bloqueo

          Con este anglicismo, que proviene del inglés to block, se designa la acción y efecto de bloquear, que significa obstaculizar o impedir que un mecanismo funcione.

          Por extensión, bloquear es también, en el ámbito de la política internacional, la operación de cortar las comunicaciones o los abastecimientos de un país o impedir el funcionamiento de un puerto por la acción de fuerzas navales.

          Generalmente estas acciones suelen producirse en caso de guerra o de hostilidad entre los países. El bloqueo fue, en el pasado, una práctica aceptada por el Derecho Internacional. Incluso hubo normas que lo regularon. La Declaración de París, formulada en 1856 al finalizar la guerra de Crimea, estableció como regla que “los bloqueos, para ser compulsivos, deben ser efectivos, es decir mantenidos por una fuerza real suficiente para impedir el acceso a la costa del enemigo.” La simple declaración de bloqueo no era suficiente para constituirlo. El bloqueo entraña una prohibición de entrada o salida de los barcos enemigos y también de los neutrales.

          Son numerosos los antecedentes históricos.

          Napoleón decretó el célebre bloqueo continental el 21 de noviembre de 1806 para cortar el comercio de Inglaterra como una nueva modalidad de la guerra  —la guerra económica—  a fin de alcanzar la capitulación de los ingleses por la ruina de su industria. Fue cortado el comercio entre las islas británicas y el continente. Los barcos ingleses fueron detenidos y confiscadas sus mercancías.

          En 1827 Gran Bretaña, Francia y Rusia bloquearon zonas de la costa griega, ocupadas por los turcos, para presionar a Turquía a que otorgara la independencia a Grecia. En 1832 Gran Bretaña y Francia impusieron un bloqueo naval contra Holanda para compelerle a reconocer la independencia de Bélgica. Las grandes potencias bloquearon en 1897 la costa de Creta para impedir que la isla se anexase a Grecia. La Gran Bretaña bloqueó en 1862 el puerto de Río de Janeiro como represalia por el saqueo de un barco inglés naufragado cerca de la costa brasileña. Con el propósito de cobrar deudas internacionales, las flotas combinadas de Gran Bretaña, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela en 1902. De este episodio surgió la >doctrina Drago, formulada por el canciller argentino de la época, según la cual “una deuda pública nunca puede dar lugar a una intervención, y mucho menos a la ocupación del suelo de una nación americana por una potencia europea”. Los países aliados bloquearon en 1916 algunos puertos de Grecia para impedir que este país se uniera a las potencias centrales. Durante las dos guerras mundiales se dieron muchos casos de bloqueo entre los Estados beligerantes. Gran Bretaña impidió, mediante un riguroso bloqueo naval, las importaciones y las exportaciones de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 ordenó a sus naves, a pesar de la protesta norteamericana, cortar el paso de todos los barcos provenientes de puertos alemanes o de puertos ocupados por Alemania y desembarcar sus cargas en puertos británicos o aliados.

          Hace no muchos años, en el célebre incidente de los misiles que puso al mundo al borde de una nueva conflagración mundial, los Estados Unidos de América bloquearon militarmente la isla de Cuba en el otoño de 1962 para impedir que la Unión Soviética le suministrara armamentos nucleares. La operación se realizó mediante el emplazamiento de la flota naval norteamericana para interrumpir las vías marítimas de acceso a Cuba.

          En octubre de 1992 el Congreso de Estados Unidos aplicó un bloqueo financiero y comercial contra Cuba, a través de la Cuban Democracy Act  —mejor conocida como la ley Torricelli, en razón del nombre de su impulsor, el representante de New Jersey Robert Torricelli—  en virtud de la cual, con el propósito de “buscar una transición pacífica a la democracia y un restablecimiento del crecimiento económico de Cuba”, se autorizó al presidente norteamericano para que impusiera sanciones a los países que mantuvieran relaciones comerciales o financieras con Cuba o le prestaran algún género de asistencia. Este bloqueo se endureció con la ley Helms-Burton aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996.

          Las sanciones podían ser: la exclusión de esos países de la recepción de ayuda norteamericana al amparo de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y la declaración de “no elegibles” para los programas de reducción de deuda con Estados Unidos.

