crisis

          Es, en su acepción general, el momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema. O el trance de colapso en que cae el proceso vital de la naturaleza, el hombre o la sociedad. La crisis, en este sentido, representa el punto más bajo de un ciclo de deterioro de algo: la salud, el sistema nervioso, el proceso social, la política, la economía, las relaciones internacionales. Por su propia condición cla crisis tiene duración limitada. Su ocurrencia es a veces previsible y otras no. Ella trae una profunda conmoción e incertidumbre a la vida natural, humana o social. Probablemente el término crisis se originó en la medicina para señalar las fases decisivas del desarrollo de una enfermedad y de allí se extendió a los otros campos para designar fenómenos análogos.

          Las crisis, en el ámbito social, se producen a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas o por la penuria de recursos internos para su propia operación.

          El líder y pensador socialista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) dijo que ellas surgen cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace, con lo que quiso dar a entender que son un desorden o una interrupción que se produce en el curso de la vida social. En igual sentido, José Ortega y Gasset describió las crisis sociales como el caducar de un sistema de creencias básicas no remplazadas y afirmó que un hombre, un grupo o una época está en crisis “mientras vive entre dos creencias, sin sentirse instalado en ninguna”.

          Probablemente por esto los pensadores de todos los tiempos, sintiendo que “su sociedad” y “su época”, y acaso ellos mismos, cabalgaban sobre un estado de transición, afirmaron siempre que atravesaban por un proceso de crisis. No hay época histórica en que no se haya dicho esto. La explicación está en que, vistas las cosas consciente o inconscientemente bajo una perspectiva dialéctica, siempre los hombres vivieron “entre dos creencias”: la que estaba en el ocaso y la que se anunciaba con el amanecer, lo que les hizo pensar invariablemente que “su época” estaba en crisis. En “la mayor crisis de la historia”, como en cada momento dijeron. Pero esto siempre será así porque los hombres estarán inevitablemente en medio de un proceso social de transición, en que las cosas son y dejan de ser, y por tanto siempre se sentirán situados cerca del punto de ruptura de un sistema, es decir cerca de una crisis.

          La crisis rompe la continuidad de un sistema. Cuando ha sido superada, el sistema recobra precariamente su equilibrio anterior o alcanza un nuevo equilibrio que pronto volverá a ser alterado. En este sentido bien podría decirse que el estado natural de la sociedad es la crisis. Por eso no toda crisis es negativa. Puede entrañar un avance respecto de lo actual. De ahí que los chinos, con profunda sabiduría, escriben la palabra crisis con dos caracteres: uno que significa “peligro” y otro “oportunidad”.

          En el ámbito social las crisis tienen diferencias cualitativas y cuantitativas. Se pueden distinguir diversas clases de crisis así como intensidades y alcances diferentes en ellas. Hay crisis superficiales y crisis profundas. Hay crisis económicas y políticas. Las hay internacionales, cuando afectan las relaciones entre los Estados. Se habla también de “crisis de desarrollo” para referirse a los desórdenes y desequilibrios que experimenta un sistema social por la rapidez y, a veces, la impredecibilidad de su crecimiento.

 

 

                    1. La crisis revolucionaria.   En el campo de lo social, la crisis más grave es la crisis revolucionaria. Si la evolución de los sistemas políticos y económicos de un país se detiene por la interposición de fuerzas conservadoras, que actúan como diques de contención del flujo de la historia, lo más probable es que se produzca una crisis que ha de resolverse por la vía de un golpe de Estado o por la de una revolución, según que la sociedad tienda a recobrar el equilibrio anterior o a avanzar hacia un nuevo equilibrio. En ambos casos habrá violencia. En el primero, violencia de arriba hacia abajo y, en el segundo, de abajo hacia arriba. Violencia para mantener y afirmar el >statu quo, en el caso del >golpe de Estado; y violencia para cambiarlo en el de la >revolución.

          De cualquier manera, todos los procesos de transformación revolucionaria tienen como antecedente una crisis del sistema social que se manifiesta en las llamadas condiciones objetivas y condiciones subjetivas de la >revolución, es decir, en la situación de despotismo político, injusticia social e inequidad económica que prevalece en la sociedad; y en el reflejo que esos factores tienen en el ánimo de la gente  —la crisis anímica—,  que le conduce a la decisión de actuar para modificar la situación.

          En otras palabras, las condiciones objetivas resultan de la realidad social: un Estado que, con su defectuosa organización, favorece los intereses económicos de un reducido grupo dominante en perjuicio de la mayoría de la población; mientras que las condiciones subjetivas surgen de la percepción que el pueblo tiene sobre las injusticias que sufre, de los juicios de valor que genera sobre los desniveles económico-sociales y de la voluntad de lucha y de sacrificio que le animan para alterar la situación. Las condiciones subjetivas son su capacidad de indignación y de rabia ante la ofensa moral que significan la indigencia, la injusticia, la opresión, el abandono, el egoísmo económico de las cúpulas sociales o la represión política de los gobiernos. Y, aunque es verdad que los pobres no siempre tienen plena conciencia de su trágico destino ni son revolucionarios espontáneamente, son las avanzadas revolucionarias las que despiertan en ellos la voluntad de insurgir y de buscar la utopía vagamente definida que se les ofrece.

 

 

                    2. La crisis económica.   En la vida comunitaria, la más frecuente de las crisis es la económica. En su sentido técnico, la palabra crisis señala el punto de transición de la prosperidad a la recesión o a la depresión en una economía, dentro del proceso cíclico en que ésta se mueve. Ella implica un punto de ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes, que genera una fase recesiva o una fase depresiva del ciclo económico, y que se extiende rápidamente a todos los sectores de la economía. Este proceso crítico, que se refleja inmediatamente en todos los indicadores macroeconómicos, tiende a profundizarse y ampliarse progresivamente a través de una cadena de acciones y reacciones, hasta un momento en que la economía empieza su recuperación. Allí termina la crisis y se inicia la fase expansiva del ciclo económico.

          La crisis va acompañada, como causa o como efecto, del pánico de la población, la desconfianza financiera, la baja de la producción, la desaceleración del crecimiento, el desempleo, las quiebras de empresas, la “corrida” de depósitos en las instituciones bancarias y otros desórdenes en la vida económica de un país.

          Los historiadores señalan un total de diecisiete crisis graves y generales de la economía ocurridas desde 1780 hasta nuestros días. Afirman que hubo procesos críticos en los años 1787, 1826, 1836, 1847, 1857, 1864, 1873-1877, 1882-1884, 1890-1893, 1900-1904, 1907, 1913, 1920-1922, 1929, 1970, 1989 y 2008.

          Cuatro de esas crisis han sido de amplio alcance: la de 1929, la de 1970, la de 1989 y la del 2008. En el siglo XIX y en los anteriores las crisis se limitaban a dos o tres países importantes pero después ellas alcanzaron progresivamente dimensiones internacionales por obra de la intensificación de los intercambios y de la creciente >interdependencia de las economías.

          La que se inició en 1929 fue una crisis depresiva del sistema capitalista, que produjo el hundimiento del mercado de valores, numerosas quiebras de empresas, recesión en la industria, descenso de precios, baja de la producción y restricción del empleo. La secuela de la crisis, como siempre, fue miseria y malestar social.

          Esa crisis puso en evidencia las debilidades del “paradigma” de la economía clásica para manejar el proceso de la producción, la distribución y el consumo. La política de inhibiciones estatales, que se había impuesto en la mayor parte del mundo, llevó al desastre a todos los países. Generó en Inglaterra y Estados Unidos un desempleo masivo. En Inglaterra los desocupados llegaron a sumar tres millones de trabajadores y en Estados Unidos la desocupación aumentó del 4 al 25% y el >producto interno bruto se redujo a la mitad. La crisis se generalizó. La depresión, el desempleo y la pobreza fueron de tal magnitud, que John Maynard Keynes propuso, como solución para reactivar la economía, contratar trabajadores desempleados y pagarles un salario solamente “por abrir y llenar pozos”, pues esa movilización monetaria generaría una demanda efectiva de los trabajadores que, con su secuela multiplicadora, reactivaría el proceso productivo.

          Eso fue lo que ocurrió. El keynesianismo tiene el mérito de haber conjurado la gran depresión. Desechó las fórmulas del “automatismo del mercado” y de la “mano invisible” y entregó al Estado los instrumentos necesarios para conducir la economía y librarla de los dos azotes del sistema capitalista, según el concepto de Keynes: el desempleo y la concentración de la riqueza y el ingreso.

          En la década de los años 70 se produjo en las economías avanzadas la segunda gran crisis del siglo XX, con características singulares, cuya onda expansiva se extendió por el mundo hasta bien entrados los años 80. Hubo terribles desequilibrios en los sectores internos y externos de la economía. En Europa Occidental y Estados Unidos se redujeron las tasas de crecimiento del producto interno bruto del 5% (que habían tenido entre 1960 y 1970) al 3,1% en la década de los 70. Su índice inflacionario más que se duplicó. Alcanzó dos dígitos. Las tasas de desempleo se elevaron en un 50%. Países que antes habían tenido superávit empezaron a sufrir problemas de <balanza de pagos por la baja de productividad y de competitividad de sus economías. El Japón, considerado en los años 60 como un “milagro económico”, después de crecer a más del 10% anual durante tres lustros, disminuyó su crecimiento a un poco más de la tercera parte en la década de los 70 y en algunos años registró niveles de inflación superiores al 20% anual.

          La escalada de los precios del petróleo fue la causa principal de esa crisis, que tuvo un carácter primordialmente energético y un alcance mundial. Se desencadenó en 1971 en que la devaluación del dólar obligó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada en 1960, a ajustar los precios de los hidrocarburos con la paridad oro del dólar. Ese ajuste significó un brusco aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, medida que no disgustó a las grandes corporaciones petroleras que vieron en ella la posibilidad de hacer explotables sus yacimientos de Alaska y el Mar del Norte y revalorizar sus stocks. Las utilidades que obtuvieron en 1973 y los años siguientes demostraron que no estuvieron equivocadas. Este fenómeno coincidió con una grave contracción de las reservas petroleras de Estados Unidos, que cayeron de casi 40 años a 10, lo cual convirtió a este país en febril demandante de petróleo crudo extranjero. Los países petroleros, organizados en torno a la OPEP, tomaron conciencia del poder que tenían como productores de un combustible y una materia prima tan importantes. El 16 de octubre de 1973 la OPEP decidió subir el precio del crudo de 3,5 a 5,5 dólares el barril y anunció que en 1974 el precio será de 11 dólares. La conmoción fue universal. En cuatro meses el precio se triplicó. Hubo allí también ingredientes políticos. Los países árabes aprovecharon la ocasión para tomar represalias contra los países occidentales por su ayuda a Israel en la guerra judío-egipcia que había estallado poco tiempo antes. Se intentó un embargo petrolero contra Estados Unidos, Holanda y otros países. Vino la escalada de precios. El arabian light sobrepasó los 30 dólares el barril en agosto de 1980. La crisis se tornó indetenible y sus consecuencias sobre la economía mundial fueron demoledoras. En los países desarrollados el impacto de ella fue durísimo especialmente en la siderurgia, la industria automotriz, la actividad textil, la construcción naval y muchas otras ramas industriales. En el >tercer mundo significó endeudamiento, penuria económica y convulsión social. Sobre todo en los países no petroleros  —a los que algunos empezaron a llamar el cuarto mundo por la postración económica a la que llegaron—,  cuyas balanzas de pagos fueron atormentadas por la brusca subida de los precios de los hidrocarburos. Los países árabes miembros de la OPEP depositaron sus gigantescos excedentes en los grandes bancos europeos y norteamericanos. Y, por la intermediación financiera de éstos, los petrodólares fueron a parar en forma de créditos en muchos países e impulsaron una carrera de endeudamiento que no tuvo precedentes y que, a su vez, fue la causa de la nueva crisis internacional que se abrió a partir de 1982.

