 1993; en Bogor, Indonesia, el 15 de noviembre de 1994; en Osaka, Japón, el 19 de noviembre de 1995; en Subic, Filipinas, el 25 de noviembre de 1996; en Vancouver, Canada, el 25 de noviembre de 1997; en Kuala Lumpur, Malasia, el 18 de noviembre de 1998; en Auckland, Nueva Zelandia, el 13 de septiembre de 1999; en Bandar Seri Begawan, Brunéi, en noviembre del 2000; en Shanghai, China, el 21 de octubre del 2001; en Ciudad de México el 26 de octubre del 2002; Bangkok el 20 de octubre del 2003; en Santiago de Chile el 20 de noviembre del 2004; en Corea del Sur el 18 de noviembre del 2005; en Hanoi, Vietnam, el 18 de noviembre del 2006; en Sydney, Australia, en noviembre del 2007. En ese año el foro tenía 21 miembros. Los jefes de Estado y de gobierno de ellos se reúnen anualmente para ajustar sus estrategias.
               Esta es la culminación del proceso de crecimiento de las economías del sudeste asiático, lideradas por el Japón después de su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, que les llevará a jugar un papel aun más importante en la economía global y a estrechar sus vínculos con los Estados Unidos de América. En septiembre de 1980 se reunió el primer consejo de cooperación económica (Pacific Economic Cooperation Council, PECC) en Canberra para acercar las actividades comerciales, pesqueras, mineras, energéticas y otras de naturaleza económica entre los países de la región. Este organismo estableció una secretaría permanente con sede en Singapur, que un año después convocó una amplia conferencia de los ministros responsables del comercio exterior. Y en noviembre de 1993 el presidente Bill Clinton de Estados Unidos invitó a los gobernantes de todos esos países a la primera cumbre de Asia-Pacífico en Blake Island, cerca de Seattle, donde quedó integrada esta amplia y poderosa zona de libre comercio, fundada sobre los principios del libre intercambio internacional, la libertad de inversión y la cooperación económica y técnica.
               Ella hizo el milagro de reunir en un propósito comercial común a las dos grandes economías asiáticas: China (Hong Kong incluido) y Taiwán, por encima de los gravísimos y recurrentes conflictos suscitados en el estrecho que las separa.


                              15. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).     Con la intención de impulsar otro proceso integrador se reunieron el 12 de diciembre de 1994 en Miami, por iniciativa del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, treinta y cuatro jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  —Free Trade Area of the Americas (FTAA)—  a partir del año 2005 con el propósito de “abrir los mercados y crear una zona de libre comercio en nuestro hemisferio, reforzar el notable movimiento hacia la democracia y dar a nuestras naciones la posibilidad de mejorar la calidad de vida para todos nuestros pueblos”, según dijo Clinton en el discurso de apertura de la reunión.
               Era el proyecto norteamericano de integración para América Latina.
               El documento fundacional señalaba que “la eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y la creciente integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente”. Y agregaba que era un imperativo eliminar los obstáculos para el acceso al mercado común de los bienes y servicios de los países de la región, bajo la hipótesis de que “una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”.
               A la que se denominó primera cumbre de las Américas concurrieron los líderes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El único país excluido fue Cuba por falta de credenciales democráticas, según explicaron los promotores de la iniciativa. Todos los países miembros asumieron el compromiso de liberalizar en el futuro, a través de un proceso de negociación multilateral, el comercio y las inversiones en las Américas e impulsar el intercambio comercial “sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”.
               Para ello se obligaron a desmantelar gradualmente las barreras al comercio y a la inversión e implantar una zona de libre intercambio entre los países participantes a más tardar en el año 2005. Con tal propósito se conformó un comité tripartito integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sirviera de apoyo técnico y de asesoría.
               La segunda cumbre del ALCA se celebró en Santiago de Chile en 1998 y la tercera en Quebec en abril del 2001. Ambas reuniones estuvieron hostilizadas en la calle por los activistas antiglobalización. En el curso de las primeras deliberaciones se conformaron los órganos de gobierno, administración y negociación del ALCA y en ellas participaron no solamente el sector oficial representado por los jefes de Estado y de gobierno y por los ministros y viceministros de comercio de los países miembros sino también los empresarios privados, que a través de los foros empresariales de las Américas habían tenido y tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista y de defender sus intereses corporativos.
               Si el ALCA hubiera funcionado, habría sido, por el volumen de su comercio, el más grande de los programas de integración económica después de la Unión Europea, antes que el NAFTA y, con distancia considerable, el MERCOSUR. Pero esta iniciativa nunca funcionó. Se incumplieron los plazos y las previsiones. Los partidos de izquierda y los movimientos sociales latinoamericanos opusieron una tenaz resistencia al establecimiento de la zona de libre comercio con Estados Unidos. Incluso sectores empresariales privados manifestaron su oposición al proyecto. Y, entonces, el gobierno norteamericano optó por suscribir tratados bilaterales de apertura comercial con varios países de la región.
               El ALCA agrupaba a países que representaban una enorme disparidad en cuanto al tamaño de sus economías y a su grado de desarrollo. Y allí radicaba su debilidad  —al menos su debilidad para con los países de menor fuerza económica—  puesto que no podía garantizar la equitativa distribución de los costes y beneficios de un área de libre comercio tan extremadamente amplia y heterogénea. Tal como estaba planteado, la ejecución del proyecto hubiera profundizado las diferencias entre los países grandes y los pequeños por carecer de la flexibilidad necesaria para dar un tratamiento diferenciado a los de menor desarrollo, sea por medio de programas especiales de facilitación de su comercio, sea mediante la postergación en relación con ellos del programa de desgravación  —a fin de que las economías débiles pudieran tener tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia—  o sea a través del acceso preferencial de sus productos y servicios al eventual mercado ampliado.
               La definición de las pequeñas economías pasaba por la consideración de su ingreso per cápita, nivel de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, índices de productividad, tasa de alfabetismo, grado de escolaridad, desarrollo industrial, índice de computadores por habitante, nivel de participación en el comercio internacional, cifras de endeudamiento externo con relación a las exportaciones, infraestructura económica y social y otros indicadores cualitativos y cuantitativos del desarrollo económico y humano.
               Sin duda, estos temas fueron el punto central de las discusiones entre los miembros de la organización en el seno del Comité de Negociaciones Comerciales. Allí se planteó la cuestión de las asimetrías y se formularon sugerencias para fijar plazos y condiciones diferenciales en la liberación arancelaria, normas de origen, subsidios y mecanismos de defensa de las economías pequeñas, con el fin de evitar que las economías grandes sacaran provecho abusivo del comercio ampliado mientras que las pequeñas, perforados sus mercados nacionales, no tuvieran posibilidad alguna de participar equitativamente en el intercambio y fueran constreñidas a pequeños “nichos”  —market niches—  en los mercados exteriores para colocar sus exportaciones, generalmente compuestas de productos con muy poco o sin ningún valor agregado.
               Por eso Brasil y Venezuela, no obstante su mejor equipamiento comparativo para la competencia, expresaron sus reservas a la iniciativa norteamericana de anticipar la operación del ALCA hacia el año 2003. Brasil originalmente propuso el 2010 como fecha de partida, a fin de que los países latinoamericanos y caribeños tuvieran el tiempo necesario para abatir los aranceles  —que les proporcionaban buena parte de sus recursos presupuestarios—  y se prepararan para competir con la producción de Estados Unidos y Canadá.
               El presidente de México Vicente Fox, teniendo en mente a la Unión Europea, propuso en Quebec destinar un porcentaje de los recursos financieros del ALCA para formar un fondo de cohesión social que posibilitara el reflotamiento de los sectores más empobrecidos de América Latina y el Caribe. El fondo de cohesión de la Unión Europea, creado a finales de 1992 con el propósito de impulsar el desarrollo armónico de todos sus miembros, ha servido para asistir financieramente a los países de menor fuerza económica   —en este caso: España, Portugal, Grecia e Irlanda—   en la construcción de obras de infraestructura medio-ambientales y en la promoción de los transportes.
               También los empresarios privados han llamado la atención hacia las asimetrías de este proceso integrador y en los grupos de trabajo de los que han formado parte han demostrado mucho interés por definir lo que debe entenderse como economías pequeñas y los términos diferenciales de tratamiento en plazos, acceso a mercados y derechos compensatorios que les deben ser reconocidos.
               En este campo, como en otros, la “igualdad ante la ley” entre los países poderosos y los débiles no sirve a los intereses de la equidad. Es evidente que bajo la enseña de “comercio libre” los países desarrollados son, con mucho, los que más posibilidades tienen para aprovechar las ventajas de un mercado ampliado.
               No hay que perder de vista que, a partir de los años 70 del siglo XX, las políticas agrícolas de los gobiernos norteamericanos apuntaron a fortalecer a los gigantes del comercio de granos y cereales  —Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Monsanto y otros—  para que invadieran el planeta con sus productos de mejor calidad y menores precios. Este ha sido el modelo económico que, desde entonces, ha estado detrás de la legislación norteamericana y ha inspirado a sus equipos negociadores en el ámbito internacional. Su finalidad estratégica es la captura de mercados. La <globalización y los convenios de libre comercio no son más que estrategias para alcanzar este objetivo. Por eso los gobiernos estadounidenses presionan tanto, con la ayuda del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que los países del tercer mundo abrieran sus puertas arancelarias. El momento en que esto ocurra  —a título de ALCA o de tratados de libre comercio—  la producción local será aniquilada por las exportaciones agrícolas norteamericanas amparadas por los subsidios y los precios bajos. A eso han apuntado todas las leyes agrícolas de Estados Unidos (la Ley de Libertad de Cultivar de 1996, el Farm Bill del 2002): a producir en masa, bajar los precios de los productos  —algodón, arroz, maíz, trigo, cebada, soya, avena y sorgo—  con ayuda de los subsidios y “barrer” la competencia. Lo dijo en alguna ocasión el presidente George W. Bush: “los mercados extranjeros son esenciales para la supervivencia de  nuestros agricultores y granjeros”.
              El mecanismo de subsidios agrícolas funciona a través de tres dispositivos: pagos fijos directos, pagos contracíclicos y préstamos ventajosos para promociones de mercado. El alto nivel de subsidios ha conducido a niveles elevados de sobreproducción y a la formación de enormes volúmenes de excedentes exportables. Se calculaba en el año 2005 que una cuarta parte de la gigantesca producción agrícola norteamericana estaba destinada la exportación.
               Ahora bien, nada hay que atente más contra el libre comercio que las subvenciones estatales a la producción. Latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos y hasta sus socios canadienses han levantado la voz de protesta por el doble discurso norteamericano, que defiende la libertad de comercio pero vende productos agrícolas subsidiados. Las Naciones Unidas han estimado que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos causan en los países más pobres alrededor de cincuenta mil millones de dólares anuales de lucro cesante.
               A comienzos de siglo, durante el gobierno de George W. Bush, en nombre de la “libertad de comercio" y de la “igualdad de derechos" económicos, aumentaron las presiones norteamericanas para que los países latinoamericanos, ya no en el marco del ALCA sino de los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio, liberalizaran sus mercados para el intercambio de bienes industriales, productos agrícolas, compras gubernamentales e inversiones extranjeras directas. Pero, como hemos visto, el contexto internacional no era realmente de liberalización sino de un proteccionismo comercial creciente. Estados Unidos mantenían los subsidios a sus agricultores y con ellos reducían la <competitividad de los productos agrícolas que importaban. Lo cual afectaba severamente las economías de los países del tercer mundo. El neoproteccionismo que practicaban los países ricos echaba al traste los esfuerzos que hacían los países pobres para lograr su desarrollo con base en la ampliación de sus exportaciones. Ellos encontraban crecientes dificultades para atender el servicio de sus abultadas deudas externas y se veían forzados a disminuir sus importaciones para sanear sus balanzas comerciales.
               Las “libertades” e “igualdades” mercantiles que planteaban los dirigentes norteamericanos colocaban en total desigualdad de condiciones en el punto de partida a los países ricos y a los pobres. Dar derechos iguales a socios desiguales era una manera de beneficiar a los económicamente fuertes a costa de los débiles.
               Por estas y otras razones se despertó una tenaz resistencia en los países de América Latina contra el ALCA. Entonces los Estados Unidos prefirieron concertar acuerdos de libre comercio de carácter bilateral con muchos de los países latinoamericanos.
               

