elecciones primarias

          Esta expresión proviene del inglés primary elections, que designa a las elecciones que se realizan en el interior de los partidos demócrata y republicano de Estados Unidos para escoger, entre varios aspirantes, a sus candidatos presidenciales y de otras magistraturas de carácter electivo. El sistema se volvió muy popular en los tempranos años del siglo XX cuando el progressive movement, con el fin de romper los manejos a veces poco claros de las maquinarias partidistas, lanzó la proclama de las elecciones primarias. Desde entonces los dos partidos acogieron el procedimiento para nominar sus candidatos, aun cuando, en rigor, no existe un solo procedimiento sino varios procedimientos porque cada Estado posee su propia reglamentación para realizar las elecciones primarias. La primera distinción que puede hacerse es entre las primarias “abiertas” y las “cerradas”. A las primeras pueden concurrir libremente los miembros y simpatizantes de ambos partidos, quienes guardando el secreto de sus preferencias políticas reciben en la puerta del recinto de votación las listas de candidatos demócratas y republicanos y votan por los de su simpatía. No hay control de afiliación al partido. Minnesota y Nebraska, por ejemplo, han adoptado este sistema de primarias “no partidistas” para designar los candidatos a los congresos estatales. Las primarias “cerradas”, en cambio, sólo admiten el voto de los afiliados y simpatizantes de un partido. En ellas se impone al elector una prueba de fidelidad, que se denomina challenge y que consiste en su declaración de que ha apoyado a sus candidatos en las anteriores elecciones y de que los apoyará en las próximas. En los estados del sur se pide un compromiso personal del elector de apoyar al candidato del partido que gane en las primarias.

          La verdad es que bajo la denominación de elecciones primarias se designan en los Estados Unidos técnicas muy variadas.

          Las elecciones primarias, tal como hoy se practican allí, son el resultado de un proceso de evolución iniciado en 1832  —que la costumbre ha consagrado—  cuando los legisladores estatales del Partido Demócrata convocaron en ese año a una convención nacional para escoger y proclamar a su candidato presidencial. Hacia 1840 los dos grandes partidos —el Demócrata y el Republicano— celebraban ya este tipo de convenciones compuestas por los parlamentarios para postular a sus candidatos. Después cambió la forma de integrar tales convenciones: no fueron ya los parlamentarios de los estados sino los delegados especialmente elegidos quienes las constituían.

          Regidos por la costumbre, ya que la Constitución no contiene disposición alguna sobre los partidos políticos, cada cuatro años los dos grandes partidos celebran convenciones nacionales para proclamar sus candidaturas a la presidencia y vicepresidencia y para aprobar su plan de gobierno. Estas convenciones se integran por delegados de los 50 estados de la Unión norteamericana, más los del Distrito de Columbia (al que pertenece la ciudad de Washington) y de varios de los territorios de ultramar que están bajo dominio estadounidense: Samoa, Islas Vírgenes, Guam y el >Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

          Dentro del bipartidismo norteamericano, cada estado tiene derecho a acreditar un número determinado de delegados a la convención demócrata y a la republicana, en forma proporcional a su población.  Tales  delegados  se  eligen  en  unos  estados  por  medio  de  elecciones directas y universales  —primary elections—,  en las que los ciudadanos votan por los delegados que los representarán en la respectiva convención, y, en otros, mediante asambleas locales  —denominadas caucus—,  o sea por elecciones indirectas. La ley autoriza que las normas estatutarias de los partidos sean las que señalen la forma de postular a sus candidatos.

          Esto significa que las convenciones nacionales de los partidos están compuestas por dos clases de delegados: unos elegidos por votación popular directa  —primary election—,  que son la mayoría, y otros por los caucus, o sea por votación indirecta.

          Las “primarias” son elecciones universales y directas que se realizan en algunos de los estados para designar a los delegados que concurrirán a las convenciones nacionales encargadas de escoger a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, mientras que los caucuses son las asambleas partidistas de otros estados cuya misión es nominar a los delegados estatales a las convenciones nacionales de los partidos. En las elecciones primarias de algunos estados pueden votar solamente los miembros inscritos del respectivo partido  —son elecciones cerradas—,  en tanto que en las de otros son abiertas a los electores independientes y a los afiliados a otros partidos, pero éstos pueden votar una sola vez. Únicamente en el estado de Washington, que tiene unas elecciones primarias denominadas “wide-open”, el elector puede depositar un voto en más de un partido, lo cual posibilita que los miembros de uno de ellos puedan favorecer con su voto al candidato más débil del partido rival.

