climatología

            Es la ciencia que estudia el clima y que ha cobrado una importancia suprema en los días que corremos, puesto que los científicos creen que los dos más graves problemas que afrontará la humanidad a partir de la primera mitad del siglo XXI serán la escasez de <agua dulce y los desórdenes climáticos catastróficos.

          Las investigaciones científicas recientes afirman que los bruscos cambios del clima serán mucho más graves de lo que se pensaba. Los impactos del calentamiento de la Tierra pueden ya observarse en varias zonas del planeta. Y por eso los científicos piden a los políticos que comiencen a preocuparse del futuro de nuestra casa común.

          El calentamiento del planeta a causa del efecto invernadero de ciertos gases, la destrucción de la capa de ozono, los desórdenes climáticos, la desertización, la extinción de la biodiversidad y la escasez creciente de agua dulce, son algunos de los problemas que se originan en el industrialismo moderno, en el urbanismo, en la deforestación y, en general, en la aplicación utilitaria de los conocimientos tecnológicos a las tareas de la vida social y de la producción.

          El llamado efecto invernadero  —que existió siempre pero que hoy ha crecido en magnitudes peligrosas—  se produce porque ciertos gases que emanan de la Tierra, principalmente el CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles  —los derivados del petróleo, el carbón, el gas natural—  y de la oxidación del carbono por causa de la deforestación, al condensarse en la atmósfera, forman una capa que impide la salida de las emisiones de calor de la superficie terrestre y origina el aumento de la temperatura del planeta. A su vez, el incremento de la temperatura planetaria produce cambios en el clima, tormentas tropicales, deshielo de los glaciares, aumento del nivel de los mares, inundaciones y otros efectos que con el tiempo pueden llegar a ser catastróficos para la vida humana.

          Estudios conjuntos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y la Universidad de California, realizados en una amplia zona de los glaciares de la Antártida occidental, frente al mar de Amundsen  —donde se encuentran seis glaciares gigantes que bajan de las montañas hacia el mar—  confirmaron a comienzos del 2014 que el proceso de derretimiento de los glaciares, causado principalmente por el aumento de las temperaturas oceánicas, había llegado a un "punto de no retorno".

          Afirmó Tom Wagner, científico de la agencia espacial estadounidense, que esos estudios "no se sustentan en simulacros de computadora o modelos numéricos" sino "en la interpretación empírica de más de cuarenta años de observaciones desde satélites de la NASA". El científico norteamericano se refería a las investigaciones iniciadas por la agencia espacial norteamericana en los años 70 del siglo anterior.

          Con base en tales investigaciones, las dos entidades científicas aseguraron que el derretimiento de los glaciares era más rápido de lo previsto y que, con el aumento del nivel de los mares  —82 centímetros o más hasta el fin de este siglo—  muchas ciudades costaneras del planeta tendrán que ser evacuadas en décadas venideras.

          Comparten responsabilidades en este fenómeno los países industriales, que lanzan al espacio enormes cantidades de gases provenientes de los combustibles fósiles, y los países subdesarrollados, causantes de la deforestación de sus tierras.

           La ingeniera forestal costarricense Doris Cordero Camacho, en su estudio sobre los bosques de América Latina elaborado para la Friedrich Ebert Stiftung en el año 2011, sostiene  —con amplia experiencia en la materia—  que los bosques del planeta ocupan un área global de 4.000 millones de hectáreas, de las cuales 861,5 millones hectáreas  —o sea el 22%—  se ubican en América Latina y el Caribe; y que "en América del Sur se encuentra el mayor bloque de bosque tropical, en la cuenca amazónica, la misma que comprende una enorme diversidad de especies, hábitats y ecosistemas".

          Precisa que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  —Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)—,  de la extensión forestal mundial, que cubre el 31% de la superficie del planeta, 831,5 millones de hectáreas están en América del Sur, 22,4 millones en América Central y 5,9 millones en el Caribe.

          Sostiene que "los bosques del mundo almacenan 289 giga-toneladas de carbono sólo en su biomasa. De estas, alrededor de 100 giga-toneladas están almacenadas en los bosques de América del Sur"  —giga significa mil millones de veces una unidad de medida—,  pero "la deforestación, la degradación y la escasa ordenación forestal las reducen".

         Afirma Doris Cordero que, "además de la importancia de los bosques como medios de vida para las poblaciones rurales y su rol en la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las reservas de carbono, los bosques proveen otros servicios imprescindibles para la vida humana y societal, como son la regulación hídrica, la conservación de suelos, la provisión de espacios para recreación y turismo, además de ser el continente de valores sociales, culturales y espirituales asociados".

         Y pone énfasis en que "la producción maderera sigue siendo peligrosamente alta en algunos países de la región. Los bosques son gestionados principalmente mediante concesiones privadas a largo plazo, y abarcan desde extensiones pequeñas hasta grandes áreas de más/menos 200 mil hectáreas en países como Bolivia, Guyana y Surinam. En la mayoría de las concesiones, la extracción selectiva de las maderas más valiosas en el mercado es el principal objetivo que se persigue".

          Estudios científicos de finales del siglo XX señalaban que los bosques y los suelos almacenan unos 200.000 millones de toneladas de carbono, que son aproximadamente el triple de la cantidad concentrada en la atmósfera por efecto de la combustión. Los bosques, a través de su metabolismo, transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Investigaciones hechas en la selva amazónica de Brasil por científicos brasileños, ingleses y australianos en 1993 demostraron que cada metro cuadrado de selva absorbe 8,3 moles de CO2, lo cual significa que la cuenca amazónica sirve de sumidero para la décima parte de las emisiones totales del dióxido de carbono producido por las actividades del hombre. La deforestación origina la oxidación de ese carbono y su liberación hacia la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Se calcula que desde 1860 hasta nuestros días la tala de bosques en el mundo ha lanzado al aire, de esta manera, entre 90.000 millones y 180.000 millones de toneladas de carbono. La deforestación es culpable de enviar a la atmósfera más del doble de CO2 que el que lanza la combustión sumada de petróleo, gas natural y carbón para fines industriales. Esto significa que los países en desarrollo de África, Asia y América Latina, que en la actualidad son los principales deforestadores en el mundo, tienen también responsabilidad en la formación de la capa de gases de efecto invernadero.

          China, India, Brasil, Indonesia, Colombia, Cote D’Ivoire, Tailandia, Laos, Nigeria, Filipinas, Myanmar y Perú son, en este orden, los mayores contaminadores por deforestación y uso del suelo.

