fines del Estado

          Son los propósitos que, en concepto de los diversos pensadores y doctrinas políticas, debe perseguir el Estado. Se los señala de diversa manera. Unos tratadistas hablan en términos abstractos del <bien común como finalidad del Estado, según suelen hacerlo los pensadores de la vertiente católica, o del mayor bienestar para el mayor número, al estilo del filósofo ingles Jeremy Bentham (1748-1832); y otros señalan objetivos más concretos: el desarrollo económico o el desarrollo social o el desarrollo humano o los tres objetivos a la vez, según las prioridades de sus ideologías. En todo caso, el señalamiento de los fines del Estado  —cuestión íntimamente ligada a la justificación ética de su existencia—  es un asunto eminentemente ideológico. En la determinación de lo que debe hacer el Estado reside, en buena medida, el fundamento de las ideologías políticas.

          Para los pensadores de las distintas vertientes democráticas, que alientan una concepción humanista de los fenómenos políticos, el Estado tiene un valor instrumental: es útil en la medida en que satisface las necesidades físicas, intelectuales y morales de los hombres. La tendencia moderna busca determinar concretamente los fines del Estado, superando las ambigüedades y abstracciones anteriores, con la mira puesta en el desarrollo económico y en la justicia social como objetivos nacionales impostergables.

          Para los pensadores totalitarios, en cambio, el Estado es un ente semidivino, dotado de un irresistible poder dominador. Todo le está subordinado. El ser humano debe rendir toda clase de sacrificios para la mayor gloria del Estado. Esta concepción conduce al >totalitarismo estatal.

          ¿Es el Estado un fin o un medio, es decir, es la meta última de la actividad social, a cuyo servicio deben consagrar las personas todos sus esfuerzos, o es simplemente un instrumento del bienestar humano? Es muy importante la respuesta a esta cuestión. Las doctrinas de raigambre democrática sostienen que el Estado es un medio para la consecución de fines humanos. Estos fines, como vimos, se señalan de diversa manera por las distintas corrientes ideológicas. En la idea de que el Estado es un fin en sí mismo, en cambio, se fundan las concepciones totalitarias, para las cuales toda la vida humana  —individual y colectiva—  debe estar supeditada a la apoteosis del Estado. Realizaciones de esta idea, aunque con distinta inspiración ideológica, fueron los estados nazi-fascistas y marxistas-leninistas surgidos en las primeras décadas del siglo pasado.

          En resumen, para unos sectores del pensamiento político la razón de ser del Estado es el servicio a los seres humanos y, para otros, la razón de ser de los seres humanos es el servicio al Estado divinizado. Esta divergencia de criterios torna irreconciliables las ideas democrático-humanistas con las tesis totalitarias.

          Como se ve, el rol del Estado dentro de la vida social han sido y es motivo de discrepancias entre las >ideologías políticas. Los liberales y los neoliberales sostienen que el Estado debe ser desmantelado en sus facultades reguladoras sobre la economía; los fascistas lo divinizaron como instrumento de sus apetitos de poder; los marxistas desearon eliminarlo paulatinamente puesto que consideraron que es un medio de dominación al servicio de la clase hegemónica, para llevarlo finalmente al museo de antigüedades; los anarquistas quisieron suprimirlo de un solo golpe porque es un símbolo de la autoridad que rechazan; los socialdemócratas y los socialistas democráticos creen que se lo debe democratizar para que, dirigido por una mayoría socialista, establezca formas justas de convivencia social.

          El tema de las competencias estatales sobre la economía se ha discutido largamente en la historia de las ideas políticas. Como ocurre con frecuencia en el devenir histórico, este asunto ha tenido un desarrollo espasmódico y ha pasado brúscamente de un extremo al otro. Recordemos que el absolutismo monárquico de los siglos XVII y XVIII engendró un Estado autoritario e intervencionista que aherrojó la iniciativa económica de las personas con las excesivas reglamentaciones comerciales, navieras y aduaneras del >mercantilismo. Emergió entonces la <burguesía, como clase social hegemónica, para reivindicar la libertad individual y estimular el crecimiento económico gracias a la iniciativa privada exenta de trabas. Este sistema, sin embargo, condujo pronto a un proceso de concentración piramidal de la riqueza. Se tornó necesario entonces revisar el papel estatal en la economía. Las ideas socialistas asignaron al Estado competencias reguladoras sobre el proceso económico y el >marxismo fue incluso más lejos: propugnó la estatificación de todos los instrumentos de producción y la abolición de la propiedad privada sobre ellos. La ineficacia de este sistema condujo en los últimos años al derrumbe de sus ilusiones. Y esto, a su vez, ha arrastrado traumáticamente a ciertos políticos, intelectuales, empresarios y economistas a proponer un sistema de privatizaciones indiscriminadas y a someter el conjunto de la economía a las leyes del mercado. Se produjo con ello un nuevo cambio espasmódico en las finalidades del Estado.

          La historia económica demuestra, por tanto, que la cuestión de las competencias estatales sobre la economía ha estado sujeta a un movimiento pendular, con muchos ingredientes emocionales, que la ha llevado de un extremo al otro sin escalas intermedias: de la intervención estatal a la abstención absoluta, de ésta a la estatificación y de allí nuevamente a la neutralidad total del Estado en la vida económica de la sociedad.

          Este vaivén, como es lógico, ha modificado en las diversas épocas los fines estatales.

          La idea prevaleciente hoy, bajo la influencia del >thatcherismo y la >reaganomics, es reducir el tamaño del Estado y transferir a la iniciativa privada una serie de actividades que éste cumplía desde los tiempos del >keynesianismo y del new deal del presidente Franklin D. Roosevelt (1882-1945). A esto responden los procesos de privatizaciones. Se entregan a manos privadas la prestación de los servicios públicos  —agua potable, electricidad, telefonía, comunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras—,  la explotación de los recursos naturales, la gestión de las áreas energéticas y el manejo de otras zonas claves de la economía, que antes estuvieron bajo la responsabilidad del Estado. Hay una clara tendencia a ir hacia el >miniarquismo, es decir, a reducir al Estado a su mínima expresión.

 
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