          La ley extendió sus sanciones a las filiales de empresas estadounidenses en el exterior y a los buques procedentes de puertos cubanos. Estos no podían embarcar ni desembarcar carga en Estados Unidos sino después de transcurridos 180 días de su salida de Cuba y previa autorización del Departamento del Tesoro; y en el caso de los buques que transportaran pasajeros desde Cuba o hacia ella, no podían éstos entrar a puerto alguno norteamericano.

          Tales medidas constituyeron una forma de bloqueo. No fue un bloqueo militar sino financiero y comercial, que trató de aislar a Cuba y de cortar sus comunicaciones con el exterior. No hubo la presencia de la flota naval norteamericana sino la amenaza de represalias contra los países que mantuvieran relaciones comerciales y financieras con la isla. Este bloqueo fue, en todo caso, una forma de intervención indebida de los Estados Unidos no solamente en los asuntos del país bloqueado sino también de los países amenazados con las represalias en caso de que no acataran sus disposiciones.

          En 1996 el congreso de Washington expidió la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act  —mejor conocida como “ley Helms-Burton”, en razón del nombre de sus autores: el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton—  que fue aprobada bajo la presión del >lobby de los exiliados cubanos en Miami, especialmente de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) que en ese tiempo estaba liderada por Jorge Mas Canosa.

          La ley formó parte de los arbitrios que los sucesivos gobiernos norteamericanos han adoptado para aislar a Cuba desde los años 60. Se compuso de cuatro capítulos. El primero contuvo un largo catálogo de sanciones y amenazas que, entre otras cosas, disponía que todas las instituciones de crédito internacionales debían rechazar cualquier tipo de operación financiera en favor de la isla so pena de que Estados Unidos restara de sus aportaciones a la entidad de crédito la suma correspondiente al préstamo que se concediera al gobierno cubano, que las ayudas financieras norteamericanas a favor de los países que surgieron de la fractura de la Unión Soviética sufrirían una reducción equivalente al auxilio que éstos prestaran a Cuba, que igual merma sufrirían las ayudas financieras estadounidenses a Rusia en las sumas que ésta entregara a Cuba por el uso de la estación interceptora instalada en Lourdes en suelo cubano, que se bloquearan todas las ayudas financieras norteamericanas  —públicas o privadas—  destinadas a países que participaran en la construcción de la central de energía nuclear de Juraguá o que otorgaran créditos para este fin y que se prohibía la importación desde terceros países de productos que contuvieran materias primas cubanas.

          El segundo capítulo de la ley incluía las políticas norteamericanas para con los gobiernos cubanos del futuro, en términos de una “asistencia para una Cuba libre e independiente”. Preveía que el presidente de Estados Unidos sólo podría levantar el bloqueo cuando se instaurara en Cuba un gobierno de transición  —entendido como un gobierno que no incluyera a Fidel ni a Raúl Castro—  que hubiera legalizado todas las actividades políticas y “disuelto el actual departamento de seguridad estatal del Ministerio del Interior, incluyendo el Comité para la Defensa de la Revolución y las brigadas de respuesta rápida”; que hubiera prometido elecciones supervisadas internacionalmente; que garantizara el ejercicio de una justicia independiente, el funcionamiento de sindicatos libres y la existencia de medios de información privados; que tomara “las medidas adecuadas” para que se les devolvieran las propiedades confiscadas a los ciudadanos y empresas norteamericanos o se les indemnizara; y que asegurara el derecho de propiedad privada.

          Sin duda que la ley Helms-Burton no se propuso solamente el cambio de gobierno sino la instauración de un nuevo orden político y económico en Cuba, en concordancia con el pensamiento norteamericano, y la asunción de la tutoría sobre la vida cubana del futuro a través del dispositivo que permitía al gobierno de Estados Unidos levantar gradualmente el bloqueo.