          El economista británico Nicholas Stern, en su estudio “The Economics of Climate Change”, publicado en octubre del 2006, sostiene que la agricultura y otros usos de la tierra son responsables del 32% de las emisiones de CO2, la producción de energía el 24%, la industria el 14%, los transportes el 14% y otras actividades el 16%.

          Este fenómeno probablemente producirá un calentamiento global del planeta estimado entre 1,6 y 4,7 grados centígrados hacia el año 2030 y de 2,9 a 8,6 grados hacia el año 2075. La Comisión Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (cuyas siglas en inglés son IPCC), integrada por dos mil científicos del clima en el mundo, tiene otras cifras: sostiene que la temperatura del planeta aumentará de 0,53 a 1,86 grados centígrados y que los mares subirán entre 15,2 y 91,4 centímetros hacia el año 2100. Las cifras son menores pero no dejan de ser preocupantes por los tremendos efectos sobre el clima del planeta que se presentarán principalmente en forma de inundaciones, tormentas y sequías.

          El aumento de la temperatura terrestre es ya perceptible y a él se atribuyen las sequías, inundaciones, tormentas tropicales, tifones, tornados, huracanes, trombas, tormentas de arena en los desiertos, olas de calor o de frío y otros desórdenes del clima que sufren algunos lugares de la Tierra.

            A mediados de junio del 2015 nubes de polvo procedentes del desierto africano del Sahara llegaron a México y olas de calor que marcaron 45 grados centígrados causaron la muerte de más de dos mil personas en la India y más de mil al sur de Pakistán. Otro de los efectos catastróficos del aumento de la temperatura terrestre es la subida de nivel de los mares a causa del deshielo de los glaciares, que producirá la inundación de ciudades y zonas costeras bajas y la destrucción de regiones agrícolas y que pondrá en peligro la vida de millones de personas.

            Según algunos científicos, el calentamiento de 1,5 a 4,5 grados centígrados causaría un aumento del nivel general de los mares de 40 a 120 centímetros, suficiente para producir indecibles estragos en vastas zonas del planeta. La elevación de un metro en el nivel de las aguas marinas inundaría alrededor del 15% de las tierras labrantías de Egipto y comprometería la vida del 16% de su población, y en Bangladesh perjudicaría a tierras que albergan al 8,5% de sus habitantes. En Asia dejaría sumergidas enormes extensiones de manglares, especialmente en los deltas del Ganges y el Mekong. Si el nivel de las aguas marinas aumentara de 1,4 a 2,1 metros, se perdería por inundación del 40% al 76% de las tierras húmedas en producción de 52 áreas estudiadas por los científicos en Estados Unidos de América. Estas serían algunas de las consecuencias devastadoras que produciría la elevación de la temperatura de la Tierra a causa del llamado efecto invernadero de los gases que los procesos industriales, la deforestación y otras actividades humanas emiten.

          Durante la denominada temporada de huracanes en el Atlántico y en el Caribe, de junio a noviembre del 2008, se produjeron catastróficas turbulencias climáticas. Los huracanes Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gustav, Hanna, Ike, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paloma, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred, con fuerza variable, causaron graves estragos, centenares de muertos, millones de refugiados y destrucciones materiales incalculables en Belice, Honduras, Haití, República Dominicana, Cuba, Turks & Caicos, Bahamas, Islas Cayman, Jamaica, Barbados, Cozumel, Cancún, Houston, Galveston, Nueva Orleans, Trinidad & Tobago y otras islas del Caribe. El huracán Irene, que tocó tierra el 27 de agosto del 2011 en la costa oriental de los Estados Unidos, azotó duramente con vientos, tempestades y desbordamiento de ríos a Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Washington, Pennsylvania, Nueva York y Massachusetts. Vastas zonas fueron inundadas y cinco millones de personas quedaron sin servicio eléctrico. Los daños materiales fueron cuantificados en 20 mil millones de dólares más muchos millones por pérdidas económicas.

         La temporada de huracanes del 2011 en el Atlántico, mar Caribe y golfo de México fue intensa. Se desarrollaron los ciclones: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irene, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Whitney.

          El huracán Sandy, después de causar centenares de muertes y graves destrozos en Haití, República Dominicana, Cuba, Bahamas y otros lugares del Caribe, tocó tierra costanera en los Estados Unidos la noche del 29 de octubre del 2012 y azotó ferozmente su región oriental  —Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Virginia, Maryland, Tennessee, Kentucky, Ohio, Carolina del Norte—  y produjo más de cien muertes y cuantiosos daños materiales. Fue el mayor ciclón de la historia norteamericana, con vientos de 150 kilómetros por hora, que produjo graves consecuencias: ocho millones de hogares sin energía eléctrica, ciudades inundadas, centenares de casas destruidas, ingentes daños materiales  —que sumaron varias decenas de millones de dólares—,  centenas de miles de evacuados, transportes públicos interrumpidos, estaciones del subway inundadas, miles de vuelos cancelados, terrible escasez de combustibles.

          El huracán interrumpió por varios días la campaña electoral que en ese momento se desarrollaba entre el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, para las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de ese año.

          La noche del 5 de diciembre del 2012 el tifón “Bopha”  —conocido también como “Pablo”—,  con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 210 kilómetros, golpeó Surigao del Norte y del Sur, Davao Oriental, el valle de Compostela en Mindanao, Agusan del Norte, Lanao del Norte y Misamis Oriental en el archipiélago de las Filipinas. Quedaron entre los escombros del tifón más de 900 cadáveres, centenares de desaparecidos y numerosos heridos. Graves inundaciones y aludes de tierra, ciudades anegadas, puentes derrumbados, carreteras cortadas, 1.500 viviendas destruidas y 25.000 dañadas, que dejaron más de 300 mil damnificados, fue el saldo adicional.

          Un violento tornado de categoría EF5  —la más alta en la escala Fujita—  pulverizó en la tarde del 20 de mayo del 2013 el suburbio residencial de Moore en Oklahoma City, Estados Unidos. Con vientos de hasta 340 kilómetros por hora de velocidad lanzó al aire casas y vehículos, destruyó centenares de viviendas y edificios dentro de un área de 115 km2 y causó 24 muertos y más de 240 heridos.