          Ella tuvo rasgos peculiares: fue una mezcla de recesión e inflación, que desconcertó a los economistas. Recuerdo haber asistido en 1982 a la casa del embajador ecuatoriano en España, Germánico Salgado, en donde estuvieron presentes varios de los más destacados economistas de América Latina: Felipe Herrera, Aldo Ferrer, Enrique Iglesias, creo que también Ricardo Ffremch-Davis y varios otros. El propio anfitrión era uno de los grandes economistas de nuestra América. Naturalmente que se habló sobre la crisis, que era el tema del momento. Y me llamó la atención la acusada disparidad de opiniones que sobre ella, sus causas, naturaleza y soluciones se produjo en la reunión.

          Sólo con el tiempo pudo verse que se trataba de una crisis cuantitativa y cualitativamente diferente de todas las anteriores. Cuantitativamente, porque tuvo una universalidad hasta entonces desconocida. Afectó a todos los países de la Tierra: a los desarrollados y a los subdesarrollados, a los del norte y a los del sur, a los capitalistas y a los socialistas, a los exportadores y a los importadores de petróleo, a los países deudores y a los acreedores. Todos, de una u otra manera, sufrieron las consecuencias de la crisis. Y era también cualitativamente distinta, porque fue una crisis a la vez aguda y prolongada. Esto desconcertó a los economistas, que incluso tuvieron que inventar una nueva palabra: stagflation en inglés y >estanflación en castellano, para caracterizar un orden de cosas inédito que, al propio tiempo y paradójicamente, fue recesivo e inflacionario.

          A finales de los años 80 del siglo pasado hizo crisis el sistema económico y político marxista. Se produjo la implosión de la Unión Soviética y con ella zozobraron, uno a uno, los países de su órbita de influencia. Las causas fueron políticas y económicas. El autoritarismo llevado a sus más extremas expresiones junto con la ineficiencia de la >estatificación de los instrumentos productivos causaron el desastre. En nombre de un partido, que supuestamente era la >vanguardia de la clase obrera, gobernaba en realidad una cúpula impenetrable con intereses propios y distintos de los del conglomerado social. Ella había formado una “nueva clase” integrada por los altos dirigentes partidistas, los encumbrados miembros del <aparato y los oficiales de elevada graduación de las fuerzas armadas. A través de un proceso de sucesivas suplantaciones, el partido tomó el lugar del proletariado, las jerarquías partidistas el del partido y, al final, un pequeño y encumbrado grupo de dirigentes fue el que mandó y desmandó, sin control jurídico ni popular alguno, en las monocracias marxistas. Dentro de esta dinámica autoritaria, la cúpula asumió la totalidad del poder político y económico. El manejo de los instrumentos de producción se convirtió en el “interés de clase” de la alta burocracia. El estatismo económico y la ineficiencia conspiraron contra la cantidad y la calidad de la producción. El proceso tecnológico sufrió graves retrasos. Se produjeron terribles desastres ecológicos, se deterioraron las infraestructuras económicas  —ferrocarriles, carreteras, medios de comunicación, energía, electricidad—,  se estancó el avance de las tecnologías de la información y se puso al descubierto la tremenda corrupción de muchos mandos políticos, bajo cuyo alero se habían constituido grandes mafias. Como resultado de todo eso, los países marxistas perdieron competitividad en el mercado internacional. La penuria de recursos financieros terminó por entrabar la operación del sistema. Las causas políticas se entrelazaron con las económicas y el régimen hizo crisis a partir de 1989.

          Pero la crisis del >dirigismo marxista, como sistema económico, no se resolvió en términos mundiales en un paso hacia adelante, como ocurrió en 1929 con la primera gran crisis del capitalismo industrial, sino en una vuelta al pasado en búsqueda de las tesis de Adam Smith. Se produjo una verdadera contrarrevolución monetarista, en la que se proclamó el retorno hacia la ortodoxia económica liberal. Las consignas fueron: “privatización del Estado”, retorno de las fuerzas del mercado para dirigir la economía y sometimiento de los más importantes intereses colectivos a la >ley de la oferta y la demanda. Con lo cual el Estado y el gobierno se alejaron cada vez más de los intereses de la mayoría y cada vez se convirtieron más en comités de gestión de las conveniencias políticas, económicas y sociales de los pequeños grupos oligárquicos.

          Bien se podría decir, como conclusión, que la crisis de 1929 fue el resultado del poder omnímodo que la sociedad había otorgado a la iniciativa privada en el campo de la economía y aun en el campo político, dada la imbricación que lo económico y lo político tienen entre sí, y que la crisis de los años 80 fue la consecuencia del poder absoluto y excluyente que ciertos sistemas económicos, que entonces imperaban en una amplia zona del planeta, dieron a la iniciativa estatal.

          En cambio, la fe ciega de los gobernantes, políticos, académicos y empresarios norteamericanos en las bondades del mercado  —al que le han atribuido siempre la virtud de generar efectos estabilizadores y equilibrios en el proceso de la producción, circulación y distribución de bienes y servicios—  produjo la crisis financiera que estalló en Wall Street el lunes 15 de septiembre del 2008 con la declaración de quiebra del Lehman Brothers Holdings Inc.  —fundado en 1850, que era el cuarto más importante banco de inversión estadounidense y, en ese momento, agente clave en la financiación de bienes raíces—,  la absorción de Merrill Lynch & Co. por el Bank of America, la insolvencia de muchas otras instituciones financieras norteamericanas y las drásticas caídas de las bolsas de valores en el mundo entero.

          Fue la primera crisis de la denominada nueva economía  —formada en los países industriales por la conjunción de los modernos software de la informática con el avance tecnológico de las telecomunicaciones y la aplicación de la robótica a la producción industrial—  y de la “era de internet”, que facilitó operaciones financieras no reguladas, comercio electrónico y movilización virtual de billones de dólares alrededor del planeta y que permitió a los altos ejecutivos de Wall Street secuestrar la economía global a través de las comunicaciones instantáneas por la red.

          Por eso el desastre financiero se propagó tan rápida y extensamente.

          Esta nueva crisis volvió a demostrar que la “sabiduría” de las fuerzas del mercado no llega a tanto y que el abstencionismo estatal ante el proceso económico conduce con demasiada frecuencia a injusticias grandes y a desajustes críticos.

          Se pusieron en evidencia las deficiencias de la supervisión y regulación gubernativas sobre la banca y las fallas de los sistemas de calificación de riesgo.

          En medio de la crisis se descubrió que el dispendio en las remuneraciones de los altos funcionarios ejecutivos de las entidades financieras era escandaloso. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns y otras empresas bancarias y financieras norteamericanas pagaban sueldos y remuneraciones desproporcionados. Stanley O’Neal, ejecutivo de Merrill Lynch, ganó cerca de cien millones de dólares en el año anterior y, al separarse de la institución en octubre del 2007, recibió la gratificación de 161 millones de dólares. John Thain, de la misma institución, percibió 50.000 dólares por minuto. Richard Fuld, consejero de Lehman Brothers  —el primer banco en quebrar al inicio de esa crisis—,  obtuvo salarios por alrededor de 40 millones de dólares en aquel año y desde 1993 hasta el 2007, “compensaciones” por valor de 490 millones de dólares. En el mismo año, el banco Bear Stearns pagó 13 millones de dólares a su consejero-delegado James Cayne al abandonar la entidad y el Wachovia desembolsó 42 millones de dólares, por el mismo motivo, a favor de su consejero Kenneth Thompson. Robert Willumstad, consejero de la empresa aseguradora AIG, recibió 7 millones de dólares por tres meses de trabajo. La caja de ahorros y préstamos Washington Mutual entregó 14 millones de dólares a Kerry Killinger y 19 millones a Alan Fishman por tres semanas de servicios. Algo parecido, aunque en menor escala, ocurrió en Europa. Al dimitir su función de director ejecutivo, el banco belga-holandés Fortis reconoció a Herman Verwilst en septiembre del 2008 cinco millones de dólares por tres meses de trabajo.

          Era la orgía de los millones en los altos círculos bancarios y financieros del mundo desarrollado. Pero los defensores del sistema argumentaban que esa era la única manera de atraer hacia las altas funciones financieras a los cerebros más brillantes.

          En aquellos turbulentos días las opiniones de los políticos y los economistas estuvieron divididas. Resultó certera la advertencia del economista norteamericano Paul Samuelson (1915-2009): “Los sistemas de mercado no regulados acaban destruyéndose a sí mismos”. Mijail Gorbachov expresó, en noviembre de ese año, que “la alianza entre políticos y hombres de negocios ha sido destructiva y a menudo corrupta: hombres de negocios que durante décadas han ejercido presiones en favor de la desregulación y la extensión de la economía laissez-faire por todo el mundo, junto con analistas que han animado las acciones de las empresas en las que tenían intereses, y los teóricos de la economía, cuya solución a cualquier problema era descontrolarlo todo”.

            El exministro de finanzas de Bolivia, Juan Cariaga, opinó que “hay que resucitar a Keynes, quien fue el artífice de devolver la estabilidad a Estados Unidos en los años cuarenta con sus teorías de expandir el gasto público en obras de infraestructura que generen empleo”. No obstante, el presidente George W. Bush consideró que “la crisis no fue un fracaso del sistema de la economía de libre mercado”, mientras que Alan Greenspan, que había sido presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 1987 hasta 2006, declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que estaba sorprendido por el “tsunami crediticio” que afectaba a su país y que no fue previsto, y se declaró “parcialmente equivocado” al haber optado por la “desregulación” cuando presidía el ente público encargado de controlar el sistema financiero norteamericano. Henry Waxman, presidente del comité, lo acusó de “haber tenido en sus manos la autoridad para impedir las prácticas de préstamo irresponsables que llevaron a la crisis de las hipotecas de alto riesgo”.

          En todo caso, esa fue una crisis "made in USA" porque, como expresó Joseph E. Stiglitz en aquellos días, “los Estados Unidos exportaron su filosofía de desreglamentación de libre mercado”.

          Lo cierto es que la codicia y la irresponsabilidad descontroladas de unos pocos acabó por afectar a todos. No hubo país ni sector de la economía que se salvasen de la catástrofe. A medida que la crisis se profundizaba, quedaba claro que ella golpeaba no sólo a las empresas y a los sectores ricos de la población, cuyo estilo de vida en alguna medida se vio afectado, sino también a millones de personas corrientes que confiaron al mercado sus opciones de trabajo o los ahorros de toda su vida.

          Por iniciativa del presidente estadounidense se reunió en Washington el día 15 de noviembre del 2008, para tratar el tema de la crisis mundial, la cumbre del denominado Grupo de los 20 (G-20), integrado por siete de los países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón) más Rusia, once países de economías emergentes (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía), la Unión Europea y, como invitados especiales, España y Holanda.

          El G-20 representaba, en el año 2009, el 90% del producto bruto mundial, el 80% del comercio internacional y cerca del 60% de la población del planeta.

          Los jefes de Estado y de gobierno de todos ellos, considerando que la crisis surgió a causa de que “las instancias de supervisión en algunos países desarrollados no evaluaron correctamente los riesgos originados en los mercados financieros”, acordaron definir una nueva estructura financiera mundial, que incluyera una mayor regulación estatal sobre las entidades financieras privadas, e introducir reformas al sistema financiero internacional de Bretton Woods, que fue desbordado por los acontecimientos.

          Recuerdo que por aquellos días, en plena campaña electoral, el entonces candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, culpó de la crisis a la “filosofía económica del mercado libre” e hizo deprimentes referencias a la teoría del “goteo” o trickle-down.

          También los ministros de economía del G-7  —el “club” de las economías más poderosas del planeta o la “asociación plutocrática” de los países más ricos, como lo denomina Federico Mayor—  se apresuraron a reunirse y tomar medidas urgentes para tratar de controlar la situación. Una crisis global exigía una respuesta global, y los miembros del G-7 asignaron más de tres billones de dólares para apuntalar la banca y reactivar el sistema financiero internacional paralizado.

          El G-20 se volvió a juntar en Londres el 2 de abril del 2009 para buscar soluciones a la crisis y aprobó “un conjunto sin precedentes de medidas atrevidas” contra la recesión, según dijo, al cierre de la reunión, el presidente norteamericano Barack Obama. Los veinte países desarrollados y emergentes acordaron inyectar 1,1 billones de dólares adicionales a la economía mundial por medio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones multilaterales de crédito. El director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, declaró que se trataba del “mayor plan conjunto de reactivación jamás anunciado en el mundo”. Se acordó adicionalmente que el FMI vendiera su oro  —valorado en 6.000 millones de dólares—  para ayudar a los países pobres.