          No obstante esto, los componentes más controversiales de la ley fueron sus capítulos III y IV. El uno otorgó a las empresas y ciudadanos norteamericanos que sufrieron la confiscación de sus bienes en Cuba (incluidos los exiliados que eran cubanos al momento de la expropiación y que después optaron por la ciudadanía norteamericana) el derecho de demandar ante los tribunales estadounidenses a las compañías extranjeras que hayan invertido en las propiedades confiscadas, las hayan usufructuado o se hayan beneficiado de alguna manera con ellas. La ley utilizó para el efecto un concepto jurídico tan vago como el de “trafficks”. La amplitud de esta disposición tornó previsible que se presentaran, al entrar en vigencia esta parte de la ley, entre 300 mil y 400 mil demandas judiciales por este motivo. El otro capítulo prohibió la entrada a Estados Unidos de los propietarios o accionistas mayoritarios de tales compañías (incluídos sus parientes) así como de su personal directivo.

          La ley dio a sus disposiciones efecto extraterritorial puesto que creó sanciones contra los individuos y empresas ubicados en otros países que comerciaran o invirtieran en Cuba, cosa que asustó y enardeció incluso a los grandes socios comerciales de Estados Unidos, que consideraron que ella contradecía principios fundamentales del Derecho Internacional y afectaba sus intereses económicos. A los países de la Unión Europea, antes que el volumen de inversión y de comercio afectado  —ya que Cuba era una plaza más bien pequeña—,  les preocupó el precedente jurídico que la extraterritorialidad de dicha ley podía establecer en las relaciones económicas internacionales y por eso decidieron no acatar sus preceptos, no obstante lo cual adoptaron una “posición común para promover la apertura democrática en Cuba".

          La Ley Helms-Burton tuvo no sólo características de bloqueo sino también de embargo porque a más de cercar financiera y comercialmente a Cuba posibilitó la acción judicial contra los bienes de personas y empresas que tuvieran inversiones en la isla caribeña o hicieran negocios con ella.

          Obviamente, las medidas contra Cuba tenían caracteres de bloqueo pero también de embargo, en la medida en que entrañaban la amenaza de retención de recursos financieros de terceros países o de entidades internacionales de crédito que mantuvieran contactos comerciales o financieros con Cuba.

          Desde la promulgación de la ley, la aplicación de su capítulo III, referente a las acciones judiciales contra las empresas que hubieran invertido o invirtieran en propiedades que fueron despojadas a ciudadanos norteamericanos o cubanos por el gobierno revolucionario, fue aplazada en varias ocasiones por el presidente Bill Clinton, en ejercicio de la facultad que le dio la propia ley, pese a las protestas de los grupos anticastristas en Estados Unidos.

            En realidad, la ejecución de ese capítulo y el ejercicio de los derechos que él ampara se mantuvieron suspensos. Esto pareció ser el resultado de un acuerdo expreso o tácito con los europeos. En la medida en que ellos se alinearan con la política norteamericana respecto a Cuba el capítulo III de la Ley Helms-Burton se mantendría suspenso. Lo cual movió a los europeos a insistir ante el gobierno cubano en la liberación de los presos políticos, la reforma del derecho penal y la consagración de la libertad de reunión como signos de la apertura que impulsaban. El hecho de que la suspensión del capítulo III hubiera podido renovarse cada seis meses, a voluntad del presidente de Estados Unidos, hizo que el asunto cubano apareciera frecuentemente en la agenda de la Unión Europea, lo cual sin duda fue un logro de la política exterior norteamericana.

          Sin embargo, la Ley Helms-Burton no alcanzó su objetivo de inducir a una apertura política en Cuba y tampoco hizo posible que esa apertura se lograra por ese medio. Al contrario: bajo la influencia de esta ley hubo signos de endurecimiento del gobierno cubano contra sus disidentes a causa de la “agresiva política del enemigo imperialista” y se estrecharon los espacios académicos de La Habana que en los últimos años se habían abierto para el debate sobre las propias propuestas alternativas socialistas al sistema cubano. En general, las sanciones comerciales que tan profusamente había aprobado el congreso de Washington en esos tiempos contra un gran número de países no sólo contradijeron la “libertad de comercio” que postulaba el gobierno norteamericano sino que produjeron reacciones internas muy duras en sus propios círculos productivos y comerciales.

