iniciativa popular

            En las formas democrática de Estado y republicana de gobierno, la elaboración de la >ley supone cuatro etapas fundamentales: iniciativa, aprobación por el parlamento y >sanción y >promulgación por el Presidente de la República.

            La iniciativa es el derecho de presentar al congreso un proyecto de ley para que comience su trámite legislativo. De ordinario, este derecho corresponde a los legisladores, al Presidente de la República y a la Función Judicial. Hay Constituciones que lo extienden a entidades consultivas técnicas del gobierno. Pero en las que consagran la iniciativa popular el derecho de dar inicio al trámite de aprobación de proyectos de ley corresponde también a los ciudadanos, con el respaldo de un número determinado de firmas.

            La iniciativa popular es, desde esta perspectiva, el derecho de una fracción del cuerpo electoral a proponer proyectos de leyes, de reformas legales o de abrogación de leyes existentes a fin de que el parlamento los apruebe, enmiende o desapruebe. Lo pueden ejercer los ciudadanos con capacidad de voto. El parlamento está obligado a darles trámite, aunque se reserva la libertad de decidir sobre el contenido de ellos.

            La iniciativa popular tiene su origen en Suiza y ha sido acogida por algunas Constituciones europeas y latinoamericanas, con mayores o menores restricciones en cuanto a las materias sobre las que puede versar y al número de ciudadanos que deben respaldarla. La Constitución Federal de Suiza, de 29 de mayo de 1874, dispone en su artículo 121 que la reforma al texto constitucional puede originarse por iniciativa popular, o sea por una “demanda presentada por 50.000 ciudadanos suizos con voto, reclamando la adopción de un nuevo artículo constitucional, o la derogación o modificación de determinados artículos de la Constitución vigente”.

 
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