comunidad internacional

          Es curioso observar que en casi todos los casos el uso de la palabra “internacional” resulta impreciso, porque no se refiere propiamente a las naciones sino a los Estados. Cuando se habla de Derecho Internacional o de relaciones internacionales, por ejemplo, lo que en realidad se quiere significar es lo “interestatal”.

          Se llama comunidad internacional a la organización de Estados con fines específicos. Hay una larga historia de éxitos y fracasos en el intento de formar sociedades de Estados que pudieran hacer frente, no sólo a las amenazas contra la paz o a los quebrantamientos de ella, sino también a las necesidades de la cooperación entre los países a fin de impulsar el desarrollo económico y social de sus pueblos.

          Es larga la lista de precursores e impulsores de la iniciativa de formar sociedades de Estados. El dominico español Francisco de Vitoria (1492-1546), profesor de Salamanca, habló del jus inter gentes, como un atisbo del Derecho Internacional, y sugirió la idea de la comunidad internacional. En su tratado “De legibus ac Deo legislatore”, el teólogo español Francisco Suárez (1548-1617), que fue el último de los escolásticos, desplegó el concepto de una comunidad internacional de su tiempo. Y, por supuesto, el jurista holandés Hugo Grocio (1583-1645), forjador del Derecho Internacional clásico, fue el primero en formular metódica y sistemáticamente en su obra "De Jure belli ac pacis" (1625) los principios de la comunidad internacional. A él le siguieron muchos otros pensadores y juristas europeos: Richard Zouche (1590-1660), Samuel Rachel (1628-1691), Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728), Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743), Emerich de Vattel (1714-1767), Jeremías Bentham (1748-1832), George Friedrich von Martens (1756-1821).

          Sin duda, el primer intento de formar una comunidad internacional de Estados se dio con los tratados de Osnabrück y Münster, aprobados en la conferencia que selló la paz de Wesfalia en 1648, que pusieron fin a la llamada guerra de los treinta años en Europa. No obstante que sus resultados fueron muy precarios, a causa de las rivalidades dinásticas y de las fricciones religiosas europeas, esta conferencia marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones entre los Estados y aportó los primeros elementos de lo que más tarde sería el Derecho Internacional.

          Después del triunfo de la Revolución en Francia en 1789 hubo muchos intentos de los monarcas europeos, que veían amenazada su situación, de formar entre sus países una comunidad internacional que, como declaró el emperador de Austria en 1791, se encargara de “salvar a Europa de la revolución y la anarquía”.

          Bajo el liderato del zar Alejandro I de Rusia, los monarcas Federico Guillermo III de Prusia y Francisco I de Austria formaron con él, en mayo de 1815, la santa alianza con el propósito de preservar las convicciones católicas de sus pueblos, de oponerse a todo intento revolucionario en Europa y de conducir sus relaciones mutuas “por los caminos de las sublimes verdades contenidas en la religión eterna de Cristo, nuestro Salvador”.

          Durante el siglo XIX la >guerra fue parte de la política internacional de los países europeos. Europa vivió durante todo ese tiempo bajo el equilibrio del poder, que se convirtió en el principio fundamental de la política exterior de sus países. Para mantenerlo se hacían y se deshacían alianzas. La función primordial de la diplomacia era detectar tempranamente las intenciones agresivas de los demás Estados. La mejor defensa era atacar para anticiparse al ataque de otro. Rusia perturbó ese equilibrio con su invasión a Turquía en 1853. Inmediatamente Francia e Inglaterra acudieron en auxilio del Imperio Otomano. En 1870 se produjo la guerra franco-prusiana. En 1884 se formó la triple alianza entre Alemania, Austria e Italia. Para restablecer el equilibrio Francia se alió a Rusia desde 1891 hasta 1895. A esta alianza se incorporó más tarde Inglaterra, por temor al imperio germano.

          Pero los equilibrios fueron muy precarios y la situación europea absolutamente inestable.

          En esas condiciones, el 18 de mayo de 1899, por invitación del zar de Rusia, se reunió en La Haya la primera de las dos grandes conferencias de paz, que congregó a 26 países, con inclusión de los Estados Unidos de América y México. La idea fue acordar una limitación general de armamentos, pero la conferencia no pudo alcanzar este objetivo por las mutuas suspicacias y desconfianzas entre los Estados.

          Con la asistencia de 44 países se efectuó en La Haya una nueva conferencia de paz el 15 de junio de 1907, que fracasó en su propósito de vincular a los países bajo un orden jurídico internacional.

          En 1914, el asesinato del archiduque austriaco en Sarajevo fue la mecha que encendió la pólvora. El Imperio Austro-húngaro envió un ultimátum a Serbia por este hecho. Lo cual produjo inmediatamente un proceso de alineación de fuerzas. Rusia ofreció su respaldo a Serbia. Alemania apoyó a Austria-Hungría. Francia se alineó con Rusia. Turquía se puso al lado de Alemania. Todo estuvo listo para la guerra. Esto se produjo porque no había un foro donde pudieran los Estados discutir sus diferencias. No existía realmente una comunidad internacional capaz de conjurar la emergencia. Y entonces estalló la Primera Guerra Mundial.

          Ella terminó en 1918 con el triunfo de los aliados. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles entre las potencias vencedoras y Alemania. Ese instrumento introdujo numerosas modificaciones al Derecho Internacional, la más importante de las cuales fue la creación de la Sociedad de las Naciones, como primer intento de establecer una comunidad mundial de Estados para asegurar la paz y la seguridad internacionales. Con ella se creó un marco institucional, si bien incipiente y precario todavía, para la codificación y aplicación del Derecho Internacional. Bajo su auspicio se instituyeron varios organismos internacionales, entre ellos el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y se adoptaron importantes convenciones sobre diversos temas referentes a las relaciones entre los Estados. Sin embargo mucho de eso no funcionó en la práctica. No operó la solución judicial de las controversias, ni la prohibición de la guerra tuvo eficacia real, ni se consiguieron resultados satisfactorios en el campo del >desarme, ni se establecieron mecanismos eficientes de control de armamentos. Por eso la Sociedad de las Naciones asistió impotente a la agresión de Manchuria por el Japón en 1931, a la guerra entre Italia y Abisinia en 1934-1935, a la anexión de la región checoeslovaca de los sudetes a Alemania en 1939, a la invasión soviética contra Finlandia en el mismo año y poco después al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial por el nazifascismo.