          El presidente George W. Bush anunció a comienzos de mayo del 2004 la toma de nuevas medidas para “acelerar el fin de la dictadura cubana”. Tales medidas incluyeron la restricción de visitas de cubano-estadounidenses a sus familias en la isla, para impedir que llegaran remesas de dólares, y la intensificación de la propaganda anticastrista mediante las emisiones de la radio y televisión Martí desde aviones militares C-130 en vuelo, cuyas señales no podían ser bloqueadas por el régimen cubano.

          Bajo las nuevas reglas, un cubano-estadounidense sólo podía visitar a sus parientes una vez cada tres años por un máximo de catorce días y le estaba vedado, a su retorno, llevar bienes y productos cubanos a Estados Unidos o aceptar regalos durante su permanencia en la isla. El monto de dinero que podía llevar a Cuba se redujo de tres mil a trescientos dólares, el máximo del gastos autorizados en la isla bajó de 167 a 50 dólares diarios y la maleta de cada viajero no podía pesar más de cuarenta y cuatro libras.

          No dejaron de ser infames esas medidas ya que ellas afectaron más al pueblo de Cuba que a su gobierno.

          El presidente Barack Obama, durante su primer período administrativo que se inició en enero del 2009, mantuvo básicamente la misma política frente a Cuba, aunque permitió el envío de remesas monetarias y la realización de viajes a la isla por razones deportivas, educativas o religiosas.

          Los jefes de Estado y jefes de gobierno que asistieron a la XV Cumbre Iberoamericana reunida en Salamanca durante los días 14 y 15 de octubre del 2005, en una declaración pública expresaron su condena al bloqueo de Cuba y manifestaron su “enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional, como la Ley Helms-Burton”, por lo que exhortaron al gobierno norteamericano a que pusiera fin a esta medida coercitiva unilateral que afectaba el bienestar del pueblo cubano y obstruía los procesos de integración.

          La XVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Montevideo del 3 al 5 de noviembre del 2006, volvió a pedir al gobierno de Estados Unidos que pusiera fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

            El Foro Iberoamericano condenó el bloqueo por primera vez en su reunión de 1993 en Salvador, Brasil, y, desde entonces, el tema ha constado en su agenda, aunque antes hablaba de embargo y después de bloqueo, que resultaba más pertinente.

          En la V Cumbre de las Américas reunida del 17 al 19 de abril del 2009 en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago, con asistencia de 34 jefes de Estado y de gobierno de la región  —a la que no fue invitado el gobernante cubano Raúl Castro—,  varios presidentes latinoamericanos presionaron en sus discursos al jefe de Estado norteamericano Barack Obama, presente en la reunión, para que levantase el bloqueo económico y comercial contra Cuba. Lo calificaron como un “anacronismo”. Y se suscitó allí un consenso en torno a la idea de insistir ante el gobierno norteamericano para que lo suprimiera, si bien la decisión competía al congreso y no al presidente de Estados Unidos porque fue el congreso el que impuso el bloqueo contra Cuba a través de la Cuban Democracy Act y lo endureció posteriormente con la ley Helms-Burton.

          Por vigésimo primer año consecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de noviembre del 2012 por la abrumadora mayoría de 188 votos contra 3  —los de Estados Unidos, Israel y Palau—  una nueva declaración condenatoria del bloqueo financiero y comercial de Cuba. Durante el debate el canciller cubano atacó “la política inhumana, fracasada y anacrónica de once administraciones sucesivas de Estados Unidos”; y el representante norteamericano replicó que los cubano-estadounidenses enviaron a la isla dos mil millones de dólares en remesas de dinero y bienes durante el año 2011 y que su país flexibilizaría el bloqueo si el gobierno comunista emprendía cambios económicos y sociales. El diplomático estadounidense Ron Godard, encargado de los asuntos latinoamericanos ante la Asamblea General, comentó momentos antes de la votación que los problemas económicos y sociales de Cuba no se debían al bloqueo sino a las políticas económicas restrictivas implantadas por su propio gobierno, que afectaban negativamente a sus habitantes.

          Al igual que en el año 2013, la Asamblea General de la ONU  —con el apoyo de 188 de sus 193 Estados miembros, los votos contrarios de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Micronesia, Palau y las Islas Marshall—  volvió a aprobar una resolución condenatoria del bloqueo contra Cuba el 28 de octubre del 2014.