              
 
 
 
 
 
Es  un  instrumento  de  desarrollo  a  disposición  de  los  países  de  mercado  insuficiente  —y aun de los países grandes que desean ampliar su ámbito económico—  que consiste en la articulación productiva, comercial y aduanera de varios de ellos para formar un espacio económico más amplio que les posibilite el desenvolvimiento económico y social. El tamaño de su mercado interno es siempre un factor condicionante del desarrollo de un país. Este no puede ir más allá de las posibilidades que le ofrece la dimensión de su mercado. Para superar esa limitación se ha acudido a la integración económica a fin de vencer las barreras de los mercados insuficientes, producir en escala, bajar los costes de producción e incorporar moderna tecnología.
               La integración tiene varias etapas. Comienza con la formación de una >zona de libre comercio entre dos o más países, sigue con la implantación de la >unión aduanera y termina con el establecimiento del >mercado común. Incluso puede ir más lejos, como lo ha hecho la Unión Europea, con la adopción de una moneda común y la creación de un aparato institucional comunitario para el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia de todos los países miembros; pero ésta es ya una integración política y no meramente económica.
               En todo caso, el proceso de integración puede tener varios grados de intensidad.
               La zona de libre comercio se forma por el abatimiento de las barreras arancelarias y la apertura recíproca de mercados entre los países que la conforman. El territorio de ellos forma un solo y gran mercado para los productos de los países integrados, pero cada uno de ellos mantiene sus aranceles aduaneros con respecto a los países de fuera de la región.
               La unión aduanera adviene cuando a la zona de libre comercio se le añade un arancel externo común, destinado a gravar los bienes procedentes de “terceros países”, o sea de países de fuera del área. 
               Si además se armonizan las legislaciones y las políticas macroeconómicas, se avanza hacia el mercado común, que implica el libre tránsito de todos los factores productivos, esto es, personas, bienes, servicios, capitales y tecnologías.
               Este es el proceso de integración económica.
               Se puede ir más allá, como pretende la Unión Europea, pero ésta es ya una dimensión política y no solamente económica de la integración porque además de haber adoptado el 1º de enero de 1999 una moneda común  —el <euro—,  de haber creado un aparato institucional encargado de manejar la política monetaria compartida y de establecer parámetros dentro de los cuales han de moverse las >variables de la deuda pública, la inflación, el déficit fiscal, las tasas de interés y los tipos de cambio de todos los países miembros, establece como condición de pertenencia la implantación en ellos de las garantías del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la observación de los derechos humanos y el respeto a las minorías étnicas y culturales.
               La integración económica no es una panacea para todos los males de un país. Considerarlo así es un error que se comete con frecuencia. No se puede pedir a la integración más de lo que ella está llamada a dar. La integración es sólo un instrumento para impulsar el <desarrollo de los países integrados, especialmente el desarrollo industrial que, por la vía de creación de demandas, reactiva las otras áreas de la economía: la agricultura, la agroindustria, los servicios y el comercio.
               Al comienzo, ella fue un instrumento de los países pequeños, cuya estrechez del mercado, bajo poder adquisitivo de la población y altos índices de >marginación social produjeron un estrangulamiento económico que resultaba imposible de superar dentro de los marcos nacionales. La integración fue, para ellos, una solución a su estancamiento económico. Habían agotado las posibilidades de su desarrollo y no tenían otra manera de superar sus limitaciones internas que por medio de la formación de ámbitos económicos mayores en los que pudieran circular libremente los factores de la producción en el más amplio sentido: personas, fuerza laboral, bienes, servicios, capitales, conocimiento científico, tecnología e información.
               Sin embargo, más tarde los países grandes han visto también en ella un instrumento para acelerar su desarrollo. El MERCOSUR, que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, así como el Tratado de Libre Comercio (TLC), que integra a las tres principales economías hemisféricas que, en conjunto, representan el 81% de la población, el 72% de la superficie territorial, el 97% del producto bruto y el 93% de las exportaciones de la región, demuestran que la integración puede ser útil también para los países grandes que buscan mejorar su competitividad en la economía mundial y colocar sus excedentes de producción en mercados ampliados.
               La integración supone la creación de autoridades comunitarias con poder para legislar, imponer el cumplimiento de los acuerdos entre los países, dirimir los conflictos que surjan entre ellos y, en general, conducir el proceso integrador. En otras palabras, implica erigir un poder vinculante sobre los países miembros. Hacia el año 2000 la Unión Europea, por ejemplo, había formulado el 75% de la legislación económica vinculante de sus Estados miembros. Y eso, por supuesto, suscitó un problema de soberanía. ¿Hasta qué punto la creación de organismos supranacionales, dotados de normas y autoridad cuyas disposiciones son de obligatoria observación para los Estados, significa una merma del concepto de soberanía? ¿La formación de un organismo comunitario, con facultades para tomar decisiones erga omnes sobre los Estados, es compatible con ella?
               Este tema empezó a discutirse hace mucho tiempo, en los albores mismos de los proyectos de integración. Recuerdo haber asistido en febrero de 1967 en Bogotá a una mesa redonda organizada por el Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales y patrocinada por la Universidad Nacional de Colombia, que enfrentó a constitucionalistas e internacionalistas en la discusión de este asunto. La conclusión fue que, en materia de principios, no hay incompatibilidad entre integración y soberanía. La formación de órganos comunitarios, bajo un sistema jurídico específico  —el Derecho de Integración o Derecho Comunitario—,  no menoscaba sino que reafirma el concepto de soberanía puesto que cada uno de los Estados que participa en el proceso lo hace voluntariamente y limita los alcances de su propio poder a cambio de las ventajas económicas que la supeditación a un orden comunitario le puede ofrecer. Se trata, en realidad, de una autolimitación. Y esta es una potestad propia de los entes soberanos. La >soberanía es, por definición, la facultad de los Estados para autoobligarse y autodeterminarse.
 
 
                              1. Las primeras iniciativas de integración.     A finales de la década de los 40, con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux) y con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), de la Unión Europea de Pagos y de la Autoridad Internacional del Ruhr, se dieron en Europa las primeras iniciativas de integración. Esta primera fase del proceso culminó con la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE). 
               El >plan Marshall de los Estados Unidos, que se implantó en 1948 para la rehabilitación económica de los países europeos afectados por la >segunda guerra mundial, creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que fue probablemente el primer escalón del proceso de integración de Europa occidental. La OECE con el pasar del tiempo se transformó, en 1960, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene los siguientes miembros plenos: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía, Israel, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia y Chile. 
               Como respuesta al plan Marshall y a la OECE, los países de la órbita marxista formaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), conocido también como el COMECON. Esto ocurrió en enero de 1949. Sus fundadores fueron la Unión Soviética, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Después ingresó Albania pero abandonó la organización en 1968, a raíz de las desavenencias sino-soviéticas. En 1962 entró Mongolia y Cuba en 1973. Si bien el COMECON nació con objetivos de cooperación solamente, en 1974 amplió sus horizontes hacia la integración entre los países marxistas al incorporar a sus fines los Principios Fundamentales de la División Internacional Socialista del Trabajo y el Programa Completo de profundización y perfeccionamiento de la cooperación y el desarrollo de la integración económica socialista. 
               Sus resultados, sin embargo, fueron muy pobres. Desde su fundación hasta la muerte de Stalin en 1953, su acción se limitó casi por completo a registrar los acuerdos de pagos bilaterales concluidos entre los países miembros. A partir de 1954 el COMECON dinamizó algo su operación. Propició la celebración de los llamados acuerdos de especialización, con el énfasis puesto en la industria pesada, en virtud de los cuales cada país miembro tomó para sí la construcción de determinados tipos de máquinas a fin de aprovechar la economía de escala. Pero los países tuvieron que afrontar serios problemas de costes, de calidad y de precios en su producción industrial, así como de convertibilidad en la moneda que utilizaban en sus transacciones, puesto que ni aun los rublos convertibles llegaron a ser eficaces medios de pago internacionales. La organización hizo crisis en 1990, en la reunión celebrada en Sofía, en que se produjeron las más virulentas críticas al sistema. Los delegados, al evaluar sus rendimientos en cuarenta años, condenaron el “despilfarro energético”, el “sobredimensionamiento de la industria pesada”, la “subordinación a los intereses soviéticos” y muchas otras anomalías. Las dificultades fueron tan grandes que el 27 de junio de 1991 se firmó el acuerdo de disolución del COMECON.
 