          Tanto en las elecciones primarias como en los caucuses las candidaturas presidenciales exhiben su propia lista de candidatos a delegados, de modo que sus partidarios dirigen sus votos hacia los nombres comprometidos con el candidato presidencial de su preferencia.

          Fue Wisconsin el primer estado en implantar, a través de una ley expedida en 1905, las elecciones primarias celebradas en todo el estado, financiadas con fondos públicos, en las que podían sufragar todos los miembros de cada partido para escoger los delegados a sus respectivas convenciones nacionales. La práctica fue imitada por otros estados y actualmente la mayoría de ellos escoge a los delegados a las convenciones nacionales por medio de este tipo de elecciones.

          La costumbre ha impuesto un calendario para la realización de las primarias y la reunión de los “caucus”, que comienza por Iowa en febrero y termina con New Jersey en junio del año de la elección presidencial. En el intermedio se realiza la jornada electoral denominada “supermartes”  —que es un martes de marzo—  en la que millones de ciudadanos norteamericanos de 16 estados concurren a votar para designar a más de la mitad de los delegados demócratas y de los republicanos que asistirán a sus respectivas convenciones nacionales. Ese es el día más importante y decisivo del calendario electoral.

          La conquista del mayor número de delegados es el objetivo primordial de los aspirantes a ocupar la oficina oval de la Casa Blanca. Con tal propósito despliegan una intensa campaña electoral en todo el país, de modo de obtener los mejores resultados tanto en las elecciones primarias como en los caucus.

          Aunque el resultado se conoce de antemano con sólo sumar el número de delegados cuya opinión favorece a determinado candidato, en la convención nacional de cada partido la elección se decide por mayoría absoluta de votos. Cada uno de los delegados tiene derecho a un voto que lo consigna por intermedio del presidente de la delegación estatal, en votación nominal. Obviamente las delegaciones pueden dividir sus votos entre varios aspirantes. La primera en votar es la de Alabama de acuerdo con la lista alfabética que termina con Wyoming. Concluida la elección y la aprobación del programa político del partido, la convención se cierra en medio de gran entusiasmo con los discursos de aceptación de los candidatos elegidos y con los de unidad partidista de los perdedores.

          Las convenciones nacionales se han convertido en un gran espectáculo, no de masas, sino de televisión que reúne entre 2.000 y 4.000 representantes en una gran sala adornada con banderas, globos y gallardetes. En ella están presentes, por medio de sus más experimentados periodistas, todas las cadenas de televisión norteamericanas y la mayoría de los periódicos y servicios informativos, que narran e interpretan todo lo que ven y oyen en esas pintorescas y alegres fiestas de la democracia norteamericana que duran cuatro días.

          Al contrario de lo que generalmente se supone, la elección para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América es una <elección indirecta, de acuerdo con una “reliquia constitucional” del siglo XVIII que manda la conformación de un colegio electoral integrado por compromisarios elegidos por los ciudadanos de cada estado, en número equivalente al total de senadores y representantes que éste tiene derecho de enviar al Congreso federal, para que ese colegio electoral elija al presidente y al vicepresidente de la Unión norteamericana el primer martes de noviembre de cada cuatro años.

          En todo caso, el sistema de elecciones primarias ha sido adoptado por algunos partidos de otros países, que acuden a las elecciones universales y directas de la militancia para postular a sus candidatos.

          Las personas así escogidas asumen las candidaturas partidistas en los comicios nacionales y enfrentan a los candidatos de los otros partidos.

          La Constitución uruguaya  —aprobada en 1996 a través de un >referéndum—  manda a los partidos políticos “ejercer efectivamente la democracia interna” y les obliga a designar sus autoridades y sus candidatos presidenciales por votaciones populares directas y secretas.

          Las elecciones primarias son organizadas, controladas y escrutadas por la Corte Electoral, que es la suprema autoridad nacional del sufragio, y se realizan en conformidad con las normas que rigen las elecciones nacionales y con la Ley Nº 17.063 que es el estatuto específico de las elecciones internas de los partidos. A diferencia de las elecciones nacionales, la participación en las elecciones primarias no es obligatoria para los ciudadanos sino discrecional. En ellas pueden intervenir los afiliados y los no afiliados a los partidos, con arreglo al registro electoral nacional y de acuerdo con las normas que rigen las elecciones estatales, en lo que son aplicables. Los electores tienen derecho a un solo voto y son libres de depositarlo por cualquiera de los precandidatos de su partido o de alguno de los partidos rivales.

