capitalización

            Esta palabra tiene varios significados: es el aumento de capital en una empresa con el propósito de refinanciarla o de ampliar su esfera de actividades; la agregación del importe de los intereses devengados al capital prestado para computar sobre la suma los posteriores rendimientos; la técnica utilizada por las compañías de seguros en los países de moneda estable  —generalmente en las ramas de seguros de vida y de jubilaciones—  para que el capital garantizado al vencimiento del contrato de seguro esté directamente vinculado a las primas pagadas por cada uno de los asegurados; la operación a la que se dedican las llamadas compañías de capitalización que colocan entre el público títulos reembolsables que se pagarán a su vencimiento o por sorteo a sus tenedores mediante primas periódicas; o el aprovechamiento propio de los beneficios o del prestigio de una acción u obra propia o ajena.

          Pero la denotación que aquí nos interesa  —y que es la acepción de la palabra en el mundo de la >globalización—  es la que se relaciona con el aumento de capital de las empresas públicas, o sea con la operación de incorporar a ellas dinero fresco o bienes de capital de origen privado para ampliar su infraestructura, expandir sus actividades y modernizar sus instalaciones.

          En este sentido la capitalización es una forma de >privatización de las empresas estatales que opera a través de su transformación en compañías de capital por acciones, de economía mixta, administradas por el sector público o el privado, según lo que se acuerde. La capitalización es por consiguiente un mecanismo para incrementar el patrimonio de una empresa pública, proveerle de recursos financieros inmediatos para su crecimiento y abrir la coparticipación del sector privado en ella. En suma, es una estrategia para crear recursos financieros adicionales al servicio de la expansión de una empresa estatal.

          Para ello, si no existe una sociedad ya constituida, se forma una entre el ente estatal, que aporta su infraestructura, instalaciones y activos (y además el mercado y sus proyecciones futuras, que representan también un valor), y uno o más socios particulares que ingresan con capital fresco en la proporción que se convenga.

          Por tanto, la corporación pública no enajena su patrimonio sino que se convierte en una sociedad por acciones y promueve un aumento de su capital para colocarlo entre personas o empresas privadas que de este modo se integran a ella como socias. El objetivo invocado es modernizar la empresa estatal, incorporar nueva tecnología, enriquecer sus conocimientos de gerencia y ejecutar un plan de inversiones. El hecho de no enajenar su patrimonio sino recibir capital fresco le diferencia de la privatización convencional, en la que se produce la transferencia neta de los activos del sector público al sector privado. La formación de empresas de economía mixta por la vía de la capitalización busca superar las debilidades administrativas, financieras y tecnológicas que con frecuencia afectan la eficiencia de las entidades estatales de prestación de los servicios públicos; incorporar a ellas los conocimientos, la experiencia, los recursos, la tecnología y la solvencia financiera del sector privado; satisfacer sus necesidades de equipamiento; asegurar la modernización real de ellas y liberar recursos presupuestarios estatales para que puedan ser utilizados en otros proyectos.

          Los inversionistas particulares  —nacionales o extranjeros—  pueden adquirir en licitación pública las nuevas acciones de la empresa y suscribir su capital para convertirse en socios de ella tan pronto como depositen el dinero de su inversión o suscriban las obligaciones de su pago.

          La capitalización es una forma de privatización puesto que una parte de las acciones de la empresa pasa a manos privadas. La gran diferencia está en que el dinero aportado por los nuevos socios se queda dentro de la empresa capitalizada  —es un recurso financiero al servicio de la ampliación de su infraestructura y de sus operaciones productivas—  en tanto que en la privatización esos recursos van a parar a las arcas del Estado, con el riesgo de que se empleen para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública o emprender en algún gasto improductivo.

          La mayoría del capital puede estar en manos del socio estatal o del socio privado, dependiendo del proyecto que se haya puesto en marcha, del mismo modo que la administración puede correr a cargo de cualquiera de ellos, según lo que se convenga, aun cuando es obvio suponer que a los inversores privados les interesa asumir el manejo de la empresa.

          La capitalización aventaja a la privatización ortodoxa en varios elementos: disminuye el riesgo del despido de los trabajadores (que es la primera tentación de los privatizadores), asegura la modernización y expansión de las empresas, permite al sector público compartir las utilidades del negocio, evita compras meramente especulativas y eventuales reventas de los activos privatizados, promueve la participación pública y privada en la gestión empresarial, posibilita el control estatal de las nuevas inversiones que deben hacerse, crea la opción de que los trabajadores se conviertan en socios de la empresa por el monto de sus beneficios laborales, permite al Estado tener información sobre la marcha del respectivo sector económico y evita la evasión y elusión de impuestos de la empresa.

          El proceso de capitalización comprende varias etapas:

                    1) la toma de la decisión política de capitalizar una empresa estatal;

                    2) el avalúo de sus activos tangibles e intangibles de acuerdo con normas contables aceptadas internacionalmente;

                    3) la transformación de la empresa estatal en empresa mixta y la emisión de acciones frescas que, a través de un proceso de licitación pública, se ofrecen en venta a los potenciales socios; y

                    4) la asignación de esas acciones, mediante licitación, al postulante que ofrezca la mejor propuesta, quien se convierte en socio de la empresa.

          La licitación tiene, a su vez, tres etapas: a) precalificación: las empresas interesadas presentan la documentación que acredite su capacidad técnica, financiera y administrativa; b) oferta: los proponentes precalificados presentan posturas para la suscripción de las acciones de la nueva emisión; y c) adjudicación: a la mayor oferta se adjudica el nuevo paquete accionario de la empresa capitalizada.