 
                              2. La Comunidad Económica Europea.      La formación de la Comunidad Económica Europea, a partir de la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por parte de los seis países iniciadores  —Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda—,  fue la culminación de los esfuerzos emprendidos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial para unificar Europa occidental y formar su mercado común. En 1973 ingresaron tres nuevos países a la Comunidad: Dinamarca, Irlanda e Inglaterra; en 1981 se incorporó Grecia; en 1986 España y Portugal; en 1995 Austria, Finlandia y Suecia; en el 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, Polonia y República Checa; en el 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania y en el 2013 se sumó Croacia. De modo que la Unión Europea está compuesta  —sin que ésta sea una cifra final—  por 28 países, cuyos territorios y economías forman un solo mercado común, y es el proyecto más avanzado del mundo en materia de integración. En el año 2013 tenía una población total de 530'200.000 habitantes distribuidos en los territorios de sus países miembros.
               Todos aquellos países cumplieron con los denominados "criterios de Copenhague" para poder ingresar, lo cual significaba que, en lo político, eran considerados Estados  —según el concepto geopolítico europeo—  en los que imperaban instituciones garantizadoras de la democracia, la vigencia del Derecho, la protección de las minorías y el respeto a los derechos humanos; y, en lo económico, tenían sistemas de mercado con niveles de competitividad para desenvolverse en el ámbito mercantil de Europa y respetaban el Acuerdo Europeo de las "cuatro libertades básicas", que se resumían en la libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios. En tales condiciones, cada uno de ellos asumió las obligaciones inherentes a su membresía de la Unión, especialmente en lo relativo a la política exterior y de seguridad común.
               El proceso avanzó a pesar de los temores de que la integración traería altos índices de inmigración y la afluencia de mano de obra barata que perjudicaría a los trabajadores europeos, y del choque cultural y el impacto de los bajos estándares medioambientales de los países del este europeo que ingresaban a la Unión.
               El Tratado de la Unión Europea  —conocido también como Tratado de Maastricht—  firmado el 7 de febrero de 1992, dio una nueva estructura y alcances al proceso de integración de Europa, entre otras razones, porque produjo el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), creó el <euro como moneda común europea y estableció las autoridades supranacionales para administrarla.
               Para afrontar el reto de una Unión Europea con veintiocho miembros, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en Niza a principios de diciembre del 2000 reformó las instituciones europeas de la integración. El parlamento comunitario de 626 diputados pasó a ser de 728, la comisión europea tuvo un comisario por país  —o sea 27 en aquel tiempo—  y el consejo de ministros adoptó un nuevo método de cómputo para la votación. En la cumbre de Gotemburgo, Suecia, celebrada a mediados de junio del 2001, los líderes de la UE ratificaron su decisión de admitir nuevos socios a condición de que ellos afirmaran su respeto a los derechos humanos y aproximaran sus indicadores económicos y sociales a los de los países miembros.
               Su ampliación hacia el este no sólo que modificó el mapa europeo  —porque Alemania y Austria, que fueron el lindero oriental de la Europa occidental, se han convertido en su centro geográfico—  sino que además tiene incidencia en el orden político y económico internacional del siglo XXI. Una Europa con alrededor de 500 millones de habitantes, un área agropecuaria de 200 millones de hectáreas (según cifras del 2009) y una potencia económica incrementada tiene un peso específico mayor en la toma de las decisiones mundiales. La admisión de los nuevos socios significó un aumento del 29% en la población total de la UE, del 33% en la superficie territorial y del 44% en el área cultivable. Pero la incorporación de los países del este europeo implicó también profundas transformaciones en el interior de ellos, puesto que debieron hacer grandes esfuerzos de preparación para ingresar a la comunidad. Esfuerzos dirigidos hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la garantía plena de los derechos humanos, el respeto a las minorías étnicas y culturales y la apertura económica. La incorporación a la UE significó para ellos el abandono de ciertos patrones culturales tradicionales, la armonización de políticas económicas con Occidente y la apertura de sus mercados a la competencia interregional. Todo lo cual supuso importantes cambios en las instituciones políticas y económicas de países sometidos antes a la planificación, gobierno y administración centralistas.
               Este proceso de “absorción” de los nuevos socios en el seno de la UE no estuvo exento de dificultades causadas, entre otros factores, por el inferior grado de desarrollo económico, la menor renta nacional, las bajas prestaciones sociales y los elevados índices de desempleo laboral que imperaban en los países del este europeo. Uno de los problemas que ello planteó fue que los fondos estructurales, los fondos de cohesión, el fondo social europeo y el fondo europeo de orientación y garantía, contemplados en los presupuestos de la UE para financiar obras viales, aeropuertos, ferrocarriles y desarrollo turístico y potenciar sectores productivos, fomentar el empleo, capacitar mano de obra calificada, impulsar la agricultura y la ganadería y ayudar a las regiones más deprimidas de Irlanda, España, Portugal y Grecia, tuvieron que redistribuirse para atender las necesidades de los nuevos socios de inferior grado de desarrollo relativo, cuyas economías eran esencialmente agrarias, en perjuicio de los países anteriormente beneficiados con esos recursos financieros.
               El tan controvertido Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, ratificado en fechas distintas por los Estados suscriptores y en vigencia desde fines de 1993, entrañó un viraje en el proceso de integración europea y pretendió sentar las bases de la futura integración política. Después de haber acogido la propuesta del canciller Helmud Kohl de Alemania y del presidente de Francia François Mitterrand y de haberla completado con la sugerencia de Felipe González, a la sazón presidente del gobierno español, en ese tratado por primera vez se plantearon los objetivos políticos de la Unión Europea (UE), entre ellos los de instituir la ciudadanía común, crear la moneda única, institucionalizar el Banco Central Europeo (BCE), implantar una política exterior y de seguridad compartida, establecer la cooperación aduanera y formular normas comunes en materia de asilo, inmigración, delincuencia, drogas, terrorismo y asuntos fronterizos.
               El tratado buscó la Unión Económica y Monetaria (UEM) de los países europeos y estableció el programa de convergencia que cada uno de ellos debe seguir en su manejo macroeconómico para alcanzar este objetivo. Señaló que su inflación no puede ser superior en el 1,5% anual a la media de los tres países miembros de menor inflación. El déficit fiscal no debe ser mayor al 3% del PIB del propio país. La deuda pública no puede pasar del 60% de su producto interno. El >tipo de interés no debe exceder del 2% de la media de los tres países miembros con tipos oficiales de interés más bajos. Y en cuanto al >tipo de cambio, las monedas que aspiren a pasar a la unión monetaria deben haber permanecido por lo menos durante los dos últimos años dentro de la banda estrecha del sistema monetario europeo.
               En cumplimiento de estos propósitos y metas, el primero de enero de 1999 se inició la tercera fase del proceso de implantación de la moneda común europea, denominada <euro, y de la creación del aparato institucional encargado de manejar la política monetaria de los países integrantes de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
               A partir del primer día de 1999 se abrió un período de transición durante el cual las monedas nacionales dejaron de ser independientes, puesto que se vincularon irrevocablemente al euro, aunque mantuvieron su condición de medios de pago de curso legal hasta que fueron remplazadas por los billetes y monedas <euro desde el 1 de enero del 2002.
               En el curso de los últimos seis meses del período de transición  —o sea de enero a junio del 2002—  se desarrolló un proceso de conversión entre las monedas nacionales y la moneda común de acuerdo con las tasas de cambio fijadas irrevocablemente, no obstante lo cual los pagos pudieron hacerse todavía en cualquiera de esas monedas. Durante este lapso nadie estuvo obligado a utilizar el euro pero tampoco impedido de hacerlo, según el principio de no obligación, no prohibición. Este proceso concluyó el 30 de junio del 2002, ya que al día siguiente entraron en circulación los billetes y monedas euro que empezaron a regir como signos monetarios únicos. De allí en adelante las monedas nacionales pudieron ser canjeadas por euros pero no usadas como medios de pago.
               En cuanto a la distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, el tratado en su artículo 3.B adoptó el principio de la subsidiaridad en virtud del cual “la Comunidad actúa en los límites de competencia que le son concedidos y de los objetivos que le asigna el presente tratado. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad no interviene, conforme al principio de subsidiaridad, más que en la medida en que los objetivos de la acción prevista no pueden ser satisfechos de manera suficiente por los Estados miembros y pueden, por tanto, realizarse mejor a escala comunitaria”.
               Esto significa que se atribuyeron a la autoridad comunitaria sólo las funciones que no eran ejercidas a escala nacional por los gobiernos, sin menoscabo de la cohesión de la unión económica y monetaria de la Unión Europea.
               El proceso comunitario europeo es, sin duda, el más avanzado que está en marcha en el mundo. Después de la integración económica se propone llegar a la integración política. Sin embargo, a cada paso se suscitan confrontaciones entre “la Europa de las diversidades” y la “Europa de la unión”, ya que a pesar de todo siguen pesando las disparidades históricas, culturales, políticas y económicas que crean obstáculos en el camino de la integración.
               La Unión Europea de los 28 supone la existencia de alrededor de 1.300 regiones, comunidades autónomas, distritos, departamentos, länder y grupos de municipios. Tiene un territorio común de 4'689.000 kilómetros cuadrados y agrupa a 505'864.900 personas  —cifras del 2012—  que tienen diferentes culturas y que hablan más de setenta lenguas nacionales o regionales, de las cuales veinte son las oficiales de la Unión. Forman parte de ella: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Es éste, por tanto, un proceso muy complejo de integración que avanza trabajosamente. Hay miedo a la inmigración, a la pérdida de identidad nacional, a los choques culturales, a las disparidades políticas, a las diferencias religiosas, a la diversidad idiosincrásica, a la pérdida de cohesión social, al incremento de la delincuencia y al terrorismo. Todo esto a pesar de que la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece que "la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística".
               Ya en el pasado el Tratado de Maastricht levantó encendidas polémicas en Europa a la hora de ratificarlo. La beligerancia se planteó entre los “europeístas”, que sostenían la conveniencia de la moneda común y de sus instituciones, y los opositores que afirmaban que ellas crearían una instancia monetaria supranacional que afectaría a la soberanía de los Estados y que excluiría la posibilidad de instrumentar políticas monetarias nacionales e independientes. Algunos fueron más lejos: sostuvieron que la moneda única sería perjudicial para el desarrollo de las economías nacionales. Lo cierto es que la ratificación del tratado tuvo tropiezos. La mayoría de los Estados lo hizo por la vía de decisiones parlamentarias en tanto que otros acudieron al expediente del >plebiscito, en el que obtuvieron generalmente estrechos resultados en favor de la ratificación. Dinamarca, sin embargo, votó en contra y Noruega se excluyó del proceso comunitario.
               En septiembre de 1994 los gobiernos de Francia y  Alemania, impacientes ante la lenta marcha de la integración, adoptaron la idea de la “Europa a varias velocidades” y plantearon la división de los países miembros de la Unión Europea en tres grupos concéntricos, según su nivel de adaptación a la legislación comunitaria: los países más integrados formaban el núcleo central (presumiblemente Francia y Alemania), luego vino el grupo de los Estados que aún no estaban preparados económica o políticamente para la plena integración y, finalmente, el tercer círculo de países menos comprometidos con la unión total.
               La tesis de la “Europa a varias velocidades” aseguraría que los Estados deseosos de ingresar a la U. E. no detuvieran el avance del proceso integrador.
               La construcción de la Unión Europea representa un fenómeno nuevo en la Ciencia Política, en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional. La suya no es una vinculación federal ni conferederal de Estados. Es algo diferente. Pretende la creación de un espacio político en el que deben coexistir los Estados miembros con la Unión y somete a la soberanía a un desdoblamiento funcional entre la esfera de autoridad de los Estados y una suerte de “soberanía comunitaria” o “soberanía compartida” en áreas definidas como de interés común. El Tratado de Maastricht no sólo que dio nacimiento a la Unión Económica y Monetaria (UEM), o sea a la moneda única y a las autoridades supranacionales para administrarla, sino que además sometió a la jurisdicción comunitaria ciertos elementos de la política exterior, de la seguridad común, de la justicia y de la policía de los Estados europeos, que tienen que ver con lo que clásicamente se ha considerado el “núcleo duro” de la soberanía.
               En el curso de la formación de la unión política de Europa y como parte de este proceso, los líderes europeos reunidos durante los días 15 y 16 de octubre de 1999 en la cumbre de Tampere, al sur de Finlandia, esbozaron los primeros trazos de la integración judicial de sus Estados que implica el reconocimiento recíproco de la validez de las sentencias y autos judiciales, de modo que las órdenes emanadas de los jueces y tribunales de un país pueden y deben cumplirse en otro. A fin de combatir la delincuencia internacionalmente organizada, la cumbre de Tampere aprobó el programa de formación de la eurojust, o sea del sistema de justicia comunitaria europeo.
               Europa se anticipó en descubrir que la integración económica, con la ampliación de los ámbitos productivos y comerciales, puede ser un eficaz instrumento de desarrollo de los países integrados. Como vimos antes, las primeras iniciativas de complementación económica se dieron a finales de la década de los 40 del siglo XX con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo  —el Benelux—  y luego con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), la Unión Europea de Pagos y la Autoridad Internacional del Ruhr. Esta primera fase del proceso integracionista culminó con la suscripción del tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE). Después el Tratado de Maastricht en 1992 creó el euro como moneda regional única e institucionalizó el Banco Central Europeo. 
               Para avanzar hacia la integración política y la implantación de una Constitución europea con órganos supranacionales de gobierno en ciertas áreas de la gestión pública comunitaria, los presidentes y jefes de gobierno de los entonces veinticinco Estados de la Unión Europea suscribieron solemnemente en Roma el 29 de octubre del 2004 el tratado por el que se aprobó el proyecto de Constitución destinada a establecer un gobierno transnacional sobre los Estados de la Unión Europea tan pronto como éstos lo ratificaran de acuerdo con sus normas de Derecho internas.
               La Constitución europea persigue, entre otros, los siguientes objetivos en materia económica: "a) los Estados miembros de la Unión Europea aplicarán a sus intercambios comerciales con los países y territorios el régimen que se otorguen entre sí en virtud de la Constitución; b) cada país o territorio aplicará a sus intercambios comerciales con los Estados miembros y con los demás países y territorios el régimen que aplique al Estado europeo con el que mantenga relaciones especiales; c) los Estados miembros contribuirán a las inversiones que requiera el desarrollo progresivo de estos países y territorios; d) para las inversiones financiadas por la Unión, la participación en adjudicaciones y suministros estará abierta, en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de los Estados miembros o de los países y territorios; e) en las relaciones entre los Estados miembros y los países y territorios, el derecho de establecimiento de los nacionales y sociedades se regulará (...) de forma no discriminatoria". 
               Manda esa Constitución que "las importaciones originarias de los países y territorios se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la prohibición de los derechos de aduana entre Estados miembros establecida en la Constitución" y por tanto "quedan prohibidos (...) los derechos de aduana que graven, a su entrada en cada país y territorio, las importaciones procedentes de los Estados miembros y de los demás países y territorios. No obstante, los países y territorios podrán percibir derechos de aduana que correspondan a las exigencias de su desarrollo y a las necesidades de su industrialización, o derechos de carácter fiscal destinados a nutrir su presupuesto".
               La Unión Europea persigue el desarrollo armonioso del conjunto de sus países, para lo cual "desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. En particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas". En esta dirección, "el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive". Además, "un Fondo de Cohesión, creado mediante ley europea, proporcionará una contribución financiera a la realización de proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte".
               La Constitución garantiza, en el ámbito europeo que rige, "la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y la libertad de establecimiento", bajo el principio de que "todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros".
               El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros que han adoptado el euro forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales, bajo cuya responsabilidad está la definición de la política monetaria de la Unión, mientras que los Estados que no han adoptado la moneda europea mantienen la plenitud de sus competencias en el ámbito monetario.
               El proyecto de Constitución para Europa, después de haber sido suscrito el 29 de octubre del 2004 por los representantes de los entonces veinticinco Estados miembros de la Unión Europea, debió ser sometido al proceso de ratificación por cada uno de ellos, de acuerdo con sus normas internas, es decir, por la vía del referéndum, en unos casos, o por la aprobación parlamentaria, en otros.
               Sin embargo, el resultado no fue uniforme. Hasta mediados del 2006, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Luxemburgo ratificaron el tratado por vía parlamentaria. España y Luxemburgo lo hicieron también por esta vía pero con previos referendos no vinculantes, cuyos resultados fueron favorables a la ratificación. Dinamarca lo ratificó mediante referéndum vinculante. Pero Francia y Holanda dijeron "no" a la Constitución europea en sus respectivas consultas populares y paralizaron con ello el proceso. Cosa que ocurrió, en el caso de Francia, a pesar de la vocación integradora de su gobierno, que en octubre del 2002 propuso la elección por el Consejo de Europa de un Presidente Europeo para un período de cinco años.
               No obstante, a finales del 2009 los líderes de la Unión Europea, al completar el número de ratificaciones, pusieron en vigencia el Tratado de Lisboa, que "organiza el funcionamiento de la Unión y determina los ámbitos, la delimitación y las condiciones de ejercicio de sus competencias".  
               Este instrumento internacional, que entró a los predios de la integración política, confiere a la Unión Europa atribuciones exclusivas y atribuciones compartidas. Las primeras le dan la potestad de legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes para todos Estados miembros; y, en virtud de las segundas, ella y los Estados que la integran pueden legislar y adoptar determinados actos con sus voluntades concurrentes. 
               Son competencias exclusivas de la Unión Europea expedir y ejecutar las normas jurídicas en las siguientes áreas:
 
