Estado vaticano

          El poder temporal de los papas pasó por muchísimas vicisitudes en el curso de la historia. Hubo papas que pretendieron la soberanía universal y enviaron a sus ejércitos a conquistarla y otros que se vieron reducidos en sus ambiciones por la fuerza de los batallones de los emperadores, los reyes y los príncipes. Esto determinó que, a lo largo de los siglos, el tamaño de los territorios pontificales variara de acuerdo con los tiempos y las circunstancias. A principios del siglo VIII los dominios temporales del papa se extendían al Ducado de Roma, que abarcaba desde las orillas del Tíber hasta Terracina y desde el mar hasta cerca de los Apeninos, entre los ducados de Ferrara, Espoleto y Benevento. Estos territorios después se ampliaron por el éxito de las conquistas militares del papado. Así nacieron los estados pontificios, llamados también estados pontificales o estados de la Iglesia, que eran el conjunto de territorios que, como patrimonio de ella, estaban sometidos al poder temporal del papa y eran gobernados monárquicamente. Pero el 20 de septiembre de 1870, en el curso del proceso de unificación de Italia, este país los ocupó militarmente, los anexó a su territorio y redujo los dominios del papa a una pequeña parcela enclavada en la ciudad de Roma.

          El papa perdió su poder temporal. No fue ya dueño ni soberano de territorio alguno. El gobierno italiano dictó la llamada ley de garantías que permitía al pontífice desempeñar su misión espiritual, como jefe de la cristiandad, y le confería inmunidades y privilegios propios de un soberano en territorio extranjero.

          Al perder su poder temporal, el pontífice se declaró “prisionero voluntario” del gobierno italiano en el palacio del Vaticano.

          Así permaneció hasta el 11 de febrero de 1929, en que para poner término al período de hostilidad que se abrió desde 1870 entre el poder político de Italia y el papado, el jefe del gobierno fascista italiano, Benito Mussolini, y la Santa Sede suscribieron los pactos de Letrán.

          Ellos fueron dos: el que creó la Ciudad del Vaticano y el <concordato que reguló las relaciones de la Iglesia con el Estado italiano.

          Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica y política de la Ciudad del Vaticano. Ella no es un Estado, en el sentido técnico-jurídico de la palabra, puesto que carece de territorio, de pueblo y de soberanía. Y estos son elementos esenciales del concepto mismo de <Estado. Las 44 hectáreas enclavadas en el centro de la ciudad de Roma, al oeste del río Tíber, en las que están emplazadas la basílica de San Pedro, el museo, la capilla sixtina y la residencia y oficinas del papado, no son un >territorio desde el punto de vista jurídico. Los súbditos que allí habitan o trabajan están sometidos a la jurisdicción italiana y no constituyen, por tanto, un >pueblo en el sentido político de la palabra. Y la >soberanía es muy discutible, puesto que el Vaticano no tiene una verdadera supremacía  —elemento indispensable de la soberanía—  sobre su espacio físico ni ejerce jurisdicción sobre los pocos centenares de ciudadanos que allí trabajan. Los delitos que se cometan deben ser juzgados por las autoridades judiciales de Italia. El Vaticano no tiene judicaturas ni tribunales civiles o penales de justicia. En una palabra: carece de soberanía, a pesar de que en el preámbulo del Tratado de Letrán se estipuló que “per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necesità di costituire...la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizioni sovrana”.

          Por tanto, el llamado “Estado Vaticano” es una ficción creada por consideraciones de respeto a la jerarquía moral del papa, obispo de Roma y jefe de la Iglesia Católica, pero no es realmente un Estado a la luz de los principios de la Ciencia Política. Sus súbditos no son permanentes ni constituyen un pueblo, carecen de una >nacionalidad vaticana y el “bien común”  —que llamarían los escolásticos—,  es decir la “finalidad” del ente social, no es el bienestar de los súbditos, que para eso dependen del Estado italiano, sino la conducción de las relaciones del Vaticano con las iglesias y los feligreses en el mundo católico.

          El “Estado Vaticano” fue, pues, una invención del fascismo.

          Sin embargo, en todos los tiempos el Vaticano ha desarrollado una intensa actividad política nacional e internacional. Lo ha hecho abiertamente, unas veces, y otras tras bastidores, aprovechando la feligresía católica de presidentes y ministros de muchos Estados del mundo. El escritor y periodista del "The New York Times", especializado en temas de seguridad, Tim Weiner, en su libro “Legado de cenizas. La historia de la CIA” (2008)  —ganador del premio Pulitzer—,  afirma que “la relación entre la CIA y la Santa Sede ha sido muy profunda desde 1947, pero sigue siendo no menos oscura”.

          La condición o calidad estatal del Vaticano fue materia de discusión jurídica y política en abril del 2010, cuando dos personalidades inglesas, en nombre de grupos defensores de los derechos humanos, propusieron acciones legales ante la justicia británica y la Corte Penal Internacional de La Haya contra el papa Benedicto XVI, bajo la acusación de haber cometido un “crimen contra la humanidad” al encubrir los abusos de los curas paidófilos que escandalizaron a la opinión pública mundial en esos años. Los acusadores fueron los filósofos e intelectuales británicos Christopher Hitchens y Richard Dawkins, a quienes acompañó un grupo de abogados ingleses ligados a la lucha por los derechos humanos. Se suscitó entonces la discusión en los medios jurídicos del mundo acerca de si el Vaticano es un Estado, en estricto sentido, y si el papa es realmente un jefe de Estado y, por tanto, titular de ciertas inmunidades.

          Argumentó Hitchens que el pontífice “no está por encima de la ley” y que “la ocultación institucionalizada de violaciones de niños es un crimen en todas las legislaciones”. Según las leyes británicas un juez, previa petición de un demandante, podía emitir una orden de detención contra una persona extranjera que ingresara a territorio inglés, como ocurrió en octubre de 1998 con el exdictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por requerimiento del juez español Baltasar Garzón, con fines de extradición a España para que respondiera de sus desafueros contra ciudadanos de ese país durante su dictadura. O como ocurrió con la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, quien en diciembre del 2009 se vio obligada a cancelar su viaje a Londres tras la emisión de una orden de prisión contra ella por un juez británico, a petición de asociaciones propalestinas.

          Respecto a la pretendida condición estatal del Vaticano y a la inmunidad del pontífice, Hitchens afirmó que “las Naciones Unidas, en sus orígenes, le negó un lugar en su seno al Vaticano”.

 
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