          La Asamblea General de las Naciones Unidas, por vigésimocuarta ocasión, votó en contra del bloqueo a Cuba en la sesión del 27 de octubre del 2015 con 191 votos contra 2: el de Estados Unidos y el de Israel. Ronald Godard, embajador norteamericano, explicó su voto con el argumento de que el proyecto de resolución presentado por Cuba, casi idéntico al de año anterior, no reflejaba la situación de acercamiento entre los dos países que en ese momento impulsaban sus gobernantes y que les llevó, incluso, a abrir sus respectivas embajadas, dando fin a 54 años de ruptura de relaciones diplomáticas.

          El bloqueo, entre muchos otros perjuicios económicos, obligó a Cuba a hacer sus importaciones desde mercados más lejanos, lo cual le encareció los precios finales de las mercancías. Además, en el caso de algunos medicamentos y otros bienes, su vecino del norte era el único proveedor posible.

            Los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en Bruselas el 19 de noviembre del 2012, resolvieron reanudar el diálogo político con La Habana e iniciar gestiones para la negociación de acuerdos de cooperación con el gobierno castrista pero no sin reclamar libertades y cambios económicos en la isla y sin abandonar la llamada “posición común” acordada en 1996 por los países europeos, que sometía los tratos con Cuba a la democratización de la isla.

            La decisión de Bruselas significó un cambio de rumbo de la Unión Europea con relación al régimen cubano.

          En ese momento el bloque de países europeos era titular de cerca de la mitad de las inversiones extranjeras directas en la isla y más de la mitad de turistas que a ella llegaban procedían de Europa.

          De otro lado, era cierto que desde el 2008 el gobierno cubano había flexibilizado su régimen social, político y económico, ortodoxamente marxista. Disminuyó el tamaño del aparato estatal, redujo la burocracia, bajó los subsidios estatales, se propuso erradicar la corrupción administrativa, creó posibilidades de empleo por cuenta propia para los trabajadores estatales excedentarios, abrió espacios para la iniciativa privada, decretó la apertura controlada de la inversión extranjera, liberalizó algunos sectores del comercio, legalizó del mercado inmobiliario  —con la limitación de que una persona sólo podía ser propietaria de una vivienda—,  aprobó reformas sustanciales en el uso de la tierra agrícola, entregó en usufructo a los agricultores las tierras estatales ociosas.

          Todas estas reformas aperturistas en los sectores claves de la economía  —o contrarreformas, desde la perspectiva de la ortodoxia revolucionaria cubana—  se produjeron, según explicó el presidente Raúl Castro, para “rectificar los errores del pasado”, impulsar la producción y productividad de Cuba  —que en ese momento sufría los estragos de la peor crisis económico-social desde el inicio de la revolución—,  mejorar la calidad de vida de su pueblo, “actualizar el socialismo” y armonizar los principios socialistas con el mercado. El gobernante cubano incluso expresó reiteradamente su interés en dialogar con el nuevo gobierno estadounidense, presidido por Barack Obama.

          Hay dos clases de bloqueo: el de guerra y el comercial. El bloqueo de guerra es parte de una operación bélica más amplia, presupone la declaración de guerra y persigue aislar y debilitar a un país beligerante. La violación de la línea de bloqueo entraña la confiscación o la destrucción del navío transgresor, sea que pertenezca a un país beligerante o a un país neutral.

          Bloqueo comercial es el que se realiza en tiempos de paz. Su finalidad es presionar a otro país para obtener una prestación o el reconocimiento de un derecho. Hoy se considera que el bloqueo, en tiempo de paz y sin que medie decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una forma de intervención ilegítima de un Estado en los asuntos internos de otro y vulnera especialmente sus derechos comerciales. Este tema se ha discutido con amplitud. Salvo el caso del derecho de injerencia humanitaria dispuesta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en circunstancias excepcionales, para proteger a las víctimas inocentes de un conflicto armado en el interior de un país, este tipo de bloqueo entraña una violación de las normas del Derecho Internacional y está proscrito por la Carta de las Naciones Unidas.