                              a) la unión aduanera,
                              b) el mercado interior (mercado común),
                              c) la política monetaria en el área del euro,
                              d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera compartida, y
                              e) la política comercial común.
              Las decisiones en los siguientes ámbitos de acción se toman por voluntades concurrentes:
                              a) el mercado interior,
                              b) la política social definida por el Tratado,
                              c) la cohesión económica, social y territorial,
                              d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;
                              e) la regulación del medio ambiente,
                               f) la protección del consumidor, 
                              g) los transportes,
                              h) las redes transeuropeas,
                               i) la energía,
                               j) la libertad, seguridad y justicia; y
                              k) los asuntos comunes de seguridad en la salud pública.
 
               El Tratado de Lisboa, en cierta manera, sustituyó a la frustrada Constitución europea y su propósito central fue forjar una Europa unida más eficiente, democrática, solidaria, respetuosa de los derechos y valores ético-sociales, que pudiera ser una actora importante en la escena global.
               De acuerdo con él, la Unión Europea es competente "para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa". Sus Estados miembros "coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión" y el Consejo dará las orientaciones generales de las políticas económicas, sociales y de empleo. 
               La Unión  —"que constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros"—  luchará "contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual".
               Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de "circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros", de ejercer el "sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado"; de acogerse, en el territorio de un tercer país, "a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado"; de "formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua".
               La Unión "garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras nacionales que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países". Reforzará su lucha contra "la delincuencia, el racismo y la xenofobia". Ejercerá "los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores". Establecerá una "política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración". Y aplicará "una política común de inmigración" destinada a garantizar "una gestión eficaz de los flujos migratorios", así como la "prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos".
               El Tratado contiene normas relativas a la institucionalidad, finanzas, educación, formación profesional, juventud y deporte; salud pública; protección de los consumidores; investigación y desarrollo tecnológico; medio ambiente y cambio climático; energía; turismo; protección civil; cooperación administrativa; acción exterior; y a otras materias cuyo manejo y jurisdicción pertenecen a la Unión.
               Los órganos institucionales de la Unión Europea son: el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Secretaría General, la Comisión, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el Comité Económico y Financiero, el Comité de Conciliación, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Europol y el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 
                              3. La CEPAL.    En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948 por las Naciones Unidas, empezó a hablar en aquellos años del proyecto de unión aduanera y de la unidad de cuenta entre los países latinoamericanos y posteriormente, en 1956, defendió la idea de constituir un “mercado regional” sudamericano como instrumento para acelerar el proceso de industrialización en que estaban empeñados los gobiernos de la región en aquel tiempo.
               El mercado común centroamericano fue el primero de los proyectos de integración subregional de América Latina. Tomó forma mediante el Tratado de Tegucigalpa, celebrado el 10 de junio de 1958, entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Posteriormente estos países suscribieron otro instrumento para establecer las nuevas bases y proyecciones de su proceso integrador: fue el Tratado General de Integración Económica Centroamericana celebrado en Managua el 13 de diciembre de 1960. Pero los problemas políticos y militares que se suscitaron en la zona detuvieron el proceso integrador por largo tiempo y, pacificada la subregión, comenzó nuevamente a marchar.
               Bajo los auspicios de la CEPAL se produjo en Santiago de Chile, 1958, la Primera Reunión de Consulta sobre Política Comercial en el sur del continente, con la asistencia de representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, una de cuyas conclusiones fue que, sin perjuicio de los estudios relativos al mercado común latinoamericano, los cuatro países debieran adoptar, en el plazo más corto, una "política de liberación progresiva de su comercio recíproco". 
               En 1960, como culminación de esta primera etapa de lucubraciones integracionistas, se firmó en Montevideo el tratado que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para la conformación de una >zona de libre comercio como paso previo a la implantación de un >mercado común regional en el plazo de doce años.
 