          El precario orden internacional que surgió del Tratado de Versalles empezó a derrumbarse con la invasión japonesa a Manchuria en 1931. La comunidad internacional no pudo frenar al Japón en sus intenciones expansionistas. Hitler se anexó por la fuerza o la intimidación varios territorios. Empezó con Austria tres años después de que la Italia fascista invadiera impunemente Etiopía. Austria fue ocupada por las fuerzas militares nazis en la primavera de 1938 y anexada al Tercer Reich, en cumplimiento del viejo sueño del führer, a vista y paciencia de la comunidad internacional que estaba paralizada de miedo ante el poderío militar nazi-fascista. En julio de 1936 se produjo el alzamiento falangista en España para destruir el régimen republicano. Hitler y Mussolini ayudaron a Francisco Franco con más de cien mil soldados, aviones, buques, submarinos, tanques, cañones antiaéreos y piezas de artillería. Recordemos la denominada Legión Cóndor de combatientes hitlerianos en suelo español. En la primavera de 1939 Alemania convirtió en “protectorados” a Bohemia y a Moravia. Arthur Neville Chamberlain y Edouard Daladier, primeros ministros de Inglaterra y Francia, hicieron en ese momento concesiones suicidas a favor de Hitler en el caso de los sudetes checos. “Ahora habrá paz” dijo Chamberlain a su regreso de la reunión de Munich. Y Winston Churchill comentó: “Inglaterra y Francia tenían que elegir entre la guerra y el deshonor. Eligieron el deshonor. Pero tendrán la guerra”. El 21 de agosto de 1939 la Unión Soviética firmó con el líder nazi el vergonzoso acuerdo de no agresión, denominado pacto Ribbentrop-Molotov. Finalmente, cuando Hitler invadió Polonia el primero de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia resolvieron detener el expansionismo hitleriano y se inició la Segunda Guerra Mundial.

          El ejército alemán entró a Francia por territorio belga. En junio de 1940, sus tropas comandadas por Heinz Guderian, apoyadas por la fuerza aérea  —la Luftwaffe—,  no tuvieron problemas en cruzar por la zona boscosa de las Ardenas  —desguarnecida porque los estrategos militares franceses la consideraban impenetrable—  y ocupar París el día 14 de ese mes.

          Se inició así la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, cuyos escenarios se extendieron hacia casi toda Europa, Asia, África y Oceanía.

          El presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el primer ministro inglés Winston Churchill se reunieron en algún lugar del Océano Atlántico el 14 de agosto de 1941, en plena guerra mundial, para firmar la denominada Carta del Atlántico, cuyos principios estuvieron destinados a sustentar el orden internacional del futuro, “después de la destrucción total de la tiranía nazi”, y fueron incorporados a la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Este documento tiene importancia por eso: porque fue el germen de la nueva comunidad internacional.

          En octubre de 1943 se reunieron en Moscú los ministros de relaciones exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, y reconocieron públicamente la necesidad de establecer, lo antes posible, “una organización internacional general, basada sobre el principio de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz, abierta a todos ellos, ya fuesen grandes o pequeños, para el mentenimiento de la paz y seguridad”.

          El proyecto de creación del organismo internacional avanzó rápidamente. Un año más tarde, la conferencia de las tres potencias, celebrada en Dumbarton Oaks, Washington, insistió en el establecimiento de una organización internacional general. A comienzos de febrero de 1945 vino la famosa Conferencia de Yalta  —conocida como la conferencia de los tres grandes—  a la que asistieron Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill. Entre otras decisiones, ellos acordaron convocar para el 25 de abril de 1945, en San Francisco de California, una conferencia internacional con el propósito de sentar las bases de sustentación de la futura Organización de las Naciones Unidas.

          Las cosas ocurrieron como estaban planeadas. La conferencia de San Francisco, con la asistencia de las cuatro potencias invitadoras  —Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China—  y de 46 países invitados, aprobó el 26 de junio de 1946 la Carta de las Naciones Unidas, con la cual se abrió una nueva etapa en la vida internacional. Nació un organismo de dimensiones mundiales para formular, codificar y aplicar las normas del >Derecho Internacional. Su nombre fue Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que pueden ingresar todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en su Carta fundacional “y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La admisión de tales Estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad” (Cap. 2, Art. 4).

          El emblema de la Organización de las Naciones Unidas, aprobado el 7 de diciembre de 1946, consiste en un mapa del globo terráqueo, de una proyección equidistante acimutal centrada en el polo norte, rodeado de una corona de ramas de olivo que simbolizan la paz. Y su bandera, aprobada el 20 de octubre de 1947, reproduce el emblema sobre fondo azul pálido.

          Para cumplir con su misión, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con órganos principales, órganos subsidiarios, departamentos, oficinas, fondos, programas, comisiones regionales, institutos de investigación y organismos especializados.

          Son sus órganos principales de conducción: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría.

          La Asamblea General, integrada por un delegado de cada uno de los Estados miembros de la Organización Mundial, es su órgano parlamentario. Se reúne ordinariamente de septiembre a diciembre de cada año y, en períodos extraordinarios, cuando sea convocada para analizar asuntos apremiantes del mundo. De ella dependen o mantienen con ella relaciones varios foros, programas y fondos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas inglesas), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT), Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).