          En aquel lunes negro de Wall Street se produjo la peor quiebra bancaria en Estados Unidos desde 1929, que desató gravísimas turbulencias financieras a escala global. Estuvieron al borde de la bancarrota varios bancos e instituciones de crédito y de seguros, con repercusiones inmediatas de pánico en la Bolsa de Valores de Nueva York y en las bolsas de valores europeas, asiáticas y latinoamericanas, que experimentaron fuertes caídas. El índice bursátil Dow Jones  —el más representativo del valor de las acciones en Wall Street, nacido hace más de cien años—  bajó 777,68 puntos. Se estremecieron las estructuras del Morgan Stanley, Washington Mutual, Merrill Lynch & Co., Deutsche Bank, Barclay’s, Union des Banques Suisses, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Wells Fargo, Wachovia, American International Group Inc., Fannie Mae, Freddie Mac, Bear Stearns y otras instituciones bancarias y financieras norteamericanas y europeas.

          La crisis empezó a gestarse en agosto del 2007, a partir del proceso de hundimiento del sistema de hipotecas subprime en Estados Unidos, e hizo explosión trece meses después.

          La trama financiera fue muy complicada.

          Los bancos, en su afán de captar cada día más clientes y colocar sus préstamos hipotecarios, flexibilizaron los controles y las regulaciones. En su voracidad por prestar y prestar cada vez a más clientes se vieron precisados a captar fondos en el mercado, y, para ello, ofrecieron en garantía las mismas devaluadas hipotecas que tenían en cartera. Hicieron eso repetidamente. De modo que los gravámenes hipotecarios se convirtieron en el soporte de una amplia gama de obligaciones financieras de los bancos de inversión y eso comprometió terriblemente la solvencia bancaria en Estados Unidos. En el marco de tanta liberalización, los créditos hipotecarios fueron a parar a personas de solvencia menor. La gente financió sus fantasías mediante los generosos créditos bancarios.

            La TV e internet generaron apetitos. Los consumidores norteamericanos gastaban anualmente 800.000 millones de dólares más de lo que ganaban. Era el imperio de la desmesura. Advino el auge del negocio inmobilario. Creció la especulación. Subió desmedidamente el precio de los inmuebles. Los bancos de inversión obtuvieron enormes utilidades con la emisión y venta de títulos respaldados por hipotecas. El sector financiero creció desmesuradamente. Pero cuando muchos de los deudores no pudieron honrar sus obligaciones, cuyas tasas de interés habían subido por decisiones de la Reserva Federal en su empeño de frenar la inflación, estalló la “burbuja” inmobiliaria.

            Entonces, para tratar de cobrar su dinero, los bancos promovieron en el 2006 más de 1,2 millones de ejecuciones judiciales contra sus clientes morosos. Muchos de ellos, al no poder pagar las cuotas de su hipoteca, optaron por vender sus casas. Se devaluó el mercado inmobiliario. En muchos casos el valor de la deuda hipotecaria era mayor que el precio de la casa que con ella se había comprado o construído.

            La mora acumulada en el sector bancario norteamericano, a agosto del 2007, fue de alrededor de 500.000 millones de dólares. Los bancos prestamistas afrontaron dificultades y sus activos  —especialmente los vinculados a las hipotecas devaluadas o incobrables—  empezaron a “evaporarse”. La crisis de las hipotecas contaminó a las otras actividades financieras y a las bursátiles. Se produjeron corridas de fondos en los bancos. Los inversores  —llenos de desconfianza y hasta pánico—  trataron de retirar su dinero de las instituciones afectadas y las debilitaron.

            En tales circunstancias, los tenedores de bonos o de acciones de esas corporaciones intentaron venderlos antes de que su depreciación fuera mayor. Advino un proceso recesivo. Se vinieron abajo los dos sustentos del capitalismo moderno: la confianza y el crédito. Y así fue profundizándose la crisis de Wall Street, que estalló aquel lunes negro de septiembre.

            Dado que la economía de Estados Unidos representaba alrededor del 29% de la economía mundial, la crisis afectó en diversa proporción al mundo entero. Ningún país pudo abstraerse de sus consecuencias. La disminución del consumo en la sociedad estadounidense, que era la principal compradora de productos fabricados en China y Japón  —pagados con dólares depreciados—,  no dejó de afectar a estos países. Y la desaceleración de la economía china perjudicó a las exportaciones de América Latina y de otras regiones del mundo subdesarrollado. Bajaron, además, las inversiones norteamericanas en las llamadas economías emergentes de Asia y Latinoamérica.

          La crisis tuvo consecuencias económicas y sociales gravísimas en el tercer mundo. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denunciaron en septiembre del 2009 que la hambruna en el mundo alcanzó en ese año su nivel más alto de la historia, con más de mil millones de personas afectadas por la escasez de alimentos. Josette Sheeran, directora ejecutiva del PMA, atribuyó la situación calamitosa a “dos tormentas que han coincidido y están golpeando al mundo”: la crisis financiera internacional y el encarecimiento de los productos alimenticos.

          La falta de alimentos afectaba a 642 millones de personas en Asia y el Pacífico, 265 millones en África subsahariana, 53 millones en América Latina y el Caribe, 42 millones en el Oriente Medio y África del norte y 15 millones en los países del mundo desarrollado.

          El 65% de quienes padecían hambre vivía en siete países: India, China, República Democrática del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Etiopía.

          Sheeran manifestó, en aquella oportunidad, que de un presupuesto de 6.700 millones de dólares que necesitaba el PMA en ese año para hacer frente a la situación contaba solamente con 2.600 millones. Afirmó que, con menos del 1% de las inyecciones monetarias que han hecho los gobiernos para salvar al sistema financiero global, se hubiera podido aliviar la tragedia de millones de personas. E invocó la sensibilidad del G-8 y del G-20 para que contribuyeran a frenar el hambre en el mundo subdesarrollado, que “no admitía soluciones de largo plazo”.

          Con todo, la situación de China fue menos inestable que la de otros países gracias al control gubernativo sobre los sectores con mayor intensidad de capital. Sin embargo, el cierre de muchas de sus fábricas en las ciudades industriales por la baja de las exportaciones produjo el retorno de no menos de veinte millones de trabajadores cesantes a sus lugares de origen en el interior del país, con gravísimas consecuencias de pobreza, marginación y descontento social. Los funcionarios del gobierno no pudieron ocultar su preocupación por la situación de los migrantes sin empleo que habían regresado a sus casas y por el grave problema de la supresión o la drástica disminución de las remesas que ellos solían enviar a sus familias campesinas, que en muchos casos eran factores de sobrevivencia familiar. Para entender bien la magnitud del problema hay que recordar que, durante los treinta años anteriores a la crisis, se produjo en China la mayor migración interna del planeta, con alrededor de 250 millones de campesinos que abandonaron sus empobrecidos lugares de origen en búsqueda de empleos fabriles en las ciudades grandes de la costa china.

          Las ingentes cantidades de préstamos hipotecarios incobrables, la pérdida masiva de empleos, la restricción del crédito, la inestabilidad de los mercados, la desconfianza de los inversionistas, la baja de los niveles de consumo y las tendencias recesivas de la economía obligaron al presidente George W. Bush, en las postrimerías de su período gubernativo  —con la pertinente autorización del Congreso—,  a instrumentar una gigantesca operación de salvamento financiero por 700.000 millones de dólares  —la mayor operación de rescate bancario en la historia de Estados Unidos—  para auxiliar a las entidades crediticias privadas con problemas en sus carteras de crédito hipotecario blando otorgado a personas y familias de bajos ingresos  —los denominados “préstamos-basura”—,  cuyos titulares no pudieron atender el servicio de sus deudas y causaron severos problemas a las instituciones crediticias.

          Días después, cuando los efectos de la crisis llegaron a Europa, los gobiernos europeos asignaron también enormes cantidades de dinero para el rescate de sus sectores financieros en problemas. Y esas sumas, en conjunto, superaron largamente a las cifras norteamericanas.

          Pero lo sorprendente fue que la asignación de tan ingentes recursos de rescate estuvo acompañada de una política de intervención gubernativa en áreas celosamente protegidas por los sectores privados, en las que tradicionalmente estuvo siempre vedada la incursión estatal. Dijo el Secretario del Tesoro norteamericano, Henry Paulson, en aquella ocasión: “Nunca he sido partidario del intervencionismo estatal, pero creo que tenemos una situación sin precedentes que requiere medidas sin precedentes”. Y añadió: “No existe ninguna forma de estabilizar los mercados que no sea la intervención estatal”. Las medidas propuestas fueron la supervisión de los instrumentos financieros de la banca privada, la imposición de límites máximos a las remuneraciones de los altos ejecutivos de las grandes empresas financieras, la participación del Estado como accionista de las corporaciones que utilizaron los fondos públicos de rescate y el control estatal sobre una parte del mercado hipotecario. Aproximadamente un tercio de los fondos públicos de salvamento se dirigió hacia la compra de paquetes de acciones de los mayores bancos norteamericanos: Citygroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon. Lo cual dio pie para que el diario "The Washington Post" dijera que se había producido una “nacionalización parcial” de la banca en Estados Unidos.

          Tales políticas gubernativas no se habían visto en Estados Unidos desde la gran depresión de los años 30.

          La tasa de desempleo subió al 7,6% a enero 2009, cifra récord en varias décadas. Desde finales de septiembre del 2008, en que comenzó la crisis, hasta finales de diciembre de ese año, la recesión económica produjo 3,6 millones de perdidas de empleo, la cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Solamente en el mes de diciembre del 2008 se dieron casi 600 mil despidos laborales.

          El desempleo redujo los niveles del consumo y esto llevó a recortes en los planes empresariales de inversión y a un ciclo de contracción económica. El gobierno norteamericano, para detener la espiral descendente, creó estímulos económicos y asistió a los sectores financieros y productivos que estaban en apuros con enormes sumas de rescate. No faltaron las críticas contra el gigantesco volumen del salvamento, pero el economista Paul Krugman sostuvo que, en una crisis económica como esa, “la prudencia es una locura” y que mal podía cederse “ante las nociones convencionales de prudencia”.

          El presidente Barack Obama, en su discurso de asunción del mando ante el Congreso el 20 de enero del 2009, ofreció tomar todas las medidas necesarias para crear 3,5 millones de puestos de trabajo y para superar la crisis. Cumpliendo lo prometido, en una de sus primeras decisiones, adoptó el 16 de febrero de ese año el Plan de Recuperación y Reinversión por 787.000 millones de dólares destinado a crear empleos, ayudar a las familias afectadas por la crisis, financiar planes de vivienda barata, emprender una serie de grandes obras de infraestructura eléctrica, vial y energética  —de energías renovables—,  impulsar la investigación científica, disminuir impuestos a las empresas de producción, financiar la renovación de los centros de enseñanza y combatir así la peor crisis económica soportada por su país desde el año 1930.

          En lo que fue una dramática ironía en la vida económica de los países capitalistas industrializados, la crisis produjo el renacimiento de las tesis keynesianas, cuya muerte fue decretada por los economistas neoclásicos en los años 70 del siglo XX.

          El >keynesianismo explicaba la recesión de una economía y el desempleo estructural por el subconsumo de la población y por eso sugería la intervención del gobierno en la economía a fin de estimular la demanda y reactivar la actividad económica por la base social, esto es, de abajo hacia arriba.

          Para que haya empleo, sostenía Keynes, es necesario que la demanda efectiva  —o sea el nivel de gastos de consumo y de inversión efectuados en una economía—  sea suficiente para comprar todos los bienes y servicios que se producirían en una sociedad dada si todos los trabajadores tuvieran empleo. Para conseguir esto y evitar la depresión económica los gobiernos deben estimular la demanda efectiva con medidas monetarias, gastos de consumo e inversiones importantes. Y esto es lo que hicieron, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas del economista de Cambridge, los gobernantes del mundo desarrollado para tratar de amainar la crisis. Dejaron atrás sus obsesiones por el abstencionismo estatal y por los equilibrios automáticos y volvieron a las ideas de Keynes de que para reflotar a los países desde las profundidades de una crisis era necesario estimular la inversión pública, llamada a desempeñar un papel regulador de la demanda efectiva y del pleno empleo.