 
                              4. El Pacto Andino.    Nueve años más tarde  —dentro del marco del tratado de Montevideo—  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Integración Subregional —llamado también Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino— que dio inicio al proceso de integración de la subregión andina, al que se adhirió Venezuela en 1973 y del que se desprendió Chile bajo la dictadura de Pinochet en 1976.
               Sus dos principales instrumentos fueron el programa de liberalización comercial automático e irreversible, en el que Colombia y Chile tenían ventajas evidentes, y el sistema de programación industrial que se propuso distribuir equitativamente las oportunidades de los sectores más dinámicos de la industria, que requieren amplias escalas de producción y suponen importantes saltos tecnológicos  —como la industria automotriz, la petroquímica, la siderúrgica, la farmacéutica—  entre los países miembros, a fin de lograr en lo posible un desarrollo equilibrado de todos ellos. El programa de la industria metalmecánica se aprobó en agosto de 1972 y el de la industria petroquímica fue suscrito en agosto de 1975. Sin embargo, ambos programas fracasaron poco después porque resultaron inaplicables en la práctica.
               En 1970 se aprobó el Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera y sobre Marcas y Patentes  —mejor conocido como la Decisión 24—  que contuvo una serie de normas muy severas para la recepción de capitales del exterior, la operación de las empresas extranjeras, la transferencia de sus acciones a inversionistas nacionales, la expatriación de capitales, la remisión de utilidades y, en general, el manejo de la inversión extranjera directa e indirecta en los países andinos.
               Fue precisamente la discrepancia de opiniones respecto de este documento el principal motivo del retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena en 1976, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
               Para su operación, el Pacto Andino creó una secretaría técnica, que fue la Junta  —representante del interés comunitario y con iniciativa para desplegar acciones integradoras—  y la Comisión que fue el órgano colegiado compuesto por los representantes de los países, con capacidad política para aprobar decisiones colectivas y recomendar medidas a la Junta. El originario esquema operativo del Pacto Andino demandó también un fuerte aparato institucional en cada uno de los países. Unos crearon ministerios de la integración, otros unidades administrativas especiales, pero todos asistieron al proceso con poderosos instrumentos gubernativos.
               Pueden establecerse tres etapas en el desarrollo de la integración andina: la primera, muy dinámica, que se extendió hasta 1975 en que se crearon los órganos metanacionales para la conducción del proceso, se establecieron programas de desgravación arancelaria, se adoptó un régimen común de tratamiento a la inversión extranjera y sobre marcas y patentes y se implantaron programas sectoriales de desarrollo industrial; después la etapa de estancamiento, en que el proceso perdió dinamismo a causa de las dificultades financieras de los países integrados, que bajaron los niveles de su comercio recíproco, y de los incumplimientos de los compromisos contraídos; y la tercera etapa, de recuperación y reactivación del Pacto Andino, que se inició en 1989 gracias a la decisión tomada en Caracas por los presidentes Virgilio Barco de Colombia, Rodrigo Borja de Ecuador, Alan García de Perú y Carlos Andrés Pérez de Venezuela de vigilar directamente la marcha del proceso de integración y  de  reunirse  dos  veces  por  año  en  el  marco  del  Consejo  Presidencial  Andino  —que fue la nueva y superior instancia política que ellos crearon—  para pasar revista a las acciones cumplidas en el semestre. Esto dio un gran dinamismo al proceso. En esta etapa se estableció la zona de libre comercio y, con la adopción del arancel externo común, se formó sobre ella la unión aduanera a partir del 1 de febrero de 1995, en preparación del mercado común andino. 
               En el período comprendido entre 1990 y 1995, según informaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el grupo andino incrementó su comercio intrasubregional a un ritmo del 27% anual, aunque no fue un crecimiento simétrico puesto que Ecuador alzó sus ventas de 188,5 millones de dólares a 364, Bolivia de 59,9 a 199 y Perú de 214 a 412, mientras que Colombia las aumentó de 327,7 a 1.805 y Venezuela de 493,6 a 1.847 millones de dólares. Lo cual demuestra que, con mucho, estos dos países fueron los beneficiarios principales de la integración puesto que quintuplicaron y cuadruplicaron respectivamente sus colocaciones en el mercado andino. 
               No obstantes sus tropiezos y limitaciones, el proceso de integración andina fue, sin duda, desde el punto de vista técnico e institucional, el mejor logrado de los que se habían puesto en marcha en América Latina hasta ese momento y era el único que tenía una instancia judicial comunitaria  —el Tribunal Andino de Justicia—  para solucionar las controversias entre los países miembros con ocasión o por consecuencia de los acuerdos de integración.
               Sobre la base de la zona de libre comercio formada por los países andinos, se implantó a partir del primero de febrero de 1995 la unión aduanera entre tres de ellos: Venezuela, Colombia y Ecuador, que desde esa fecha aplicaron un arancel externo común a su comercio con los restantes países del mundo. Este arancel tenía tres niveles: 5% de gravamen para materias primas, entre el 10% y el 15% para productos semielaborados y el 20% para productos terminados. Sin embargo, el AEC adoptado por los tres países andinos comprendía el 90% del universo arancelario. El 10% restante, contenido en el anexo de excepciones, fue incorporado paulatinamente en el arancel.
               En abril de 1996 los presidentes de los países andinos, reunidos en la ciudad de Trujillo, Perú, tomaron dos resoluciones de carácter formal: sustituir la denominación de “Pacto Andino” con que se conocía desde su nacimiento a este sistema de integración por la de "Comunidad Andina de Naciones (CAN"), obedeciendo probablemente a la influencia europea, y crear una instancia intermedia de conducción del proceso: el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
               En consecuencia, los órganos de conducción y de administración de la integración subregional fueron:
                                a) el Consejo Presidencial Andino, constituido por los jefes de Estado de los países integrados, que ejerce la máxima autoridad en el proceso integrador y cuya misión principal es definir políticas, emitir normas directrices, evaluar el proceso de integración y supervisar la conducta de los órganos inferiores;
                                b) el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que formula la política exterior de los países miembros en los asuntos de interés subregional;
                                c) la Comisión de la Comunidad Andina, compuesta por los ministros encargados del comercio exterior, que conduce el intercambio de productos en el mercado ampliado, evita las distorsiones en la competencia y adopta las decisiones necesarias para la marcha del proceso;
                                d) la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo que aplica las resoluciones de los órganos anteriores y ejerce las funciones administrativas;
                                e) el Parlamento Andino, compuesto de cinco legisladores de cada uno de los países miembros, que es un foro de discusión y apoyo político al proceso de integración. A partir del año 2005 los parlamentarios andinos son elegidos directamente por los ciudadanos de cada Estado, en forma semejante a la del Parlamento Europeo;
                                f) el Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano jurisdiccional de la Comunidad encargado de declarar a quién asiste el Derecho en los casos de litigio entre los países por causa de violación de las normas de la integración o de incumplimiento de los compromisos contraídos; y
                                g) los consejos consultivos empresarial y laboral que, integrados por dirigentes de las cámaras de la producción y de los sindicatos de trabajadores, respectivamente, participan en las deliberaciones de la integración andina.
               La Comunidad Andina cuenta con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) como entidades financieras y crediticias encargadas de costear los proyectos de importancia de sus países en el ámbito de la integración o fuera de él.
               Además existen tres convenios relacionados con su política social: el Convenio Andrés Bello, que es un instrumento de integración cultural y educativa, con sede en Bogotá; el Convenio Hipólito Unanue referente a la salud humana, con sede en Lima; y el Convenio Simón Rodríguez, localizado en Quito, que versa sobre la integración laboral y la seguridad social.
               Forman también parte de la estructura operativa de la Comunidad: el Consejo Consultivo Laboral Andino y el Instituto Laboral Andino, con sede en Caracas, encargados de desarrollar programas de capacitación laboral; la Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones (ASETA), cuya misión es impulsar el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones para servir a la integración andina; y los consejos de planificación monetaria y cambiaria, de financiamiento, de política fiscal, de  comercio exterior, de turismo, de cuestiones sociales, de salud, de integración física, de asuntos agropecuarios, de materias aduaneras, de política industrial y de ciencia y tecnología, que operan como entes consultivos de los órganos comunitarios.
               Algunos observadores han mirado como inciertas las posibilidades de la Comunidad Andina, ya por su estancamiento, ya por las persistentes contradicciones internas entre los países que a ella pertenecen. 
               En abril de 1997 el gobierno de Perú anunció la decisión de separarse definitivamente de la Comunidad Andina, con la que había suspendido sus compromisos a partir de 1992 a causa de su crisis económica interna, aunque más tarde revisó esta decisión. El gobierno peruano estuvo en desacuerdo con el arancel externo común, que de todas maneras significa cierto grado de protección industrial. El presidente Alberto Fujimori explicó en aquella oportunidad que su país "ha abierto su economía al mundo aplicando una política económica basada en el principio de la libre competencia, que debe ser el sustento de su relacionamiento con las demás naciones del mundo" e insistió en que deben eliminarse los subsidios y otras medidas que afectan en la subregión el comercio libre, dinámico, transparente y leal.
               El 19 de abril del 2006, reunidos en Asunción para tratar el proyecto de construcción de un gasoducto para abastecer de gas boliviano a Paraguay y Uruguay, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela declararon "muerta" a la Comunidad Andina a causa de los tratados de libre comercio celebrados por Colombia y Perú con Estados Unidos. Chávez afirmó que la CAN "sólo sirve a las elites y a las transnacionales". Y pocos días después el gobierno venezolano comunicó fomalmente la separación de su país de la Comunidad Andina. Esa separación se concretó el 22 de abril del 2011.
 
 
                              5. The Caribbean Community & Common Market (CARICOM).     Fue establecido el 4 de julio de 1973 para propender a la integración económica de los pequeños países del Caribe, coordinar su política exterior y fortalecer la cooperación económica, cultural, científica y tecnológica entre ellos.
               El acuerdo prevía varias instancias administrativas, la principal de las cuales era la conferencia semestral de jefes de Estado. La reunión periódica de los ministros era también otro de sus mecanismos de operación. La Secretaría Permanente funcionaba en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago.
               Formaban parte de este organismo de integración subregional: Belice, Jamaica, Trinidad & Tobago, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guayana, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Antigua & Barbuda, Anguilla, Bermuda, Caicos Islands, Turks Islands, Montserrat, Virgin Islands, Saint Thomas y otras islas caribeñas.
               El CARICOM ha tenido más éxito en la coordinación de las políticas exteriores de sus miembros que en la integración económica subregional del Caribe.
 
 
                              6. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).     Ante la frustración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que no pudo constituir la prometida zona de apertura comercial, los países de la región crearon, por medio del Tratado de Montevideo suscrito en 1980, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para alcanzar a través de renovadas estrategias los objetivos de la integración latinoamericana. Este fue otro de los frustrados intentos integracionistas de la región.
 