          En los últimos días de septiembre del 2013 el tifón Wutip, con vientos de hasta 170 kilómetros por hora y olas de casi 10 metros de altura, azotó terriblemente a tres países de Asia: China, Camboya y Vietnam. En el mar meridional de China cinco barcos fueron hundidos por el tifón, con la muerte de 74 de sus pasajeros, y otras 52 naves tuvieron que refugiarse o cambiar de ruta. En Camboya fueron anegadas 63 mil viviendas y en Vietnam tuvieron que ser evacuados 8 mil aldeanos de la provincia de Quang Tri y 140 mil fueron trasladados a albergues en otras cuatro provincias vietnamitas.

          Con vientos de hasta 315 kilómetros por hora e impetuosas marejadas, el destructor y mortífero tifón Haiyan azotó las Filipinas durante los días 5, 6 y 7 de noviembre del mismo año y dejó alrededor de 6.500 muertos, 24.000 heridos, 380.000 evacuados, ciudades destruidas, daños materiales catastróficos y una profunda crisis humanitaria en el archipiélago.

          Algunos de los peores huracanes de los últimos años han sido: Allen (1980), Gilbert (1988), Hugo (1989), Bhola (1991), Andrew (1992), Gordon (1994), Paulina (1997), Mitch (1998), Charley e Iván (2004), Katrina y Wilma (2005), Dean y Félix (2007), Ike, Gustav y Nargis (2008), Klaus (2009), Alex y Xynthia (2010), Irene (2011), Sandy y Bopha (2012), Haiyan (2013).

          La fuerza destructiva de los huracanes se mide por medio de la denominada escala de Saffir-Simpson, creada en 1969 por el ingeniero civil norteamericano Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson. La escala clasifica a los huracanes, en función de la velocidad del viento, en cinco categorías: categoría 1: viento de 119 a 153 kilómetros por hora; categoría 2: de 154 a 177 km/h; categoría 3: de 178 a 209 km/h; categoría 4: de 210 a 249 km/h; y categoría 5: más de 250 km/h. La medición de la intensidad de los huracanes se hace en el momento de su contacto con la costa y no en mar abierto. 

          En un informe secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos  —hecho público por “The Observer” de Londres el 22 de febrero del 2004—  que fue mandado elaborar bajo el gobierno de George W. Bush por el influyente y experimentado asesor de seguridad del Pentágono, Andrew Marshall, quien ha gravitado por más de tres décadas en el pensamiento militar norteamericano, y que fue realizado por los científicos Peter Schwartz  —consultor de la Central Intelligence Agency (CIA)  y  antes jefe de planificación del  Royal Ducht/Shell Group—  y Doug Randell, de la Global Business Network, se afirma que los cambios climáticos que se darán hacia el año 2020 producirán gravísimos desastres naturales que cobrarán millones de vidas humanas.

          En este informe del Pentágono se sostiene que algunas ciudades de Europa se hundirán bajo las aguas de los crecidos mares y otras soportarán climas “siberianos” que congelarán a la gente. Estos desórdenes climáticos traerán grandes sequías, lluvias diluviales, inundaciones, deslizamiento de tierras, aluviones, huracanes, tifones, tornados, trombas, tormentas de arena en los desiertos, destrucción de tierras sembradías, hambrunas, pandemias, enfermedades, migraciones masivas y desarreglos sociales de gran magnitud. El documento predice que los abruptos cambios climáticos podrán conducir al planeta a extremos de anarquía, que los países grandes desarrollarán amenazas nucleares para defender y asegurar los alimentos, el agua y la energía, que serán cada vez más escasos. El informe dice que esta amenaza contra la estabilidad global será tan grande que eclipsará las acciones del terrorismo y que “los trastornos y conflictos serán características endémicas de la vida social”. Prosigue: “una vez más las guerras definirán la vida humana”. Y concluye que los cambios de clima “deben ser elevados más allá de un debate científico a una preocupación del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” porque una catástrofe climática global es verosímil y “desafiará la seguridad de los Estados Unidos en términos que deben ser considerados inmediatamente”.

          El economista británico Nicholas Stern, en su impactante estudio económico del cambio climático, que fue presentado en la Royal Society de Londres el 30 de octubre del 2006 por el entonces primer ministro inglés Tony Blair, afirma que los futuros desórdenes del clima podrán desplazar anualmente doscientos millones de personas afectadas por inundaciones o sequías, quienes tendrán que buscar refugio en diversos lugares del planeta. Ese desplazamiento, como es lógico, conllevará terribles conflictos sociales originados en la lucha de las personas por sobrevivir y abrirse un espacio en sus nuevos emplazamientos geográficos. Stern sostiene además que se producirán daños materiales que eventualmente costarán al mundo entre el 5% y el 20% de su producto interno bruto. Por lo cual convocó a los gobiernos a tomar “acciones decisivas y valientes” para reducir las emisiones de dióxido de carbono y evitar el incremento de las temperaturas del planeta. 

            Esta fue, sin duda, la primera contribución importante dada por un economista  —y no por un científico—  al estudio y búsqueda de soluciones al calentamiento global y a sus consecuencias. The Stern Review  —cuya elaboración fue encargada al economista inglés por el Secretario del Tesoro británico Gordon Brown—  está contenida en un volumen de 700 páginas, en el que se desarrollan argumentos económicos para explicar la crisis climática, se señala y cuantifica la magnitud de los riesgos que entrañan los desórdenes del clima, si las cosas siguen como están, y se concluye que la clave para resolverlos es que los países industrialmente más contaminantes, como China y Estados Unidos  —con su incoercible “adicción” al petróleo—,  reduzcan sus emisiones de monóxido de carbono por medio de medidas tributarias y cuotas de emisión. Blair, Stern y Brown enfatizaron que la batalla contra el calentamiento global sólo puede ser exitosa con la cooperación de grandes países como Estados Unidos y China.

          En verdad, el conocimiento científico en este campo ha progresado mucho pero los avances económicos han sido muy lentos. Lo cual se explica porque la economía es una ciencia de corto plazo. Incluso la política económica internacional tiende a privilegiar los asuntos inmediatos. Dieter Helm, profesor de economía en el New College de Oxford, opina que “la tradicional caja de herramientas de los economistas parece bastante enclenque ante la escala de este desafío. Del mismo modo en que la experiencia del desempleo en 1930 requirió de la reinvención de gran parte de la macroeconomía, el cambio climático necesita nuevas ideas”. Los bienes ambientales  —aire y agua limpios, clima estable, paisaje verde—  raramente son cuantificados por los análisis económicos. De allí que las Naciones Unidas han comenzado a impulsar la idea del “capital natural”, es decir, del valor de los bienes ambientales, a fin de que sean incorporados en las ecuaciones de los economistas. Al respecto, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Töpfer, comentó: “Los bienes y servicios que nos ofrece la naturaleza, incluyendo la atmósfera, los bosques, ríos, pantanos, manglares y arrecifes de coral, valen billones de dólares”.