          El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes  —Estados Unidos de América, China, Federación Rusa, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte—  y diez son elegidos por la Asamblea General para períodos de dos años. Su presidencia es rotativa mensualmente, según el orden alfabético inglés de los Estados que lo componen. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto favorable de al menos nueve miembros y las decisiones sobre todas las demás cuestiones se adoptan por el voto afirmativo de nueve miembros, incluidos los votos de los cinco miembros permanentes.

          El Consejo de Seguridad se reúne en cualquier momento en que la paz del mundo se vea amenazada o vulnerada. Del Consejo de Seguridad dependen: la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el Comité de Estado Mayor, los Comités Permanentes y Órganos Especiales, las Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR).

          Este organismo, en los casos de amenazas contra la paz, quebrantamiento de ella o actos de agresión en cualquier parte del mundo, tiene la facultad de disponer la aplicación de medidas militares para conjurar la situación. Los países miembros están obligados a poner a disposición de las Naciones Unidas los contingentes aéreos, navales y terrestres que ella solicite, con arreglo a convenios especiales celebrados con los países miembros.

          Desde que terminó la guerra fría en 1989 ha sido posible desbloquear la capacidad de decisión y acción del Consejo de Seguridad, que permaneció paralizado por 44 años a causa de la interposición del >veto de los miembros permanentes, y hacer uso de las atribuciones políticas y militares que le confiere la Carta. En los últimos años el Consejo ha enviado contingentes militares  —los llamados cascos azules—  a Irak, Somalia, Bosnia, Ruanda, Haití, Kosovo y otros lugares para hacer frente a conflictos armados internos que constituyeron quebrantamientos de la paz y que vulneraron atrozmente los derechos humanos de la población civil.

          El Consejo de Seguridad puede ejercer hoy las siguientes atribuciones: disponer operaciones militares con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, investigar toda situación que pudiera amenazarlas, recomendar métodos de solución de las controversias, determinar si existen actos de agresión, formular planes de >desarme, instar a la aplicación de sanciones económicas y otras que no conlleven el uso de la fuerza, tomar >injerencia humanitaria en los asuntos internos de un Estado en conflicto, sugerir la admisión de nuevos miembros a la Organización Internacional, recomendar a la Asamblea General el nombramiento del Secretario General y, juntamente con ella, designar a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

          Del Consejo Económico y Social, compuesto por 54 miembros elegidos por la Asamblea General para un período de tres años, dependen varios organismos especializados, las comisiones orgánicas de estupefacientes, prevención del delito y justicia penal, ciencia y tecnología para el desarrollo, desarrollo sustentable, condición jurídica y social de la mujer, población y desarrollo, desarrollo social y estadística. Dependen también las comisiones regionales: Comisión Económica para África (CEPA), Comisión Económica para Europa (CEE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAC); y, como órgano anexo, opera la Organización Mundial del Comercio (OMC).

          La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La integran 15 magistrados elegidos conjuntamente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Sus funciones primordiales son la de decidir, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, las controversias de orden jurídico entre los Estados, y la de servir como órgano de consulta en las cuestiones jurídicas que le planteen los altos funcionarios de las Naciones Unidas.

          El Consejo de Administración Fiduciaria está integrado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Fue originalmente creado para supervigilar, al comienzo de la segunda postguerra, los once territorios en fideicomiso administrados por siete Estados miembros y preparar la independencia de aquéllos; pero hoy no tiene una misión precisa ya que esos territorios, con la mediación del Consejo, alcanzaron la plenitud de su gobierno propio o se incorporaron a los Estados vecinos antes de 1994.

          La Secretaría está dirigida por el Secretario General, elegido para un período renovable de cinco años por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, quien es el más alto funcionario administrativo de la institución y rinde cuenta de sus actos a la Asamblea General. A su cargo están las labores administrativas de la Organización Mundial bajo las órdenes de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los demás órganos principales. Nombra al personal de funcionarios y empleados de la Secretaría, procedentes de los Estados miembros.

          La Secretaría General es el órgano superior de la administración de las Naciones Unidas. Comprende los siguientes departamentos y oficinas: la Oficina del Secretario General, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Departamento de Asuntos Políticos, la Oficina de Asuntos de Desarme, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, el Departamento de Información Pública, el Departamento de Gestión, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Departamento de Seguridad, la Oficina de Ética de las Naciones Unidas, la Oficina del Ombudsman y el Oficial Principal de Tecnología de la Información.

          Desde la fundación de la ONU han ejercido esta función: Trygve Lie de Noruega (1946-1953), Dag Hammarskjöld de Suecia (1953-1961), Sithu U Thant de Birmania (1961-1971), Kurt Waldheim de Austria (1972-1981), Javier Pérez de Cuéllar, Perú (1982-1991), Butros Butros-Ghali de Egipto (1992-1996), Kofi Annan de Ghana (1997-2006) y Ban Ki-moon de Corea del Sur (2007-2011), Antonio Guterres de Portugal (2017-2021).

          Los organismos especializados son entidades autónomas vinculadas a las Naciones Unidas por acuerdos especiales. Ellos son: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional del Fomento (AIF), la Cooperación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPÎ), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unión Postal Universal (UPU). Estos son organismos autónomos que trabajan con las Naciones Unidas bajo la coordinación del Consejo Económico y Social.

          Son órganos subsidiarios de las Naciones Unidas: la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

          Hay sendas oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), en Viena (ONUV) y en Nairobi (ONUN).

          La Organización de las Naciones Unidas nació hace más medio siglo como respuesta a la necesidad profundamente sentida de paz y seguridad en el mundo, después de los indecibles sufrimientos de la guerra. Su nacimiento estuvo presidido, en aquel momento histórico, por la invocación magistralmente expresada en el preámbulo de su Carta fundacional: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles...”