          El regreso hacia Keynes fue increíble. Se actualizaron sus enseñanzas de establecer ciertos controles gubernativos en asuntos que los políticos y economistas seguidores de la escuela clásica dejaron por completo en manos de la iniciativa privada. Frente a las dificultades reales de la crisis, no tuvieron más remedio que atender la voz del economista de Cambridge: “El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizás, por otros medios”.

          En aquellos trémulos días el escritor y periodista español Ignacio Ramonet publicó en la revista “Dossier sobre la Crisis Global” del Instituto Prisma un artículo dramático sobre el tema, en el que culpó de ella a los banqueros “poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo”, “por la búsqueda de beneficios exorbitantes” y “dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas a corto abusivas, manipulaciones, invención de instrumentos opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds...” Y agregó: “la fiebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de financiación que facilitó el alza de los precios”. La globalización hizo el resto: “condujo la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces el montante de la riqueza real mundial. Y, de golpe, esa gigantesca burbuja ha reventado”.

          Añadió Ramonet que se equivocaron los fundamentalistas del mercado, que “durante treinta años repitieron que éste siempre tenía la razón, que la globalización era sinónimo de felicidad y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos”. La edad de oro de Wall Street se acabó  —escribió Ramonet—  y, junto a ella, feneció “una etapa de exuberancia y desfilfarro representada por una aristocracia de banqueros de inversión” que se suponían “amos del universo”. Todo esto era, según el agorero presagio del escritor español, el principio del fin de “una era del capitalismo”, después de la cual “nada volverá a ser como antes”. Citó las palabras del economista norteamericano Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, de que “esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo”. Y agregó Ramonet: “el desastre es de dimensiones apocalípticas. Más de 200.000 millones de euros se han esfumado. La banca de inversión ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se han desmoronado: Lehman Brothers en bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal, por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of America; y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi UFJ), reconvertidos en simples bancos comerciales”.

          Una vez más, concluyó Ramonet, “se confirma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas”.

          En realidad, más que la crisis de un sistema fue el hundimiento de un modelo de desarrollo capitalista manejado por una elite financiera mundial descontrolada  —no sometida a vigilancia democrática—  y patrocinado por el >pensamiento único, es decir, por el conjunto de las ideas y argumentos del capitalismo neoliberal y de su sistema de economía de mercado, que ganaron fuerza y se consolidaron a raíz del triunfo de Estados Unidos y sus aliados en la guerra fría. Los ideólogos del neoliberalismo, con su concepción unidireccional de la historia, partieron de la falsa premisa de que en la confrontación Este-Oeste había sólo dos sistemas económicos en contienda: el de libre mercado y el centralmente planificado. Y concluyeron que, como el uno zozobró bajo el peso de su incompetencia, quedó el otro como la única opción válida.

          Esta fue la lógica del pensamiento único, que exhibió una completa autosuficiencia para dar respuesta a todos los problemas de la economía, rehuyó el diálogo y rechazó la discusión, porque  —como alguien dijo—  los economistas ultraliberales abogaron por la libre competencia pero no la practicaron en el campo de las ideas.

          Lo curioso fue que, al final de cuentas, no obstantes sus puntos de vista y sus intereses no sólo diferentes sino contrapuestos, se produjo una convergencia de opiniones entre el secretario del Departamento del Tesoro del gobierno de Obama, Timothy Geithner; el multimillonario inversor norteamericano George Soros; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), todos los cuales coincidieron en que la ausencia de regulaciones, controles y restricciones gubernativos sobre los mercados financieros fue el origen de la crisis.

          El secretario del Tesoro norteamericano exhortó a los legisladores a instrumentar cambios legales que posibilitaran la aplicación de regulaciones estatales sobre los mercados financieros y establecieran controles mucho más firmes. Soros expresó en la Universidad de Columbia en Nueva York, el 20 de febrero del 2009, que la crisis hundía sus raíces en “la desregulación financiera de los años 80”, agregó que la liberalización del sector financiero comenzada por el gobierno de Ronald Reagan “ha dañado el sistema financiero mismo” y concluyó que “la filosofía del fundamentalismo del mercado se encuentra ahora en entredicho”. La UNCTAD, por su parte, también culpó de la crisis a “la desregulación financiera, impulsada por una creencia ideológica en las virtudes del mercado”, por lo que instó a “acometer una profunda reforma del sistema de gobernanza económica mundial”. Afirmó que “el laissez-faire de los últimos veinte años, inspirado por un fundamentalismo de mercado, ha fracasado estrepitosamente”. Y la CEPAL afirmó que la crisis de aquellos días  —que era una crisis estructural—  requería medidas estatales severas para controlar los movimientos especulativos, la volatilidad de los mercados y las fluctuaciones de precios, pero esas medidas necesariamente debían ser de naturaleza transnacional, en el marco de una nueva “arquitectura financiera internacional del siglo XXI”. No ocultó su preocupación por el impacto de la crisis sobre los países de América Latina y el Caribe, que les llegaba principalmente por el contagio financiero, la baja del crédito externo y de la inversión extranjera directa, la disminución de las remesas de sus emigrantes y los cambios de los precios de sus productos básicos. Según la CEPAL, la pobreza de los países de la región  —tan dependientes de la demanda externa y de la inversión extranjera—  no les permitía “suficiente margen fiscal para implementar políticas anticíclicas”. Por todo lo cual llegó a la conclusión de que “la región necesita formular una nueva agenda de desarrollo, que deje atrás el denominado consenso de Washington y permita eliminar los permanentes obstáculos del crecimiento económico”.

          El profesor de economía política de la Universidad de Filipinas, Walden Bello, en una conferencia que por invitación del Partido de la Izquierda alemán dictó en Berlín el 21 de marzo del 2009 sobre la crisis capitalista y la respuesta de la izquierda, sostuvo que era una “crisis de sobreproducción” porque el sistema capitalista, cabalgando sobre los prodigios tecnológicos de la revolución digital, añadió capacidad productiva a las empresas sin ampliar, al propio tiempo, la capacidad de consumo de las masas pobres del mundo. Se trata  —dijo—  de “la tendencia del capitalismo a generar, en el contexto de una aguda competición intercapitalista, una tremenda capacidad productiva, la cual rebasa holgadamente la capacidad de consumo de la población debido a las desigualdades de ingreso que limitan el poder adquisitivo popular”.

          Esto se agravó, en concepto del profesor filipino, por la dramática contradicción “entre una economía financiera hiperactiva y una economía real estancada”, que fue otro de los elementos fundamentales de la crisis. La especulación se tornó muy rentable: mucho más rentable que las inversiones industriales y agrícolas. Los golpes de fortuna especulativos ofrecieron muy altos rendimientos. La manía especulativa fue parte esencial del capitalismo internacional de esos años, beneficiada por la ausencia de control y vigilancia del poder público, dentro del orden de cosas iniciado por el >thatcherismo y la >reaganomics a partir de los años 80. La situación se tornó insostenible y volátil. Y estalló como una burbuja  —la “burbuja” es, por definición, el alza de los precios de un activo muy por encima de su valor real—  y, con el sistema circulatorio del capitalismo global infectado, el colapso de la economía real se extendió por el mundo a una aterradora velocidad.

          Las cifras manejadas por el "The New York Times" a finales del año 2008 pusieron en evidencia los abismales desfases entre el ahorro y el endeudamiento familiares en Estados Unidos a lo largo de las últimas ocho décadas, en que crecieron escandalosamente las deudas y se deprimieron los ahorros. En 1925 una familia norteamericana tenía, según valores actuales en dólares, un ahorro promedio de 1.551 dólares y soportaba una deuda de 7.540 dólares. Pero la brecha creció indeteniblemente, año por año  —con la única excepción de la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en que el ahorro aumentó más que el endeudamiento—  hasta que en el 2008 el ahorro familiar bajó a 392 dólares mientras la deuda se disparó a 117.951 dólares. Veamos algunos años. En 1936 el ahorro fue de $ 2.042 y la deuda de $ 9.412; en 1948: ahorro $ 2.982 y deuda $10.388; en 1968: ahorro $ 5.978 y deuda $ 38.409; en 1988: ahorro $ 5.507 y deuda $ 55.728; en 1999: ahorro $ 1.992 y deuda $ 73.848; y en 2008: ahorro $ 392 y deuda $ 117.951.

          La capacidad de pago por familia  —que resulta de la correlación de su ahorro con su deuda—  se deterioró progresiva y catastróficamente en Estados Unidos durante los años señalados como muestra. En 1925 la capacidad de pago familiar fue del 20,6%, en 1936 del 21,7%, en 1948 del 28,7%, en 1968 del 15,6%, en 1988 del 9,9%, en 1999 del 2,7% y en 2008 del 0,3%.

          El descalabro fue impresionante.

          En el seno de la cumbre del G-20 reunida en Londres el 2 de abril del 2009, el presidente Nicolás Sarkosy de Francia y la canciller alemana Ángela Merkel manifestaron que era indispensable forjar una “nueva arquitectura en el sistema financiero mundial para que nunca más vuelva ocurrir una crisis como la actual”. Sarkosy se refirió también al control que debía establecerse sobre los paraísos fiscales, que ofrecen una base de operaciones a los fondos especulativos, y dijo que “hay que investigar la posición exacta de la China pues están detrás los intereses de Hong Kong, de Macao e incluso, quizás, los de Singapur”. Los líderes del G-20 decidieron, además, “reformar nuestras instituciones financieras internacionales para adecuarlas a los nuevos desafíos de la globalización”.

          El presidente Obama expidió el 21 de julio del 2010 la que fue considerada la mayor reforma financiera en Estados Unidos desde la gran depresión de los años 30 y se comprometió a no promover más operaciones de rescate de Wall Street con dinero de los contribuyentes. Lo hizo a través de una ley que, entre otras cosas, redujo el poder de los grandes bancos, incorporó medidas de vigilancia del sistema financiero privado, atacó las prácticas engañosas de las empresas emisoras de tarjetas de crédito y adoptó nuevas disposiciones de protección a los consumidores. Para ello creó un consejo regulador dependiente del Departamento del Tesoro, compuesto por diez miembros, llamado a advertir oportunamente de los eventuales riesgos del sistema financiero. El gobierno asumió nuevas facultades de control de las instituciones financieras que entraran en situación de quiebra y de regulación del uso que los bancos hacían de los instrumentos financieros más complejos y riesgosos. Todo esto, con miras a evitar una repetición de la crisis que sacudió al país. “Gracias a esta ley, el pueblo estadounidense nunca más tendrá que asumir la cuenta por los errores de Wall Street”, dijo Obama en la ceremonia de firma y promulgación de la ley aprobada por el Congreso.

          Pero los líderes republicanos condenaron la nueva ley porque, en su opinión, atenazaba la capacidad de acción de las grandes empresas financieras estadounidenses y, con ello, conspiraba contra el crecimiento económico del país.

          Un componente muy importante de aquella crisis global fueron los signos de caducidad que durante los últimos años había empezado a dar el Estado, como entidad política regidora de la sociedad. Bajo el signo de la >globalización el capital internacional ha secuestrado buena parte de las funciones gubernativas estatales e impulsado un proceso de concentración empresarial de escala planetaria que puede terminar por someter a la autoridad política. Es presumible que en el futuro próximo la soberanía y la potestad pública no sean ya atributos estatales exclusivos sino también de las <corporaciones transnacionales que cubrirán el planeta con su poder. Y que, en consecuencia, los imperialismos venideros no tegan al Estado como su único protagonista.

          Y es que el poder de las grandes corporaciones crece indeteniblemente. En el año 2000 el Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos señaló en uno de sus informes que, de las cien entidades económicamente más poderosas del planeta, cincuenta y una eran corporaciones industriales o comerciales privadas y cuarenta y nueve eran Estados. El punto de referencia para la clasificación fue, en el caso de las empresas, el monto de sus ventas anuales y, en el de los Estados, su producto interno bruto (PIB).

          Esto puede interpretarse como un signo de la obsolescencia del >Estado en tanto que forma de organización social nacida en el Renacimiento.