          Sostiene Stern que la pasividad ante el calentamiento climático provocará serios daños a la economía mundial. Ésta se hundirá a menos que se tomen acciones sin pérdida de tiempo. Y tienen que ser acciones internacionales para que las reducciones de la contaminación alcancen la escala requerida. Afirma el economista inglés que al menos el 1% del producto bruto mundial debe destinarse a enfrentar de inmediato el calentamiento terráqueo. De lo contrario, la crisis climática provocará a corto plazo el hundimiento del 20% de la producción económica global y reducirá el crecimiento en una quinta parte. En este supuesto, que es un supuesto previsible  —afirma Stern—,  la gran depresión de 1929 parecerá una “anécdota” comparada con los estragos humanos y económicos de los desórdenes del clima. El colapso económico de amplias zonas provocará desplazamientos masivos de población y grandes disturbios políticos y sociales, en medio de una darwiniana lucha por la supervivencia.

          La percepción de Stern sobre la crisis climática no deja de ser apocalíptica. En su criterio, las inundaciones causadas por el aumento del nivel de las aguas marinas pudieran desplazar a unos cien millones de personas, mientras que las sequías generarían decenas o acaso centenas de millones de “refugiados climáticos”; el derretimiento de los glaciares causaría escasez de agua dulce para una sexta parte de la población mundial; y la vida animal también sería afectada y podría extinguirse hasta el 40% de las especies.

          Las investigaciones científicas que se realizan acerca del “cambio global”, y que incluyen estudios sobre los desórdenes del clima, la perforación de la capa de ozono, la destrucción de la biodiversidad y otros temas físicos, químicos, biológicos y botánicos, han revolucionado las ciencias de la Tierra y han generado una preocupación mundial por la suerte futura de la humanidad.

          La primera respuesta importante de la comunidad internacional a este desafío fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  —aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y que entró en vigencia el 24 de marzo de 1994—,  en cuyo preámbulo se dice que “los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad”.

          En ella se creó, como su órgano supremo, la Conferencia de las Partes, que debe reunirse anualmente. Partes, que debe reunirse anualmente.

          El objetivo de estas conferencias es limitar, a través de consensos entre los países industrializados  —vistos sus inventarios de emisión—,  las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a fin de estabilizar el clima del planeta, adaptar los ecosistemas a los cambios previstos, asegurar la producción de alimentos e impulsar el desarrollo económico sustentable.

          En el marco de la VII Conferencia de las Partes  —prevista en el artículo 7 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—  se aprobó en Marrakech el 11 de diciembre de 1997 el Protocolo de Kyoto, en virtud del cual las partes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el período comprendido entre el año 2008 y el 2012. Los quince países de la Unión Europea asumieron la obligación de disminuirlas en el 8% con relación a los niveles de 1990, Suiza y otros países de Europa en el 8%, Estados Unidos y Canadá en el 7%, Japón en el 6%. Rusia, Nueva Zelandia y Ucrania quedaron obligadas a estabilizar sus emisiones en el mismo plazo. Pero otros países, cuyos índices de emisión eran bajos, quedaron autorizados a subirlos: Islandia hasta el 10%, Australia hasta el 8%, Noruega hasta el 5%. El acuerdo se refiere a seis gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

          Sin embargo, la organización ecologista Greenpeace calificó a la reunión como una “farsa” puesto que, en su criterio, las medidas acordadas estaban muy lejos de disminuir los impactos ambientales, las discusiones de la cumbre habían topado sólo tangencialmente el tema de la deforestación y se había exonerado de toda obligación a los países del tercer mundo, entre los que están dos grandes contaminadores: China e India.

          A pesar de todo, Estados Unidos y Australia se negaron a ratificar el Protocolo y, por tanto, quedaron al margen de las obligaciones que éste les imponía. Aunque el presidente George W. Bush argumentó en el 2001 que aquél es un acuerdo “carente de solidez científica”, todo hizo pensar que su decisión, que causó gran malestar en Europa y en el mundo, obedeció a la presión de las compañías del petróleo y del carbón. Australia, sin embargo, cambió de posición y, en la conferencia internacional sobre el cambio climático de la ONU reunida en Indonesia a principios de diciembre del 2007, bajo su nuevo gobierno laborista presidido por Kevin Rudd, ratificó el Protocolo de Kyoto y asumió sus obligaciones.

          De todas maneras, éste entró en vigor para sus 128 países suscriptores el 16 de febrero del 2005, cuando se cumplieron noventa días desde que Rusia depositó sus instrumentos de ratificación y, con ello, hizo posible que se cumpliera la condición estipulada en el acuerdo: la adhesión de no menos de 55 países que representaran al menos el 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono de los países miembros, en cifras de 1990.

          Las otras conferencias de las partes se realizaron: en Río de Janeiro del 3 al 14 de diciembre de 1992, en Berlín del 28 de marzo al 7 de abril de 1995, en Ginebra del 8 al 19 de julio de 1996. Y las conferencias posteriores: en Buenos Aires del 2 al 13 de noviembre de 1998, en Bonn del 25 de octubre al 5 de noviembre de 1999, en La Haya del 13 al 24 de noviembre del 2000, en Marrakech del 29 de octubre al 9 de noviembre del 2001, en Nueva Delhi del 23 de octubre al 1 de noviembre del 2002, en Milán del 1 al 9 de diciembre del 2003, en Buenos Aires del 6 al 17 de diciembre del 2004, en Bali, Indonesia, del 3 al 14 de diciembre del 2007, en Copenhague del 7 al 19 de diciembre del 2009, en Durban en el 2011, en Lima diciembre del 2014, en París diciembre del 2015..