          No es que esté ganada, ni mucho menos, la batalla por la paz. Aún subsisten los afanes agresivos, los complejos de inferioridad que conducen a la violencia y la misantropía en el espíritu de algunos líderes políticos o religiosos. Los fanatismos raciales, los nacionalismos insanos, la xenofobia, la intolerancia religiosa constituyen todavía graves amenazas contra la armónica convivencia de los pueblos. Pero las Naciones Unidas han avanzado mucho en el camino de la paz y han prestado invalorables servicios a la humanidad. Recuerdo que sobre este tema hablé, como Presidente de Ecuador, en la cumbre de jefes de Estado celebrada en el Consejo de Seguridad el 31 de enero de 1992. No hay más que ver la diferencia que existe entre el mundo actual y el de hace cincuenta años. No hay más que recordar lo que fue el nazi-fascismo. Y lo que vino después: la confrontación Este-Oeste, con su implacable lucha de todos los días por marginarse zonas de influencia en el planeta, los demenciales gastos armamentistas y el equilibrio del terror. Hay que recordar ese orden de cosas belicoso e irracional para valorar la contribución de las Naciones Unidas, durante su medio siglo de existencia, a la causa de la paz.

          No hay duda de que, a pesar de todas sus deficiencias, la comunidad internacional  —representada principalmente por las Naciones Unidas—  ha prestado grandes servicios a los intereses de la paz y seguridad del mundo. Con frecuencia analistas superficiales le reprochan reales o supuestas ineficacias. Probablemente algunas de ellas son ciertas. Pero lo que hay que preguntarse es qué habría pasado con el mundo durante este medio siglo de turbulencias de la >guerra fría si las Naciones Unidas no hubieran existido.

          Desde la caída del muro de Berlín se ha abierto una nueva etapa en la historia del hombre. El reto es hoy la justicia social internacional y el >desarrollo humano. Contribuir a su consecución es la nueva responsabilidad de la comunidad mundial. Esta debe ser su principal misión hacia el futuro: vertebrar un >nuevo orden económico internacional que haga justicia a los países pobres, que promueva su participación equitativa en el ingreso mundial y que distribuya entre todos los beneficios del progreso.

          Esta nueva etapa se caracteriza por la creciente ampliación y fortalecimiento de las sociedades de Estados, lo mismo en escala mundial como regional, y por la profundización de la >interdependencia entre los países. La comunidad mundial, congregada en la Organización de las Naciones Unidas, ha pasado de 51 Estados miembros en 1945 a 193 en el 2015. Ellos son: Afganistán, en Asia (ingresado en 1946), Albania, en Europa oriental (en 1955), Alemania, Europa occidental (1973), Andorra, Europa occidental (1993), Angola, África (1976), Antigua y Barbuda, el Caribe (1981), Arabia Saudita, Asia (miembro fundador, 1945), Argelia, África (1962), Argentina, América Latina (miembro fundador, 1945), Armenia, Europa oriental (1992), Australia, Oceanía (miembro fundador, 1945), Austria, Europa occidental (1955), Azerbaiyán, Asia (1992), Bahamas, el Caribe (1973), Bahréin, Asia (1971), Bangladesh, Asia (1974), Barbados, el Caribe (1966), Bélgica, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Belice, el Caribe (1981), Benin, África (1960), Bhutan, Asia (1971), Belarús, Europa oriental (miembro fundador como Bielorrusia, 1945), Bolivia, América Latina (miembro fundador, 1945), Bosnia y Herzegovina, Europa oriental (1992), Botsuana, África (1966), Brasil, América Latina (miembro fundador, 1945), Brunéi Darussalam, Asia (1984), Bulgaria, Europa oriental (1955), Burkina Faso, África (1960), Burundi, África (1962), Cabo Verde, África (1975), Camboya, Asia (1955), Camerún, África (1960), Canadá, Angloamérica (miembro fundador, 1945), Catar, Asia (1971), Chad, África (1960), República Checa, Europa oriental (miembro fundador como Checoeslovaquia, 1945), Colombia, América latina (miembro fundador, 1945), Comoras, África (1975), República Democrática del Congo, África (1960), República Popular Democrática de Corea, Asia (1991), República de Corea, Asia (1991), Costa Rica, América Latina (miembro fundador, 1945), Cote D’Ivoire, África (1960), Croacia, Europa oriental (1992), Cuba, el Caribe (miembro fundador, 1945), Chile, América Latina (miembro fundador, 1945), República Popular de China, Asia (miembro fundador, 1945), Chipre, Asia (1960), Dinamarca, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Dominica, el Caribe (1978), Ecuador, América Latina (miembro fundador, 1945), Egipto, África (miembro fundador, 1945), El Salvador, América Latina (miembro fundador, 1945), Emiratos Árabes Unidos, Asia (1971), Eritrea, África (1993), Eslovaquia, Europa oriental (1993), Eslovenia, Europa oriental (1992), España, Europa occidental (1955), Estados Unidos de América, Angloamérica (miembro fundador, 1945), Estonia, Europa oriental (1991), Etiopía, África (miembro fundador, 1945), Filipinas, Asia (miembro fundador, 1945), Finlandia, Europa occidental (1955), Fiyi, Asia (1970), Francia, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Gabón, África (1960), Gambia, África (1965), Georgia, Europa oriental (1992), Ghana, África (1957), Granada, el Caribe (1974), Grecia, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Guatemala, América Latina (miembro fundador, 1945), Guinea, África (1958), Guinea-Bissau, África (1974), Guinea Ecuatorial, África (1968), Guyana, el Caribe (1966), Haití, el Caribe (miembro fundador, 1945), Honduras, América Latina (miembro fundador, 1945), Hungría, Europa oriental (1955), India, Asia (miembro fundador, 1945), Indonesia, Asia (1950), Irán, Asia (miembro fundador, 1945), Irak, Asia (miembro fundador, 1945), Irlanda, Europa occidental (1955), Islandia, Europa occidental (1946), Islas Marshall, Asia (1991), Islas Salomón, Asia (1978), Israel, Asia (1949), Italia, Europa occidental (1955), Jamaica, el Caribe (1962), Japón, Asia (1956), Jordania, Asia (1955), Kasajistán, Asia (1992), Kenia, África (1963), Kirguistán, Asia (1992), Kuwait, Asia (1963), República Democrática Popular de Laos, Asia (1955), Lesotho, África (1966), Letonia, Europa oriental (1991), Líbano, Asia (miembro fundador, 1945), Liberia, África (miembro fundador, 1945), Libia, África (1955), Liechtenstein, Europa occidental (1990), Lituania, Europa oriental (1991), Luxemburgo, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Macedonia, Europa oriental (1993), Madagascar, África (1960), Malasia, Asia (1957), Malawi, África (1964), Maldivas, Asia (1965), Malí, África (1960), Malta, Europa occidental (1964), Marruecos, África (1956), Mauricio, África (1968), Mauritania, África (1961), México, América Latina (miembro fundador, 1945), Micronesia, Asia (1991), Moldova, Europa oriental (1992), Mónaco, Europa occidental (1993), Mongolia, Asia (1961), Montenegro, Europa oriental (2006), Mozambique, África (1975), Myanmar, Asia (1948), Namibia, África (1990), Nepal, Asia (1955), Nicaragua, América Latina (miembro fundador, 1945), Níger, África (1960), Nigeria, África (1960), Noruega, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Nueva Zelandia, Oceanía (miembro fundador, 1945), Omán, (1971), Países Bajos, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Palau, Asia (1994), Pakistán, Asia (1947), Panamá, América Latina (miembro fundador, 1945), Papúa-Nueva Guinea, Asia (1975), Paraguay, América Latina (miembro fundador, 1945), Perú, América latina (miembro fundador, 1945), Polonia, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Portugal, Europa occidental (1955), Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Europa occidental (miembro fundador, 1945), República Centroafricana, África (1960), República Democrática de Timor Oriental, Oceanía (2002), República Dominicana, el Caribe (miembro fundador, 1945), República de Kiribati, Oceanía (1999), República de Nauru, Oceanía (1999), Reino de Tonga, Oceanía (1999), Rumania, Europa oriental (1955), Rusia, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Rwanda, África (1962), Samoa, Asia (1976), San Cristóbal y Nieves, el Caribe (1983), San Marino, Europa occidental (1992), Santa Lucía, el Caribe (1979), Santo Tomé y Príncipe, el Caribe (1975), San Vicente y las Granadinas, el Caribe (1980), Senegal, África (1960), Seychelles, África (1976), Serbia, Europa oriental (2000), Sierra Leona, África (1961), Singapur, Asia (1965), Siria, Asia (miembro fundador, 1945), Somalia, África (1960), Sri Lanka, Asia (1955), Sudáfrica, África (miembro fundador, 1945), Sudán, África (1956), Sudán del Sur, África (2011), Suecia, Europa occidental (1946), Suiza, Europa occidental (2002), Surinam, el Caribe (1975), Swazilandia, África (1968), Tailandia, Asia (1946), Tanzania, África (1961), Tayikistán, Asia (1992), Togo, África (1960), Trinidad y Tobago, el Caribe (1962), Túnez, África (1956), Turkmenistán, Asia (1992), Turquía, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Tuvalu, Oceanía (2000), Ucrania, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Uganda, África (1962), Uruguay, América Latina (miembro fundador, 1945), Uzbekistán, Asia (1992), Vanuatu, Asia (1981), Venezuela, América Latina (miembro fundador, 1945), Vietnam, Asia (1977), Yemen, Asia (1947), Yibuti (África 1977), Zambia, África (1964), Zimbabue, África (1980).