 
                              7. North American Free Trade Agreement (NAFTA).     Sobre la base del acuerdo de libre comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá el 2 de enero de 1988, que entró en vigencia el primero de enero de 1989, y bajo la inspiración de la <Iniciativa para las Américas que propuso en junio de 1990 el presidente George Bush, con el planteamiento de nuevas formas de vinculación entre América Latina y Estados Unidos basadas en la intensificación del comercio, en nuevas inversiones y en la solución del problema de la deuda, se suscribió el 12 de agosto de 1992 el Tratado de Libre Comercio (TLC)  —llamado en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA)—  entre Estados Unidos, Canadá y México, y al que se adhirió después Chile.
               Con ser muy importante por el tamaño de los Estados comprometidos  —370 millones de habitantes y 6.5 billones de dólares de producción conjunta—,  este no fue sin embargo un proyecto de gran envergadura en materia de integración. Se propuso solamente establecer una zona de libre comercio  —como, en efecto, empezó a establecerla a partir del 1 de enero de 1994—  y no fue más allá en el proceso integrador. Estados Unidos y Canadá tenían interés en producir más barato en México para mejorar su competitividad internacional. La integración ofrece esta ventaja: se puede producir donde es más barato hacerlo, independientemente de las fronteras nacionales. México, por su parte, buscaba asegurarse el mercado norteamericano y recibir caudalosas inversiones para dinamizar su economía y ampliar las posibilidades de empleo. Y todos ellos buscaban, en conjunto, adquirir nuevos mercados fuera de su región.
 
 
                              8. Grupo de los Tres (G-3).     Por medio de la Declaración de Nueva York, a fines de septiembre de 1990 se constituyó, como un mecanismo informal de consulta y concertación políticas, el llamado Grupo de los Tres (G-3), compuesto por México, Colombia y Venezuela. El grupo no se fundó en un tratado internacional ni contó con una estructura institucional. Mantuvo por ello su informalidad. Fueron varias coincidencias políticas, geopolíticas y económicas el factor de su unidad. El grupo instrumentó un programa común de desgravación arancelaria y la formación de una zona de libre comercio para la eventual implantación ulterior de un mercado común entre sus miembros. Ha desarrollado programas de cooperación sectorial en los campos de la energía, el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, la ciencia y la tecnología y, además, programas de complementación en las áreas de las industrias petrolera, química y siderúrgica.
               El 13 de junio de 1994 el grupo firmó en Cartagena los documentos para establecer la zona de libre comercio entre los tres países, que en conjunto tenían una población de 150 millones de habitantes y cuyo producto interno bruto era de alrededor de 400 mil millones de dólares.
              El próximo paso era la formación de su mercado común, que originalmente estuvo previsto para el 1 de enero de 1995 pero que sufrió postergaciones.
 
 
                              9. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR).     Fue creado en marzo de 1991 para integrar, en una zona de libre comercio, primero, y después en un mercado común, a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
               Este proceso de integración del cono sur se inició con la celebración del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. Allí se acordó abatir los aranceles entre los cuatro países miembros a partir del 1 de enero de 1995  —como en efecto se lo hizo—,  autorizar el libre tránsito de personas, bienes, capitales y tecnología entre ellos y preparar las condiciones para el mercado común. Después, el 17 de diciembre de 1994, los presidentes de los cuatro países firmaron en Ouro Preto, Brasil, los acuerdos que establecieron las bases de la unión aduanera que, aunque incompleta, empezó a operar a partir del 1 de enero de 1995 bajo la vigencia de un arancel externo común que contempla gravámenes que van del 0 al 20% para 9.000 productos.
              El Tratado de Asunción  —que es el nombre oficial de este instrumento—  invocó como propósito de la integración “la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales” como “condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”, para lo cual acordó la libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción entre los cuatro países, con eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial compartida con relación a terceros países o agrupaciones de países; y la coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización de las legislaciones entre los Estados-partes en las áreas fiscal, monetaria, cambiaria, industrial, del comercio exterior, transportes, agricultura y comunicaciones. 
               El MERCOSUR ha tenido una institucionalidad muy incipiente. Según el Protocolo de Ouro Preto  —protocolo adicional al Tratado de Asunción—  sus órganos directivos, de carácter intergubernamental, son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico-social y la Secretaría Administrativa. 
               El Consejo del Mercado Común  —integrado por los ministros de relaciones exteriores y de economía, cuya presidencia se ejerce rotativamente por los Estados miembros en períodos semestrales—  es “el órgano superior al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para  alcanzar la constitución final del mercado común”. Se reúne cuando es necesario, pero al menos una vez cada semestre concurren a la reunión los presidentes de los Estados partes. Sus decisiones son vinculantes para ellos. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo de la entidad. Está compuesto por cuatro miembros principales y cuatro suplentes por cada país. Su función principal es cumplir y hacer cumplir las decisiones del órgano superior, aprobar el presupuesto y recibir la rendición de cuentas anual de la Secretaría Administrativa. Sus resoluciones son obligatorias para los Estados. A la Comisión de Comercio, compuesta por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes de cada país, le “compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la unión aduanera”. El Foro Consultivo Económico-social es la instancia representativa de los sectores sociales y económicos privados de los países miembros para formular recomendaciones o plantear sus aspiraciones.
               Las decisiones de los órganos colegiados son tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados miembros.
El estatuto señala que “la Comisión Parlamentaria Conjunta es el órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del MERCOSUR”. Está integrada por igual número de parlamentarios de cada uno de los Estados miembros, designados por los respectivos parlamentos nacionales de acuerdo con sus normas internas. Sus responsabilidades principales son coadyuvar a la incorporación de las normas emanadas de los órganos comunitarios al ordenamiento jurídico de los Estados, trabajar en la armonización de las legislaciones nacionales y formular recomendaciones al Consejo del Mercado Común.
               De acuerdo con el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR, suscrito el 18 de febrero del 2002, los tribunales arbitrales ad hoc, de primera instancia, y el Tribunal Permanente de Revisión se encargan de solucionar los conflictos jurídicos que surjan entre los Estados o entre éstos y las personas naturales o jurídicas como consecuencia del proceso de integración.
               Dice el Protocolo de Ouro Preto que la Secretaría Administrativa, con sede en Montevideo, es un “órgano de apoyo operativo” encabezado por un Director designado por el Consejo del Mercado Común para el período de dos años, bajo cuya responsabilidad está la prestación de servicios a los demás órganos comunitarios, el mantenimiento del archivo oficial, la provisión de apoyo logístico a las reuniones de los órganos colegiados de la integración, la prestación de los servicios de secretaría, la entrega de información a los gobiernos acerca de la marcha del proceso de integración y el desempeño de las tareas que le sean encomendadas por el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio.
               Hay reuniones de ministros de economía, agricultura, industrias, minas y energía, trabajo, salud, desarrollo social, turismo, educación, cultura, medio ambiente. Funcionan numerosos foros, reuniones técnicas, reuniones especializadas, grupos de alto nivel, grupos y subgrupos de trabajo, grupos ad hoc, todos ellos integrados por delegados y representantes de los Estados miembros.
               Este instrumento de integración contiene, como documentos anexos, el programa de liberación comercial, el régimen general de origen, la normativa de solución de las controversias, las cláusulas de salvaguardia y el esquema de los subgrupos de trabajo del Grupo Mercado Común.
               El 31 de julio del 2012 se incorporó Venezuela al MERCOSUR como su quinto miembro pleno.
 
 
                              10. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).     Los gobernantes de los doce Estados sudamericanos, reunidos en la ciudad del Cuzco el 8 de diciembre del 2004, proyectaron crear la Comunidad Sudamericana de Naciones con el fin de desarrollar un espacio "integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura”. Decisión que fue ratificada en las cumbres presidenciales de Brasilia en septiembre del 2005 y de Cochabamba en diciembre del 2006, en las que los presidentes reafirmaron que “la integración sudamericana no sólo es necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han trasformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz”. 
               Con estos antecedentes, los gobernantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, reunidos en la isla venezolana de Margarita, resolvieron consensualmente el 16 de abril del 2007 fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)  —cuyo tratado constitutivo fue suscrito en Brasilia el 23 de mayo del 2008—,  señalar a Quito como su sede y elegirme para presidir la Secretaría General de la naciente entidad.
               Según dijeron los presidentes, la sustitución del nombre: de “comunidad” por “unión”, fue un cambio deliberado para expresar su designio de dar una estructura institucional más apretada a la nueva entidad.
               Dada mi vieja y ferviente vocación integracionista, acepté la responsabilidad e inmediatamente puse en manos de los jefes de Estado y de gobierno un proyecto de estatuto fundacional que contenía mis puntos de vista acerca de lo que debía ser y hacer UNASUR. En él manifesté mi opinión de que debían subsumirse en la nueva institución integracionista, de escala regional, todas las entidades subregionales existentes, a fin de avanzar de la dimensión subcontinental  —representada en ese momento por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)—  hacia la integración continental sudamericana, con base en las experiencias, logros y frustraciones de los sistemas subregionales.
               El desafío era  —y sigue siendo—  pasar de la escala subregional a la escala regional en la integración sudamericana, como etapa previa de la integración global de América Latina y el Caribe. Para lograr este objetivo era indispensable concentrar en una sola todas las entidades subregionales de integración y evitar la triplicación de esfuerzos, burocracias y presupuestos.
               Los principales cometidos de UNASUR debieron ser la integración cultural, educativa, energética, financiera, informática, de telecomunicaciones, de transportes y el avance científico y tecnológico de la región  —puesto que en la sociedad del conocimiento el saber y la información son los "insumos" con que funcionan los modernos instrumentos de la producción—;  el desarrollo sustentable, compatible con la defensa de los ecosistermas; la promoción y priorización las numerosas obras de integración física proyectadas en los campos de la energía, vialidad, telecomunicaciones, informática, transportes y muchos otros; la corrección de las asimetrías de la globalización para que ella produzca beneficios globales, es decir, beneficios para todos.
               UNASUR debía responder a la vieja y morosa idea de conectar a través del territorio sudamericano el Atlántico con el Pacífico  —como lo hizo América del Norte en el siglo XIX—  para impulsar el desarrollo regional. 
               Podía contar con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (I.I.R.S.A.) que, con "el objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional, procurando la integración física de los doce países suramericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable", nació en la reunión de presidentes sudamericanos celebrada en Brasilia en agosto del 2000. Sobre diez ejes multinacionales de integración física horizontal y vertical, I.I.R.S.A.  ha  desenvuelto  centenares  de  proyectos  —unos concluidos, otros en ejecución y otros en preparación—  para construcción de rutas y carreteras entre los países, puentes internacionales, ferrovías, gasoductos, vías de agua y puertos fluviales.
               Ese era el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo humano, social y económico de los pueblos sudamericanos, potenciar su inserción en el mundo internacional implacablemente competitivo de la postguerra fría, impulsar la cooperación sur-sur  —que ha sido un viejo e incumplido anhelo de los pueblos del tercer mundo—  y alentar la formulación de un régimen jurídico compartido que permitiera a los sudamericanos tener una nacionalidad común, ser considerados en pie de igualdad en todos los Estados de la región, cruzar sus fronteras nacionales sin necesidad de visa ni pasaporte, circular libremente en los territorios de los Estados miembros, fijar su residencia y trabajar lícitamente en cualquiera de ellos, montar empresas y hacer inversiones con arreglo a las leyes de los Estados receptores.  
               Pero la instrumentación del proyecto tuvo tropiezos. El propósito original de los presidentes fue mediatizado por las burocracias de cancillería, en medio de imprecisiones conceptuales. No se formó una institución orgánica capaz de hacer cosas y de dar resultados tangibles y cuantificables, sino un nuevo foro para los presidentes, proclive a inflar la retórica espumosa que por más de medio siglo ha envuelto a los procesos de integración latinoamericanos. 
               Decidí entonces declinar la alta responsabilidad de presidir la Secretaría General de UNASUR el 21 de mayo del 2008 y venticuatro meses después fui sustituido por el expresidente Néstor Kirchner de Argentina.
               Al momento de la creación de la nueva entidad, el subcontinente de 17'752.014 kilómetros cuadrados de territorio tenía alrededor de 380 millones de habitantes, un producto interno bruto de 1,9 billones de dólares, abundantes riquezas energéticas renovables y no renovables, grandes reservas minerales, enormes recursos hídricos y riquísima biodiversidad.
 