          El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático  —Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)—,  creado por las Naciones Unidas en 1988, que reunió en París a quinientos expertos de ciento treinta países a fines de enero del 2007, hizo público su cuarto informe sobre los cambios del clima en el planeta y las proyecciones de este fenómeno durante el presente siglo. Sus datos e informaciones fueron alarmantes. El Grupo Intergubernamental sostuvo que fueron las actividades humanas durante los últimos cincuenta años, con la emisión de dióxido de carbono y otros gases de >efecto invernadero, la causa principal del calentamiento global. El informe explicaba cómo la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera impedía la ventilación del planeta y provocaba el aumento de su temperatura. Señalaba que a la sazón esa concentración era de 380 partes por millón en comparación a las 270 partes que había en el año 1750. Advertía que el planeta sufrirá durante este siglo un calentamiento de entre 1,8 y 4 grados. Lo cual elevará el nivel de los mares en 58 centímetros y producirá gigantescas inundaciones, fuertes ondas de calor o de frío, ciclones tropicales, huracanes, tifones, sequías y otros fenómenos meteorológicos que destruirán superficies fértiles y afectarán gravemente la vida sobre la Tierra. “El aumento de 40 centímetros en el nivel de los océanos  —decía el informe—  significará que 200 millones de personas deberán abandonar su hogar y su lugar de residencia”. El número de “refugiados climáticos” crecerá incesantemente.

          En la cumbre de Bali, Indonesia, los Estados Unidos se adhirieron al consenso general de limitar las emisiones de gases contaminantes pero a condición de que en el documento final no se mencionaran, con carácter vinculante, normas ni medidas de reducción de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero. Por eso, a pesar de que en el curso de las largas y encendidas discusiones se llegó a un acuerdo respecto de los índices de emisión, que no debían superar las 445 partículas por millón, este elemento no constó en el documento final a causa de la presión de los delegados del gobierno republicano de Estados Unidos. Uno de los argumentos de los representantes norteamericanos fue la “falta de compromiso” de los países del tercer mundo  —especialmente China, India y Brasil—  para aceptar límites en la emisión de CO2 generada principalmente por la agricultura, el uso del suelo y la deforestación. Brasil, que era uno de los grandes emisores de dióxido de carbono por la tala de árboles en su región amazónica, había declarado días antes de la reunión de Bali que “no estaba dispuesto a que los países ricos le impusieran políticas ambientales”. Tesis que ha sido mantenida por casi todos los gobiernos brasileños de los últimos años. La misma rigidez tuvieron los gobiernos de China, India y, en general, de los países del mundo subdesarrollado, responsables de alrededor del 20 por ciento de las emisiones por la vía de la deforestación, que no admitían asumir sus obligaciones ambientales.

          Esta reunión llenó un vacío dejado en Kioto: tomar en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la deforestación.

          Thomas Kolly, jefe de la delegación suiza, opinó en esa oportunidad que se debe incluir a los “países emergentes” en las normas limitantes de la emisión de gases contaminantes, ya que “los países vinculados al Protocolo de Kyoto no pesan más que una cuarta parte de las emisiones de CO2”.

          En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunida en Copenhague del 7 al 19 de diciembre del 2009, no pudo alcanzarse un acuerdo amplio en torno a medidas concretas y cuantificables de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y jefes de delegación de Estados Unidos, China, India, Brasil, Sudáfrica y veintitrés otros Estados presentes, a pesar de que reconocieron que el cambio climático era uno de los grandes retos del tiempo actual, frente al cual los Estados tienen comunes pero diferenciadas responsabilidad y capacidad de acción, y de que reivindicaron para sí una fuerte decisión política de combate contra el cambio climático, se limitaron a conocer el denominado Acuerdo de Copenhague, que carecía de valor jurídico y de objetivos concretos de lucha contra la contaminación planetaria. El Acuerdo recibió dos respuestas: una esperanzadora en los países desarrollados y una duramente crítica  —y hasta violenta, en algunos casos—  en los países del mundo subdesarrollado. En el curso de la larga, accidentada e interminable última noche de discusiones, el presidente de la Conferencia, para salir del atascadero, optó por renunciar a la unanimidad de votos requerida para aprobar un documento en este tipo de encuentros de las Naciones Unidas y adoptó la fórmula simple de “tomar nota” del Acuerdo de Copenhague.

          Este documento, formulado y presentado a la Conferencia por los gobiernos de Estados Unidos, China, India, Brasil, Sudáfrica y veintitrés otros Estados presentes, fue una mera declaración de buenas intenciones, desprovista de valor jurídico, que postergó hacia el futuro los compromisos de los países emisores. En la reunión no pudo alcanzarse un acuerdo amplio que contemplase medidas concretas y cuantificables de regulación de las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero, que recalientan el planeta.

          Pudo registrarse apenas el designio de Estados Unidos y otros países desarrollados de establecer nuevas, fiables y previsibles fuentes de financiación para las tareas ecológicas del tercer mundo, su promesa de movilizar conjuntamente desde el año 2020 cien mil millones de dólares anuales en recursos financieros de diversas fuentes  —públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas fuentes alternativas de financiación—  para impulsar la transferencia tecnológica necesaria hacia los países pobres de modo que pudieran reducir sus emisiones, derivadas principalmente de la deforestación y la degradación forestal, y la oferta de los líderes del mundo desarrollado de proveer a los países más pobres y vulnerables durante el trienio 2010-2011-2012 recursos financieros por el monto de 30 billones de dólares  —o sea 30 mil millones, porque un billón, en inglés, significa un millar de millones de unidades, en tanto que, en castellano, expresa un millón de millones—  para que pudieran hacer frente a los cambios climáticos, previnieran la deforestación e impulsaran la silvicultura.

          Los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y jefes de delegación de los Estados que formularon y presentaron el documento reconocieron que el cambio climático era uno de los grandes retos del tiempo actual, frente al que los Estados tienen comunes pero diferenciadas responsabilidades y capacidades de acción, pero no pudieron o no quisieron aprobar medidas concretas para detener o bajar las emisiones de CO2 y de los otros gases contaminantes.

          Sin embargo, el presidente estadounidense Barack Obama, horas después de su retorno de Copenhague, declaró en Washington que se alcanzó un “avance significativo y sin precedentes” sobre el combate contra el cambio climático, que “pone las bases para la acción internacional en los años por venir”, aunque advirtió que “quedaba mucho por hacer para llegar a un acuerdo efectivo y vinculante”.

