doctrina Estrada

          En contraposición a la >doctrina Tobar surgió en 1930 la doctrina que llevó el nombre del canciller mexicano, doctor Genaro Estrada, que sostuvo que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente y que, en consecuencia, él no necesita el reconocimiento de los demás para cobrar plena validez jurídica, reconocimiento que, de otro lado, implicaría una indebida intervención de un Estado en los asuntos internos de otro.

          De acuerdo con estos principios la doctrina Estrada afirmó que “el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

          El canciller Estrada estuvo muy influido por las largas y penosas controversias suscitadas entre México y Estados Unidos en aquella época, en que el gobierno norteamericano se negó a reconocer a los gobiernos que surgieron de acciones militares o paramilitares durante el proceso de la revolución mexicana.

          En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Junta Consultiva de Emergencia para la Defensa Política, establecida en Montevideo a raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas de los países latinoamericanos con las potencias del Eje  —Alemania, Italia y Japón—,  adoptó una recomendación a los gobiernos de la región para que, mientras durara el conflicto armado, no reconocieran a régimen alguno establecido por la fuerza en cualquiera de sus países sin antes realizar consultas mutuas para determinar si el nuevo gobierno cumplía con los compromisos interamericanos de defensa continental. Esta fue, sin duda, una medida tomada para alejar el peligro de que los simpatizantes del nazi-fascismo en América Latina pudieran derrocar uno de los gobiernos a fin de impedirle cumplir los acuerdos contra el totalitarismo.

 
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