Fondo Monetario Internacional (FMI)

          Tres son las denominadas instituciones de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Las tres fueron creadas en la conferencia monetaria y financiera celebrada del 1 al 22 de julio de 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, con la participación de 44 Estados y bajo el patrocinio de la Naciones Unidas. De ellas, el GATT desapareció para dar nacimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, al final de la >ronda Uruguay en 1995.

          El FMI ha sido uno de los pilares centrales del orden económico de la posguerra. Tiene su sede en Washingron. Su creación obedeció en los años 40 a la necesidad de poner orden en la economía mundial, dictar las reglas monetarias globales, generar relaciones monetarias estables entre los países, coadyuvar a la estabilidad de los tipos de cambio, fomentar la cooperación monetaria internacional, afrontar las turbulencias surgidas tanto de las inflexibilidades del patrón oro como de los sistemas de tipo de cambio flotantes, eliminar las restricciones cambiarias, instituir un sistema multilateral de pagos para las transacciones comerciales entre los países, facilitar la convertibilidad monetaria, propender a la eliminación de las barreras del comercio internacional, proporcionar a los países, en forma de créditos contigentes de disponibilidad inmediata  —los llamados créditos stand by, que deben computarse en las reservas internacionales líquidas de los países receptores—,  los recursos necesarios para que pudieran corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos y, finalmente, suprimir las devaluaciones competitivas de la moneda que tantos problemas generaron en la economía internacional durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo anterior.

          Las actividades y operaciones del FMI se financian mediante las cuotas que aportan sus miembros. Es la propia institución la que determina, en función de la riqueza de cada país y de su situación económica, el importe con el que debe contribuir. Cuanto más rico es el país mayor es su cuota. Las cuotas se revisan cada cinco años y se fijan en función de las necesidades del FMI y de la situación económica de sus miembros. El sistema de cuotas cumple, entre varios objetivos, el de integrar una bolsa de dinero que sirve al Fondo para prestar recursos financieros a los países miembros que tienen dificultades de balanza de pagos. El monto de la cuota de cada miembro sirve para determinar la suma que puede obtener como préstamo, en una relación directamente proporcional. La cuota además acredita el número de votos que, en las decisiones institucionales, puede depositar cada país. Las decisiones se toman por mayoría de votos de sus accionistas, pero hay grandes desniveles entre ellos: Estados Unidos, que son el mayor contribuyente al capital del Fondo  —con 35 billones de dólares en el año 2000, o sea el 18% de las recaudaciones—,  disponía de 265.000 votos, que representaban el 18% del total; mientras que Palau, uno de los miembros más recientes, tenía la cuota más pequeña: 3,8 millones de dólares, que le otorgaba 272 votos, o sea el 0,002% del total.

          Los países miembros obtienen los préstamos del FMI mediante divisas pagadas con su moneda nacional, pero con un pacto de retroventa a un plazo determinado que les obliga a devolver las divisas y a retirar su moneda original. La tasa de interés es muy baja. Pero la institución prestamista asume el derecho de supervisar que el deudor ejecute una política de equilibrio en su balanza de pagos y maneje eficientemente las políticas fiscal y monetaria. La unidad de medida de los créditos es, para cada país, el monto de su cuota, que es dividida en tramos.

          En 1968 las demandas de liquidez condujeron al FMI a crear los <derechos especiales de giro (DEG), que son una forma especial de dinero que los países pueden utilizar como divisa de reserva y para pagos internacionales.

          El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), mejor conocido como Banco Mundial, se fundó para financiar la reconstrucción de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial y más tarde se dedicó primordialmente a otorgar préstamos a los países subdesarrollados, en su autoimpuesta misión de “combatir la pobreza”. El Banco Mundial tiene su sede en Washington, con oficinas en más de cien países. Pertenece formalmente a sus 185 Estados miembros, que son sus accionistas y que están representados por una junta de gobernadores. Se maneja por un directorio.

          La tercera de las instituciones de Bretton Woods es el GATT, que tuvo siempre un carácter provisional y cuya órbita de acción excluyó a los países del bloque soviético durante el período de la guerra fría. Rigió así por casi 50 años a falta de una organización internacional permanente del comercio. En 1948 se suscribió en Cuba la Carta de La Habana, que fue el instrumento fundacional de una organización internacional del comercio, pero ella nunca obtuvo la necesaria ratificación de los gobiernos para crearla. De modo que los mercados mundiales estuvieron regidos durante medio siglo por un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de países, que se denominó Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), con sede en Ginebra, que a partir de 1948 convocó ocho rondas de negociaciones en torno de la disminución de las tarifas arancelarias para estimular el comercio internacional. Ellas fueron la de Ginebra en 1947, la de Annecy en 1949, la de Tuquía en 1950/51, la de Ginebra en 1955/56, la ronda Dillon en Ginebra 1960/61, la ronda Kennedy en Ginebra 1964/67, la ronda Tokio en 1973/79 y la >ronda Uruguay en 1986/94.

          Por sus controvertidas medidas, el FMI merece consideraciones especiales. El mundo dentro del cual nació este organismo internacional ha cambiado sustancialmente y él ha tenido que afrontar tareas que no estuvieron previstas ni planificadas. Ha asumido mucho más influencia de la esperada sobre una gran cantidad de países, especialmente en las zonas subdesarrolladas. Pero también ha obtenido la bien ganada reputación de provocar desazón social e inestabilidad política con sus medidas de <ajuste. De allí que alguien, con humor negro, afirmó que el FMI ha derrocado más gobiernos que Carlos Marx y Vladimir Ilich Ulianof Lenin juntos.