          Del 29 de noviembre al 10 de diciembre del 2010 se reunió en Cancún la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) con la concurrencia de representantes de 194 países. Al final de sus deliberaciones aprobó por consenso el denominado Acuerdo de Cancún, en virtud del cual se dio continuidad al Protocolo de Kyoto  —que expiraba en el 2012—,  resolvió crear el “fondo verde climático” de 100.000 millones de dólares por año a partir del 2020 para atender las necesidades de los países más pobres ante los cambios climáticos y ayudarlos a proteger sus selvas y sus bosques y a disminuir sus emisiones por deforestación, aprobó la transferencia de 30.000 millones de dólares, de financiación rápida, hasta el año 2012, desde los países industriales con el objetivo de sustentar las políticas y acciones de control climático de los países subdesarrollados; acordó impulsar la transferencia tecnológica de los países ricos a los pobres para el manejo de los bosques, las selvas y las forestas; recomendó a los miembros del Protocolo de Kyoto que redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero entre el 25% y el 40% con respecto a los niveles de 1990, que es lo que la ciencia recomendaba; y señaló que la temperatura de la Tierra no debía aumentar más de dos grados centígrados.

          El fondo verde climático, que implicaba la transferencia de recursos financieros de los países ricos a los pobres, estaba destinado a disminuir la deforestación de sus tierras. El fondo sería administrado durante los primeros tres años por el Banco Mundial  —organismo que no se había distinguido por su sensibilidad medioambiental—  y después por un consejo integrado por 24 países: 12 desarrollados y 12 subdesarrollados.

          En la reunión de Cancún, como en las anteriores, no se dio un claro y concreto compromiso de los países del norte y del sur para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero: los primeros principalmente en su industria y transportes, y los segundos, en la deforestación.

          Como siempre, las opiniones respecto de la cumbre estuvieron divididas: el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el encuentro fue “un importante éxito para el mundo” y el negociador cubano Orlando Rey señaló que permitía “recobrar la confianza, el valor del multilateralismo y el basamento para empeños superiores”, mientras que varios grupos ecologistas calificaron de “débiles”, “modestos” e “ineficaces” a sus resultados.

          Paralelamente a la cumbre de Cancún se congregaron en la misma ciudad alrededor de cuatrocientos altos dirigentes de empresas multinacionales privadas en el foro Green Solutions para discutir opciones alternativas “verdes” en la industria y otras actividades productivas. Defendieron la conveniencia de poner un precio a las emisiones contaminantes, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y dirigir apoyos económicos al desarrollo de las energías renovables.

          En el seno de la reunión empresarial se criticó que se destinaran subsidios por alrededor de 300.000 millones de dólares en el mundo para la producción de combustibles fósiles, cifra que representaba casi seis veces más que lo que se otorgaba a las energías renovables eólica y solar.

          Dentro de esa reunión Adnan Amin, director interino de la Agencia Internacional de Energías Renovables, subrayó que las energías fósiles resultaban más baratas que las energías renovables por los subsidios que tenían y también “porque los costos externos del petróleo, como la contaminación, no se integran en el precio de esos combustibles sino que son asumidos por la sociedad”. Y agregó: “no habrá una solución de largo plazo para el problema del cambio climático hasta que pongamos un precio a las emisiones de carbono”.

          La XVII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP17), reunida del 28 de noviembre al 10 de diciembre del 2011 en la ciudad de Durban, Sudáfrica, volvió a defraudar las aspiraciones de la opinión pública mundial que esperaba acuerdos concretos y duraderos para disminuir la emisión de los gases contaminantes de efecto invernadero. Esperaba que se estableciesen compromisos entre todos los grandes emisores de CO2  —tanto los países industrializados como los no industrializados—  para bajar las emisiones. Después de enredadas discusiones  —en las que brotaron las diferencias entre China, la Unión Europea, Estados Unidos e India—,  los delegados de los 193 Estados participantes apenas pudieron aprobar la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada, que fue un conjunto de acuerdos tibios que prorrogaron los compromisos de Kioto  —aunque con la desvinculación de China, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Japón—  y apuntaron hacia un eventual acuerdo en el año 2015, que entraría en vigor el 2020 con fuerza vinculante.

          En Durban no pudo alcanzarse un consenso global para que los países desarrollados disminuyesen sus emisiones industriales y los países infradesarrollados bajasen sus índices de deforestación.

          Sin embargo, se mantuvo el fondo verde climático, cuya creación fue aprobada en Cancún para ayudar anualmente, a partir del 2020, a los países subdesarrollados a afrontar los estragos de los desórdenes del clima.

          En la ciudad de Doha, capital de Catar, se reunió la XVIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP18), del 26 de noviembre al 8 de diciembre del 2012, con la presencia de representantes de 194 Estados. Como era previsible, después de complejas discusiones, el cónclave no alcanzó acuerdos de importancia para disminuir o frenar las emisiones de gases contaminantes a escala global. Simplemente acordó prorrogar la vigencia del protocolo de Kioto —única normativa jurídicamente vinculante, pero de la que se distanciaron China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Nueva Zelandia, Canadá— hacia el año 2020 y, hasta tanto, buscar la aprobación de un protocolo internacional vinculante en el 2015, que entraría en vigor cinco años después.

          Sin embargo, los juicios de valor sobre los resultados de la conferencia estuvieron divididos: algunos países desarrollados  —los de la Unión Europea, entre ellos—  mostraron su satisfacción por los resultados obtenidos en Doha, mientras que varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG) vinculadas con el ambientalismo lamentaron la falta de compromiso y de voluntad política de los países desarrollados para tomar decisiones de reducción de las emisiones y contribuir al financiamiento de acciones de protección del medio ambiente, anteponiendo el interés global a sus intereses nacionales de corto plazo. Recordemos que en la COP16 reunida en Cancún los países desarrollados prometieron crear el fondo verde climático de 100.000 millones de dólares anuales con fines ecológicos.

          La decimonovena cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático  —COP19—,  celebrada del 11 al 22 de noviembre del 2013 en Varsovia con la participación de 192 países, buscó acercar posiciones hacia un acuerdo global en el año 2015, que permita reducir las emisiones contaminantes. Se acordó que el fondo de financiamiento de medidas de control de los fenómenos climáticos se mantenga en 100.000 millones de dólares anuales  —fondo que fue negociado en la COP16 de Cancún, pero que seguía sin concretarse—  y se convocó a los países desarrollados para integrar esa cantidad a partir del año 2020 con recursos públicos y privados.

          En la conferencia de Varsovia se decidió establecer un mecanismo internacional para asistir y proteger a los países pobres más vulnerables ante los fenómenos meteorológicos severos. Y se acodó crear un instrumento  —al que se denominó Marco de Varsovia, cuyo financiamiento fue prometido por Estados Unidos, Noruega e Inglaterra—  para ayudar a los países subdesarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, que son sumideros de carbono, estabilizadores del clima y hábitat de la diversidad biológica.