          Egipto y Siria fueron miembros fundadores de las Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945, pero a raíz del plebiscito celebrado el 21 de febrero de 1958 ellos se unieron  —mediante una >unión real de Estados—  para formar la República Árabe Unida, que asumió la representación única ante la Organización Mundial. Esta unión de Estados se disolvió el 13 de octubre de 1961 y partir de esa fecha Egipto y Siria recuperaron por separado su calidad de miembros de las Naciones Unidas. Cosa parecida ocurrió con Tanganyika y Zanzíbar, aunque en este caso la unión aún subsiste. Tras el plebiscito celebrado el 26 de abril de 1964 los dos Estados concluyeron una unión real bajo el nombre de República Unida de Tanzania y continuaron como un solo Estado miembro de la Organización Mundial. El 20 de enero de 1965 Indonesia anunció su decisión soberana de retirarse de las Naciones Unidas “en esta etapa y bajo las presentes circunstancias” pero el 28 de septiembre de 1966 se reincorporó de pleno Derecho y reasumió su lugar en la Asamblea General. La Federación Malaya ingresó a la Organización Mundial el 17 de septiembre de 1957 y, después de admitir en su seno a Singapur, Sabah y Sarawak, cambió su nombre por el de Malasia. Pocos años después, el 9 de agosto de 1965, Singapur se independizó de la Federación e ingresó como nuevo miembro a las Naciones Unidas el 21 de septiembre del mismo año. En carta cursada el 24 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia, con el apoyo de 11 miembros de la Comunidad de Estados Independientes, notificó al secretario general de las Naciones Unidas que a partir de ese momento la Federación ocupaba el lugar de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en todos los demás órganos de las Naciones Unidas. El 19 de septiembre 1991 Bielorrusia comunicó a la Secretaría General que había cambiado su nombre por el de Belarús. El 1º de enero de 1993 Checoeslovaquia se dividió, por acuerdo pacífico y voluntario entre las partes, en dos Estados: la República Checa y la República Eslovaca, admitidas en las Naciones Unidas el 19 de enero de 1993. A raíz de la >secesión de la anterior República Federal de Yugoeslavia (compuesta por Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro), Yugoeslavia heredó el asiento dejado por su antecesora mientras que la Asamblea General admitió como nuevos miembros a Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia el 22 de mayo de 1992, a Macedonia el 8 de abril de 1993 y a Montenegro el 28 de junio del 2006.