          Durante la llamada crisis de la deuda en la década de los 80 del siglo anterior, que se inició cuando México se declaró en insolvencia para pagar sus deudas en agosto de ese año, el FMI a través de sus programas de ajuste jugó el indecoroso papel de “agente de cobros” de los bancos internacionales, al proclamar la “santidad” de las deudas y presionar a los países subdesarrollados para que las pagaran, aun con indecibles sacrificios sociales. Este orden de cosas llevó a América Latina a la denominada “década perdida” para el desarrollo, según la traducción de la conocida expresión inglesa “lost decade”, en la cual el organismo internacional extrajo de los países del mundo subdesarrollado mayor volumen de recursos financieros que los que canalizó hacia ellos, con lo cual esos países se convirtieron en exportadores netos de capital.

          En los años 90 la agenda de >liberalización económica que manejó el Fondo estuvo inspirada en el <consenso de Washington, que comprendía la privatización de las empresas y bienes estatales, la “disminución del tamaño del Estado”, el desmantelamiento de los controles públicos a la movilización de capitales y otras políticas de absoluta apertura económica.

          En esa década, caído el muro de Berlín y colapsada la Unión Soviética, buena parte de las acciones del FMI se dirigieron a conducir el proceso de transición de las economías centralmente dirigidas, de corte comunista, hacia las economías de mercado capitalistas.

          El Fondo también se vio involucrado en la crisis asiática que estalló en Tailandia a mediados de 1997 y que afectó a las nueve principales economías capitalistas de Asia, porque él ni ningún otro organismo financiero multilateral previeron que ella se produjera bajo los cánones del aperturismo económico. Todo lo contrario: sólo tuvieron palabras de congratulación para los conductores de los países asiáticos que, por consejo de los gurús occidentales, habían liberalizado sus economías y alejado de ellas al gobierno. Y, luego, las medidas anticrisis que recomendó resultaron erróneas, hasta el punto que en marzo de 1998 Milton Friedman acusó al Fondo Monetario Internacional de haber aplicado la “medicina equivocada” en los países asiáticos y el profesor de Harvard Martin Feldstein criticó la inconveniencia de sus “reformas estructurales”.

          Situados al margen del sufragio y del debate democrático, los funcionarios del FMI gobiernan el planeta y marcan los destinos de la gente sin que nadie les pida cuentas de sus actos, puesto que, como señala Ignacio Ramonet, los contrapoderes tradicionales  —parlamentos, partidos políticos, medios de comunicación—  son “o muy locales” o “muy cómplices” como para que su fiscalización pueda resultar eficaz.

          El FMI y, en general, las instituciones de Bretton Woods, no solamente han sido suministradoras de recursos financieros sino además portadoras de una ideología política. Joseph E. Stiglitz  —premio Nobel de economía en el año 2001, profesor de la Universidad de Columbia y jefe del grupo de asesores económicos del presidente Bill Clinton de Estados Unidos—,  en su libro “El malestar en la globalización” (2002), las acusó de haber abordado los problemas de la economía “con una perspectiva estrechamente ideológica” que las llevó, entre otras cosas, a sostener que “la privatización debía ser concretada rápidamente” y, en el caso de los países de Europa del este que habían emprendido la transición del comunismo al sistema de mercado, que “los que privatizaban más deprisa obtenían las mejores calificaciones”, razón por la cual, según afirmó el profesor de la Universidad de Columbia, “la privatización muchas veces no logró los beneficios augurados”.

          Stiglitz, sin exculpar a los países subadministrados del tercer mundo, sostenía que el Fondo Monetario Internacional en acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano  —que es su mayor accionista y ejerce de facto la potestad de veto sobre sus decisiones—  tenía una gran responsabilidad en todas las crisis económicas internacionales por haber impulsado ciegamente la liberalización financiera y de los mercados de capitales, subestimando los riesgos que sus estrategias aperturistas conllevaban y desatendiendo el alto costo social y político de ellas, que terminaron por devastar a las capas medias y enriquecer más a pequeños grupos opulentos.

          La cumbre de finanzas del G-20, reunida el 23 de octubre del 2010 en Gyeongju, Corea del Sur, aprobó un “histórico acuerdo” para reformar la estructura del Fondo Monetario Internacional y otorgar mayor representación a los países emergentes  —los denominados BRIC—,  que en ese momento eran Brasil, Rusia, India y China, a los que se incorporó Sudáfrica a fines del 2010. El francés Dominique Strauss-Kahn, director de la entidad, lo definió como “la mayor reforma aprobada del órgano de gobierno” del FMI, que desde su fundación ha estado dirigido por ciudadanos europeos. El G-20 decidió además que Europa cediese dos de los veinticuatro miembros del Directorio Ejecutivo a los BRIC. Y en la reorganización de sus miembros, en función de las cuotas aportadas al FMI, Estados Unidos seguía ocupando el primer puesto, con el 16,74% de aportación, seguido de Japón con el 6%, pero los BRIC estaban entre los diez primeros accionistas de la institución, junto con Alemania, Francia e Inglaterra.

          Poco tiempo antes de dejar sus funciones en el 2011, el director Dominique Strauss-Kahn manifestó  —mirando los estragos de la crisis financiera global—  que el FMI y los Estados miembros debían modificar su conducta y asumir mayores responsabilidades en la vigilancia del sector financiero, ya que “la crisis surgió de una cultura de riesgo irresponsable”. Dentro de esta línea, abogó por crear un “impuesto sobre las actividades financieras para forzar a ese sector a asumir parte de los costes sociales de su actividad”.

 
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