          Sin embargo, los avances de esta conferencia no fueron mayores en las cuestiones más urgentes y vitales. La Internacional Socialista, en una declaración que formuló al respecto, afirmó que "las decisiones para sellar un nuevo acuerdo global, para reemplazar el de Kioto y lograr compromisos financieros firmes y suficientes de parte del mundo desarrollado (...) fueron débiles o estuvieron ausentes". Añadió: "sobre el tema del Consejo del Fondo Verde del Clima (...) algunos requerimientos esenciales para su administración aún no han sido finalizados y la movilización se observa débil". Y concluyó: "urgimos enérgicamente a la comunidad internacional a apoyar el Fondo con suficientes contribuciones financieras (...) porque la tarea más crucial de esta generación es asegurar la estabilidad del planeta para la raza humana, y la acción debe tener lugar en todos los rincones del mundo, en todas las naciones del planeta".

          En los círculos ambientalistas del mundo se considera que China y Estados Unidos, los mayores contaminadores, constituyen un escollo para lograr un acuerdo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. China, para evadir sus obligaciones ambientales, se ha ido por la coartada de que sus emisiones “per cápita” representan una sexta parte de las norteamericanas. Y los Estados Unidos han sostenido que cada país debe tomar libremente sus decisiones ecológicas en conformidad con las metas de su política de desarrollo.

          A partir del año 2005 China se convirtió en el mayor contaminante de dióxido de carbono del planeta. Superó a Estados Unidos. En aquel año los mayores emisores de gases de efecto invernadero fueron China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Canadá, México, Inglaterra, Australia, Irán e Italia, en este orden. Según datos del Potsdam Institute for Climate Impact Research, en el 2007 el país asiático emitió 8.106 millones de toneladas de CO2 mientras que de suelo norteamericano salieron 6.087 millones de toneladas. Y si todo sigue igual, en el año 2020 China lanzará al espacio 11.292 millones de toneladas y Estados Unidos 6.308 millones; y, en el año 2050, China producirá 16.232 millones, Estados Unidos 7.098 millones, India 6.912 millones y la Unión Europea 5.027 millones. Esas son las proyecciones.

          La reunión de Bali, a la que asistieron delegados de 190 países, se celebró en el momento en que la Organización Mundial de Meteorología (OMM) publicó un estudio que demostraba que se había llegado a cantidades nunca antes alcanzadas de emisión de dióxido de carbono y de óxido nitroso (N2O) y en que los climatólogos de las Naciones Unidas habían advertido que el calentamiento del planeta y el aumento del nivel de los mares habían tomado un ritmo más rápido que el previsto, con claros impactos sobre la extinción de especies y el agravamiento de las condiciones meteorológicas globales.

          Como respuesta a esta situación, el gobierno federal de Estados Unidos y la Unión Europea, casi simultáneamente, aprobaron pocos días después regulaciones para disminuir los volúmenes de CO2 emitidos por los vehículos automotores.

          En ese momento el transporte por carretera en el mundo era responsable de aproximadamente el 12% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Y las proyecciones de futuro estimaban que en el año 2030 habría alrededor de 1.200 millones de vehículos de transporte terrestre en el planeta.

          En el marco de una gasolina cara y de la creciente dependencia del petróleo importado, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 18 de diciembre del 2007, con una amplia mayoría de votos demócratas y republicanos, la ley que limitaba el gasto de combustible de los vehículos automotores. La ley buscaba incrementar en un 40% el kilometraje por litro de combustible, de modo que un galón pudiese rendir 35 millas de recorrido. Esta ley, que fue inmediatamente promulgada por el presidente George W. Bush, promovía también el aumento en seis veces del uso del etanol en la transportación terrestre para el año 2022. Establecía nuevos parámetros en el uso de la energía eléctrica en diversos aparatos y en los fines de iluminación. El propósito central de la ley era disminuir la emisión de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero vinculados al calentamiento del planeta.

          La industria automotriz norteamericana se vio obligada a diseñar vehículos que redujeran en un 40 por ciento el consumo de gasolina y gasóleo. Los automóviles de paseo  —que en ese momento estaban regidos por la corporate average fuel economy standard, norma de ahorro de energía vigente desde 1975—  tenían que pasar de las 27 millas por galón a las 35 millas hasta el 2020.

          Los europeos hicieron algo semejante. De los 16 millones de automóviles vendidos en Europa el 2006, solamente un millón de ellos emitía menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Lo cual demostraba que los vehículos menos contaminantes tenían un éxito comercial notablemente inferior, puesto que su aceptación entre los compradores era menor. Eso explicaba que la mayor parte de los vehículos que circulaban por las calles, carreteras y autopistas de Europa estaban por encima del límite que la Unión Europea imponía a partir del año 2012, que era el de 120 gramos por kilómetro.

          Para cambiar este orden de cosas, varios Estados europeos establecieron gravámenes fiscales progresivos a los vehículos que emitían más de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. En España los impuestos de matriculación entraron en vigor el 1 de enero del 2008. Los vehículos que emitían menos de ese límite estaban exentos del impuesto y los que lo superaban sufrían fuertes gravámenes progresivos. Los países de la Unión Europea preveían además rigurosos sistemas de multas a los fabricantes de vehículos que excedían los límites establecidos. Las medidas despertaron la rabiosa oposición de los fabricantes de automóviles  —inclinados a producir vehículos grandes, potentes y de alta cilindrada—,  pero también la decepción de los grupos ecologistas, que creían que ellas eran insuficientes para bajar drásticamente la emisión de los gases de efecto invernadero.

          Tradicionalmente los gravámenes fiscales se establecían en función de la cilindrada del motor de los vehículos. Después se fijaron de acuerdo con el volumen de sus emisiones. Antes la referencia necesaria fue el litro o el galón de combustible referido a la distancia, después fueron los gramos de CO2 por kilómetro, de modo que las sanciones fiscales empezaron a cuantificarse por cada gramo de dióxido de carbono que excedía de los 120 autorizados.

          Con la lucha contra el cambio climático como prioridad de su gobierno, el presidente Barack Obama de Estados Unidos anunció el 19 de mayo del 2009 su decisión de impulsar un ambicioso programa de reducción del consumo de gasolina en los automotores para disminuir las emisiones de gases contaminantes. El plan se proponía regular hacia el año 2016  —o sea cuatro años antes de lo que se había previsto—  el rendimiento de los automóviles y camiones livianos a razón de 57 kilómetros por galón para bajar la emisión de gases de >efecto invernadero y disminuir la dependencia norteamericana del petróleo importado. Esta medida equivaldría a sacar de la circulación 58 millones de automóviles por un año.

