'contras'

          En el argot político nicaragüense se utilizó esta palabra, que es una abreviatura de “contrarrevolucionarios”, para designar a quienes se oponían política o militarmente a los propósitos del >sandinismo.

          “Contras” era un término despectivo que se endilgó especialmente a los “somocistas”, es decir, a los partidarios del exdictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado en julio de 1979 por los guerrilleros sandinistas.

          Los contras estuvieron formados por diversos grupos unidos entre sí por su común enemistad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sus facciones más importantes fueron la Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) liderada por el antiguo brigadier general somocista Enrique Bermúdez Varela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses de Fernando Chamorro, apodado el Negro. Los contras recibieron el apoyo logístico, económico y militar de la CIA y operaron desde bases secretas en países centroamericanos con el propósito de derrocar al gobierno sandinista.

          Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, el gobierno de Violeta Chamorro acordó la paz con la guerrilla de los contras, cuyos efectivos entregaron las armas y se reintegraron a la vida civil y política de Nicaragua a partir de 1993.

          Del discurso revolucionario del sandinismo, el término contras fue recogido por la prensa de Nicaragua y de allí pasó al léxico político internacional. “I’m a contra too”, dijo en 1986 el entonces presidente Ronald Reagan para evidenciar el respaldo de los Estados Unidos a las fuerzas de oposición al régimen sandinista.

          El sandinismo fue el movimiento revolucionario que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979, después de una heroica lucha guerrillera. Tomó el nombre de Augusto César Sandino (1893-1934), político y luchador nicaragüense que organizó en 1926 un movimiento de resistencia contra el gobierno de su país que había hecho concesiones de soberanía a Estados Unidos.

          El presidente sandinista Daniel Ortega, al término de su período, convocó elecciones universales para elegir a quien debía sucederle en el poder. Las elecciones fueron ganadas por Violeta Chamorro, representante de las fuerzas de oposición y, en lo que fue un caso probablemente único en los anales de la historia política latinoamericana, Ortega entregó en abril de 1990 su poder conquistado por medio de la revolución a su sucesora libremente elegida.

            Al término del período presidencial de Chamorro hubo nuevas elecciones el 20 de octubre de 1996 en las que triunfó Arnoldo Alemán, del viejo Partido Liberal de Somoza y representante de los “contras” nicaragüenses, sobre Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque los comicios fueron impugnados como fraudulentos por casi todas las fuerzas políticas.

            Pero Ortega retornó al poder en el año 2007 tras ganar las elecciones presidencias y, a través de reelecciones sucesivas, se mantuvo largamente en el mando político nicaragüense.

            En la que fue su séptima candidatura presidencial, fue reelegido Presidente de Nicaragua en las elecciones celebradas el 6 de noviembre del 2016 para su tercer período gubernamental consecutivo (2017-2021) y cuarto período general.

            Lo hizo en compañía de su esposa Rosario Murillo  —quien era la que en realidad mandaba en Nicaragua, a pesar de que su forma de pensar ni remotamente respondía a los viejos ideales de la revolución sandinista—  puesto que, en una actitud abiertamente dinástica y típicamente "somocista”, ella se autodesignó candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua.

             El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que había llamado a abstenerse de concurrir a esa "farsa electoral", sostuvo que más del 70% de los electores dejaron de ir a las urnas en aquella ocasión. Fue una abstención extraordinariamente alta, que sin embargo no fue registrada por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Y es que, dada la falta de garantías de la autoridad eleccionaria, varios partidos y movimientos políticos se abstuvieron de participar.

             La exguerrillera Dora María Téllez, disidente sandinista y militante del proscrito Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)   —quien acompañó al Comandante Cero en la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, con la que dio comienzo al alzamiento popular—  sostuvo en el curso de la campaña electoral orteguista que "la abstención es el único camino que hay".

             Y en aquellos momentos no dejaron de sorprender las declaraciones  de  monseñor  Silvio Báez  —la segunda autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua—,  quien cuestionó en una homilía dominical el proceso electoral como "un sistema viciado, autoritario y antidemocrático”. Y lo dijo a pesar de la tendencia confesional que mantenía el gobierno de Ortega.

             Por voluntad de presidente Ortega no se admitió en el proceso eleccionario observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) ni de otros organismos internacionales. Solamente estuvieron presentes, atendiendo la invitación del gobierno sandinista, los exgobernantes Mauricio Funes de El Salvador  —asilado a la sazón en Nicaragua para evadir el juicio por corrupción que la Corte Suprema de Justicia le seguía en su país—,  Manuel Zelaya de Honduras y Fernando Lugo de Paraguay.

            Los resultados oficiales arrojaron las siguientes cifras: el FSLN obtuvo el 72,5% de los votos, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 15%, el Partido Liberal Independiente (PLI) 4,5%, el Partido Conservador (PC) 2,3%, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 4,3% y Alianza por la República (APRE) 1,4%.

             Al desconocer las cifras, Maximino Rodríguez, candidato presidencial del PLC, afirmó que "fue en los Consejos Electorales Municipales (CEM) donde se mutilaron los resultados electorales”.

            Según informaron los medios de comunicación, durante las elecciones los centros de votación lucieron vacíos, pero las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE)  —impugnadas por falsas por los partidos y grupos de oposición—  señalaron que la participación ciudadana había alcanzado el 65,3%.   

 

           

 

 
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