 
                              11. Alianza del Pacífico.     El 28 de abril del 2011, con las firmas de los presidentes Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera y Alan García, se constituyó en Lima el Área de Integración Profunda (AIP) compuesta por México, Colombia, Chile y Perú. 
               Este nuevo mecanismo de integración subregional, al que se denominó Alianza del Pacífico, se puso en marcha el 6 de junio del 2012 cuando los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, reunidos en el desierto chileno de Atacama, firmaron su acta constitutiva. La nueva entidad integracionista representaba una población de 215 millones de habitantes, más de un tercio del producto interno bruto de América Latina y más de la mitad de su volumen comercial. Sus fundadores subrayaron que el objetivo era la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnologías y energía, la construcción de obras de infraestructura común entre los países aliados y el libre tránsito de personas entre ellos. Pusieron énfasis en que la nueva entidad integracionista latinoamericana, a diferencia de las otras, no impulsaba ni defendía mecanismos proteccionistas y estaba abierta al amplio comercio internacional con arreglo a las conveniencias de sus países miembros.
               El presidente Santos manifestó que "la Alianza no va contra nadie", no es "excluyente ni incompatible" con los otros procesos de integración, estará abierta a la incorporación de nuevos socios y será el proceso de integración regional más importante de América Latina para su desarrollo económico.
               Pero la formación de la Alianza del Pacífico generó "celos" políticos y comerciales en la UNASUR.
               A la VII cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 22 y 23 de mayo del 2013 en la ciudad de Cali, asistieron los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México, Sebastián Piñera de Chile y Ollanta Humala de Perú, miembros plenos de la entidad, y estuvieron presentes como observadores: el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy; el primer ministro Stephen Harper de Canadá; la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica; el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala; el presidente Ricardo Martinelli de Panamá; el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori; y altos representantes de Australia, Nueva Zelandia y Japón. 
               En esa reunión se incorporó Costa Rica como miembro pleno de Alianza del Pacífico y se refrendaron los objetivos fundamentales de la entidad, en torno de los cuales se aprobaron diversos acuerdos para liberar del pago de tributos arancelarios al 90% de su comercio intrarregional, intensificar los flujos de comercio e inversión, fomentar la inversión extranjera, mejorar los estándares de protección de las inversiones nacionales, regionales y extrarregionales, perfeccionar los mecanismos de solución de las controversias internacionales, ampliar la cooperación integracionista hacia terceros países, revisar los avances arancelarios  —reglas de origen, facilitación del comercio, instrumentación aduanera—,  crear sinergias para la competitividad de las medianas y pequeñas empresas de los países miembros, implementar la mayor transparencia fiscal internacional y combatir la evasión y elusión tributarias, impulsar el turismo hacia la región, establecer medidas sanitarias y fitosanitarias en torno al comercio de medicamentos, abrir canales de cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, impulsar la investigación científica de los cambios climáticos, favorecer el comercio transfronterizo, avanzar en las negociaciones multilaterales en telecomunicaciones, servicios financieros y transporte aéreo y marítimo de pasajeros y carga, establecer terceras, cuartas y quintas libertades en vuelos interregionales y abrir embajadas, consulados y oficinas comerciales compartidas por los países miembros en algunos Estados asiáticos y africanos. 
               Desde la perspectiva geopolítica, la Alianza del Pacífico obligó a México a mirar hacia el sur en su estrategia de contrarrestar la influencia económica de Brasil. Y se proyecta hacia el Pacífico mientras que el MERCOSUR se proyecta hacia el Atlántico.
 
 
                              12. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).      En la reunión cumbre de 33 jefes de Estado o de gobierno celebrada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre del 2011 se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), integrada por 33 Estados de la región, con el objetivo declarado de profundizar la integración regional en el marco de la "solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política" entre los países, bajo la convicción de que "la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región".
              La CELAC es, en realidad, un foro intergubernamental que, según dice su declaración de principios, constiuye un "mecanismo de diálogo y concertación" dentro de la "unidad en la diversidad" de los países que la integran con el fin de "promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes".
               Forman parte de este foro continental: Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
               La población de estos países, a la fecha de constitución de la CELAC, rodeaba los 589 millones de habitantes  —174 millones de pobres y 73 millones en pobreza extrema—  sobre 50,5 millones de kilómetros cadrados de territorio, con un 4,7% de producto interno bruto.
 
 
                              13. La integración: instrumento de desarrollo.     En las condiciones surgidas en la postguerra fría, la integración se presenta como un instrumento indispensable para el desarrollo humano, social y económico de los países pobres de Asia, Africa y América Latina. En el nuevo orden económico y político internacional, acaudillado por las potencias vencedoras de la confrontación Este-Oeste, el proceso de megafusiones ha producido una constelación de corporaciones transnacionales privadas de dimensiones colosales, cuyas cifras de ventas anuales superan el producto interno bruto de muchos países y cuyas asignaciones para investigación científica rebasan muchos presupuestos nacionales. Según datos del Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, en el año 2000 de las cien entidades económicamente más poderosas del planeta, 51 eran corporaciones privadas y 49 eran Estados. Las empresas transnacionales se han convertido en grandes imperios globales  —que no han podido ocultar su vocación de sustituir a los Estados en el ejercicio de sus facultades soberanas—,  hasta el punto que los imperialismos del futuro no tendrán a los grandes Estados como sus únicos protagonistas.
 
 
                               14. El proceso de integración en Asia y África.     En estos dos continentes también se han dado pasos hacia la integración económica, aunque menos decisivos que los de Europa y América Latina. Varias organizaciones subregionales se establecieron en África en la década de los 60: la Comunidad Económica de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Comité Consultivo Permanente del Maghreb, la Unión Aduanera y Económica de África Central. 
               En la región árabe se estableció el Consejo de Cooperación del Golfo. 
               La mayor zona de libre comercio del mundo es la integrada por Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunéi, Indonesia, Papúa-Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelandia, China-Hong Kong, Vietnam, Rusia y Singapur. Se trata del proceso de integración de los países de la cuenca del Pacífico en la región de intercambio libre más grande del planeta, que representa más de la mitad del comercio mundial y que tiene enormes potencialidades de desarrollo. El llamado Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC), al que concurrió la mayoría de los países del área, representados por sus gobernantes, lo decidió en la reunión celebrada en Yakarta, capital de Indonesia, el 14 y 15 de noviembre de 1994. Allí se estableció el plazo de 25 años para alcanzar este objetivo. El plazo tenía dos tramos: uno para la apertura de los mercados en los países industrializados en el año 2010, y otro para los demás, fijado en el 2020.
               El organismo, surgido en 1989 como un grupo informal de diálogo de doce miembros, ha precisado sus metas de comercio abierto, de libre inversión y de cooperación económica y tecnológica en el área Asia-Pacífico y ha previsto sus métodos para alcanzarlas a lo largo de sus reuniones cumbres en Blake Island, Seattle, en noviembre 20 de 1993; en Bogor, Indonesia, el 15 de noviembre de 1994; en Osaka, Japón, el 19 de noviembre de 1995; en Subic, Filipinas, el 25 de noviembre de 1996; en Vancouver, Canada, el 25 de noviembre de 1997; en Kuala Lumpur, Malasia, el 18 de noviembre de 1998; en Auckland, Nueva Zelandia, el 13 de septiembre de 1999; en Bandar Seri Begawan, Brunéi, en noviembre del 2000; en Shanghai, China, el 21 de octubre del 2001; en Ciudad de México el 26 de octubre del 2002; Bangkok el 20 de octubre del 2003; en Santiago de Chile el 20 de noviembre del 2004; en Corea del Sur el 18 de noviembre del 2005; en Hanoi, Vietnam, el 18 de noviembre del 2006; en Sydney, Australia, en noviembre del 2007. En ese año el foro tenía 21 miembros. Los jefes de Estado y de gobierno de ellos se reúnen anualmente para ajustar sus estrategias.
               Esta es la culminación del proceso de crecimiento de las economías del sudeste asiático, lideradas por el Japón después de su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, que les llevará a jugar un papel aun más importante en la economía global y a estrechar sus vínculos con los Estados Unidos de América. En septiembre de 1980 se reunió el primer consejo de cooperación económica (Pacific Economic Cooperation Council, PECC) en Canberra para acercar las actividades comerciales, pesqueras, mineras, energéticas y otras de naturaleza económica entre los países de la región. Este organismo estableció una secretaría permanente con sede en Singapur, que un año después convocó una amplia conferencia de los ministros responsables del comercio exterior. Y en noviembre de 1993 el presidente Bill Clinton de Estados Unidos invitó a los gobernantes de todos esos países a la primera cumbre de Asia-Pacífico en Blake Island, cerca de Seattle, donde quedó integrada esta amplia y poderosa zona de libre comercio, fundada sobre los principios del libre intercambio internacional, la libertad de inversión y la cooperación económica y técnica.
               Ella hizo el milagro de reunir en un propósito comercial común a las dos grandes economías asiáticas: China (Hong Kong incluido) y Taiwán, por encima de los gravísimos y recurrentes conflictos suscitados en el estrecho que las separa. 
 