          El sistema permite que los militantes de un partido puedan tener injerencia en las elecciones internas de otro para ayudar a un precandidato rival al que consideran con poca opción, como presumiblemente ocurrió en las primarias de abril de 1999 en que un cierto número de seguidores del izquierdista “Encuentro Progresista” utilizó tácticamente su único voto para favorecer a precandidatos más fáciles de vencer de otros partidos. De modo que teóricamente el sistema uruguayo posibilita a los ciudadanos elegir a su candidato o tratar de escoger el adversario más vulnerable.

          La Corte Electoral es la encargada de organizar estos procesos eleccionarios, de vigilarlos y decidir con carácter inapelable todas las reclamaciones y apelaciones que se produzcan.

          Juntamente con la elección del candidato presidencial, el ciudadano debe elegir a los 500 miembros del órgano deliberativo del partido  —llámese convención, asamblea, congreso nacional o de cualquier otra manera—  que, a su vez, es el llamado a designar al candidato presidencial en caso de que ninguno de los precandidatos hubiese obtenido en las elecciones primarias más del 50% de los votos o más del 40% con una diferencia no menor del 10% sobre su inmediato seguidor. Esto significa que si ninguno de los aspirantes obtuviere las mayorías mencionadas, la elección primaria directa dará paso a una elección indirecta, en que el gran elector será el órgano deliberativo partidista, por la mayoría absoluta de votos de sus integrantes.

          En cada uno de los 19 departamentos en que se divide política y administrativamente el territorio uruguayo se elige, por votación popular directa, el órgano deliberativo departamental del partido que será el encargado de designar a su candidato a intendente y a los candidatos para integrar la junta departamental.

          El nuevo sistema se estrenó en el Uruguay en las elecciones primarias del 25 de abril de 1999, en que se designaron los candidatos presidenciales de los partidos. Triunfaron en las primarias Tabaré Vásquez de la alianza denominada Encuentro Progresista-Frente Amplio, Jorge Batlle del Partido Colorado y el expresidente Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional, en un torneo electoral interno en que también participaron muchos otros partidos  —trotskistas, cristianos, de trabajadores y varios más—  que alcanzaron votaciones irrelevantes. Quedaron finalistas en la primera rueda electoral del 30 de octubre Tabaré Vásquez con el 38,5% de los votos y Jorge Batlle con el 31,3% y en la segunda, celebrada el 28 de noviembre, se impuso Batlle estrechamente sobre su contendor.

          En Chile el 30 de mayo de 1999 se inauguró un interesante sistema de elecciones primarias en el seno de la Concertación de Partidos por la Democracia  —conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata—  para elegir al candidato presidencial común con miras a las elecciones generales de diciembre del mismo año. Fueron votaciones primarias directas que se efectuaron bajo la modalidad de padrón abierto y en las que pudieron participar los afiliados a los partidos de la Concertación y todos los ciudadanos independientes, inscritos en el Registro Electoral nacional, con la sola y obvia exclusión de los afiliados a los partidos ajenos a la alianza. El ejercicio del sufragio fue discrecional y cada ciudadano tuvo derecho de depositar un voto previas la presentación de su cédula nacional de identificación y la verificación de su nombre en los padrones. Las 15.702 mesas de votación que se emplazaron en todo el país fueron exactamente iguales a las que suelen instalarse en las elecciones generales, con la única diferencia de que, por la misma naturaleza no oficial de las elecciones primarias, su custodia y garantía del orden estuvieron a cargo de los propios vocales de las mesas electorales y de los apoderados de las candidaturas y no de los efectivos de las Fuerzas Armadas ni de los Carabineros.

          En las mencionadas elecciones primarias chilenas compitieron dos precandidatos: Ricardo Lagos del Partido Socialista y Andrés Zaldívar de la Democracia Cristiana. Concurrieron a votar 1´395.833 ciudadanos, que representaron el 18,33% de los electores afiliados e independientes habilitados para votar en las primarias. El triunfo de Lagos fue abrumador en todas las regiones de Chile: obtuvo 985.505 votos, o sea el 71,3% del total, frente a los 395.821 votos de Zaldívar, equivalentes al 28,7%.