          Para las grandes corporaciones transnacionales los límites estatales no cuentan. Las escalas nacionales han sido desbordadas. El planeta se ha convertido en un solo y gran mercado abastecido por empresas cada vez más grandes y los ciudadanos de todos los países son sus clientes reales o potenciales.

          Es con esta perspectiva que las corporaciones transnacionales establecen sus instalaciones y sus fábricas en cualquier lugar del planeta. Apátridas son sus capitales: entran y salen sin posibilidad de control gubernativo. La planificación empresarial a escala global y la adopción de las decisiones administrativas se hacen en la metrópoli, que es donde se ordenan las actividades, se centraliza la toma de resoluciones y se impulsan las investigaciones científicas y tecnológicas de esta clase de corporaciones.

          El offshoring y el outsourcing ganan terreno como métodos de producción internacionales.

          En tales condiciones, los Estados que están dentro del ámbito de las actividades económicas de esas corporaciones tienen el fundado temor de que las decisiones adoptadas en el exterior no tomen en cuenta los intereses locales.

          Sin que se hubiesen superado los problemas críticos del 2008, surgió otra crisis económica y financiera internacional que estremeció al mundo. En lo que fue un revés sin precedentes para la mayor economía mundial, el 5 de agosto del 2011 la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor’s redujo la calificación de la deuda de Estados Unidos en un escalón: de AAA a AA+. Las razones de la agencia de Wall Street estuvieron vinculadas con el creciente déficit presupuestario del país y con el aumento de la carga de su deuda. La S&P, en un comunicado, explicó que “la rebaja refleja nuestra opinión de que el plan de consolidación fiscal que el Congreso y el Gobierno aprobaron recientemente son insuficientes en lo que, a nuestro entender, se necesita para estabilizar las dinámicas de deuda de mediano plazo del Gobierno”. El déficit fiscal se acercaba ese año a 1,4 billones de dólares  —que representaban cerca del 9% del producto interno bruto—  y era uno de los más altos desde la Segunda Guerra Mundial. 

          La decisión de S&P se podujo luego de un escabroso debate político en el seno del Congreso norteamericano sobre el recorte de gastos y alza de impuestos para reducir la carga de deuda del gobierno. Los bonos del Tesoro, tradicionalmente tenidos como refugio de activos de escala mundial, disminuyeron su calificación por debajo de los títulos emitidos por Gran Bretaña, Alemania, Francia y Canadá. Hubo caos en los mercados financieros. Las bolsas de valores cerraron a la baja por la incertidumbre. El desempleo se ubicó en un persistente 9,1%. El Fondo Monetario Internacional urgió a que se buscase un arreglo ante el riesgo de un nuevo colapso financiero. La zona euro mostró gran inestabilidad e incertidumbre económicas. La preocupación llegó a China, poseedora de más de un billón de dólares de deuda estadounidense, y a muchos otros lugares del mundo.

          En su discurso al país, el presidente Obama hizo un llamado a la razón y al sentido común para evitar que Estados Unidos, por primera vez en su historia, se declarara en suspensión de pagos  —default—,  que sería desastroso para la economía norteamericana y provocaría una crisis internacional de imprevisibles consecuencias. La propuesta del gobierno para disminuir el déficit, tranquilizar a los mercados y superar la crisis  —que incluso devino en crisis del sistema político norteamericano—  fue recortar el gasto y aumentar los impuestos a los más ricos. Todo esto en medio de agrias discusiones y disputas entre los demócratas  —que controlaban el Senado—  y los republicanos y militantes del ultraderechista Tea Party  —que mantenían hegemonía en la Cámara de Representantes—  y que se oponían radicalmente a la creación de nuevos impuestos para sanear la caja fiscal. El Tea Party, que había entrado a la escena política en el verano de 2009 con la promesa de “limpiar” Washington y acabar con la dirigencia política tradicional, era irreductible en su oposición a las propuestas del gobierno, la mirada puesta en las elecciones presidenciales del año siguiente.

          Finalmente la situación tendió a estabilizarse con el acuerdo entre las funciones ejecutiva y legislativa. El presidente Obama emprendió un plan de recorte del déficit público en tres billones de dólares financiado con el aumento de impuestos a las personas y corporaciones de mayores ingresos. La Fitch Ratings, una de las tres grandes agencias calificadoras de deuda, afirmó que “los pilares claves de la excepcional capacidad de pago estadounidense permanecen intactos: su papel de pivot en el sistema financiero global y la flexibilidad, diversidad y riqueza económica que proporcionan sus bases de ingreso”. Y la tercera agencia calificadora más importante, la Moody’s Corporation, mantuvo su calificación de triple A para Estados Unidos, aunque sin descartar la posibilidad de degradar la nota. Pero estimó que el país era capaz de reaccionar a la crisis gracias a la flexibilidad de su política monetaria y a sus tasas de cambio.

 

 

                    3. La etiología de las crisis.   Es muy abundante la literatura sobre el tema. Se han dado las más variadas explicaciones a la cuestión del origen de las crisis económicas. Cada escuela de pensamiento ha formulado su propia interpretación al respecto.

          La escuela liberal clásica consideró que las crisis son el resultado de las conductas “aberrantes” de los seres humanos, que desbordan los mecanismos de autorregulación de la economía. Culpó de estos desórdenes a la “intervención” del Estado en el proceso económico, a través de la tributación, el crédito o el manejo de la política monetaria, a la que consideró como el principal factor de distorsión en la marcha de la economía.

          Estas ideas han sido reproducidas por el >neoliberalismo contemporáneo, cuya onda se ha expandido por el mundo gracias al impulso de la reaganomics norteamericana y del thatcherismo inglés.

          Para el keynesianismo y el neo-keynesianismo las crisis están causadas por la diminución de los índices del empleo, el consumo y la inversión que en un momento dado se produce en la sociedad. Con ocasión de la gran depresión mundial de 1929 esta escuela económica propuso ampliar las facultades de intervención del Estado en la economía y estimular el empleo y el consumo como arbitrios para conjurar la crisis. Sus propuestas fueron exitosas en la aplicación práctica. Sirvieron no solamente para superar los estragos de la crisis de los años 30 sino después para reconstruir Europa de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Sus iniciativas de fortalecer el Estado, acentuar la planificación económica e implantar políticas de regulación de la economía lograron dar al mundo muchos años de prosperidad económica, a despecho de lo que pensaban los sectores capitalistas extremos.

          Los marxistas sostienen que las crisis recurrentes de la economía son un fenómeno típico de la desorganización del sistema capitalista. Son crisis de superproducción de bienes que la demanda se muestra incapaz de absorber. Ellas forman parte de las propias “contradicciones” de un sistema económico que produce en forma social pero que distribuye individualmente lo producido. Aducen que este fenómeno no se da en las economías centralmente planificadas, en las que el Estado está en capacidad de tomar medidas anticíclicas para estabilizar la marcha de la economía. Sin embargo, nadie puede negar la profunda crisis terminal en que desembocaron los sistemas económicos marxistas a fines de la década de los 80 y su colapso general.

          El >estructuralismo latinoamericano sostiene que las crisis, con toda su secuela de deformaciones y desajustes sociales, se originan en las estructuras agrarias, tributarias y productivas de los países, dado el determinismo económico que se plantea entre éstas y la organización social. Por consiguiente, para conjurarlas hay que acudir a las causas que las determinan, es decir, a las estructuras de carácter económico.

          La principal conclusión a que llega el estructuralismo es que las medidas superficiales son insuficientes para solucionar los problemas críticos de la economía y superar la condición de <subdesarrollo de los países. Para ello es menester una transformación desde los cimientos de la organización social, o sea una transformación estructural.

 

 

                    4. Las crisis mexicanas.   En 1982 estalló en México una crisis económica que tuvo una gran resonancia internacional cuando conmovió al mundo financiero con su declaración de que no podía pagar el servicio de su deuda externa.

Este país tenía en 1981 una altísima deuda con el exterior como consecuencia del peligroso proceso de endeudamiento que empezó en los años 70 para tratar de financiar su desarrollo y afrontar los estragos de la depresión de los precios petroleros y soportaba además un enorme déficit comercial, que pasó de 1.403 millones de dólares en 1977 a casi 5.000 millones en 1981, a causa de la avalancha de importaciones que en el mismo período subieron de 5.493 millones de dólares a 24.937. La sobrevaluación del peso mexicano llegaba a finales de 1981 al 32% y ascendió al 38% en 1982. El déficit financiero del sector público era del 7,9% del PIB, según cifras de 1980 que José Antonio Ibáñez recoge en el libro “México: ciclos de deuda y crisis del sector externo”. En los últimos días de 1981 empezó a bajar el precio del petróleo. Todo lo cual produjo un cuadro de crisis financiera muy claro y una enorme fuga de capitales. Como el déficit tenía que financiarse, el gobierno mexicano acudió en 1981 a un agresivo endeudamiento externo, en su esfuerzo por contener la crisis.

          El endeudamiento fue por esos años, no sólo en México sino en todos los países de América Latina, la fuente principal de financiamiento de sus programas de obras públicas y estuvo acompañado de una terrible dilapidación de recursos en gastos superfluos. Los gobernantes fueron acosados por los bancos extranjeros, cuyas bóvedas estaban repletas de petrodólares procedentes del mundo árabe, para que aceptaran su dinero en forma de préstamos. Largas antesalas hicieron los representantes bancarios, en algunos casos para gratificar ministros y sobornar presidentes o dictadores. Lo cierto es que se abrió un período de extraordinaria liberalidad crediticia que terminó en 1982, en que la banca internacional suspendió el otorgamiento de nuevos préstamos a Latinoamérica y a los países del tercer mundo ante la declaración de México de que estaba en imposibilidad de pagar el servicio de su deuda externa.

          En realidad, este problema era común a casi todos los países latinoamericanos, cuyo servicio de la deuda alcanzaba cantidades alarmantes. Si Argentina hubiera tratado de pagar el capital y los intereses vencidos habría necesitado casi el doble de las divisas que le produjeron sus exportaciones en 1982. Las circunstancias no eran diferentes en México, Brasil y Chile. "The Economist" de 11 de diciembre de 1982 afirmó que la tasa de servicio de la deuda de estos tres países excedía del 100% de sus exportaciones. Lo cual superaba con mucho la regla de oro de que el servicio de la deuda debía cubrirse a lo más con el 20% de los ingresos del comercio exterior. En suma: un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señalaba que la deuda total de los países de América Latina representaba en 1982 el 202% de sus exportaciones.

          Al estallar la crisis mexicana hubo pánico bancario. Hasta ese momento los bancos norteamericanos habían prestado a los países de la región 65.000 millones de dólares, cantidad que de no pagarse habría desequilibrado gravemente el sistema financiero de Estados Unidos.

          Y es que el endeudamiento externo de los países latinoamericanos alcanzó cifras astronómicas. En 1985  —el “año pico” de la deuda—  llegó a un billón de dólares. Según las estimaciones que por entonces se hicieron, el total de la deuda regional equivalía aproximadamente a la mitad de su producto interno bruto, en tanto que el pago regular de su servicio representaba el doble del valor de sus exportaciones anuales. Pero no solamente era el monto desproporcionado del endeudamiento sino también la drástica subida de las tasas de interés, que se multiplicaron por seis. Enrique Iglesias, en ese momento presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, anotaba que “las remesas anuales de América Latina por este concepto aumentaron de 6.900 millones de dólares en 1977 a alrededor de 39.000 millones de dólares en 1982”.

          Los países del tercer mundo más endeudados, según la clasificación del Banco Mundial (highly indebted countries), fueron en ese momento: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cote d’Ivoire, Ecuador, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia. Es decir que diez de los quince países con mayor deuda relativa pertenecían a la América Latina. La situación se tornó insostenible para la región. En 1982 saltó la crisis de la deuda, que fue la más aguda, prolongada y generalizada que haya soportado la región hasta ese momento desde la gran depresión de los años 30.