          Obama se proponía modificar la cultura del automóvil en su país, o sea cambiar las preferencias y los hábitos de los consumidores norteamericanos, inclinados hacia los automóviles grandes, lujosos, confortables y gastadores.

          La compañía francesa Moteur Development International presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra el 4 de marzo del 2009 el prototipo de su pequeño automóvil AIRPod MDI, que utiliza aire comprimido como combustible y que puede recorrer entre 180 y 220 kilómetros a una velocidad máxima de 64 km/hora, con una carga de aire. Es un vehículo de tres ruedas, motor de aire comprimido que no emite CO2, dirección electrónica, capacidad para tres pasajeros adultos y un niño, 220 kilos de peso, 2,07 metros de largo por 1,60 metros de ancho.

          Pocos días después, la empresa automotriz india Tata Motors Ltd. presentó en Mumbai el modelo de su pequeño automóvil denominado Nano, al precio de alrededor de 2.900 dólares la unidad, consumo de cinco litros de combustible por cada cien kilómetros de recorrido y alcance de hasta 105 kilómetros por hora de velocidad.

          Su comercialización se inició el 17 de julio del 2009. Frente a la explosiva demanda, los compradores para los primeros cien mil vehículos fueron escogidos por un sistema de lotería.

          Las noticias, sin embargo, lejos de haber sido alentadoras fueron terriblemente preocupantes porque la fabricación de esos pequeños vehículos entraña el riesgo hacia el futuro inmediato de su comercialización masiva, que congestionará calles, carreteras y autopistas, entorpecerá la circulación vehicular, multiplicará el número de accidentes de tránsito, aumentará las muertes en las carreteras  —las estadísticas norteamericanas demuestran que los automóviles más pequeños tienen índices de mortalidad 2,5 veces mayores que los grandes—,  incrementará las cifras globales de consumo de combustibles, demandará más petróleo y terminará por agravar el problema del calentamiento global.

          Esto era apenas lógico. El precio de tales vehículos les tornará accesibles para centenas de millones de personas que estaban fuera del mercado de automóviles nuevos o usados. En la India, por ejemplo, con el solo anuncio del desplome de los precios de los automóviles, se previó la alteración de la cifra de ocho propietarios de automóvil por cada mil habitantes. “Este coche  —dijo en aquella ocasión el presidente de la compañía Tata Motors Ltd.—  está pensado para dotar a las masas de un medio de transporte. Este país tiene mil millones de personas y la mayoría no dispone de facilidad de transporte. Teníamos que darles el medio”.

          Si bien la idea del microautomóvil no es nueva, la empresa hindú ha sido la primera en concretarla en un modelo de automóvil con motor trasero de dos cilindros en línea a gasolina, 624 centímetros cúbicos, 33 caballos de fuerza a 5.500 r.p.m., caja de cambios de cuatro velocidades, frenos delanteros de disco y traseros de tambor, neumáticos sin cámara de aire, instrumentos básicos de navegación, carrocería de aluminio, cuatro puertas y capacidad para cinco personas.

          Las grandes corporaciones automotrices se prepararon para dar respuesta al desafío hindú y anunciaron la producción de microautomóviles que puedan competir con el Nano, especialmente en los mercados del mundo subdesarrollado, en los que este “automóvil para todos” encontrará una gran acogida. De precios muy baratos y bajo consumo de combustible, los microautomóviles, a cambio del ahorro unitario de energía, multiplicarán las cifras del consumo global por su entrada en circulación en forma masiva. Quiero decir que con las ventas de millones de unidades de esos vehículos, en lugar de disminuir, aumentará la emisión mundial de gases contaminantes.

          Las empresas automovilísticas norteamericanas General Motors y Segway presentaron en Nueva York el 7 de abril del 2009 su pequeñísimo “automóvil ecológico” prototipo: el PUMA (personal urban mobility and accessibility project), que es un vehículo eléctrico biplaza, de dos ruedas, que funciona con dos baterías de litio, con dirección y frenos electrónicos, que puede alcanzar una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora, que no emite gas contaminante, diseñado para moverse dentro de las ciudades altamente congestionadas.

          El Instituto Nacional de Geociencias (GFZ) de Alemania, que ha hecho importantes investigaciones sobre el almacenamiento subterráneo de CO2 como parte del proyecto europeo CO2SINK, inauguró el 30 de junio del 2008 el primer depósito de dióxido de carbono bajo tierra para contrarrestar el efecto invernadero y el calentamiento del planeta. El depósito, ubicado en Ketzin, cerca de Berlín, está destinado a guardar unas 60.000 toneladas de gases de efecto invernadero para ser absorbidos por la tierra en los siguientes dos años a través de rocas porosas, saladas y llenas de agua, a una profundidad de 600 metros de la superficie.

          En lo que fue una toma de posición muy importante por Estados Unidos, su presidente Barack Obama propuso el 3 de agosto del 2015, en un acto especial desarrollado en la Casa Blanca, un plan para reducir en un 32% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hacia el año 2030, con relación a los niveles registrados en el 2005.

          Esa decisión afectaba especialmente a las centrales eléctricas norteamericanas, de las que procedía en ese momento alrededor de un tercio de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono, cuyas plantas de energía termoeléctrica, movidas con carbón, eran su principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero.

          Las medidas propuestas se inscribían en el Plan de Energía Limpia impulsado por el gobierno estadounidense que, según dijo Obama, constituía "el paso más grande y más importante que hemos dado para combatir el cambio climático".

          Obama reconoció la responsabilidad de su país en la emisión de gases de efecto invernadero y aseguró que el cambio climático era la mayor amenaza para las futuras generaciones.

          En su discurso advirtió que la emisión de dióxido de carbono y los cambios climáticos que éste produce se desarrollaban más rápido que los planes para detenerlos y que constituían la mayor amenaza para la vida en el planeta, por lo que era "una obligación moral" detenerlos.

          La propuesta alcanzó una gran resonancia dentro y fuera de Estados Unidos por provenir del Presidente del país que era  —después de China—  el segundo mayor contaminante en el planeta.

          Sin embargo, el plan recibió la condena de sus opositores republicanos y de parte de la comunidad empresarial, especialmente de la ligada a la industria del carbón.

 
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