          Los partidos integrantes de la Concertación aprobaron previamente el “Reglamento de Votaciones y Escrutinios. Primarias 99” en el que regularon todo lo concerniente al cronograma  de  inscripción  de  los  precandidatos,  a  la  propaganda  electoral  —que por cierto estuvo prohibida en los medios de comunicación escritos, radiales y televisuales, con la sola excepción de la transmisión y retransmisión radial de sus discursos—,  a la convocación a elecciones, a la conformación y distribución de las mesas de votación, al proceso de sufragio, a los requisitos para el ejercicio del voto, a las diversas instancias del escrutinio, a las reclamaciones sobre vicios e irregularidades y a la proclamación de los resultados.  El  Tribunal  Nacional  Electoral  —que es la máxima autoridad estatal en la materia—  fue el encargado de conocer y resolver en última y definitiva instancia las reclamaciones y proclamar formalmente al vencedor de las elecciones primarias.

          Lagos compitió en las elecciones nacionales del 12 de diciembre de 1999 con el ultraconservador Joaquín Lavín y ganó por un ínfimo margen la primera vuelta electoral. En la segunda vuelta, celebrada el 16 de enero del 2000, triunfó Lagos con el 51,31% sobre el 48,56% de su contrincante.

          En el proceso electoral del 2005 no hubo elecciones primarias dentro de la Concertación de Partidos por la Democracia puesto que la precandidata Michelle Bachelet, apoyada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata, quedó sola en la contienda interna ya que su contendora demócrata-cristiana Soledad Alvear retiró su precandidatura.

          Bachelet triunfó en el balotaje de las elecciones nacionales del  2006 y asumió el poder en ese año hasta el 2010.

          La elección primaria se repitió en Chile en el 2013 como preludio de los comicios presidenciales de ese año. Tanto en la elección primaria como en la elección nacional se impuso Michelle Bachelet, quien asumió la presidencia para el período 2014-2018.

          En Argentina la Alianza Popular, que fue una coalición de partidos de oposición al gobierno neoperonista de Carlos Menem formada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO), promovió elecciones primarias el 29 de noviembre de 1998 para seleccionar su candidato presidencial con miras a las elecciones del 24 de octubre de 1999. El FREPASO era, a su vez, una coalición que agrupaba al Partido Socialista Popular, al Partido Socialista Democrático, al Frente Grande, a la Democracia Cristiana, al Partido Intransigente y a otros grupos menores. Triunfó ampliamente en ellas el candidato Fernando De la Rúa, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) y jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre su contendora Graciela Fernández Meijide, diputada del FREPASO. La diferencia fue tan grande que los resultados numéricos no fueron divulgados para no causar daño a los aliados. La UCR hizo valer su experiencia política de más de cien años y su organización hasta en los más pequeños poblados del país.

          Las elecciones primarias se efectuaron con arreglo al padrón electoral elaborado por la empresa privada IVISA, con base en los datos proporcionados por la Justicia Electoral, que es el órgano estatal encargado de organizar y administrar los procesos eleccionarios argentinos. Las mesas de votación se colocaron en los mismos lugares que en los comicios generales. Estuvieron habilitados para votar 18´800.000 ciudadanos independientes y afiliados a los partidos de la alianza, de los cuales sufragó alrededor del 12%. Los ciudadanos registrados en los partidos rivales no tuvieron derecho a voto en las elecciones primarias de la Alianza.

          El acuerdo original entre los partidos de la alianza opositora fue que quien perdiera en las elecciones primarias sería candidato a la vicepresidencia de la República, pero eso no se cumplió. El candidato vicepresidencial fue Carlos Álvarez y Graciela Fernández Meijide participó como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en donde vive casi la mitad de los electores argentinos.

          Con este antecedente, el radical Fernando De la Rúa, candidato de la Alianza Popular opositora de centroizquierda, triunfó ampliamente en las elecciones presidenciales celebradas el 24 de octubre de 1999 sobre el candidato peronista Eduardo Duhalde.

          En los últimos años ha tomado cuerpo en América Latina la tendencia a efectuar elecciones primarias como parte de la democratización de los partidos políticos y, en muchos casos, como medio de superación de sus crisis internas. Para este efecto fue muy importante la decisión tomada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México de escoger su candidato presidencial para los comicios generales del año 2000 por medio de votaciones primarias directas, libres y secretas, en las que pudieron participar no solamente sus militantes, afiliados y simpatizantes sino todos los ciudadanos mexicanos “con interés de apoyar al partido en dicho proceso”.