          Los llamados “plan Baker” y “plan Brady” propuestos por el gobierno de Estados Unidos para ayudar a la solución del conflicto de la deuda latinoamericana apenas fueron un “analgésico” para el problema de fondo de los países deudores que era destinar ingentes cantidades de sus recursos financieros al pago de una deuda que crecía sin cesar, en perjuicio de las urgencias de su desarrollo interno. Esas propuestas, antes que ayudar a los países deudores, perseguían primordialmente el saneamiento, dentro de las opciones del mercado y de la ortodoxia financiera, de las carteras de crédito de los bancos norteamericanos y europeos con relación a las operaciones crediticias que habían efectuado con el tercer mundo. Para eso se sometía a los deudores a una serie de controles y supervisiones a fin de garantizar el pago de lo debido. Pero estas iniciativas no fueron más que soluciones epidérmicas a un problema que sin duda era el número uno en el ámbito de la economía de los países pobres.

          El señor James Baker había planteado en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebrada en Seúl en octubre de 1985, en momentos en que el mundo se agitaba bajo la crisis de la deuda, que la banca privada concediera 20.000 millones de dólares en préstamos durante los años 1986-1988 a los países deudores y que el Banco Mundial duplicara los suyos a cambio de que ellos adoptaran políticas de saneamiento fiscal. Pero la respuesta de la banca privada fue fría y excesivamente condicionante. Un centenar de representantes de los grandes bancos del mundo reunidos el 28 de octubre de 1985 en Washington subordinaron su apoyo a una serie de seguridades que debían ofrecer los gobiernos. La iniciativa de Baker se diluyó.

          Vino entonces el “plan Brady”, que debe el nombre a su promotor, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, quien presentó su propuesta el 10 de marzo de 1989. Ella perseguía, según dijo su autor, aplicar un programa de reducción de deuda dentro de determinados procedimientos y parámetros. Proponía que los bancos acreedores suspendieran por el lapso de tres años las cláusulas sobre tratamiento igualitario a todos los deudores, a fin de que procedieran con cada uno de ellos conforme a convenios expresamente adoptados; que los gobiernos deudores, por su parte, ofrecieran fórmulas contables, tributarias y de garantía capaces de alentar a los acreedores para que participaran en los programas de reducción de deuda; que el FMI y el Banco Mundial asistieran con nuevos préstamos a fin de coadyuvar a la recuperación de los países deudores; y que el FMI financiara en ellos, en condiciones especiales, la aplicación de programas de <ajuste.

          Con este plan el Secretario del Tesoro Brady pretendía rebajar la deuda global del conjunto de los países endeudados en cerca del 20%. El primer país en acogerse a él fue México en 1989. La operación abarcó tres modalidades diferentes: reducción del capital adeudado, baja de los intereses y nueva financiación. Sobre esta base, algunos bancos acreedores intercambiaron sus préstamos por bonos especiales del Estado mexicano, a 30 años de plazo y con un 35% de descuento sobre su valor nominal; intercambiaron a la par su deuda por bonos mexicanos, a 30 años, con un tipo fijo de interés del 6,25%, o sea inferior al pactado en la deuda original; y, finalmente, concedieron a México nuevos préstamos hasta por el 25% del capital en riesgo, a tipos de interés iguales a los de los créditos anteriores.

          México fue seguido por Filipinas, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y otros países en la iniciativa de acogerse al “plan Brady”. Pero sus resultados, en general, fueron magros.

          Una década más tarde, bajo el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari las reformas económicas de México se ajustaron al guion del <consenso de Washington, con sus diez políticas de liberalización económica que desataron el >neoliberalismo en América Latina. En este marco, a finales de 1994 estalló en México una nueva crisis económica de grandes dimensiones, que repercutió en muchas partes del mundo a través de lo que se conoció con la cursi denominación de “efecto tequila”, puesto que para entonces el mundo estaba ya globalizado. Por eso Michel Camdessus, director-gerente del Fondo Monetario Internacional, la calificó de “la primera crisis de un mundo globalizado”. Sus causas fueron múltiples. México fue entre 1990 y 1994 el segundo mayor receptor de inversión extranjera entre los mercados emergentes, pero gran parte de ella estuvo constituida por flujos de corto plazo que maquillaron la gravedad del déficit de la cuenta corriente y que encubrieron el hecho de que México importaba más de lo que era prudente. Una gran cantidad de empresas mexicanas se vieron forzadas a salir del mercado por la competencia de las importaciones. Hubo altísima acumulación de inversiones de cartera sumamente volátiles que abandonaron el país a los primeros síntomas de inestabilidad, alentadas además por la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos, y que causaron delicados problemas en los mercados monetario, financiero y cambiario de México. El gobierno del presidente Salinas trató vanamente de evitar la fuga de capitales y consumió en el intento una alta proporción de las reservas internacionales. Interesado en afrontar un año electoral muy difícil para su partido, financió proyectos de largo plazo con préstamos de corto plazo y trató de cubrir los déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos con inversiones extranjeras de cartera, instrumentó políticas crediticias excesivamente permisivas y promovió una exagerada expansión monetaria. Todo lo cual desestabilizó la moneda mexicana que ya desde comienzos de 1992 tenía signos de sobrevaluación. El gobierno postergó la necesaria e inevitable devaluación del peso, primero, por consideraciones de política exterior, puesto que México estaba en proceso de admisión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y después por razones de política interna: se avecinaba una crucial campaña electoral en la cual el Partido Revolucionario Institucional  —el partido del gobierno—  corría por primera vez en 65 años el riesgo de perder unas elecciones. El gobierno consideró que la devaluación monetaria en tales circunstancias habría sido muy grave, aunque al final más grave fue mantener artificialmente alto un tipo de cambio que no correspondía a la realidad económica. Esto produjo, como era lógico, un boom de importaciones que desequilibró gravemente la balanza comercial. Ante la inminencia de la devaluación surgieron movimientos especulativos contra la moneda mexicana y el Banco Central, en su afán de defenderla, agotó buena parte de sus reservas internacionales. Pero todo fue inútil. La devaluación se tornó forzosa. Y la crisis mexicana se agudizó y se extendió por el mundo.

 

 

                    5. La crisis asiática.   A fines del siglo XX advino una nueva crisis de carácter cambiario, financiero, bursátil, bancario, comercial y laboral que empezó a afectar a las economías de Asia oriental y sudoriental desde el segundo semestre de 1997, sin que economistas, banqueros, analistas ni políticos hayan podido vislumbrar siquiera que esas “economías ejemplares”, que habían crecido sostenidamente durante los últimos años, habrían de ser víctimas de ella. Las nueve principales economías capitalistas de Asia: Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, una tras otra, fueron desplomándose en un lapso extremadamente corto, en medio de devaluaciones monetarias, déficit en cuentas corrientes, desequilibrios fiscales, aumento de la inflación, bancos coludidos con fuerzas políticas y empresas vinculadas, dificultades financieras, caídas bursátiles, corridas de dinero, quiebra de empresas y despidos masivos.

          Para esos países la crisis significó descontento social e inestabilidad política y para millones de sus habitantes, descenso hacia niveles de pobreza crítica.

          El proceso se inició con la drástica depreciación del baht tailandés el 2 de julio de 1997, seguida por la del peso filipino, la rupiah indonesia, el ringgit malasio, el dólar de Singapur, el won surcoreano, el dólar de Taiwán. El dólar de Hong Kong se logró mantener gracias a la asistencia de China, pero a un alto costo de reservas internacionales y de altas tasas de interés. Todo lo cual inició un proceso de “devaluaciones competitivas” en los países asiáticos para defender sus mercados exteriores, aunque sus tipos de cambio se devaluaron mucho más allá de los puntos de equilibrio.

          El origen de la crisis asiática no obedeció a desequilibrios fiscales, déficit presupuestarios ni a inflaciones descontroladas. Los presupuestos de los países de la región estaban en equilibrio y la inflación era de un dígito. Para muchos observadores, la propia cuestión cambiaria, en la que algunos economistas vieron el origen de la crisis, no fue en realidad su causa sino uno de sus síntomas.

          Ella empezó cuando el persistente déficit en la cuenta corriente de su balanza de pagos creó perspectivas devaluatorias en Tailandia y abrió con ello expectativas de ganancias extraordinarias para los grandes especuladores, quienes comenzaron a vender bahts y comprar monedas fuertes. El gobierno respondió con la intervención en el mercado cambiario, la venta de importantes sumas de sus divisas internacionales y la subida de las tasas de interés para proteger al signo monetario y frenar la fuga de capitales. No obstante, el pánico financiero se agudizó y hubo corridas de fondos de los bancos. Entonces el Banco Central, impotente para defender la integridad de la moneda, dejó flotar el baht y éste sufrió una drástica >desvalorización.

          A partir de ese momento la crisis se contagió a los otros países asiáticos en una suerte de efecto dominó y siguió un proceso circular  —causación circular acumulativa, llaman los economistas—  en el curso del cual ella se retroalimentó, puesto que unos factores actuaron sobre otros de manera sinérgica. Para tratar de detener el éxodo de capitales los gobiernos elevaron las tasas de interés; pero esta medida tuvo ecos negativos en los mercados de valores, se desplomaron las cotizaciones, aumentó la presión sobre el tipo de cambio y se impulsó la fuga de capitales al amparo del libre flujo internacional del dinero. La devaluación de las monedas locales encareció automáticamente el servicio de la deuda externa pública y privada, lo cual, unido a la restricción crediticia y al aumento de las tasas de interés, puso en serias dificultades a las empresas nacionales, que no pudieron cumplir sus obligaciones con los bancos y con las intermediarias financieras, que también entraron en un proceso crítico.

          Las bolsas de valores fueron vapuleadas por la crisis: el 27 de octubre la Bolsa de Nueva York cayó en 554 puntos y enseguida se produjeron bajas en las bolsas de Brasil, Argentina y México. En Indonesia la caída bursátil fue del 86,99%, en Malasia del 75,02%, en Corea del Sur del 70,46%, en Tailandia del 69,27%, en Filipinas del 67,88%, en Singapur del 56,32%, en Hong Kong del 46,59%, en Japón del 36,56% y en Taiwán del 33,47%. Todo esto en un período de seis meses: julio a diciembre de 1997.

          Los coletazos de la crisis asiática golpearon a Rusia, cuya economía pagaba altos rendimientos a los tenedores de la deuda. Por ese tiempo los grandes inversionistas internacionales, como Goldman Sachs & Co., Chase Manhattan Corp., George Soros y Leon Coppermann, competían para comprar bonos del gobierno ruso que rendían utilidades superiores al 120% anual. Hasta corredores de Wall Street los compraron para sus carteras particulares. Pero en agosto de 1998 la estructura económica de Rusia empezó a desmoronarse. El gobierno dejó flotar el rublo y éste alcanzó una desvalorización del 250% en menos de un mes. Anunció una moratoria del pago de alrededor de 40.000 millones de dólares de deuda empresarial y bancaria a los acreedores extranjeros. El paraíso de los inversionistas desapareció de pronto. Los que pudieron retiraron apresuradamente sus inversiones de cartera  —unos US$ 20.000 millones huyeron de Rusia—,  pero centenares de millones quedaron atrapados. Esta nueva crisis  —la crisis rusa—  se sumó en el camino a la crisis asiática y la alimentó porque en medio del pánico los inversores empezaron a vender también sus bonos de los >mercados emergentes: Corea del Sur, Brasil, México y otros, a precio de baratillo, lo cual tuvo repercusiones críticas en sus economías. Para América Latina esta crisis significó no sólo la drástica caída de los índices bursátiles, que llegaron a bajar hasta en un 50%, sino también el derrumbe de los precios de sus productos primarios y la disminución de los volúmenes de sus exportaciones al reducirse la demanda asiática y rusa.

          Los efectos fueron especialmente graves en Brasil, cuyo déficit fiscal superó el 8% del PIB y obligó al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, no obstante haber recibido del FMI un paquete de salvamento de US$ 41.500 millones, a devaluar la moneda y a tomar severas medidas de ajuste tan pronto como terminó la campaña electoral para su reelección y luego a decretar la flotación libre del real, en medio de una tremenda especulación de divisas y de un altísimo drenaje de las reservas internacionales, que llevó al signo monetario brasileño a una desvalorización del 40% en poquísimo tiempo.