          No es lo mismo bloqueo que >embargo. El primero consiste en cortar las comunicaciones de un país con el exterior e impedir su abastecimiento por aire, mar y tierra, mientras que el segundo es el secuestro o la retención de bienes de un país para presionarlo, por este medio, a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo.

          En la postguerra fría el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos  —que gobernó de 1977 a 1981—  visitó La Habana acompañado de su esposa Rosalynn y de funcionarios del Centro Carter el 12 de mayo del 2002 y fue recibido con la mayor cordialidad por Fidel Castro. En un espectáculo casi surrealista el líder cubano dio la bienvenida a Carter en el aeropuerto y se izaron las banderas norteamericana y cubana al compás de los himnos nacionales de los dos Estados.

            En su discurso Castro expresó: “nuestro país los recibirá a usted y a su delegación con la más sincera hospitalidad de que es capaz, le mostrará con modestia su obra humana y social, le facilitará comunicación con nuestro pueblo para que usted le exprese todo lo que desee expresar, estemos o no de acuerdo”. Agregó: “Tendrá acceso libre a cuanto lugar desee ver y en nada nos sentiremos ofendidos por cualquier contacto que desee hacer, incluso con aquellos que no comparten nuestras luchas”. Dijo que el exgobernante de Estados Unidos merece respeto porque “en medio de plena guerra fría y en las profundidades de un mar de prejuicios (...) fue capaz de intentar una mejoría de las relaciones entre ambos países”. Carter, por su parte, afirmó que “hemos llegado como amigos del pueblo de Cuba” y que deseaba “saludar a cubanos de diversa vertiente de la vida”.

          En forma inusual la radio y la televisión cubanas difundieron en cadena nacional los discursos del exgobernante.

          Carter fue uno de los once presidentes norteamericanos que Fidel Castro vio desfilar por la >Casa Blanca durante los largos años del gobierno revolucionario y fue el único que se atrevió a visitar Cuba.

          Carter fue siempre crítico del bloqueo comercial, financiero y político impuesto por Estados Unidos a la isla.

          Desde la tribuna del aula magna de la Universidad de La Habana y con la presencia del presidente Fidel Castro, en su discurso que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, Carter pidió al gobierno norteamericano levantar el bloqueo contra la isla, como un primer paso para mejorar las relaciones bilaterales, e instó al gobierno cubano para que otorgara a su pueblo la libertad de expresión y de reunión, permitiera que la comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas pudiera verificar las condiciones en que se encontraban los “prisioneros de conciencia”, criticó que Cuba hubiera adoptado “un gobierno socialista donde no se permite que su pueblo organice ningún tipo de movimientos de oposición”, respaldó la petición de los disidentes cubanos de convocar un referéndum de consulta popular sobre diversos temas políticos y elogió los logros de la >revolución cubana en los campos de la salud y la educación.

          En lo que fue la primera vez que un presidente norteamericano lo hiciera, el 28 de septiembre del 2015 desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante los representantes de 193 países  —el gobernante cubano Raúl Castro incluido—,  Barack Obama planteó la conveniencia de terminar con el embargo contra Cuba  —bloqueo, en realidad—, aunque esa decisión dependía del Congreso de Estados Unidos.

          La Asamblea General de la ONU, por vigésima cuarta ocasión, votó en contra del bloqueo a Cuba en la sesión del 27 de octubre del 2015 con 191 votos contra 2: el de Estados Unidos y el de Israel. Ronald Godard, embajador norteamericano, explicó su voto con el argumento de que el proyecto de resolución presentado por Cuba, casi idéntico al de año anterior, no reflejaba la situación de acercamiento entre los dos países que en ese momento impulsaban sus gobernantes y que les llevó, incluso, a abrir sus respectivas embajadas en Washington y La Habana, dando fin a 54 años de ruptura de relaciones diplomáticas.

          El bloqueo, entre muchos otros perjuicios económicos, obligó a Cuba a hacer sus importaciones desde mercados más lejanos, lo cual le encareció los precios finales de las mercancías. Además, en el caso de algunos medicamentos y otros bienes, su vecino del norte era el único proveedor posible. 

 
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