          Por decisión plebiscitaria, después de casi dos siglos de neutralidad, Suiza se convirtió el 10 de septiembre del 2002 en miembro de las Naciones Unidas con la aprobación unánime de la Asamblea General.

          Los Estados pueden ser miembros o no de las Naciones Unidas (ONU). Esta es una soberana decisión de cada uno de ellos. En la Carta de la Organización Mundial  —artículo 4—  se dispone que la admisión de un Estado, previa petición suya, se efectúa “por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

          Pero es necesario señalar que se trata de la admisión como miembro y no de su reconocimiento como Estado. El Estado existe por sí mismo, independientemente de que la comunidad internacional o los demás entes políticos lo reconozcan. Existe cuando reúne todos sus elementos constitutivos: pueblo, territorio, soberanía y gobierno. Quiero decir que la vida y presencia de los Estados no dependen de una voluntad extraña. Por algo son entidades soberanas. La cuestión del reconocimiento se refiere a los gobiernos y no a los Estados. Es la aceptación internacional de que los gobiernos tienen legitimidad en su origen y en su ejercicio y de que representan a los Estados en los que rigen. Por tanto, pueden los otros gobiernos mantener relaciones diplomáticas con ellos.

          La aceptación ha sido materia de lucubraciones doctrinales en relación con los gobiernos irregularmente constituidos, es decir, con los >gobiernos de facto, respecto de los cuales han surgido diferentes teorías sobre su reconocimiento internacional. Las principales son: la >doctrina Tobar, la >doctrina Wilson, la >doctrina Estrada, la >doctrina Betancourt, la >doctrina Lauterpacht y la >doctrina Stimson.

          Además de los Estados han sido acreditados como observadores a la Asamblea General, donde ocupan lugares separados de los Estados miembros: el Vaticano, Palestina, el Comité Consultivo Legal para Asia y África, la Comunidad del Caribe, la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones, la Comunidad Europea, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional de la Francofonía, el Comité Olímpico Internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, la Organización para la Unidad Africana, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, la Orden Soberana y Militar de Malta, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Sistema de Integración Centroamericana, la Secretaría del Commonwealth, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Corte Penal Internacional, numerosas organizaciones intergubernamentales y muchas otras entidades internacionales acreditadas como misiones de observación de los períodos de sesiones y trabajos de la Asamblea General.

          Se pueden distinguir varias “oleadas” de Estados en su ingreso a las Naciones Unidas: la primera, en 1945, al formarse la Organización Mundial; la segunda, diez años más tarde, en que se incorporaron los Estados del bloque soviético y varios otros de Europa que habían intervenido en la Segunda Guerra Mundial o que habían asumido una posición de neutralidad en el conflicto; la de comienzos de la década de los años 60, en que ingresaron los países africanos que obtuvieron su independencia nacional durante el proceso de descolonización; y la última, a principios de los años 90, en que se integraron los Estados desprendidos de la Unión Soviética, Yugoeslavia y Checoeslovaquia.

          Con ocasión del cincuentenario de su fundación, las Naciones Unidas convocaron el 22 de octubre de 1995 en Nueva York la cima de jefes de Estado y de gobierno más amplia de cuantas se han realizado hasta esa fecha. 160 gobernantes se dieron cita en Nueva York y pasaron revista a los principales temas de la vida internacional de nuestros días. Afrontaron también el problema del desfinanciamiento de la Organización Mudial por la mora en que habían incurrido sus miembros en el pago de sus cuotas anuales  —Estados Unidos adeudaban a esa fecha 1.400 millones de dólares—,  que le impedía cumplir con sus deberes, mantener sus misiones de paz, costear el funcionamiento de sus sedes en Nueva York y en Ginebra y pagar a sus 9.600 empleados.

          Muchos piensan que la Organización Mundial está desactualizada y responde a la estructura internacional de 1945 y no a la actual. En numerosos foros ha sido planteada la conveniencia de reformar su Carta a fin de ponerla a tono con las circunstancias que prevalecen hoy en el mundo. Se han multiplicado los actores estatales y no estatales de las relaciones internacionales, se ha profundizado el fenómeno de la >globalización económica y también política, se ha debilitado la soberanía de los Estados, hay una creciente >interdependencia entre ellos, se ha atenuado la rigidez de las fronteras nacionales, nuevos Estados se han incorporado a la Organización mundial, han surgido conflictos de naturaleza distinta que los anteriores, han cambiado las relaciones entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, se cuestiona el derecho de >veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad e incluso la propia división entre miembros permanentes y miembros elegidos por la Asamblea General para el período de dos años ha sido impugnada.

          Todo hace suponer que habrá una creciente presión de la gran mayoría de Estados, especialmente del mundo subdesarrollado, para introducir cambios importantes en la Carta fundacional de las Naciones Unidas a fin de adecuarla a las nuevas circunstancias internacionales. Dos de los cambios frecuentemente mencionados son la supresión del veto (o su conversión en un veto de carácter regional que permita a las tres grandes áreas subdesarrolladas: América Latina y el Caribe, África y Asia, bloquear resoluciones) y el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad. Ambos responden a una inspiración democrática. El primero, porque la decisión de asuntos cruciales en el orden internacional no debe seguir en manos de sólo las cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y el segundo, porque con el aumento de componentes de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha perdido representatividad. En 1945 había una relación de 7,6 a 1 entre el número de miembros de la Organización y el del Consejo de Seguridad. Esa relación se distanció en 1963, no obstante el aumento de los integrantes del Consejo, a 10,8 por 1 y es en la actualidad de 18 a 1.