          La crisis brasileña tuvo obviamente repercusiones en los países latinoamericanos. Los inversionistas retiraron buena parte de sus fondos en los mercados de la región. En todos ellos se produjo una fuerte caída de sus reservas monetarias internacionales, una disminución de los volúmenes de su comercio exterior y el derrumbe de los precios de su producción exportable. Esta fue parte de la que George Soros, el célebre especulador internacional de divisas, denominó “crisis del capitalismo global”, que en los países subdesarrollados produjo un largo período de recesión económica.

          Hubo una gran confusión acerca de las causas estructurales y coyunturales de la crisis asiática. Las explicaciones fueron muchas. Aunque nadie pudo preverla, después de ocurrida cada economista dio su propia versión sobre ella: desde la hipótesis de un pánico financiero sorpresivo hasta los enfoques estructurales de Paul Krugman que atribuyeron el origen de la crisis a desequilibrios macroeconómicos fundamentales. George Soros sostuvo que hubo varios desequilibrios latentes que activaron su interacción con un efecto sinérgico, pero que la causa principal, contra toda previsión, debe encontrarse en el comportamiento de los mercados financieros que operaron como una “bola de demolición” que, oscilando y golpeando de un país a otro, destruyó sus economías.

          El Fondo Monetario Internacional ni ningún otro organismo financiero multilateral alertaron sobre ella. De éstos sólo brotaron palabras de congratulación para los conductores de los países asiáticos. Hasta que vino la crisis que convulsionó gravemente sus economías y las economías del mundo.

          En medio de la gran controversia en torno a las causas de la crisis  —en su diagnóstico obviamente estaban en juego no solamente teorías económicas sino grandes intereses—  fue posible identificar los déficit en la cuenta corriente de las balanzas de pagos de los tigres asiáticos, causados por la caída de la demanda externa de sus exportaciones y por el crecimiento constante de sus importaciones. Lo cual les abocó al riesgo de la devaluación monetaria, que a su vez generó expectativas en los grandes inversionistas especulativos, quienes empezaron a vender sus activos financieros. Esta es siempre una característica de las inversiones de cartera. Son inversiones de corto plazo, muy nerviosas, que levantan vuelo a la menor percepción de riesgo. Lo cual, en economías con un desorbitado financiamiento externo buscador de rentabilidades a corto plazo, resultó sumamente grave.

          Algunos economistas atribuyeron por eso el origen de la crisis al estallido de las “burbujas” especulativas formadas en el mercado por la adquisición de bienes y activos en precios superiores a los justificables, en medio de una enloquecida “euforia financiera”, para utilizar las palabras de John K. Gralbraith.

          En realidad resulta difícil saber qué fue primero: si los problemas de la balanza comercial o la cuestión cambiaria como origen de la crisis. No hay duda de que la relación entre el yen japonés y el dólar norteamericano fue una variable clave, dada la dependencia de las monedas asiáticas respecto del signo monetario norteamericano. El acuerdo Plaza de 1985 y la consecuente revaluación del yen fueron el inicio de una década de euforia económica en los dragones de Asia oriental y sudoriental porque aumentaron las ventajas competitivas de sus exportaciones en relación con el Japón y canalizaron importantes inversiones japonesas hacia sus economías. Algunas empresas niponas trasladaron importantes operaciones productivas a esos países. Pero el problema fue que a partir de 1995, al cabo de una década de euforia financiera, el dólar empezó a recuperar terreno con respecto al yen  —de 79 yens por dólar la paridad subió a más de 130—  y entonces la capacidad competitiva de las exportaciones asiáticas frente al Japón se vio afectada y, en consecuencia, se revirtió el flujo de las inversiones niponas y se incrementó el endeudamiento en dólares de las economías asiáticas. Los especuladores, previendo la devaluación de las monedas de la región, hicieron el doble juego de siempre: endeudarse en las monedas amenazadas de devaluación y colocar sus recursos en monedas más duras. De modo que, cuando ésta se produjo  —y ellos, con su gran poder financiero, hicieron muchas maniobras para que se produjera—  bajaron el monto de sus deudas y obtuvieron colosales ganancias. Lo cual suscitó gravísimos problemas en la balanza comercial de los países asiáticos. Por esos días el primer ministro Mohammad Mahathir de Malasia acusó al especulador George Soros de haber promovido la crisis cambiaria.

          Como es lógico, el Fondo Monetario Internacional dio también su versión de los hechos en una declaración emitida en enero de 1998 por Stanley Fischer, alto funcionario de la institución, en la que afirmó que el origen de la crisis asiática debe buscarse en tres factores domésticos claves. En primer lugar, la falta de medidas oportunas para aliviar las cada vez más intensas presiones que comenzaron a manifestarse en Tailandia y otros países de la región en forma de déficit externos de gran tamaño y “burbujas” en el mercado accionario y de bienes; en segundo lugar, el mantenimiento por demasiado tiempo de regímenes de tipo de cambio fijo, que impulsaron el endeudamiento externo y condujeron al riesgo cambiario lo mismo en el sector financiero que en el societario; y en tercer lugar, la existencia de normas vagas para la operación bancaria y descuido financiero que llevaron al agudo deterioro de la calidad de las carteras de préstamos de los bancos.

          Añadió Fischer que, aunque los problemas de los países asiáticos eran esencialmente domésticos, la evolución de los acontecimientos en las economías desarrolladas y en los mercados financieros globales contribuyó también de manera significativa al crecimiento de los desequilibrios que desembocaron en la crisis. Japón y Europa experimentaron un crecimiento débil desde los inicios de los años 90. Las anchas fluctuaciones del tipo de cambio yen/dólar en los últimos tres años antes de la crisis también fue un factor.

          El Japón, que fue la gran locomotora del crecimiento regional, entró también en problemas. El 17 de noviembre de 1997 el Hokkaido Takushku Bank  —el primer gran banco japonés—  colapsó. Inmediatamente la bolsa de valores de Tokio sufrió la caída más drástica del año. Luego cerró sus puertas la empresa Yamaichi, se anunció la quiebra del banco regional Tokiyu City Bank, otros bancos japoneses entraron en proceso de observación por las autoridades financieras y quebraron cooperativas de crédito, compañías de seguros y sociedades de valores.

          La crisis asiática cobró cuerpo.

          En marzo de 1998 Milton Friedman acusó al Fondo Monetario Internacional de haber aplicado la “medicina equivocada” en los países asiáticos y el profesor de Harvard Martin Feldstein criticó la inconveniencia de sus “reformas estructurales”.

          Años después Joseph E. Stiglitz  —premio Nobel de economía en el año 2001, profesor de la Universidad de Columbia y jefe del grupo de asesores económicos del presidente Bill Clinton de Estados Unidos—  escribió un libro impresionante: “El malestar en la globalización” (2002), en el que, sin exculpar a los países afectados, sostiene que el Fondo Monetario Internacional en acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano  —que es su mayor accionista y ejerce derecho de veto sobre sus decisiones—  tiene una gran responsabilidad en todas estas crisis internacionales por haber impulsado ciegamente la liberalización financiera y de los mercados de capitales, subestimado los riesgos que sus estrategias aperturistas conllevaban y desatendido el alto costo social y político de ellas, que terminaron por devastar a las capas medias y enriquecer a pequeños grupos de opulentos.

          Lo que no deja de llamar la atención es que, como lo hace notar Jürgen Schuldt con ironía, la crisis advino precisamente cuando las clases dominantes asiáticas fueron convencidas en los años noventa por los gurús neoliberales de Occidente de que abandonaran su proteccionismo comercial, redujeran las tarifas arancelarias, liberalizaran los mercados financieros, disminuyeran el gasto público y desmontaran el control estatal sobre la economía. Es decir, se presentó cuando los dragones asiáticos abandonaron su modelo económico basado en un cierto dirigismo estatal que había dado un crecimiento tan notable a sus economías. En efecto, ellas se expandieron bajo el alero de un Estado fuerte, una burocracia eficiente, estricta disciplina laboral, mercado gobernado, planificación estatal, crédito subsidiado y dirigido, control de importaciones, subsidio a las exportaciones, exoneraciones tributarias, control de cambios, restricciones a la competencia doméstica, vigilancia de precios, moderna y fuerte supervisión bancaria, sistema financiero sólido y bien regulado, fomento industrial, desarrollo científico y tecnológico, promoción de <conglomerados empresariales y otras medidas de interferencia estatal en la economía.

          Como bien dice la economista Frances Stewart de la Universidad de Oxford, los gobiernos de los países de Asia oriental no escogieron a los ganadores en el campo industrial sino que crearon ganadores, seleccionando para la protección estatal, mediante políticas económicas específicas, a las industrias que tenían sentido desde el punto de vista de los mercados internacionales.

          Es equivocado atribuir el crecimiento del sudeste asiático, como a veces se hace, a la liberalización de sus economías. Es todo lo contrario. Esos países lograron su expansión económica con la aplicación de políticas alejadas del recetario neoliberal. Los suyos fueron Estados fuertes, altamente intervencionistas, conductores e inductores del proceso de industrialización, que produjeron los altos índices de crecimiento del llamado “milagro asiático”.

          De modo que la crisis no puede atribuirse al exceso de Estado sino más bien a la ausencia de Estado.

          No obstante la escasez de recursos naturales  —condición que paradójicamente se constituyó en un acicate antes que en un obstáculo para el desarrollo—  el eje del crecimiento asiático fue la industria en sus diversas y sucesivas etapas: desde la industria ligera e intensiva en mano de obra destinada a la sustitución de importaciones hasta la industria pesada del acero, metales básicos, química, petroquímica, maquinaria, barcos, vehículos, equipos de telecomunicaciones y otros bienes para la exportación, cada vez más intensiva en capital. Este proceso, que configuró un verdadero modelo asiático de industrialización, obedeció a políticas estatales dirigidas y deliberadas de fomento de la producción manufacturera, que en los últimos años se ha orientado hacia las ramas de la alta tecnología electrónica para la producción de semiconductores, robots, computadoras y otros artefactos de la llamada “industria del conocimiento”.

          Para entender la crisis asiática y las crisis anteriores debe partirse de la consideración de que hay dos grandes destinos posibles de la <inversión en una economía capitalista: el uno es la compra de papeles valorados que contienen la promesa de pagos de dinero dentro de plazos y condiciones establecidos; y el otro es la adquisición de activos físicos que sirven para producir bienes o servicios destinados al mercado. La primera es la inversión financiera y la segunda la inversión productiva o real.

          En sus orígenes ellas estaban unidas porque el ahorrista compraba los papeles directamente al productor, quien utilizaba el dinero de la venta en sus actividades productivas; pero con la complicación de la economía capitalista, cada vez más dinámica gracias a los avances de la tecnología electrónica y a la supresión de los controles, fue acentuándose la diferencia entre ellas. Hoy las dos formas de inversión son autónomas y conservan cierto grado de independencia entre sí. La primera forma de inversión se tornó cada vez más especulativa en perjuicio de la inversión productiva gracias a los altos rendimientos que produce a través de la enorme variedad de instrumentos financieros que se han puesto a su servicio. El cambio de denominación del dinero y su desplazamiento por encima de las fronteras nacionales puede hacerse en segundos. Lo cual ha traído inestabilidad e incertidumbre en el ámbito financiero. Las reservas internacionales de los países y las monedas nacionales se ha tornado muy vulnerables dentro de la economía de casino mundial. El súbito abandono de los capitales de un país le conduce hacia una gran crisis. Eso fue lo que ocurrió en la economía mexicana en 1994, en que se esfumó buena parte de las reservas del Banco de México en el intento de controlar la fuga de dinero, y fue también el caso de los países asiáticos a partir del segundo semestre de 1997.