          El PRI es el partido que más largamente ha ejercido el poder en la historia de América Latina. Nació en 1929 bajo la inspiración del general Plutarco Elías Calles, Presidente de la República, con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, para institucionalizar las conquistas de la >Revolución Mexicana de 1910 y superar el período de desorden y de proliferación de grupos políticos nacionales y regionales entre 1911 y 1929. Por iniciativa del presidente Calles, el 1º de marzo de 1929 se reunieron en Querétaro numerosos caudillos políticos leales a los principios de la Revolución y el día 4 de ese mes declararon fundado el Partido Nacional Revolucionario, que en 1938 cambió su nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 por el de Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde entonces ejerció ininterrumpidamente el poder por siete décadas en términos casi omnímodos aunque por elección y con respaldo popular. Durante este dilatado lapso se institucionalizó la práctica  —que tuvo la fuerza de una ley—  de que los presidentes salientes designaban a sus sucesores, cosa que ocurrió inexorablemente en doce ocasiones.

          El Presidente de la República solía escoger a su sucesor de entre sus más cercanos colaboradores que a lo largo del período habían competido en méritos y compartido con aquél tesis políticas y propuestas económicas. La lucha interna entre los aspirantes fue muy dura, aunque era una lucha subterránea, pero al final terminaba por imponerse la voluntad presidencial. En la jerga política mexicana esta operación se denominaba el “dedazo” y al ciudadano escogido se lo conocía como “el tapado” porque permanecía oculto hasta que el jefe del Estado daba a conocer su nombre al Comité Ejecutivo Nacional de su partido y al país en general.

          Con admirable franqueza, el expresidente Miguel de la Madrid explica, en su entrevista con Jorge Castañeda  —publicada en el libro de éste: "La Herencia"—,  que la selección del candidato era un proceso complejo en el que se evaluaban los méritos de todos los aspirantes, sus hojas de vida, las tareas cumplidas en la administración estatal, su capacidad de trabajo, su eficacia y también su aceptación en la opinión pública. El presidente hacía sus propias auscultaciones y consultas a la dirigencia priísta en todo el país, a los mandos sindicales, a los líderes de opinión, a los grupos empresariales, obreros y campesinos, a los >poderes fácticos de la política mexicana y, en general, a los diversos sectores de la comunidad, en un proceso que culminaba con el “destape” del candidato. Explica el licenciado de la Madrid que, cuando fue Presidente, ensayó en 1987 el procedimiento al que la imaginación de los periodistas dio el nombre de “la pasarela”, que consistió en que los pretendientes a la candidatura presidencial fueron invitados por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a una comparecencia pública para que expusieran sus proyectos de gobierno, sus iniciativas y sus ideas, en acto transmitido por radio y televisión y cubierto amplísimamente por la prensa, como método adicional de calificar los méritos de cada de ellos. A la postre el Presidente, que “conducía el proceso y era el árbitro final”, según dice de la Madrid, tomaba la decisión y seleccionaba al candidato con base en todos estos parámetros de evaluación y de consulta. Obviamente que en la acumulación del “puntaje” de los precandidatos jugaba un papel de primera importancia la afinidad de ideas políticas, económicas, sociales y de política internacional de ellos con el mandatario saliente, interesado siempre en que sus políticas tuvieran continuidad.

          Jorge Castañeda, en su controvertido libro, a cuya presentación asistí en la Universidad de Guadalajara en abril de 1999, relata los pormenores de lo que fue en el pasado este complicado proceso de selección interna del candidato presidencial dentro de las filas del por entonces partido más poderoso de México.

          El presidente Ernesto Zedillo  —calificado por la revista norteamericana "TIME" como “un tecnócrata reservado y cerebral que sentía aversión por la exhibición imperial del poder”—  dio un viraje histórico a la política mexicana en abril de 1998 al anunciar ante un grupo de dirigentes del PRI en Acapulco que su partido escogerá al candidato presidencial mediante elecciones primarias y que por esta vía “el partido será más democrático y tendrá reglas claras para la selección de los candidatos”.

          Un reglamento muy prolijo, aprobado por el Consejo Político Nacional del PRI el 17 de mayo de 1999, rigió el proceso electoral interno. En él se establecieron con entera precisión los requisitos de elegibilidad de los precandidatos, la forma de inscripción de sus postulaciones, la instalación e integración de las mesas de votación en los 300 distritos electorales federales, el trámite de la votación, el cómputo de votos, los escrutinios, las apelaciones y la proclamación de los resultados.