          Generalmente la administración de ella pasa a manos del nuevo socio, aunque sea minoritario, por medio de un contrato de administración. Las normas que la rigen son iguales a las que regimentan la administración de las empresas privadas. Las utilidades se reparten entre todos los socios en proporción a sus aportaciones. Las que corresponden al sector público bien pueden destinarse a financiar programas sociales prioritarios en beneficio de las madres, los niños, los ancianos, los trabajadores y otros segmentos económicamente deprimidos de la población.

          La parte más difícil y riesgosa del proceso es la valuación de los activos de la empresa a capitalizarse. Aquí es donde puede florecer la corrupción. Cosa que igual ocurre en los otros procesos de privatización. Casi no hay privatización exenta de sospechas. Y la explicación es que mientras en el ente estatal nadie hay cautivado por subir el precio de los activos, puesto que la diferencia sólo puede favorecer al Estado y a nadie más, en el otro lado hay demasiados interesados en beneficiarse con los bajos avalúos. Por más que se contraten empresas consultoras, instituciones de asesoramiento, personalidades de alto nivel o grupos técnicos, no hay garantía alguna de transparencia en el proceso de tasación.

          Dos temas cruciales son también la cuantificación de los pasivos de la empresa y la valoración del mercado cautivo de ella, que son elementos de los que no puede prescindirse en la transacción.

          Tanto la >privatización como la capitalización suponen altos costos sociales porque ambas implican incremento de precios o de tarifas. Del bolsillo del usuario o del consumidor salen las utilidades de los inversionistas privados y las altas remuneraciones de los nuevos gerentes y equipos técnicos. En la capitalización se incorporan a los precios o tarifas de la empresa capitalizada las ganancias de los socios capitalizadores y los nuevos costes administrativos. Este es un factor nuevo en la operación de una empresa pública. Hasta ese momento ella no había perseguido utilidades. Estaba guiada exclusivamente por el interés de servicio público. Pero al ingresar socios privados debe destinar dinero para los dividendos que éstos perciben. Lo cual determina, como es lógico, la elevación de precios o de tarifas que al final deben ser pagados por la masa de usuarios o de consumidores. Es del aumento de las tarifas de donde salen las utilidades de los socios en la nueva estructura de la empresa. Hay una adicional exacción a la gente. Es cierto que el servicio puede mejorar y ser más moderno, pero será también más caro y el pueblo tendrá que pagarlo. Lo cual significa que por la vía de la capitalización se produce una transferencia neta de riqueza de la comunidad de consumidores a favor de personas o empresas privadas.

          Con antecedentes en las sociétés d’économies mixtes (SEM) de Francia, que empezaron a implantarse a partir de la segunda posguerra, y en las experiencias de otros países europeos y latinoamericanos, fue Bolivia  —bajo el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997)—  el país que tuvo la iniciativa de promover la capitalización como propuesta alternativa a las privatizaciones, remedio para sus empresas estatales deficitarias, sometidas a un fuerte endeudamiento interno y externo, y medio de atraer hacia ellas inversión extranjera. Lo hizo mediante la ley 1544 de 21 de marzo de 1994 y la creación del Ministerio de Capitalización. Las empresas estatales más importantes del país entraron a este proceso: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la Empresa Metalúrgica Vinto y el Lloyd Aéreo Boliviano.

          El Estado creó luego el “Sistema de Regulación Sectorial” (SIRESE), mediante la ley 1.600 de 28 de octubre de 1994, para controlar y supervisar las actividades de las empresas capitalizadas.

          Según afirmaba el gobierno, la capitalización fue concebida con el propósito de resolver los problemas estructurales de Bolivia, que se habían mantenido invariables durante décadas: baja productividad, escasa inversión, débil mercado de capitales, precaria economía de exportación, estrecha cobertura de la seguridad social, desigual distribución del ingreso e índices muy altos de pobreza. Por medio de una fuerte inyección de capital, tecnología y capacidad de gestión, la capitalización buscaba expandir la economía de Bolivia. Quedó claro que el Estado no vendía su patrimonio sino que lo aportaba para conformar una sociedad con el 50% de participación de un socio estratégico. Y este aporte no iba al Estado sino que se quedaba en la empresa. La participación accionaria del Estado se distribuía en beneficio de los bolivianos a través de los fondos de pensiones.

          Bien es cierto que Bolivia era uno de los países de Latinoamérica con mayor injerencia estatal en su economía a raíz de la revolución nacionalista de 1952 acaudillada por Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Según afirman Richard Bauer y Sally Bowen en su libro “La Fórmula Boliviana”, a principios de 1980 el 90% de los principales rubros de exportación  —básicamente el estaño y el petróleo—  era producido por empresas estatales.

          Al principio del proceso de capitalización la idea fue asignar al sector privado el 49% del capital aumentado de las empresas mixtas, pero después se modificó el porcentaje al 50%, de modo que el sector público y el privado fueron dueños de la mitad del capital social. La administración, sin embargo, correspondió al socio privado  —al “socio estratégico”, que ellos llamaban— puesto que de lo contrario el sistema habría perdido atracción para los inversionistas.

          Para moderar el impacto el presidente Sánchez de Lozada complementó la capitalización con medidas de política social en su Plan de Todos, que destinó las utilidades de las acciones de propiedad del sector estatal al financiamiento de diversos programas de beneficio social.

 
Correo
Nombre
Comentario