 

 

                    6. Crisis del capitalismo global.   Hay pensadores que sostienen que la crisis económica es un elemento inherente al sistema capitalista de producción e intercambio de los bienes económicos. Esto, que sostuvieron empecinadamente los ideólogos marxistas, para quienes las crisis recurrentes del capitalismo forman parte de la propia desorganización del sistema, lo repiten hoy economistas de otras tendencias, capitalistas inclusive. Por supuesto que el aserto marxista de que su sistema centralmente planificado era inmune a este tipo de conmociones económicas se vino al suelo con la crisis germinal y el colapso de su sistema a finales de los años 80 del siglo XX. Pero su tesis de que el capitalismo lleva en sus entrañas el germen de su propia descomposición parece ganar fuerza en los sectores no marxistas. George Soros, por ejemplo, sostiene que la crisis mundial  —se refiere a la crisis que se desató en los países asiáticos en 1997 y que contaminó al mundo entero  —“está causada por patologías inherentes al propio sistema financiero global”. Su razonamiento es que hay una implacable contradicción en tre el sistema capitalista global que hoy impera en el mundo y la organización política fraccionada en Estados nacionales, cada uno de los cuales adopta su propia política económica. O sea que, en concepto de Soros, hay un régimen global en materia económica y financiera pero no en la política puesto que “la unidad básica de la vida política y social sigue siendo el Estado-nación”. En esta contradicción encuentra el financista húngaro-norteamericano la causa principal de las crisis del capitalismo global. Años atrás afirmaba irónicamente Karl Popper que “vivir de denunciar el fin o las crisis del capitalismo es el mejor empleo del mundo. El capitalismo siempre está en crisis. Nunca faltará trabajo para los críticos”. Y el economista norteamericano Paul R. Krugman dice, por su lado, que en el capitalismo moderno “la política económica se ha vuelto prisionera de los inversores frívolos”, con lo cual quiere dar a entender que el problema está en los manejos de los capitales especulativos.

          La profunda depresión mundial de los años 30 del siglo anterior, que fue en ese momento la gran crisis de la economía liberal de libre empresa y de su sistema de “equilibrios automáticos”, demostró ya las debilidades intrínsecas del sistema. Esto generalmente se calla. Y las recurrentes crisis posteriores, que tuvieron un carácter global por la mundialización de las economías, no son más que la reiteración de las contradicciones internas del sistema, que está lejos de ser lo que imaginan los teóricos del liberalismo y del neoliberalismo: un mecanismo perfecto que se pone en marcha, se impulsa, se frena, se regula y se lubrica a sí mismo, automáticamente.

          La teoría de los <ciclos económicos de Kondratieff, de Juglar y de Kitchine tiene mucho que ver con los desajustes económicos del capitalismo y con sus crisis recurrentes y hasta previsibles.

          Lo cierto es que los desajustes del sistema capitalista globalizado, que se han contagiado a todas partes por la vía del flujo internacional de los capitales, han traído a la discusión el tema démodé en el mundo del neoliberalismo del control de esos capitales, dada la escasa “sabiduría” del mercado para ponerlos en orden. El propio Banco Mundial, en su informe sobre las perspectivas económicas globales de 1998/1999, señaló que los orígenes de las crisis internacionales están en la “debilidad institucional” de los Estados para manejar la liberalización económica y en las imperfecciones del mercado internacional de capitales.

            Dentro del G-7 se discutió el tema en septiembre de 1998 y los gobernantes de Alemania, Francia y Japón sostuvieron que alguna forma de control debe ser implantada. Paul Krugman propuso el control de cambios para poner en orden a los “inversores frívolos” que han aprisionado la economía internacional. El excanciller socialdemócrata de Alemania Helmut Schmidt expresó que “así como el tráfico aéreo internacional necesita controles universalmente aceptados, también nosotros necesitamos urgentemente una regulación de los movimientos de capital” lo mismo que del “comercio internacional financiado por el crédito telemático, realizado con valores, acciones y títulos de todo tipo. Este comercio se ha escapado casi por completo de las manos a las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia y del control de las instituciones crediticias y a los bancos centrales nacionales”. Joseph Stiglitz, vicepresidente del Banco Mundial, mostró en 1998 su preocupación por “los estragos causados por los flujos de corto plazo” en el sistema financiero mundial. El líder socialdemócrata alemán Oskar Lafontaine sostiene que es indispensable estabilizar el mercado internacional de capitales para conjurar “el peligro que emana de las diarias transacciones billonarias en el monopoly financiero global” y evitar que se reproduzcan crisis tan hondas y generalizadas como las de México y el sudeste asiático. Todo lo cual ha movido a varios expertos, algunos de ellos situados en la orilla neoliberal, a proponer controles de cambios para evitar que los vaivenes del capital especulativo desencadenen crisis a escala mundial. Por ejemplo, el panegirista de la >sociedad abierta George Soros ha sugerido que, para contener la especulación improductiva y prevenir las turbulencias económicas, deben imponerse regulaciones a los mercados financieros. Planteamiento en el cual coincide con La Fontaine, quien afirma que “si se desea limitar los costes económicos de las oscilaciones cambiarias y monetarias, de la especulación improductiva y del mercadeo debe ponerse un freno al comercio con divisas y fondos de inversión”.

          En general, como afirma Mark Malloch Brown en el Informe sobre Desarrollo Humano 1999 formulado por los expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la mundialización es demasiado importante para dejarla sin gestión como hasta ahora, porque tiene capacidad para hacer daño tan extraordinario como el bien que puede hacer” y “los mercados necesitan instituciones y normas” que los regimenten.

          El economista norteamericano James Tobin, premio Nobel de economía 1981, propuso en el 2001 que se aplicara una tasa del 1 al 5 por mil sobre el movimiento internacional de capitales especulativos, con cuyo rendimiento pudiera ayudarse a los países pobres del planeta. En cifras de ese año, el movimiento de capitales representaba entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por día, de modo que la “tasa Tobin” produciría rendimientos muy importantes. El parlamento europeo trató la propuesta y la rechazó por 229 votos en contra y 223 a favor. El procedimiento operativo de control de esos flujos de capital, sin ser simple, no sería imposible. Habría que controlar las transacciones financieras internacionales que se hacen por medios electrónicos a través de la banca comercial. Control que lo pudieran hacer los bancos centrales de los países, especialmente en las ocho plazas financieras mayores: Nueva York, Londres, Tokio, Frankfurt, París, Singapur, Hong Kong y Zurich, donde se realiza alrededor del 80% del tráfico mundial de divisas. El economista Tobin creyó encontrar una fórmula no sólo para prevenir las crisis del capitalismo contemporáneo sino también para crear recursos destinados a financiar el desarrollo de los países atrasados.

          Pero el descontrol y la manía especulativa siguieron su curso. Y advino entonces una nueva crisis del capitalismo global: fue la crisis financiera, económica, bancaria y crediticia que estalló en Nueva York el segundo lunes de septiembre del 2008, cuyos efectos directos e indirectos causaron gravísimas turbulencias económicas, financieras y sociales en el mundo. Esos desórdenes se inscribieron también dentro de la crisis del capitalismo global. Como en ese momento la economía estadounidense representaba alrededor del 29% de la economía global, ningún país pudo mantenerse al margen de la conmoción de Wall Street. En el mundo globalizado, la baja de los niveles de consumo en Estados Unidos, que eran los principales compradores de los productos de China y de Japón, no dejó de afectar a los dos países asiáticos. La desaceleración de la economía china, a su vez, perjudicó a las exportaciones de América Latina y de otras regiones del mundo subdesarrollado. Al propio tiempo, disminuyeron las inversiones norteamericanas en las llamadas economías emergentes de Asia y Latinoamérica. Todo lo cual produjo, a escala mundial, una etapa de recesión económica, restricción crediticia, desconfianza de los inversionistas, desempleo laboral e inestabilidad de los mercados, es decir, una crisis económica global.

          Y cuando ésta parecía que estaba en camino de superarse con la agresiva y rápida respuesta de los bancos centrales de los países desarrollados  —especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo—,  que bajaron las tasas de interés y otorgaron grandes préstamos a las entidades financieras amenazadas y a los asustados inversionistas, estallaron en Grecia a comienzos del 2010 gravísimos conflictos económicos, fiscales, financieros, políticos y sociales que conmovieron no solamente al pequeño país sino también a otros países europeos. Esos conflictos fueron un síntoma de lo que, en mayor o menor escala, estaba ocurriendo al interior de la economía de la Unión Europea. Los déficit fiscales, los desajustes financieros, la excesiva deuda interna y externa, los altos costos de la economía de bienestar y otros factores que se habían mantenido ocultos, brotaron a la superficie. Se conoció entonces que en el 2009 el déficit presupuestario de Grecia ascendía a casi el 14% de su producto interno bruto y su deuda al 115%; que el déficit de Italia llegaba al 5% y su deuda al 116%; que el déficit español era del 11% del PIB y su deuda del 53% de este indicador y que el alemán llegaba al 3% y al 73% su deuda. Al otro lado del océano las cifras  —aunque calculas con diferente metodología—  eran también preocupantes: el déficit estadounidense alcanzaba al 9,9% del PIB y la deuda al 53%. Los países desarrollados, que representaban casi la mitad de la economía mundial, habían caído en esa situación crítica. Lo cual significaba que la crisis global había entrado en una nueva etapa, caracterizada por las colosales cargas de la deuda gubernamental y por el alto endeudamiento de los agentes económicos privados, sometidos a muy duras condiciones por los prestamistas, y la reducción de sus gastos y nivel de consumo. 

            Esta situación se vio aliviada en alguna medida por la enorme demanda de bienes de tecnología avanzada  —armas, plantas de energía, maquinarias, instrumentos médicos y otros—  por parte de algunas de las economías emergentes  —China, India, Brasil—,  que contribuyeron a sostener la producción y el empleo en los países desarrollados.

 

 

                    7. La crisis internacional.   Se habla de crisis internacional cuando las relaciones entre los Estados atraviesan por momentos de turbulencia. Durante el período de la >guerra fría hubo muchos trances de esta clase, a causa de la confrontación Este-Oeste. Los más graves fueron sin duda los que surgieron con ocasión del bloqueo de Berlín a fines de la década de los 40, que obligó a las potencias aliadas a operar el famoso puente aéreo para abastecer la ciudad y ejercer sus derechos sobre ella; y el que estalló a raíz de la instalación de los misiles soviéticos en Cuba, en el verano de 1962.

          En ambos casos el mundo estuvo al borde de la conflagración nuclear.

          Pero durante los 44 años de la guerra fría hubo muchos otros momentos de peligro. El conflictivo diálogo entre John Kennedy y Nikita Kruschov en Viena, 1961, en el que el gobernante soviético quiso “probar” la firmeza del norteamericano, generó circunstancias realmente críticas en la política internacional.

          En torno a la situación de Berlín hubo también confrontaciones muy peligrosas en 1959 y 1961.

          Las ocupaciones soviéticas de parte del territorio de Irán en 1946, de Alemania oriental en 1953, de Hungría en 1956, de Checoeslovaquia en 1968, de Afganistán en 1979 y de Polonia en 1981 condujeron a graves crisis internacionales, a pesar del acuerdo no escrito que existía entre las dos superpotencias, en virtud del cual cada una de ellas podía hacer lo que quisiese en su respectiva “zona de influencia”.

          Lo propio ocurrió con la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965.

          La nacionalización del Canal de Suez por el presidente Gamal Abdel Nasser en 1956 produjo la movilización de las fuerzas militares inglesas, francesas e israelíes para recuperarlo, lo cual generó una crisis internacional de grandes proporciones que fue superada por la decisión del gobierno norteamericano de impedir toda acción militar contra Egipto.

          Desde 1948, en que se fundó el Estado de Israel, el Oriente Medio ha sido el escenario de las pugnas árabe-israelíes, inscritas dentro de la confrontación Este-Oeste, que han puesto repetidamente en peligro la paz mundial.

          Se podría decir que la guerra fría fue un proceso continuado de crisis y sobresaltos sólo interrumpido por períodos de >détente. La superación de ella, a partir de 1989, ha alejado el peligro de nuevas crisis internacionales aunque no las ha eliminado del todo. La última tensión que se produjo se relaciona con la guerra de Bosnia a lo largo de 1994. Rusia se alineó con los serbios y las potencias de Occidente con los bosnios. Esto provocó una cierta confrontación entre ellas.

          Pero también en la >postguerra fría se produjeron algunas crisis internacionales graves, aunque sin llegar a comprometer la paz global, como la invasión a Afganistán y a Irak por fuerzas militares norteamericanas e inglesas  —a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington—,  los conflictos provocados por Corea del Norte e Irán en su intención de alcanzar armas nucleares y las recurrentes tensiones entre los países musulmanes y las potencias occidentales en el marco del <choque de civilizaciones.

 
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