          Por supuesto que nadie puede ser ajeno al hecho de que el veto ha permitido la supervivencia de la Organización de las Naciones Unidas en medio de las circunstancias más críticas. Tengo por seguro que su unidad se hubiera resquebrajado sin él porque cualquiera de los “cinco grandes”, al sentirse perjudicado por una resolución del Consejo de Seguridad, hubiera abandonado la Organización e incluso la hubiera resistido militarmente, con lo cual la paz del planeta habría estado en real peligro. Incluso hoy, a pesar de la terminación de la guerra fría y de todos los adelantos de la paz, tengo mis dudas acerca de la viabilidad de la ONU sin la institución  —profundamente antidemocrática—  del veto, que es la que ha podido mantener sentadas alrededor de una mesa a las potencias nucleares.

          El tema de la reforma de la Organización de las Naciones Unidas y, particularmente, de su órgano político: el Consejo de Seguridad, data del trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General en 1979, cuando fue planteado por Argelia, Argentina, Bangladesh, Bhután, Guyana, India, Maldivas, Nepal, Nigeria y Sri Lanka. En ese momento la Asamblea General formó el primer grupo de trabajo para examinar la propuesta del aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y otras reformas conexas. El 3 de diciembre de 1993, a petición de varios Estados del mundo subdesarrollado, la Asamblea volvió a crear un grupo de trabajo que afrontara el tema de la democratización del Consejo de Seguridad. Posteriormente aprobó otra resolución relativa a los votos con que deben tomarse las decisiones de este órgano. El secretario general ha propuesto desde julio de 1997 una serie de medidas reformatorias que deben aplicarse en cuatro ámbitos centrales de la Organización Mundial: paz y seguridad, cuestiones económicas y sociales, cooperación para el desarrollo y asuntos humanitarios.

          El 8 de septiembre del 2000, jefes de Estado y de gobierno reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York aprobaron la Declaración del Milenio, en la que hablaron, entre otros asuntos, aunque de manera incidental, de la reforma del Consejo de Seguridad.

          En esa reunión los jefes de Estado y de gobierno aprobaron los objetivos que deben alcanzarse:

          1) erradicar la pobreza extrema y el hambre,

          2) lograr la enseñanza primaria universal,

          3) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer,

          4) reducir la mortalidad infantil,

          5) mejorar la salud materna,

          6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,

          7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y

          8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

          Para conseguir estos objetivos, las Naciones Unidas formalizaron una alianza mundial, en el marco de responsabilidades compartidas, capaz de vencer los obstáculos estructurales que impiden el desarrollo, y conminaron a los Estados a que, como uno de sus deberes fundamentales para con la sociedad, generen las condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo y para la liberación de todos los seres humanos de las "condiciones abyectas y deshumanizadas de la pobreza extrema". 

          En el Foro Social Mundial  —que es la contrapartida del Foro Económico de Davos—,  reunido del 26 al 31 de enero del 2004 en Porto Alegre, Brasil, delegados europeos y latinoamericanos insistieron en la reforma de las Naciones Unidas para que sea un organismo más democráticó y se adecue mejor a las nuevas condiciones del mundo. Entre las modificaciones sugeridas se incluyó el cambio de la sede de la Organización Mundial, la modificación de la forma de su financiamiento, la incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad, la supresión del >veto y el fortalecimiento de la autoridad del secretario general.

          En respaldo a su propuesta de marzo del 2006 para modernizar la Organización mundial, ponerla en consonancia con los retos del siglo XXI y fortalecer institucionalmente el Consejo de Seguridad para que pueda asumir solventemente sus obligaciones, el secretario general Kofi Annan argumentó que sólo en los últimos nueve años el número de civiles y soldados enviados en misiones de mantenimiento de la paz a diversos lugares del planeta pasó de veinte mil a ochenta mil efectivos, que el número de operaciones de carácter humanitario aumentó espectacularmente y que los recursos financieros gestionados por la Secretaría General se duplicaron y llegaron en ese año a 18.000 millones de dólares.

          En un comunicado conjunto emitido tras su cumbre anual en la isla de Hainan, China, el 14 de abril del 2011, los países de mercados emergentes: Brasil, Rusia, India y China  —integrantes del denominado grupo BRIC—,  más Sudáfrica, pidieron una “reforma integral” de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, para tornarlos más representativos y fortalecer la voz de los países del tercer mundo. En ese momento, India y Brasil aspiraban a una membresía permanente del Consejo de Seguridad, con derecho a veto, aspiración que compartían con Alemania y Japón, mientras que los Estados africanos, árabes y latinoamericanos pretendían una mayor representación en el Consejo de Seguridad y en los otros órganos de las Naciones Unidas.

          El presupuesto ordinario de las Naciones Unidas  —que incluye a sus organismos especializados y numerosos programas y proyectos—  se integra con las contribuciones obligatorias de sus Estados miembros. La Asamblea General señala el monto de las contribuciones que ellos deben entregar cada año de acuerdo con su ingreso nacional y su ingreso per cápita. Ella formula bianualmente la escala de cuotas de aportación. De acuerdo con el Art. 19 de la Carta de las Naciones Unidas, el atraso de más de dos años en el pago de sus contribuciones produce la pérdida del derecho de voto del Estado moroso en la Asamblea General.

          Según cifras del año 2006, los principales contribuyentes son: Estados Unidos con el 22% del presupuesto de la Organización Mundial, Japón el 19,46%, Alemania el 8,66%, Inglaterra 6,12%, Francia, 6,03%, Italia 4,88%, Canadá 2,81%, España 2,52%, China 2,05%, México 1,88%, Corea del Sur 1,79%, Holanda 1,69%, Australia 1,59%, Brasil 1,52%, Bélgica 1,06%, Suiza 1,19% y la Federación Rusa 1,10%. Los demás Estados aportan menos del 0,9%.

          Los tres mayores contribuyentes  —Estados Unidos, Japón y Alemania—  asumen más del 50% del presupuesto de las Naciones Unidas, mientras que los 134 Estados del tercer mundo que integran el Grupo de los 77 aportan con menos del 10% del presupuesto.