          Los precandidatos, para poder inscribir sus postulaciones, debieron renunciar previamente todos sus cargos y funciones en la administración pública federal, estatal o municipal.

          Se autorizó una corta campaña electoral  —en realidad: preelectoral—  de tres meses, con gastos de propaganda limitados, conducida y vigilada por la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno del PRI, cuyo presidente fue Fernando Gutiérrez Barrios, un duro y veterano militante del partido. No hay que olvidar que si bien en esas elecciones votaron no sólo los afiliados al PRI sino todos los ciudadanos que quisieron hacerlo, fueron comicios internos del partido controlados por sus propios órganos electorales.

          En esas elecciones primarias celebradas el 7 de noviembre de 1999  —las primeras de esta clase en la historia de México—  participaron cuatro precandidatos: Francisco Labastida, exgobernador del estado de Sinaloa y exsecretario de gobernación y de agricultura en el gobierno de Zedillo; Roberto Madrazo, exgobernador de Tabasco; Manuel Bartlett, exgobernador del Puebla y exsecretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid; y Humberto Roque Villanueva, que había sido senador por Coahuila y presidente del PRI. En ellas participaron cerca de 10 millones de electores que dieron un amplio triunfo a Francisco Labastida, quien con ello ganó el derecho de representar al PRI en las elecciones generales del 2 de julio del 2000 frente al candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, y al candidato centroizquierdista del Partido de la Revolución Mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas.

          En las elecciones presidenciales triunfó el político y empresario Vicente Fox, quien interrumpió la dilatada era de hegemonía del PRI que duró 71 años.

          Sin embargo, doce años después el PRI retornó al poder con su amplio triunfo en las elecciones presidenciales del 1 de julio del 2012, conducido por el joven candidato Enrique Peña Nieto.

          Como hemos visto, en los últimos años se ha marcado en América Latina una débil tendencia hacia las elecciones primarias en los partidos políticos como parte de su proceso de democratización interna en la designación de candidatos a las funciones de elección popular. No son muchos los partidos que han adoptado el sistema de forma ocasional o permanente. Los casos más importantes en los últimos años han sido los del FREPASO y la Unión Cívica Radical en Argentina, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Partido Liberal colombiano, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, la Concertación por la Democracia en Chile, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Encuentro Progresista-Frente Amplio de Uruguay, el Partido Revolucionario Institucional de México, la Izquierda Democrática de Ecuador en 1987 para designar su candidato presidencial y algún otro partido.

          La gran mayoría de los partidos latinoamericanos se ha negado a abrir los cauces democráticos. El método, sin embargo, puede tener variaciones. En unos casos la ley manda una votación simultánea para todos los partidos, como en Uruguay, donde las elecciones primarias se deben hacer el mismo día; en otros casos cada partido las hace en la fecha que prefiere, como ocurre en Argentina, México, Nicaragua y Colombia. Hay elecciones primarias abiertas en las que pueden participar como electores todos los ciudadanos, incluidos los afiliados a los partidos rivales, y no sólo los miembros del partido que las promueve. Se da también la posibilidad de que las elecciones primarias nazcan del acuerdo entre los precandidatos de un partido y no de la disposición obligante de la ley. 

          Se han experimentado estas elecciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

          En el ámbito de la teoría pueden distinguirse varias formas de elecciones primarias: elecciones obligatorias o elecciones voluntarias, según ellas dependan de un mandato de la ley  —en cuyo caso los resultados son vinculatorios para el Estado y los partidos—  o de la libre decisión de ellos; abiertas o cerradas si en las elecciones primarias pueden votar todos los ciudadanos  —incluidos los afiliados a otros partidos políticos—  o solamente los miembros del partido que las convoca; simultáneas, si la ley obliga a todos los partidos a realizarlas en la misma fecha, señalada por la autoridad electoral estatal. Finalmente, las elecciones primarias pueden realizarse bajo el control de la autordad electoral del Estado y con los padrones electorales oficiales o bajo la supervisión de las autoridades partidistas y con sometimiento a sus respectivos padrones electorales.

          Estas elecciones pueden servir, según mande la ley o los estatutos partidistas, para designar a las autoridades de un partido y a sus candidatos a los más importantes destinos gubernativos del Estado.

          El control de las elecciones primarias puede estar a cargo de la autoridad electoral estatal o solamente de la pertinente autoridad partidista.

 
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