 
                              15. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).     Con la intención de impulsar otro proceso integrador se reunieron el 12 de diciembre de 1994 en Miami, por iniciativa del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, treinta y cuatro jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  —Free Trade Area of the Americas (FTAA)—  a partir del año 2005 con el propósito de “abrir los mercados y crear una zona de libre comercio en nuestro hemisferio, reforzar el notable movimiento hacia la democracia y dar a nuestras naciones la posibilidad de mejorar la calidad de vida para todos nuestros pueblos”, según dijo Clinton en el discurso de apertura de la reunión.
               Era el proyecto norteamericano de integración para América Latina.
               El documento fundacional señalaba que “la eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y la creciente integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente”. Y agregaba que era un imperativo eliminar los obstáculos para el acceso al mercado común de los bienes y servicios de los países de la región, bajo la hipótesis de que “una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”. 
               A la que se denominó primera cumbre de las Américas concurrieron los líderes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El único país excluido fue Cuba por falta de credenciales democráticas, según explicaron los promotores de la iniciativa. Todos los países miembros asumieron el compromiso de liberalizar en el futuro, a través de un proceso de negociación multilateral, el comercio y las inversiones en las Américas e impulsar el intercambio comercial “sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”.
               Para ello se obligaron a desmantelar gradualmente las barreras al comercio y a la inversión e implantar una zona de libre intercambio entre los países participantes a más tardar en el año 2005. Con tal propósito se conformó un comité tripartito integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sirviera de apoyo técnico y de asesoría.
               La segunda cumbre del ALCA se celebró en Santiago de Chile en 1998 y la tercera en Quebec en abril del 2001. Ambas reuniones estuvieron hostilizadas en la calle por los activistas antiglobalización. En el curso de las primeras deliberaciones se conformaron los órganos de gobierno, administración y negociación del ALCA y en ellas participaron no solamente el sector oficial representado por los jefes de Estado y de gobierno y por los ministros y viceministros de comercio de los países miembros sino también los empresarios privados, que a través de los foros empresariales de las Américas habían tenido y tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista y de defender sus intereses corporativos.
               Si el ALCA hubiera funcionado, habría sido, por el volumen de su comercio, el más grande de los programas de integración económica después de la Unión Europea, antes que el NAFTA y, con distancia considerable, el MERCOSUR. Pero esta iniciativa nunca funcionó. Se incumplieron los plazos y las previsiones. Los partidos de izquierda y los movimientos sociales latinoamericanos opusieron una tenaz resistencia al establecimiento de la zona de libre comercio con Estados Unidos. Incluso sectores empresariales privados manifestaron su oposición al proyecto. Y, entonces, el gobierno norteamericano optó por suscribir tratados bilaterales de apertura comercial con varios países de la región.
               El ALCA agrupaba a países que representaban una enorme disparidad en cuanto al tamaño de sus economías y a su grado de desarrollo. Y allí radicaba su debilidad  —al menos su debilidad para con los países de menor fuerza económica—  puesto que no podía garantizar la equitativa distribución de los costes y beneficios de un área de libre comercio tan extremadamente amplia y heterogénea. Tal como estaba planteado, la ejecución del proyecto hubiera profundizado las diferencias entre los países grandes y los pequeños por carecer de la flexibilidad necesaria para dar un tratamiento diferenciado a los de menor desarrollo, sea por medio de programas especiales de facilitación de su comercio, sea mediante la postergación en relación con ellos del programa de desgravación  —a fin de que las economías débiles pudieran tener tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia—  o sea a través del acceso preferencial de sus productos y servicios al eventual mercado ampliado.
               La definición de las pequeñas economías pasaba por la consideración de su ingreso per cápita, nivel de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, índices de productividad, tasa de alfabetismo, grado de escolaridad, desarrollo industrial, índice de computadores por habitante, nivel de participación en el comercio internacional, cifras de endeudamiento externo con relación a las exportaciones, infraestructura económica y social y otros indicadores cualitativos y cuantitativos del desarrollo económico y humano.
               Sin duda, estos temas fueron el punto central de las discusiones entre los miembros de la organización en el seno del Comité de Negociaciones Comerciales. Allí se planteó la cuestión de las asimetrías y se formularon sugerencias para fijar plazos y condiciones diferenciales en la liberación arancelaria, normas de origen, subsidios y mecanismos de defensa de las economías pequeñas, con el fin de evitar que las economías grandes sacaran provecho abusivo del comercio ampliado mientras que las pequeñas, perforados sus mercados nacionales, no tuvieran posibilidad alguna de participar equitativamente en el intercambio y fueran constreñidas a pequeños “nichos”  —market niches—  en los mercados exteriores para colocar sus exportaciones, generalmente compuestas de productos con muy poco o sin ningún valor agregado.
               Por eso Brasil y Venezuela, no obstante su mejor equipamiento comparativo para la competencia, expresaron sus reservas a la iniciativa norteamericana de anticipar la operación del ALCA hacia el año 2003. Brasil originalmente propuso el 2010 como fecha de partida, a fin de que los países latinoamericanos y caribeños tuvieran el tiempo necesario para abatir los aranceles  —que les proporcionaban buena parte de sus recursos presupuestarios—  y se prepararan para competir con la producción de Estados Unidos y Canadá.
               El presidente de México Vicente Fox, teniendo en mente a la Unión Europea, propuso en Quebec destinar un porcentaje de los recursos financieros del ALCA para formar un fondo de cohesión social que posibilitara el reflotamiento de los sectores más empobrecidos de América Latina y el Caribe. El fondo de cohesión de la Unión Europea, creado a finales de 1992 con el propósito de impulsar el desarrollo armónico de todos sus miembros, ha servido para asistir financieramente a los países de menor fuerza económica   —en este caso: España, Portugal, Grecia e Irlanda—   en la construcción de obras de infraestructura medio-ambientales y en la promoción de los transportes.
               También los empresarios privados han llamado la atención hacia las asimetrías de este proceso integrador y en los grupos de trabajo de los que han formado parte han demostrado mucho interés por definir lo que debe entenderse como economías pequeñas y los términos diferenciales de tratamiento en plazos, acceso a mercados y derechos compensatorios que les deben ser reconocidos.
               En este campo, como en otros, la “igualdad ante la ley” entre los países poderosos y los débiles no sirve a los intereses de la equidad. Es evidente que bajo la enseña de “comercio libre” los países desarrollados son, con mucho, los que más posibilidades tienen para aprovechar las ventajas de un mercado ampliado.
               No hay que perder de vista que, a partir de los años 70 del siglo XX, las políticas agrícolas de los gobiernos norteamericanos apuntaron a fortalecer a los gigantes del comercio de granos y cereales  —Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Monsanto y otros—  para que invadieran el planeta con sus productos de mejor calidad y menores precios. Este ha sido el modelo económico que, desde entonces, ha estado detrás de la legislación norteamericana y ha inspirado a sus equipos negociadores en el ámbito internacional. Su finalidad estratégica es la captura de mercados. La <globalización y los convenios de libre comercio no son más que estrategias para alcanzar este objetivo. Por eso los gobiernos estadounidenses presionan tanto, con la ayuda del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que los países del tercer mundo abrieran sus puertas arancelarias. El momento en que esto ocurra  —a título de ALCA o de tratados de libre comercio—  la producción local será aniquilada por las exportaciones agrícolas norteamericanas amparadas por los subsidios y los precios bajos. A eso han apuntado todas las leyes agrícolas de Estados Unidos (la Ley de Libertad de Cultivar de 1996, el Farm Bill del 2002): a producir en masa, bajar los precios de los productos  —algodón, arroz, maíz, trigo, cebada, soya, avena y sorgo—  con ayuda de los subsidios y “barrer” la competencia. Lo dijo en alguna ocasión el presidente George W. Bush: “los mercados extranjeros son esenciales para la supervivencia de  nuestros agricultores y granjeros”. 
              El mecanismo de subsidios agrícolas funciona a través de tres dispositivos: pagos fijos directos, pagos contracíclicos y préstamos ventajosos para promociones de mercado. El alto nivel de subsidios ha conducido a niveles elevados de sobreproducción y a la formación de enormes volúmenes de excedentes exportables. Se calculaba en el año 2005 que una cuarta parte de la gigantesca producción agrícola norteamericana estaba destinada la exportación.
               Ahora bien, nada hay que atente más contra el libre comercio que las subvenciones estatales a la producción. Latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos y hasta sus socios canadienses han levantado la voz de protesta por el doble discurso norteamericano, que defiende la libertad de comercio pero vende productos agrícolas subsidiados. Las Naciones Unidas han estimado que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos causan en los países más pobres alrededor de cincuenta mil millones de dólares anuales de lucro cesante. 
               A comienzos de siglo, durante el gobierno de George W. Bush, en nombre de la “libertad de comercio" y de la “igualdad de derechos" económicos, aumentaron las presiones norteamericanas para que los países latinoamericanos, ya no en el marco del ALCA sino de los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio, liberalizaran sus mercados para el intercambio de bienes industriales, productos agrícolas, compras gubernamentales e inversiones extranjeras directas. Pero, como hemos visto, el contexto internacional no era realmente de liberalización sino de un proteccionismo comercial creciente. Estados Unidos mantenían los subsidios a sus agricultores y con ellos reducían la <competitividad de los productos agrícolas que importaban. Lo cual afectaba severamente las economías de los países del tercer mundo. El neoproteccionismo que practicaban los países ricos echaba al traste los esfuerzos que hacían los países pobres para lograr su desarrollo con base en la ampliación de sus exportaciones. Ellos encontraban crecientes dificultades para atender el servicio de sus abultadas deudas externas y se veían forzados a disminuir sus importaciones para sanear sus balanzas comerciales.
               Las “libertades” e “igualdades” mercantiles que planteaban los dirigentes norteamericanos colocaban en total desigualdad de condiciones en el punto de partida a los países ricos y a los pobres. Dar derechos iguales a socios desiguales era una manera de beneficiar a los económicamente fuertes a costa de los débiles. 
               Por estas y otras razones se despertó una tenaz resistencia en los países de América Latina contra el ALCA. Entonces los Estados Unidos prefirieron concertar acuerdos de libre comercio de carácter bilateral con muchos de los países latinoamericanos.

 

 
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