          La financiación de las operaciones de paz  —que son operaciones de naturaleza extraordinaria—  no sale del presupuesto ordinario de la institución sino de las aportaciones especiales de sus miembros. Para establecerlas se ha clasificado a los Estados miembros en diez categorías, de acuerdo con su PIB y su ingreso per cápita. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad  —que es el que decide el despliegue de las misiones de paz—  contribuyen con la mayor cuota de aportación, cuyo monto es variable puesto que el volumen y duración de ellas es variable.

          Se han propuesto las más variadas reformas a las Naciones Unidas y, particularmente, al Consejo de Seguridad; pero la oposición de los países grandes ha sido sistemática y, salvo la enmienda aprobada en 1965 por la que se aumentó de 11 a 15 el número de sus miembros y de 7 a 9 el número de votos afirmativos para aprobar una resolución sustantiva, con ningún voto en contra de los miembros permanentes, todas las demás se han quedado en el camino. Es cierto que las propuestas de reforma han mezclado realidades con utopías. Pensar, por ejemplo, que puede lograrse la eliminación del veto o la supresión de la condición de los “miembros permanentes” en el Consejo de Seguridad —como demanda el más elemental sentido democrático—,  resulta totalmente ilusorio en la práctica, ya que, sin estos elementos —que son otras tantas garantías de seguridad para los países grandes—, la Organización Internacional se disolvería en veinticuatro horas. Si aun con ellos el >multiladeralismo estuvo en serio riesgo de desaparición porque la potencia triunfadora de la guerra fría  —que estableció un dominio incontestado y sin precedentes sobre el planeta—  se sintió muy incómoda en someter ciertas cuestiones que le eran vitales al consenso de la comunidad internacional, como lo pudimos ver con los acontecimientos que siguieron a los atentados islámicos contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington.

          Hay reformas posibles aunque menos ambiciosas. La ampliación del Consejo de Seguridad, con la presencia de nuevos miembros permanentes  —como Brasil, Japón, Alemania e India—,  para darle mayor representatividad, está dentro de lo factible, lo mismo que las enmiendas por las que claman los países del sur  —más allá de la estructura y operación del Consejo de Seguridad—   de las denominadas “instituciones de Bretton Woods” y los otros organismos especializados de la Organización Mundial para que sirvan mejor los intereses de las comunidades pobres.

          Sin duda que la reforma a la Organización de las Naciones Unidas es imperativa para que pueda adecuarse a las nuevas realidades del mundo internacional, con la incorporación de numerosos Estados (de 51 en 1945 a 193 en 2015), la terminación de la guerra fría, el colapso de la Unión Soviética y la disolución de su bloque de Estados; la inestabilidad, conflictos y guerras internas en los antiguos países socialistas; el resurgimiento científico, tecnológico y económico de Japón, Alemania, China, India; la agudización de la confrontación norte-sur; el conflicto cultural, religioso y político entre el islamismo y los países occidentales; la mundialización de la preocupación por el medio ambiente, pobreza, migración, VIH/SIDA, desempleo, drogadicción, narcotráfico, brotes de racismo y xenofobia; crisis económicas recurrentes; asimetrías de la >globalización; creciente influencia política de las corporaciones transnacionales; terrorismo y otros males de naturaleza global.

          En lo que fue un paso muy importante en el camino de someter al mundo a una cierta seguridad jurídica, a mediados de abril de 2002 las Naciones Unidas crearon la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, como instancia judicial permanente para juzgar a personas  —no Estados—  responsables de genocidios, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. La Corte tiene diez y ocho jueces y un fiscal elegidos para un período de nueve años por la Asamblea de los Estados Partes. Este fue un proyecto largamente acariciado por los estadistas democráticos y por los organismos defensores de los derechos humanos. El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa en Roma, transmitida al mundo por internet, en que el secretario general de la ONU Kofi Annan manifestó que con la creación de la CPI “se acaba de dar un golpe decisivo a la impunidad” y Hans Corell, consejero jurídico de la Organización Mundial, dijo que “se ha dado vuelta a una página de la historia de la humanidad”.

          Para que la CPI pueda reclamar competencia es necesario a) que el crimen se haya cometido en el territorio de un Estado Parte; y b) que la persona acusada sea nacional de un Estado Parte. No obstante, un Estado que no es Parte de la Corte puede someterse voluntariamente a su jurisdicción para un caso concreto y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir una situación a conocimiento de la Corte aunque no se den los presupuestos anteriores.

          Los Estados miembros tienen la obligación de tipificar en su legislación penal los delitos previstos en el estatuto de la CPI y de derogar las disposiciones internas de orden sustantivo o procesal que puedan ser una traba para la actuación de la Corte.

          Ella no reemplaza a tribunales y judicaturas de los Estados, que tienen prioridad en la investigación y sanción de los delitos dentro de su jurisdicción, sino que actuará complementariamente en caso de que un Estado no tenga la voluntad política o los medios para administrar justicia en un caso determinado.

          No hay conflicto jurisdiccional entre la CPI y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, competente para conocer los litigios entre los Estados. Y tampoco lo hay con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ni con la Corte Europea de Derechos Humanos, que avocan conocimiento de las violaciones estatales a las prerrogativas fundamentales del hombre, ni con los tribunales ad-hoc de la ex Yugoeslavia, Ruanda o Sierra Leona, cuya jurisdicción se limita a los casos ocurridos en estos Estados durante un período determinado.

          El estatuto de creación del nuevo órgano internacional de justicia fue suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 por 139 Estados y entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Los Estados Unidos de América, Israel y Rusia, mirando con recelo la posibilidad de una justicia supranacional que podría politizarse, se abstuvieron de ratificar el instrumento de su creación. Veinticuatro días más tarde la CPI recibió la primera querella, formulada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) contra los responsables del bombardeo a la ciudad de Gaza en esos días que dejó quince muertos y una centena de heridos, como respuesta israelí a los recurrentes atentados terroristas de kamikazes islámicos contra objetivos civiles de Israel.

 
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